¡No vamos a permitir que quienes han hundido a Veracruz quieran mantenerse en el poder!‏

Estimados amigos:

El Tribunal Estatal Electoral simplemente ha convalidado la elección de estado y puso en evidencia su ausencia de principios democráticos en Veracruz. No vamos a permitir que quienes han hundido a Veracruz quieran mantenerse en el poder.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá que resolver en definitiva sobre la intervención abusiva del gobierno de Veracruz en el proceso electoral. Estoy seguro que el recurso interpuesto sobre la ilegalidad del proceso electoral será resuelto en el nivel federal. Esta resolución tendrá por ley que llevarse a cabo a más tardar en la última semana de noviembre del
presente año.

En estos momentos es muy importante difundir entre la gente que conocemos el estilo que corrompe toda la estructura con tal de obtener de manera sucia lo que no se gana en urnas.
Los invito a que observen el vídeo que está en la página de inicio de mi sitio web. Ahí doy mi punto de vista sobre el fraude electoral.

¡Luchemos juntos para rescatar el estado de derecho y garantizar una democracia plena, participativa y funcional!

Recibe un cordial saludo de tu amigo Dante Delgado.

Matrimonio gay en todo el país divide a la Corte*

México DF, agosto 05 de 2010.

Aún no se define el alcance de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en torno a la constitucionalidad del matrimonio homosexual en la capital del país.

La posición de los ministros se divide entre si se determina que el matrimonio entre personas del mismo sexo sea el reconocimiento de un derecho de las personas homosexuales y por tanto la argumentación se basa en el principio de igualdad y no discriminación con base en los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual garantizaría que se tuviera que establecer el matrimonio entre personas del mismo sexo en todo el país.

La otra postura que en estos momentos se presenta en la Corte es que cada legislación debe ser autónoma para definir el concepto de matrimonio en su entidad federativa y por tanto se reconoce el artículo 121 constitucional.

Por su parte, el ministro José Ramón Cossío propuso que ante la falta del término matrimonio en la constitución, la discusión se debe basar en analizar el vínculo entre la familia, término incluido en la Constitución, y la figura del matrimonio.

El ministro Sergio Aguirre Anguiano señaló que la figura del matrimonio no se puede modificar porque en esencia es la unión de un hombre y una mujer por lo que existen las figuras de uniones civiles, como se han reconocido en muchos lugares del mundo las uniones entre parejas del mismo sexo y no como matrimonio en los que pocos países se ha aprobado como tal y que sólo tres países permiten la adopción por parte de estas parejas.

El ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea llamó a tomar la decisión con base en la pluralidad y la tolerancia.

*En unos momentos más información.

Puertas a reformas anti matrimonio homosexual pueden ser abiertas por la Corte, alerta Ombudsgay

Llama a los defensores de derechos humanos del país a impedirlo Christian Rea Tizcareño México DF, agosto 04 de 2010. Si la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba la constitucionalidad del matrimonio universal en el DF con el enfoque de “garantías institucionales”, se corre el riesgo de que el máximo tribunal del país le abra la puerta a contrarreformas en los demás estados de la República, afirmó esta tarde Alejandro Juárez Zepeda, coordinador del proyecto Ombudsgay, de la organización civil Idheas, Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Después de que la Corte avaló la constitucionalidad de la interrupción legal del embarazo en la capital del país, 17 Congresos de la República aprobaron las reformas a las constituciones locales “a favor de la vida desde la concepción hasta la muerte natural”, conocidas como “leyes antiaborto”, ejemplificó. De los siete ministros que hasta el momento respaldan el matrimonio entre personas del mismo sexo, tres, incluido el ponente Sergio Valls, fijaron su postura en pro de los “derechos fundamentales”, y cuatro sostienen la tesis de que el debate debe girar en torno a las “garantías institucionales”, lo cual, “es grave”, pues dejaría la decisión final de la Corte sin efectos legales en los 31 estados de la federación. Bajo esta perspectiva, la Constitución protege a la familia y mandata a los legisladores de los estados a garantizar este derecho mediante la creación de instituciones como el matrimonio, la Sociedad de Convivencia o el Pacto Civil de Solidaridad (PACS). Sin embargo, “¿qué pasa si los legislativos de los estados dicen ‘okey, nosotros no vamos a permitir que el matrimonio sea una institución para las familias homoparentales, a ellos les vamos a crear una Sociedad de Convivencia o un PACS’?”, y paralelamente a esto, los diputados locales aprueban reformas para establecer que dicha figura jurídica sólo se contrae entre un hombre y una mujer, y así blindarse de que gays y lesbianas casados en el DF exijan sus derechos, opinó el activista. En 2009, por ejemplo, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional del estado de Yucatán redefinieron el matrimonio como “una institución por medio del cual se establece la unión jurídica de un hombre y una mujer, con igualdad de derechos, deberes y obligaciones, con la posibilidad de generar la reproducción humana de manera libre, responsable e informada”. Juárez Zepeda reafirmó que el eje del debate son los “derechos fundamentales”, invocados tanto desde la parte impugnadora del matrimonio lésbico-gay, es decir, la Procuraduría General de la República, como por quienes defienden el nuevo marco jurídico capitalino, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y el Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard. El matrimonio es un derecho potestativo –según la Real Academia Española, “que está en la facultad de alguien”–, detrás del cual están los “derechos fundamentales” de igualdad y no discriminación, subrayó. “No nos esperábamos este enfoque de garantías institucionales, nos tomó por sorpresa”, reconoció el líder del Ombudsgay, que junto con un grupo multidisciplinario de investigadores propuso un Amicus Curiae a la Corte, en pro de los derechos de las familias homoparentales. Llamó a los ministros de la Corte a optar por la vía de los derechos fundamentales e instó a los defensores de derechos humanos de todo el país a impedir contrarreformas que eleven la discriminación a rango constitucional local, lo cual iría en sentido opuesto al artículo 1 de la Ley Suprema del país. Prohibir el derecho al matrimonio conforme la “categoría sospechosa de l

Propone sociedad civil perfil para titular de Unidad para Promoción y Defensa de Derechos Humanos de Segob

México DF, agosto 03 de 2010.

Francisco Blake Mora

Secretario de Gobernación

Jesús Zamora Castro

Subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos

El estado de violencia y deterioro de los derechos humanos en México ha impactado negativamente en el tejido social, degradándolo hasta límites nunca antes vistos. Lo anterior, vuelve urgente la toma de medidas inmediatas, eficaces y de largo alcance para contener y revertir esta situación. El gobierno federal tiene en ello una responsabilidad ineludible y no puede ni debe, bajo ningún pretexto, seguir ignorando el llamado que, una vez más, las organizaciones de la sociedad civil le hacemos por este conducto.

Los discursos oficiales que promulgan el triunfo de los derechos humanos en México contrastan con la realidad que vivimos los mexicanos y mexicanas en la actualidad: militarización, fueros de excepción, criminalización de los movimientos sociales, agresiones a defensores y periodistas, impunidad y falta de un auténtico Estado democrático de derecho son los señalamientos más graves. Ello se sustenta en informes presentados por diversos organismos y organizaciones internacionales, y organismos públicos de derechos humanos, que dan cuenta de patrones de violaciones de los derechos humanos en México y la continuidad de estructuras viciadas que permiten una repetición crónica de los mismos.

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) condenó al Estado mexicano dos veces el año pasado por violaciones graves en la materia. Además, en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) aplicado a México por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas a principios de 2009, las organizaciones de la sociedad civil hicieron evidente la distancia entre el buen prestigio internacional y la precaria situación vivida en el ámbito interno.

La falta de una verdadera política de Estado con enfoque de derechos humanos, el desinterés de la clase gobernante por la situación y el desdén del poder judicial por resolver casos conforme a los estándares internacionales, ha ahondado la crisis. Paralelamente, siguen pendientes la armonización de la legislación nacional con el marco internacional, la justicia transicional, retirar las reservas a los instrumentos internacionales suscritos por México y dotar a las víctimas de recursos adecuados y efectivos para acceder a la justicia.

Ello debe ir acompañado de un amplio diálogo con los diversos sectores de la sociedad civil, la academia y la iniciativa privada para proponer y aprobar con legitimidad social las reformas estructurales y legales necesarias, así como la aplicación de políticas públicas que, en conjunto, garanticen el respeto y la protección de los derechos humanos en México.

Así pues, dado el debilitamiento del marco institucional para atender los temas vinculados a los derechos humanos en México, las organizaciones firmantes manifestamos nuestra preocupación por algunas definiciones que conciernen al poder ejecutivo.

En el contexto descrito, la Unidad para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación juega un papel clave. Por ello, la nueva administración que encabeza dicha secretaría de Estado debe buscar su fortalecimiento. Lo anterior implica, entre otras cosas, nombrar a un titular que reúna una serie de características necesarias para ejercer el cargo. Proponemos las siguientes:

1. Experiencia en materia de derechos humanos:

a) Trabajo personal realizado en organismos públicos o privados defensores de derechos humanos o en forma independiente de cualquier organismo; con un punto de vista de Estado.

b) publicaciones de trabajos propios sobre materias de derechos humanos (libros, revistas, artículos);

c) elaboración, en forma individual o colectiva, de propuestas legislativas tendientes a mejorar la situación de los derechos humanos en nuestro país;

e) impartición de conferencias, clases y cursos en materia de derechos humanos;

2. Credibilidad, buena reputación y autoridad moral;

3. Capacidades para el diálogo, la negociación y la cooperación;

4. Facilitación de procesos entre la sociedad civil organizada y las distintas dependencias de gobierno;

5. Ser conocedor de las instituciones democráticas y procurar el perfeccionamiento del marco internacional de los derechos humanos aplicable a México;

6. Capacidad de impulsar la armonización legislativa entre el marco jurídico doméstico y el marco internacional de los derechos humanos;

7. Promover el equilibrio entre las instituciones y la democracia participativa;

8. Impulsar la cultura de los derechos humanos, poniendo énfasis en el enfoque de género y los principios de igualdad y no discriminación;

9. Generar ciudadanía mediante el diálogo con la sociedad civil y favorecer su participación en el diseño e implementación de las políticas públicas en materia de derechos humanos; y

10. Dar seguimiento e impulso a las recomendaciones del Estado Mexicano tanto a instancias nacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos e internacionales como la Organización de las Naciones Unidas ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El nombramiento de alguien que cumpla con dicho perfil, abonaría a la confianza entre aquellos y aquellas que trabajamos en este país por la defensa de los derechos humanos, dando, asimismo, una necesaria muestra de sensibilidad política a los temas que nos preocupan en la sociedad civil.

- Academia Mexicana de Derechos Humanos A.C.

- Al Consumidor A.C.

- Agencia de Información NotieSe A.C.

- Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC-México)

- Incide Social A.C.

- IDHEAS Litigio Estratégico en Derechos Humanos A.C.

- Cátedra UNESCO

- Cauce Ciudadano A.C.

- Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” O.P.

- Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan A.C.

- Centro Nacional de Comunicación Social, Cencos

- Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos A.C. CMDPDH
- Comité de Derechos Humanos de Ajusco A.C.

- Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos A.C.

- Red de Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, A.C.

- Ririki Intervención Social A.C.

- Red de Profesores e investigadores de Derechos Humanos

Callar, advierten en penal a sentenciadas por aborto

Represión en Guanajuato

Callar, advierten en penal a sentenciadas por aborto

Joven narra la pesadilla que vivió en la cárcel

En el Cereso sí hay coacción y mucha, afirma

Quedas libre pero falta recuperar a tu familia

Vista del penal de PuentecillasFoto Carlos García

Carlos García y Jaime Avilés

Corresponsal y enviado

Periódico La Jornada
Jueves 5 de agosto de 2010, p. 2

San Miguel de Allende, Gto. 4 de agosto. “En el Cereso sí hay represión y mucha. Cuando va Derechos Humanos a visitarnos las custodias no se nos despegan. Te escuchan en todo momento y te sientes presionada; y si dices por qué estás ahí te ponen pies y manos donde no van [tergiversan todo] y aunque no te amenazan directamente, sí te advierten: oye, si sigues con las entrevistas te puede afectar en tu caso…”

Habla Alma Yareli Salazar Saldaña, trabajadora doméstica de 26 años de edad, recién liberada del Centro de Rehabilitación Social (Cereso) de Guanajuato, donde purgó tres años de una sentencia de 27, a la que fue condenada como responsable de homicidio en razón de parentesco por haber sufrido un aborto espontáneo en octubre de 2007 en esta ciudad.

Declarada inocente por el magistrado Miguel Valadez Reyes, del Tribunal Superior de Justicia de Guanajuato, Alma Yareli es la única integrante de un grupo de siete jóvenes sentenciadas a largas penas de encierro que ha recuperado su libertad. En una entrevista concedida a La Jornada aquí esta mañana, pidió para sus compañeras que permanecen tras las rejas:

Justicia, que las liberen pronto. Y al preguntarle qué opina sobre el gobernador del estado, Juan Manuel Oliva Ramírez, según el cual aquí no hay mujeres presas por abortar, afirma: Para él, ellas son un cero a la izquierda.

Al relatar su pesadilla en la cárcel, recuerda que la mañana del 21 de octubre de 2007 “desperté con dolores y sangrado; fui al baño y se me rompió la fuente. Y no supe más. Perdí el conocimiento. Cuando desperté, como a los 15 minutos, el producto estaba sin vida, no respiraba. Y como no podía faltar al trabajo, me lo llevé a la zapatería, para ver si reaccionaba, pero no… Y en la noche, cuando salí, lo envolví en una sudadera y lo dejé en la calle [del Calvario]. Sé que fue un gravísimo error”.

Después de varios días, la Policía Ministerial la localizó. “Cuando me detienen preguntan por otra persona, nunca me dijeron de qué me acusaban. Me suben a la camioneta y me iban pegando todo el camino; me insultaban: ‘hija de tu puta madre di la verdad, no te hagas pendeja’; pero repito, nunca me dijeron de qué estaba acusada, sólo me preguntaban ‘di con quién ibas cuando dejaste a la bebé’”

Sin pruebas concluyentes para inculparla por homicidio, el Ministerio Público la consignó al juez Carlos Alberto Llamas y éste la condenó a partir de un dictamen de autopsia dogmático, y por lo tanto irrelevante, según la resolución absolutoria que emitió el magistrado Valadez Reyes, ex procurador de Justicia estatal, al admitir el recurso de apelación interpuesto por el Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) a favor de Alma Yareli.

Alma Yareli Salazar (con anteojos) se rencuentra con una amiga tras dejar el Cereso.

Para los peritos de la Procuraduría estatal, la joven abandonó a su niña viva en la calle, donde, según ellos, murió de frío, pues al levantar el cadáver éste presentaba la misma temperatura que las piedras de la calle Calvario (sic). Sin embargo, un perito en discordia demostró que Alma Yareli no recibió atención médica durante la expulsión del producto y ofreció como evidencia el hecho de que al ser localizado el cuerpo en la vía pública, el cordón umbilical del producto no contenía restos de sangre, señal inequívoca de que ya había expirado cuando la joven lo abandonó por temor a tener problemas familiares, lo que ahora reconoce como un gravísimo error.

Sin atención médica, ni educación reproductiva, fue condenada en primera instancia a 27 años de prisión. ¿Qué sentiste en ese momento?, le pregunta La Jornada. Se me cayó el mundo encima. 27 años y medido se dicen fácil, pero pensar que uno va a vivirlos encerrada entre cuatro paredes, es algo que no se puede describir. Sólo pensé, qué voy a hacer, mis hijos van a crecer, no van a venir a verme, me van a abandonar. Me voy a quedar sola en el olvido.

Madre de tres menores –un niño de 10, una niña de seis años y una bebé de año tres meses, que concibió en el penal–, ahora que dejó atrás el Cereso, Alma Yareli se declara “contenta, feliz, libre. Pero recuperar a tu familia no es fácil. En esos tres años que perdí allá adentro, mis hijos se adaptaron con mi mamá y mi ex suegra. Y me dicen ‘te quiero mucho, pero me quedo con mi abuela’. Ellos no entienden la realidad ni el porqué. A veces mi hija me dice Yareli, y a veces mamá”.

¿Qué es lo que te da más miedo cuando estás presa? Que te trasladen a otra cárcel. Eso es lo que más angustia ahorita a mis compañeras, porque sería más difícil para sus familias visitarlas. Por eso entiendo por qué firmaron las cartas en que dizque ya no quieren entrevistas con la prensa. Y es que cada vez que haces algo por tu bien, puede venir un traslado porque dicen que alteras el orden dentro del Cereso.

No estamos conformes con el trato ni la condena, lanza una reclusa

Represión en Guanajuato

La pregunta es si quieren dar entrevistas, exige funcionaria

No estamos conformes con el trato ni la condena, lanza una reclusa

Jaime Avilés y Carlos García

Enviado y corresponsal

Periódico La Jornada
Jueves 5 de agosto de 2010, p. 3

Guanajuato, Gto., 4 de agosto. Las cuatro jóvenes campesinas que purgan condenas de más de 25 años de cárcel, al ser señaladas culpables de homicidio por abortar, fueron presentadas esta tarde a reporteros y fotógrafos de distintos medios para declarar, por consigna, que no desean conceder más entrevistas de prensa.

Con una palidez extrema, sometidas a una presión tan evidente que una de ellas rompió a llorar a causa de un ataque de nervios –¡me quiero ir!, gritó, cuando una de sus compañeras afirmó que las sentencias que les impusieron son injustas–, las internas Yolanda Martínez Montoya, Ana Rosa Padrón Alarcón, Susana Dueñas y Araceli Camargo Juárez (que según el gobernador Juan Manuel Oliva no existen) fueron obligadas a protagonizar una escena para que la Secretaría de Seguridad Pública estatal demostrara que no están incomunicadas, como lo denunció La Jornada en su edición del 4 de agosto.

De acuerdo con el libreto oficial, la vocera de la dependencia, Alicia Arias Muñoz, iba a preguntarles, delante de los medios, si querían seguir dando entrevistas, a lo que las jóvenes campesinas debían responder que no. Pero antes de que empezara la representación, La Jornada se adelantó e interrogó a las reclusas: ¿Están de acuerdo con las sentencias que recibieron y con el trato que les dio el Ministerio Público?.

Con ojos impacientes, Alicia Arias tomó la palabra: ¡No, no, no! La pregunta es si quieren dar entrevistas. Y dirigiéndose a las internas les echó la pelota: ¿Quieren dar entrevistas?. De pronto se impuso un silencio insoportable, en el que sólo se escuchaba el zumbido de un ventilador.

Vigiladas a escasos centímetros por una robusta custodia vestida de negro, inmóviles, uniformadas con pantalones y camisola color caqui, alineadas de espaldas a la pared de una estrecha sala de juntas en la que había al menos 12 reporteros (que habían sido despojados de sus cámaras y grabadoras), la más alta y morena de las jóvenes, echando el corazón por delante, dijo con firmeza y claridad:

Voy a contestar por educación. No, no estamos conformes con las sentencias ni con el trato del Ministerio Público. Fueron injustas. Pero ustedes ya conocen nuestras versiones y lo que pensamos, y somos respetuosas del reglamento.

En ese instante, la más bajita de las cuatro estalló en llanto, se dio la vuelta y pegando la cara contra la pared, gritó: ¡Me quiero ir, me quiero ir!.

La custodia la abrazó para consolarla. La vocera de la SPP esbozó una delgada sonrisa de desaliento y los reporteros volvieron a la aduana donde habían dejando sus pertenencias, lamentando el hecho de haber participado en un montaje tan degradante para las internas, para las propias autoridades y para la prensa, que también fue víctima de la mordaza oficial.

Artículo de Laura Itzel Castillo‏

Compañer@:

Te envío la liga del artículo de la Dip. Laura Itzel Castillo publicado el día de hoy en El Universal Gráfico titulado "Política habitacional fracasada". http://www.eluniversal.com.mx/columnas/85234.html

Saludos, Josefa

Política habitacional fracasada

El pasado lunes en las páginas de EL UNIVERSAL, en la sección de Cartera, aparece un reportaje de David Aguilar Juárez titulado: “Invasión de viviendas atora los desarrollos”. Según el periodista, “Infonavit tiene detenidos activos por mil 260 millones de pesos debido al problema”. En la nota afirma que se han invadido viviendas por líderes de organizaciones sociales. La única voz es la del gerente de Hipotecaria Social del Instituto, Francisco Benavides, quien mediante infundios afirma que 59 grupos tienen en su poder 6 mil 345 créditos.

El gerente cita, entre otras organizaciones, al Consejo de Defensa de la Vivienda (CDV), que encabeza la que esto escribe. Desde estas páginas les recuerdo que el CDV no promueve invasiones: el CDV defiende el derecho de los trabajadores a no ser despojados de su patrimonio por haber caído en el desempleo, a causa de la política económica salinista implementada por los panistas y en especial profundizada por la ineptitud del autodenominado “Presidente del empleo” Felipe Calderón.

En el área de comunicación, es bien conocido que para hacer una buena nota, es necesario contar con diversas opiniones de los diferentes actores involucrados en el tema. Sin embargo el reportaje se escuda en supuestas declaraciones de desarrolladores inmobiliarios que no quieren dar sus nombres.

El CDV es una organización que lucha desde hace tres años contra la venta ilegal de cartera vencida a firmas trasnacionales ligadas a empresas de EU relacionadas con la crisis hipotecaria de ese país.

Señalamos desde entonces que el Infonavit vendió 55 mil créditos, de un total de 110 mil declarados en quiebra, a empresas privadas a menos de 20% de su valor, quienes las intentan revender a los acreditados humildes a más del triple de su costo. Capmark, filial de G Mac y General Motors, compró 18 mil créditos en cartera vencida en 20 mil pesos cada uno y ha intentado venderlos a los acreditados humildes en 700 mil pesos. Lo mismo sucedió con la empresa estadounidense Scrap II, que es filial de Pendulum, de Afore Banamex y de City Group, que adquirió más de 36 mil créditos.

Debido a la lucha emprendida por organizaciones como el CDV, el Consejo de Administración del Infonavit acordó en la última sesión recomprar los créditos que habían sido vendidos ilegalmente a Capmark y ScrapII en el 2006.

El CDV ha denunciado que la política de endeudar y privatizar al Infonavit es la verdadera causa del abandono de viviendas, a pesar de la enorme necesidad de ellas. Infonavit se enfoca en pagar los intereses del endeudamiento innecesario y en erogar grandes cantidades de dinero para despachos jurídicos dedicados a desalojar a los derechohabientes, contratos que le cuestan al Infonavit anualmente 500 millones de pesos.

No sólo eso, el CDV tiene propuestas: el 8 de septiembre de 2009, al inicio de la actual Legislatura, la primera iniciativa que se presentó fue la nuestra: de reformas a la Ley del Infonavit, la cual modifica por completo la ley al despenalizar el desempleo y rescatar el carácter público y social del instituto. Combate la feminización de la pobreza, al permitir el acceso a la propiedad de las mujeres a causa de la ausencia de la pareja.

Nuestra iniciativa deja atrás la visión bancaria que ha prevalecido en México. Contrasta con la política que produce miles de microviviendas nuevas abandonadas en cientos de unidades habitacionales chatarra, sembradas a lo largo y ancho del país. Basta echar un vistazo en los nuevos conjuntos construidos por las seis grandes inmobiliarias que concentran 25% de la producción de vivienda en México. Según el censo de 2005, existían 4.5 millones de viviendas abandonadas. El Infonavit solamente reconoce alrededor de 42 mil de ellas… ¿Será?

CARTONES DE LA JORNADA

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