Homofobia, principal obstáculo para el acceso a los servicios de salud y educación: Censida

Dan a conocer “legados” en materia de prevención y VIH/sida Guillermo Montalvo Fuentes Foto: Guillermo Montalvo Fuentes México DF, mayo 19 de 2011. Aunque el problema ha disminuido, la homofobia es todavía un obstáculo para el acceso universal a los servicios de salud y educación en este país, señaló José Antonio Izazola, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida). “Los espacios de salud donde se atiende a personas que viven con VIH son los más acusados por tratos discriminatorios, pero eso no quiere decir que sea donde más ocurran”, señaló el servidor público durante el simposio “El impacto de la homofobia en el acceso a los servicios de salud y educación”, que tuvo lugar esta mañana. Sin embargo, dijo que el Censida ya está en pláticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para realizar una capacitación del personal de salud, tanto médicos, enfermeras, trabajadores sociales y recepcionistas, “con el objetivo de generar en ellos un cambio de actitud, lo cual no es fácil, pues con un taller no se borran los patrones culturales de muchos años, es un trabajo que debe ser constante. Ante un nutrido grupo de personas, Izazola Licea dio a conocer los cuatro “legados” que el Censida debe concluir para finales del año entrante, en materia de homofobia y prevención del VIH/sida. Según el servidor público, proveer atención antirretroviral, integral y de calidad, “lo cual incluye evitar el desabasto”, será el primero de ellos. Al respecto, aseguróo que durante este año no se ha tenido ninguna queja en la Secretaría de Salud. Prevención de la transmisión del VIH por vía perinatal, es el segundo de los “legados” del Censida. El funcionario explicó que el estimado para el año 2010 de la Secretaría de Salud es que al 69 por ciento de las mujeres embarazadas les fueron ofertadas y realizadas pruebas de detección de VIH; “sin embargo se debe incrementar esta cifra”. El tercer punto corresponde a la prevención focalizada en quienes están más expuestos al virus, pues “no se trata de tener las mismas estrategias de prevención para todos los grupos”. De acuerdo con el titular del Censida, hombres que tienen sexo con otros hombres, trabajadores y trabajadoras sexuales, además de usuarios de drogas inyectables son quienes están más expuestos. Por último, el seguimiento a la declaratoria ministerial Prevenir con Educación, firmada en 2008, es otro de los “legados” para antes de que finalice 2012. “Todavía falta mucho por hacer, sin embargo no podemos ignorar los avances. De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2010, tres de cada 10 personas no aceptarían a una persona con VIH bajo su mismo techo, y cuatro de cada 10 si fuera homosexual; la misma pregunta se hizo en 1987, entonces los resultados fueron 8 y 9 de cada 10, respectivamente, lo que significa que sí ha habido un progreso”, concluyó el servidor público.

Celebran reforma constitucional en derechos humanos

16 estados han realizado modificaciones a sus constituciones Redacción NotieSe México DF, mayo 19 de 2011. Con la inclusión del término “preferencia sexual” como un motivo para no discriminar a las personas en Tamaulipas, la entidad se convirtió en el estado número 16 en acatar las reformas constitucionales en derechos humanos aprobadas por el Senado de la República en marzo pasado. En comunicado de prensa, Ombudsgay, defensoría de derechos humanos para el colectivo de la diversidad sexual en México, mencionó que la incorporación de la reforma en derechos humanos a las constituciones locales permitirá que “ningún juez o autoridad pueda utilizar criterios interpretativos o creencias personales para censurar una forma lícita de relacionarse sexualmente entre adultos que consientan el acto”. De acuerdo con el documento, la decisión tomada ayer por el Congreso de Tamaulipas, representó “un paso más en el reconocimiento de derechos del colectivo de lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, a la igualdad y la no discriminación de este sector de la población. Así, el texto refirió que “no es poca cosa que la Constitución combata la discriminación por homofobia desde su artículo primero, en términos del impacto cultural y la modificación de las mentalidades conservadoras”. En tanto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, mediante un boletín de prensa, señaló que esta reforma es resultado de la exigencia ciudadana de otorgar rango constitucional a las protecciones legales y libertades ciudadanas que configuran el paradigma de los derechos humanos. Aunque acotó, la modificación a la Ley Suprema por sí misma no significa el respeto irrestricto a los derechos humanos, sino, más bien, “la enunciación de los fundamentos para el logro del real acceso de todos y todas a las oportunidades y los derechos a que aspiramos”. Por su parte, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), celebró la aprobación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, pues significa “un nuevo paradigma sobre la relación del Estado y la ciudadanía, basado en los derechos de ésta y en las obligaciones de las instituciones públicas para garantizarlos y hacerlos exigibles”, así como un avance en el marco legal para la igualdad y la no discriminación de todas las personas que habitan y transitan en México. El Conapred reiteró su reconocimiento a las y los legisladores federales y de los congresos estatales y los exhortó en la generación de una armonización legislativa, normativa y de políticas públicas en los tres órdenes y niveles de gobierno, a partir de los cambios constitucionales. Por otra parte, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, indicó que “la celeridad” en la aceptación de la reforma por parte de los congresos estatales, es una muestra del consenso logrado sobre este particular por todas las fuerzas políticas en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. Juan Carlos Gutiérrez Contreras, director general de la organización civil, señaló que esto da motivos para festejar porque con esta reforma todas las autoridades tienen la obligación constitucional de interpretar las normas siempre de manera favorable para los gobernados. De esta manera, Tamaulipas se suma a Coahuila, Estado de México, Chiapas, Durango, Colima, Sonora, Yucatán, Aguascalientes, Chihuahua, Tabasco, Campeche, Veracruz, Zacatecas, Baja California Sur y Quintana Roo en el reconocimiento constitucional de los derechos humanos.

Sobrepeso y obesidad provocan 40% de los casos de cáncer, dicen expertos

El sobrepeso y la obesidad son causantes de 40 por ciento de los casos de cáncer, principalmente de colon, páncreas y próstata, advirtió Romeo Rodríguez Suárez, comisionado nacional de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad.

El especialista señaló la importancia de prevenir el desarrollo de enfermedades con la realización de actividad física y una alimentación adecuada, así como con la ingesta de vitamina D en dosis hasta tres veces más altas que las acostumbradas. Comentó sobre los resultados de investigaciones recientes en las que se demostró el beneficio de la vitamina D para prevenir tumores malignos.

Los estudios comprobaron que en dosis hasta de 4 mil unidades diarias de dicha vitamina se reduce 47 por ciento el riesgo de cáncer de mama, 50 por ciento el de colon y la hipertensión arterial.

A su vez, Salomón Chertorivski, comisionado Nacional de Protección Social en Salud, señaló que con la afiliación al Seguro Popular se redujo 10 por ciento el monto del gasto que los ciudadanos realizan de su bolsa para el pago de consultas y medicamentos.

Ambos funcionarios participaron ayer en el panel Encuentro de líderes del sector salud en México, organizado por la revista Líderes, así como en la presentación de la edición especial de esta publicación, con el tema de la salud. Chertorivski también comentó sobre el cambio necesario en la política nacional sanitaria, con la finalidad de priorizar la prevención.

Destacó que dentro del Seguro Popular, que ya cuenta con 46.4 millones de afiliados, se puso en marcha el programa Estimulación temprana, con la finalidad de que los niños menores de dos años tengan un desarrollo físico y mental óptimo. Además se buscará evitar alrededor de mil 500 fallecimientos por la llamada muerte de cuna.

En relación con el gasto de bolsillo, el funcionario comentó que si bien aún representa la mitad de la inversión en salud del país, las personas ya no incurren en erogaciones catastróficas, pues el Seguro Popular cubre los tratamientos de los tumores malignos de la infancia, el de mama y cérvico uterino, así como el de testículo y los linfomas no-Hodgkin.

Hasta antes de 2008, cuando el Seguro Popular empezó a financiar los tratamientos oncológicos infantiles, la probabilidad de sobrevivencia para los afectados con leucemia era menor a 30 por ciento. Actualmente la posibilidad de cura es de 70 por ciento

INEA: indígenas, 28% de analfabetas en el país

La población indígena concentra 28 por ciento de los casi 5 millones de analfabetas que hay en el país, dijo el director del Instituto Nacional de Educación para los Adultos (INEA), Juan de Dios Castro Muñoz, quien reconoció que todavía hay una enorme deuda social con estas comunidades.

En conferencia de prensa, el funcionario identificó a algunos estados del sur como los de mayor índice de población que no concluye su educación básica, entre los cuales están Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Puebla, en ese orden.

Antes de la reunión regional de seguimiento de la sexta Conferencia Internacional de Educación de Adultos (Confitea), que hoy será inaugurada por el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, el director del INEA aseguró que México cumplirá sin ningún problema los acuerdos del milenio en materia de enseñanza, consistentes en reducir a la mitad la tasa de analfabetismo.

Así, explicó que en 2000, cuando se contrajeron dichos compromisos internacionales, la población analfabeta en México era de 12.5 por ciento, y actualmente, según los resultados del censo de población 2010, se ubica en 6.9, y la meta es llegar a 6.2 en 2015.

Juan de Dios de Castro apuntó que para lograr esta meta se requiere que los legisladores aprueben la ley que permita al sector empresarial invertir parte de sus impuestos en la educación de sus trabajadores, instalando centros de estudio en los mismos lugares donde laboran.

Dijo que México se encuentra en una situación mejor que la mayoría de los países de América Latina, aunque hay naciones, como Chile y Argentina, que reportan mejores cifras en materia de analfabetismo, pero también tienen una población global mucho menor que la mexicana, lo cual les ha ayudado a avanzar mucho más rápido, además de que ahí no hay gran diversidad de lenguas indígenas como aquí.

Explicó que en cuanto a la población analfabeta, que de acuerdo con el censo de 2010 es de poco más de 5 millones de mexicanos mayores de 15 años –es decir, 6.9 por ciento de la población en ese rango de edad–, más de la mitad superan los 50 años, lo cual dificulta avanzar más rápido

Seguridad pública

CIMAC denuncia falta de garantías para su labor

La madrugada del viernes pasado fueron saqueadas las instalaciones de la Agencia de Comunicación e Información de la Mujeres, CIMAC. Aunque los ladrones no se llevaron todo el equipo de cómputo, sí registraron por completo su centro de documentación y vaciaron gavetas y libreros. Ese día la policía capitalina reportó la detención de dos jóvenes en el cruce de Balderas y Morelos, a una cuadra de la agencia, quienes portaban maletas con equipo de cómputo y cámaras; sin embargo, como no hubo parte acusadora, los dejaron ir. Lucía Lagunes, directora de CIMAC, denunció la impunidad y la falta de garantías para realizar su trabajo como organización civil y agencia de noticias, ya que hace tres años, cuando las instalaciones también fueron asaltadas, la denuncia fue archivada porque se determinó el no ejercicio de la acción penal. La CDHDF emitió una queja por el allanamiento en contra de esta organización.

Artesanos piden respeto a su fuente de trabajo

Alrededor de 150 artesanos del Centro Histórico marcharon de Bellas Artes hacia el Zócalo en busca de recuperar su lugar de trabajo, ubicado en Plaza Aguilitas, entre Pino Suárez y Venustiano Carranza. Magdalena García explicó que desde hace dos meses no les permiten colocarse en ese lugar, aun cuando autoridades del GDF les habían prometido respetar su fuente de empleo. No somos delincuentes, sólo queremos trabajar, afirmó Magdalena, quien junto con sus compañeras vende blusas bordadas, huipiles, separadores y muñequitas de trapo, en medio de decenas de ambulantes que diariamente y sin ningún problema ofrecen mercancía china.

Recomendación sobre arraigo entra al TSJDF

La aceptación del TSJDF de la recomendación 2/2011 emitida por la CDHDF en torno al uso del arraigo tuvo diferentes interpretaciones en ambos organismos. Mientras el primero señaló que se aceptó la solicitud de la comisión de llevar el tema al pleno de magistrados para que defina si se aceptan los puntos recomendados, el segundo aseguró que la respuesta enviada por el órgano jurisdiccional significa que dicha instancia en breve deberá establecer los mecanismos para que los jueces ya no otorguen más órdenes de arraigo. Por la mañana, el titular del TSJDF, Édgar Elías Azar, dijo que la recomendación se limita a pedir llevar una serie de reglas que puedan regular con precisión los arraigos, pero eso no significa que estemos de acuerdo. Por la tarde, la CDHDF emitió un boletín en el que señala que está a la espera de que se fijen las bases para el cumplimiento de los puntos recomendados

Guanajuato: denuncian detenciones ilegales

León, Gto. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato ha recibido 108 quejas de policías y burócratas que denunciaron haber sido arrestados ilegalmente, lesionados y torturados por agentes de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública del estado durante las operaciones realizadas en abril y mayo en los municipios sureños de Tarandacuaro, Acámbaro, Coroneo y Jerécuaro, informó el titular del organismo, Gustavo Rodríguez, quien instó al gobierno estatal encabezado por el panista Juan Manuel Oliva a combatir la delincuencia apegado a la ley.

Detienen a ex diputado por abusar de un niño

Jalapa, Ver. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado detuvieron al ex diputado local y consejero nacional del Partido de la Revolución Democrática Celestino Rivera Hernández cuando abusaba de un niño de 12 años de edad en un motel en el municipio de Tantoyuca, en el norte del estado. Rivera Hernández intentó sobornar a los policías con 250 mil pesos para que no lo detuvieran y alegó que era una persona muy influyente. Fue remitido al reclusorio regional de Tuxpan.

Ayunan 11 migrantes en cárcel de Chiapas

Tapachula, Chis. Nueve migrantes cubanos, uno hondureño y uno dominicano están en huelga de hambre desde hace 20 días en una cárcel de Tapachula para exigir su liberación, informó el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova. Indicó que los indocumentados fueron consignados por daño en propiedad ajena, luego de los disturbios ocurridos el 3 de mayo en la estación migratoria Modelo Siglo XXI, ubicada en Tapachula, donde más de 250 migrantes se amotinaron y tres se fugaron. Los ayunantes exigen al Instituto Nacional de Migración que retire los cargos en su contra.

La corrupción en las procuradurías ha minado la fortaleza de las instituciones

La corrupción en las procuradurías ha minado la fortaleza de las instituciones

¿Por qué razón no se tiene confianza en las policías?, pregunta el mandatario federal durante un encuentro con empresarios hispano-mexicanos, donde rememoró a Juan Camilo Mouriño

Claudia Herrera Beltrán

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de mayo de 2011, p. 7

El presidente Felipe Calderón demandó tener procuradurías de justicia confiables, porque la gente intuye, ha vivido o palpado las cadenas de complicidad y corrupción.

En reunión con empresarios hispano-mexicanos el titular del Ejecutivo prometió que la seguridad, en vez de ser un pasivo se convertirá en el futuro en un verdadero activo, una gran fortaleza del país ante la comunidad nacional e internacional.

En el encuentro, realizado en la Hacienda de Los Morales, el mandatario insistió ayer en exigir a los gobiernos de los estados que depuren sus policías, agregando en esta ocasión a las procuradurías de justicia.

¿Por qué razón la gente no confía en las policías?, ¿por qué razón la gente no confía en la administración de justicia? Porque sabe, lo intuye, lo ha vivido, lo ha palpado: hay cadenas de complicidad o por lo menos de cobertura y corrupción que han minado verdaderamente la fortaleza de nuestras instituciones, aseguró.

Tras destacar que según su criterio la Policía Federal (PF) ha hecho un esfuerzo significativo en la tarea de depuración, consideró que es vital que en México nos pongamos todos como meta tener policías renovadas, confiables, creíbles, verdaderamente capaces.

Nosotros lo estamos haciendo a corto plazo al enfrentar a la criminalidad con toda la fuerza del Estado: la Marina, el Ejército y la Policía Federal, al tiempo de reclutar nuevos policías y aplicar exámenes de confianza, resaltó el Presidente. Prometió que cuando las policías y las procuradurías estén depurados daremos por lograda la victoria.

Al final declaró estar muy vinculado a la comunidad española, sobre todo a partir de la enorme cercanía que su extinto amigo y ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, tuvo con esta comunidad, en especial, la gallega.

A través de él tuve oportunidad de conocer de manera directa el afecto, la responsabilidad, el gran cariño a México y sobre todo el talante y el espíritu de trabajo y de responsabilidad que caracteriza a esta comunidad, recordó el mandatario.

Valentín Díez Morodo, presidente del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, explicó antes que existen tres mil 600 empresas españolas en México, cuyas inversiones ascienden a más de 40 mil millones de dólares, sobre todo en los sectores financiero, eléctrico, energético, turístico y de transporte

Desmantelan bar con billar dentro de penal

Ciudad Juárez, Chih., 24 de mayo. Elementos de la Fiscalía General del estado y de la Policía federal desmantelaron un bar que operaba con todo y mesas de billar en el Centro de Readaptación Social para adultos –también conocido como unidad de bajo riesgo–, ubicado en la ciudad de Chihuahua.

El vocero de la Fiscalía General, Carlos González Estrada, informó que luego de este hallazgo fue cesado el subdirector del penal, Fernando Oropeza, quien quedó sujeto a investigación. También se indagará a mandos operativos y custodios del reclusorio para deslindar responsabilidades.

El funcionario precisó que durante el cateo efectuado en el penal por más de cuatro horas, también se confiscaron 200 botes de cerveza, una caja con 12 botellas de tequila y 20 botellas de vodka.

Además se encontraron dos armas de fuego, una pistola calibre nueve milímetros y una 45 –con ocho tiros útiles cada una– un arma hechiza, 50 puntas metálicas, 20 celulares, 180 dosis individuales de mariguana y 90 grapas de heroína.

Asimismo, mencionó González Estrada, se ubicaron en las celdas cientos de artículos electrodomésticos no permitidos, los cuales fueron retirados en dos camiones.

Indicó que la Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad inició una investigación en el interior del reclusorio, con el fin de deslindar responsabilidades y aplicar las sanciones a las que haya lugar.

Aclaró que la realización de los operativos de revisión forman parte de los convenios de colaboración con el sistema nacional penitenciario y tienen el propósito de mantener el orden y hacer cumplir los reglamentos

Agentes de Migración intentaron culpar al cura Solalinde de tráfico de personas

Agentes de Migración intentaron culpar al cura Solalinde de tráfico de personas

La cónsul de Honduras recibió amenazas luego de denunciar abuso sexual contra migrantes

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de mayo de 2011, p. 14

En el segundo día del foro internacional: Niñas, niños y adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias, la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), denunció que el año pasado oficiales de protección a la infancia, del Instituto Nacional de Migración (INM), intentaron criminalizar la labor del sacerdote Alejandro Solalinde, y para ello distorsionaron declaraciones de cuatro pequeños para separarlos de su madre y acusarla de traficante de menores con ayuda del religioso.

Axel García Carballar, representante de la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana, relató ante cónsules de embajadas centroamericanas, funcionarios de organismos internacionales –como el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia y la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados– y nacionales –entre ellos el DIF y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos–, que los agentes de protección a la infancia “reportaron al Ministerio Público de la Federación que los niños habían manifestado que la señora con la que viajan no era su madre y que habían sido aleccionados –por Solalinde– en el albergue para migrantes en el que durmieron, para que dijeran que ella no era su madre, cuando en realidad lo era”.

Esos agentes, aseveró el organismo dependiente de la CEM, quisieron criminalizar la labor de ayuda al migrante de Alejandro Solalinde, y por ello tergiversaron las declaraciones de los menores. Los funcionarios de INM le dijeron a los menores “que ella no podía ser su mamá, porque era morena y ellos de tez blanca.

Los detuvieron; a la mamá y a su acompañante los enviaron a la Procuraduría General de la República (PGR), y a los niños los canalizaron a albergues del DIF, separados. Los nombres de los funcionarios del INM son: Sandra Mirelly Sánchez López, subdelegada local; Ángeles Arián Ruiz Villareal, agente; Rigoberto García, y Obed Jiménez, todos bajo la supervisión de Omar Adrián Heredia Mariche, delegado regional.

Recomnedación de la CNDH

De este caso, informó la CEM, el ombudsman nacional, Raúl Plascencia Villanueva, luego de realizar la investigación, emitió la recomendación 23/2011, en la que sostiene que se violaron los derechos humanos a la legalidad jurídica, procuración de justicia, debido proceso de cinco menores, de su mamá y de su acompañante. Se constató que hubo ejercicio indebido de la función pública.

También dio a conocer testimonios que niños migrantes han referido en las casas de migrantes de la pastoral: Se subió al techo del tren una señora que traía a su bebé como de dos años; lo traía abrazado en sus manos. A la mitad de la noche, sólo pudimos observar que el sueño le ganó por el hambre y el cansancio. Sólo vimos que el pequeño se le salió de los brazos y resbaló a las vías. Al darse cuenta ella gritó y se aventó a las vías.

Otro relato de los migrantes menores que viajan solos: “Esa noche hubo fiesta. Lo supo por el sonido que retumbaba en la ventana y por las mujeres desnudas que vio caminar por el pasillo. Ahí se enteró que en la otra habitación estaba ocupada por ellas. Oyó que cuatro eran de El Salvador, dos de Nicaragua, una de Honduras y siete eran mexicanas.

Las sacaban para hacer lo que querían con ellas. Las golpeaban, las maltrataban, las violaban. Incluso las tenían desnudas todo el tiempo, cuenta el menor.

“Alexis –es su nombre– las vio ir y venir toda la madrugada. Sus llantos se hacían notar entre la música y las carcajadas. Regresaban tambaleándose. La más morra (joven) tenía como 16 años; la más grande era como de mi edad”, recuerda el adolescente. “El último día sólo quedaban cinco de ellas. No supe qué pasó…”

La Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana pidió que se investigue la venta de las y los menores a redes de trata laboral y sexual por parte de sus padres o familiares en el poblado guatemalteco del Soconusco.

El padre Ademar Barilli, coordinador de la Casa del migrante en Tecún Uman, Guatemala, aseveró: Se requiere que se cumplan los acuerdos y tratados internaciones de protección a los migrantes y a sus derechos. Estoy harto de la gente que quiere seguir haciendo estudios sobre migración. Estudios los hay; lo que se requiere son compromisos reales y funcionarios con convicción en su trabajo.

Cuestionó: Desde hace años se hacen foros, he participado en muchos y, ¿qué se hace? No hay avances en la protección de los derechos de los migrantes. Lo más fácil para los gobiernos es devolver a los menores y adolescentes que viajan solos. Pero, ¿y el interés superior del niño? Los menores van en busca del padre o la madre que está en Estados Unidos trabajando, y que dejaron a sus hijos encargados con la abuela, con la tía o con la hermana mayor, aunque apenas sea una adolescente.

“Quién –preguntó el religioso– decide devolver a los niños a su lugar de origen. Si su abuela que lo cuidaba ya murió. ¿Cómo devolver, a quién, a qué?”

La cónsul de Honduras en Chiapas denunció que ha recibido amenazas desde que evidenció que mujeres hondureñas, adolescentes y adultas, son engañadas y sometidas a la trata sexual de personas. Ya hemos conocido varios casos. La Fiscalía Especial en Chiapas se molestó por la denuncia que hice, pero ya son entre ocho y nueve casos.

Por las denuncias que hizo, “recibí amenazas, y tengo medidas de protección –policías que la custodian–, pero tengo miedo; sin embargo, voy a seguir haciendo mi trabajo en favor de los derechos de los migrantes

Luis Arriaga Valenzuela culmina su gestión al frente del Centro Pro

En este periodo el organismo asumió la defensa de múltiples casos notables

Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Miércoles 25 de mayo de 2011, p. 19

Este miércoles Luis Arriaga Valenzuela, después de cinco años al frente del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, concluye su periodo en la organización. En su gestión se defendieron casos emblemáticos de violaciones a derechos humanos, entre otros, el de la defensora de inmigrantes Concepción Moreno Arteaga; el de Santiago de Los Caballeros, y el de las indígenas Jacinta, Alberta y Teresa, acusadas de secuestrar a agentes de la AFI.

Otros casos fueron el del recurso a las instancias internacionales por la defensa de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera; el tema de la desaparición forzada de Alicia de los Ríos en la denominada guerra sucia; la impunidad en el caso de los mineros de Pasta de Conchos, y el de la tortura sexual en Atenco y la defensa de un militar con sida que había sido despedido injustamente.

Hoy al mediodía, en el Centro Pro, organismo jesuita, se le rendirá un reconocimiento por su labor al frente de esa institución. Arriaga Valenzuela presentará un informe de su gestión con las principales actividades, dedicado a las víctimas de violaciones a los derechos humanos que confiaron en el Centro Pro DH, porque ellas y ellos son los que alientan nuestro compromiso por la justicia.

Primero, el sacerdote Luis Arriaga fue director adjunto, y los últimos cuatro años ocupó la titularidad del Centro Pro. En este periodo se atendieron más de mil 150 casos en los que se dio asesoría jurídica, seguimiento, se emitieron acciones urgentes, misiones de observación, se documentaron casos y se llevó la defensa integral.

Concepción Moreno Arteaga, quien fue acusada por agentes de la AFI de encontrarla en flagrante comisión de delito, porque estaba alimentando a migrantes, fue detenida en 2005. En un proceso lleno de irregularidades se le condenó a seis años de prisión. En 2007 obtuvo su libertad, por la defensa que realizó este centro.

Luis Arriaga, entrevistado en febrero pasadoFoto Marco Peláez

En lo que se refiere a la tortura sexual cometida contra 26 mujeres en Atenco, el Pro asumió la defensa de 11 de ellas, y se llevó su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

También este centro impulsó la defensa del caso de Santiago de Los Caballeros: abusos militares en contra de civiles e impunidad. El 28 de marzo de 2008 uniformados abrieron fuego contra el vehículo en que viajaban seis civiles, las víctimas no iban armadas ni cometieron ningún acto ilícito. En 2008, el Pro asumió la defensa.

Por lo que se refiere a las mujeres indígenas Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara y Teresa González, el Pro asumió el caso porque ellas fueron acusadas injustamente de haber secuestrado a seis elementos de la AFI y sentenciadas a 21 años de prisión. Amnistía Internacional enarboló el caso de Jacinta como prisionera de conciencia, en 2010 fue excarcelada, y posteriormente también fueron liberadas Alberta y Teresa por decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El Centro Pro llevó ante la CIDH el caso de los ecologistas presos Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera. Por defender los bosques fueron víctimas de detención arbitraria y tortura a manos del Ejército en 1999. En 2001, con la llegada del presidente Vicente Fox fueron liberados por razones humanitarias ante la presión nacional e internacional, pero no se reconoció su inocencia. En 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por violaciones a la libertad personal, integridad y protección judicial.

El Pro también llevó a la CIDH la desaparición forzada de Alicia de los Ríos, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre desaparecida el 5 de enero de 1979. También asumió el tema de Pasta de Conchos, y en 2010 junto con el Cereal llevó este caso ante la CIDH.

Población tzotzil de Cruztón denuncia intento de invasión a tierras comunitarias

La comunidad tzotzil de Cruztón (municipio Venustiano Carranza, Chiapas) denunció que personas del municipio de Teopisca pretenden invadir tierras comunitarias, presuntamente con el aval de la Procuraduría Agraria. Durante el pasado mes y medio se ha reditado un conflicto que presuntamente ya habían resuelto el gobierno estatal y las autoridades agrarias.

El 5 de abril se presentaron en el predio amenazado Mariano y Pedro Pérez Pérez, Dionisio Pérez Díaz y Domingo López López, diciendo ser de Nuevo Amatenango y Poblado Nuevo San Juan y venir de parte de la Procuraduría Agraria y el dirigente Felipe Gómez Díaz, porque aquí hay unas tierras abandonadas, y que además hay demasía.

Los campesinos replicaron que estaban dentro de sus tierras, que desde hace muchos años son nuestras porque lo trabajaron nuestros abuelos, que en 2007 las recuperamos, y que en junio de 2009 el gobierno resolvió el conflicto dejando en nuestra posesión las 249-39-06.574 hectáreas.

En fechas recientes, en la región circula la especie de que se anda formando un grupo para volver a despojarnos, que en ese grupo supuestamente hay gente de nuestra propia comunidad y que el señor Valentín Jiménez González vendió el predio por 60 mil pesos a Guadalupe Díaz. Dicha persona se ostentó hasta hace un par de años como comisariado ejidal de la comunidad ficticia de San José Cerro Grande I, e invadió las mismas tierras, generando una controversia agraria que en 2009 fue resulta a favor de Cruztón.

En aquella primera ocasión, mañosamente invadieron nuestro predio, y más tarde lo regularizaron como nuevo ejido a través del Procede. No obstante, ante la resistencia comunitaria, en junio de 2009 recibieron un apoyo económico de parte del gobierno estatal con la finalidad de finiquitar la controversia social agraria y se acordó “que las tierras quedaban en legitima posesión de los adherentes a la otra campaña”. Ahora, los mismos invasores organizan gente para volver a despojarnos, añaden los afectados.

Los documentos del supuesto ejido San José Cerro Grande I quedaron sin valor hace dos años, pues sus fugaces ocupantes renunciaron al terreno en disputa, el cual quedó en legítima posesión de Cruztón. Además, se obligaron a no ejercer en el presente o el futuro ninguna acción de hecho ni de derecho para ocupar nuestras tierras. Ahora, Jiménez González “quiere engañar a la gente para volver a crear conflicto, y además que le den ‘su parte’ si nos logran despojar”, añaden los denunciantes.

La comunidad demanda al gobierno respeto a sus tierras y a la Procuraduría Agraria que deje de inducir las invasiones. “Hacemos responsable al mal gobierno de lo que puede suceder y le exigimos que nos informe de inmediato el resultado del ‘convenio de finiquito’ firmado el 3 junio de 2009 y llevado ante el Tribunal Unitario Agrario para su ratificación

CARTONES DE LA JORNADA