miércoles, 6 de enero de 2010

Exige Amnistía Internacional proteger a activistas en Juárez

PGR y PGJE ignoraron amenazas de muerte a Josefina Reyes

Exige Amnistía Internacional proteger a activistas en Juárez
R. Villalpando, E. Olivares, G. Saldierna y E. Méndez
Corresponsal y reporteros
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 25

Amnistía Internacional (AI) advirtió que la ola de violencia que azota Ciudad Juárez, Chihuahua, pone en riesgo la vida de defensores de los derechos humanos, por lo que emitió una acción urgente en la que insta a las autoridades federales y estatales a proteger la vida e integridad de varios activistas, sobre todo los que trabajaron con Josefina Reyes Salazar, asesinada el 3 de enero.

El organismo internacional exigió una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre el homicidio de Reyes, que los resultados de las indagatorias se hagan públicos y que los responsables del crimen sean presentados ante la justicia.

AI señaló que varios sujetos intentaron secuestrar a Reyes, pero como se resistió le dispararon en la cabeza.

El organismo señaló que integrantes de la Coordinación de Organizaciones de la Sociedad Civil de Ciudad Juárez también han sido amenazados y corren peligro. Se refirió en particular a Cipriana Jurado, quien ha trabajado con AI en casos de abusos cometidos por militares.

En tanto, familiares de Josefina Reyes aseguraron que ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE) hicieron caso de la denuncia que presentó la activista por las repetidas amenazas de muerte que había recibido.

Durante el funeral de Reyes Salazar, en el municipio de Guadalupe, sus cinco hermanos dieron a conocer que toda la familia tuvo que abandonar su lugar natal por las amenazas de presuntos integrantes del crimen organizado y negaron tener vínculos con organizaciones criminales.

Recordaron que la semana pasada Josefina Reyes y Cipriana Jurado, activista del Centro de Investigación y Solidaridad, acudieron ante un fiscal militar en relación con la muerte de Saúl Becerra y la desaparición forzada de los hermanos Carlos y José Luis Guzmán Zúñiga, casos documentados por Amnistía Internacional en los que se implica al Ejército Mexicano.

Ahí, dijeron, la fundadora del Comité de Derechos Humanos del Valle de Juárez y Cipriana Jurado fueron presionadas para que se desistieran.

Con el homicidio de Reyes Salazar, en los dos años recientes suman seis asesinatos de activistas y personas cercanas en Chihuahua, entre ellos Jesús Alfredo Portillo Santos, yerno de Marisela Ortiz Rivera, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa; el profesor Manuel Arroyo Galván; la activista Alicia Salaiz Orrantía; su esposo, Paz Rodríguez, y su hijo Paz Alberto Rodríguez, así como el líder de la Organización Agrodinámica Nacional Armando Villarreal Martha, amigo de Salaiz Orrantía.

Mientras, en la ciudad de México, los partidos políticos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión guardaron un minuto de silencio en memoria de Esther Chávez Cano, activista por los derechos de las mujeres y precursora de la lucha por el esclarecimiento de los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los legisladores también acordaron expresar a familiares, amigos, amigas y compañeras de Casa Amiga su pesar y acompañamiento solidario

BCS: explotarán oro en una reserva de la biosfera

Confía empresa en obtener autorización de cambio de uso de suelo

BCS: explotarán oro en una reserva de la biosfera

Alertan activistas sobre peligro de contaminación de mantos freáticos

Dudan que minera acate medidas de seguridad y mitigación de daños

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En la reserva de la biosfera Sierra La Laguna, en Baja California Sur, ya se encuentra una barrena que se utilizará para la explotación de una mina de oro a cielo abiertoFoto Cortesía de la organización Agua de Niparajá
Raymundo León
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 24

La Paz, BCS, 5 de enero. La compañía Paredones Amarillos, subsidiaria de la estadunidense Vista Gold, concluyó la fase de exploración y espera obtener el permiso federal de cambio de uso de suelo en el primer trimestre para explotar una mina de oro a cielo abierto en la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera sierra La Laguna, en las inmediaciones del pueblo mágico Todos Santos, municipio de La Paz, advirtieron organizaciones ambientalistas.

Según el gobierno del estado, la minera y el ejido San Antonio firmaron un acuerdo el mes pasado para poner en marcha el proyecto, por lo cual los ejidatarios recibirán un pago inicial de 3.2 millones de pesos.

A pesar de ello, Pedro Zapata Morales, coordinador de la organización Agua de Niparajá, dijo que se utilizarán todos los medios jurídicos para que las autoridades cancelen el proyecto, incluida una declaratoria emitida en 1994 por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que considera la reserva de la biosfera patrimonio de la humanidad.

Las organizaciones Guardianes del Agua, Defensa Ambiental del Noroeste, Pronatura Noroeste y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, además de Niparajá, advirtieron que la mina contaminará los mantos freáticos con cianuro, arsénico, ácido sulfúrico y metales pesados, e iniciaron una campaña de información mediante el documento La sierra La Laguna y la minería de oro: 10 cosas que deberías saber.

Explican que para extraer 40 toneladas de oro la empresa generará 11 mil toneladas de desechos al día, lo que dejará en 10 años un cráter de 58.7 hectáreas, equivalente a 54 canchas de futbol.

Las ganancias, al extranjero

Según el documento, la sierra La Laguna, único bosque de pinos y encinos de Baja California Sur, con 86 especies de plantas endémicas y principal fuente de agua dulce del sur de la entidad, está amenazada por el proyecto Paredones Amarillos, que además de explosivos utilizará químicos tóxicos como el cianuro de sodio, el cual generará compuestos que podrían envenenar los acuíferos de Todos Santos, El Carrizal y La Paz, que abastecen del líquido a miles de personas.

Zapata Morales consideró que los costos ambientales y sociales del proyecto son muy altos y los beneficios mínimos, pues se destruirá parte de la sierra La Laguna y el oro obtenido hará ricos a unos cuantos extranjeros.

El proceso para obtener el metal precioso, explicó, consiste en rebanar cerros con explosivos, pulverizar el material rocoso y separar el oro con cianuro de sodio, lo que genera miles de toneladas de desechos, denominados jales, con altas concentraciones de arsénico, ácido sulfúrico y otros metales pesados que se depositan en presas, por lo que pueden filtrarse a los mantos acuíferos.

El activista criticó el plan de manejo de la Sierra La Laguna, pues por una torpeza de las autoridades ambientales, algunas zonas del bosque son consideradas áreas de aprovechamiento especial, lo que permitió a la minera canadiense Echo Bay conseguir la concesión y la aprobación de la manifestación de impacto ambiental en 1997, permisos que más adelante traspasó a la estadunidense Vista Gold, con sede en Denver, Colorado.

Cuando se hizo ese plan de manejo las autoridades pensaron que la minería sería subterránea, en galeras, como en los tiempos en que se explotó oro en San Antonio y El Triunfo, que forman parte de la región, pero ese tipo de extracción se agotó y ahora es a cielo abierto. Por esa torpeza estamos metidos en este lío, expresó.

La compañía Paredones Amarillos, que contrató a Carlos Calderón, ex gerente de la ex concesionaria Echo Bay, para dar continuidad al proyecto, y a Julio César Peralta Gallegos, ex delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el estado, dice en su portal de Internet que la explotación minera de la Sierra La Laguna generará empleos, adquirirá materiales y servicios locales y pagará impuestos.

Para proteger el ambiente se comprometió a construir una planta desaladora, tener el máximo cuidado en el diseño, construcción y operación del proyecto; instalar sistemas de monitoreo para detectar en forma temprana posibles daños; dentro de lo posible, restaurar en forma simultánea las áreas afectadas, y proporcionar los recursos para garantizar el cierre del proyecto al final de su vida útil.

Precisa que Paredones Amarillos planea procesar 38 millones de toneladas de mineral y la presa de jales tendrá capacidad para 40 millones de toneladas.

El depósito, añade, podrá almacenar 670 mil metros cúbicos de agua de lluvia, 2.5 veces la cantidad que se puede acumular en una precipitación de 315 milímetros causada por una tormenta o huracán.

Sin embargo, Zapata Morales insistió en que el proyecto tiene más costos que beneficios para la comunidad, pues sólo generará 300 empleos, y por ser una actividad especializada requerirá personal del exterior, además de que sólo durará 10 años.

La empresa ya compró el terreno para la planta desaladora de agua de mar. El problema es que está en una zona de desove de la tortuga laúd, señaló.

De concretarse el proyecto Paredones Amarillos también dificultará la agricultura orgánica certificada, la ganadería y la actividad ecoturística de Todos Santos, único pueblo mágico de Baja California Sur, dijo.

Admitió que la empresa incluye en su proyecto medidas de seguridad y de mitigación de impactos ambientales, pero advirtió que eso no garantiza que vaya a cumplirlas, pues si el precio del oro baja lo más seguro es que se vayan y dejen un problema al estado, pues la ley minera en México es muy laxa y ventajosa para las compañías extractivas, dijo

Prevén ONG panorama poco alentador en materia de derechos humanos este año

El gran pendiente en la materia es la impunidad existente en México: Édgar Cortez

Prevén ONG panorama poco alentador en materia de derechos humanos este año
Emir Olivares Alonso
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 10

Este año arranca con mal augurio y un panorama poco alentador para los derechos humanos, ya que el gobierno federal no tiene una política clara en la materia, aseveraron defensores de dichas garantías.

Sin embargo, coincidieron en que las recientes sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) –sobre el campo algodonero en Ciudad Juárez, Chihuahua, y el caso Rosendo Radilla, desaparecido durante la llamada guerra sucia, en las que acreditó que el Estado es responsable de violaciones a garantías fundamentales– pueden ser la palanca para activar las escasas acciones del gobierno mexicano en el tema y para que se realicen las reformas necesarias.

Édgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), advirtieron que la modificación del fuero militar, el replanteamiento de la estrategia contra el crimen organizado, el análisis de las regresivas reformas antiaborto en 18 estados, el combate a la impunidad y la garantía de los derechos fundamentales a grupos minoritarios son algunos de los pendientes que este año deben atender las autoridades.

Cortez indicó que a partir de la sentencia de la CIDH sobre el caso Radilla, el Estado mexicano está obligado a modificar el código de justicia militar, para que los casos de delitos y abusos cometidos por elementos castrenses contra la ciudadanía sean atendidos en el fuero civil y que la procuraduría de la Defensa se limite sólo a revisar los casos de disciplina en el Ejército.

Añadió que la estrategia de Felipe Calderón contra la delincuencia organizada ha tenido consecuencias negativas para los derechos humanos, por lo que “cada vez es más indispensable que el gobierno tenga capacidad de escuchar para evaluar y modificar estas acciones que sólo han incrementado la violencia, que ha dejado más de 6 mil 500 ejecutados”.

El gran pendiente en la materia, dijo, es la impunidad existente en México, debido a que no existen instituciones ni mecanismos que garanticen la justicia. Además de que el gobierno no hace patente su decisión para contrarrestar este flagelo y sancionar a los responsables de violaciones a las garantías fundamentales.

Luis Arriaga consideró que debido a que el gobierno federal se ha enfocado a la llamada guerra contra el narcotráfico, éste ha dejado en el abandono la responsabilidad de Estado de atender y cumplir con los derechos económicos, sociales y culturales de la ciudadanía, que en este año deben ser prioritarios.

Por la injerencia militar en la seguridad pública, el gobierno se ha desvinculado de derechos importantes como salud, educación, vivienda, alimentación y otros, a los que en la práctica se considera como un tema de filantropía y no de obligación del Estado mexicano. En una sociedad que se dice democrática, garantizar la seguridad implica a su vez cumplir con estos derechos, añadió el director del Prodh.

Señaló que en la agenda 2010 de los derechos humanos debe incluirse el análisis de la falta de equidad en el ámbito de justicia, porque existen dos sistemas penales: uno para los amigos y otro para los que no lo son, quienes se ven sujetos a procesos plagados de irregularidades y sentencias injustas

Exige PRD en la Permanente sacar policías y militares de sedes de LFC

Generan tensión social en tres municipios de Puebla: Enoé Uranga

Exige PRD en la Permanente sacar policías y militares de sedes de LFC
Georgina Saldierna y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 7

El Partido de la Revolución Democrática en la Comisión Permanente demandó a los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Defensa Nacional, Guillermo Galván, y de Seguridad Pública, Genaro García Luna, retirar la presencia excesiva de elementos del Ejército y de la Policía Federal en los municipios de Ahuazotepec, Huachinango y Juan Galindo, en el estado de Puebla, ya que han generado un clima de tensión en una zona afectada por la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).

La diputada Enoé Uranga Muñoz calificó de injustificada la movilización de las fuerzas armadas en la presa Necaxa y comunidades aledañas, las cuales están prácticamente sitiadas y ello puede derivar en un conflicto mayor.

Señaló por otra parte, que entre los electricistas existe preocupación por la impericia con la que se está manejando el agua contenida en las presas de la región. El desagüe inexperto ha causado pérdidas de siembras y riesgos para las personas que viven a la orilla del río Necaxa, añadió, luego de explicar que algunas presas se han desbordado, mientras en otras ha bajado el líquido a un nivel crítico, lo que puede ocasionar que se agrieten los diques de arcilla por falta de humedad y se genere un daño irreversible a las instalaciones.

Por lo anterior, la perredista propuso un punto de acuerdo que fue remitido a comisiones, en el que pide retirar la presencia excesiva de las fuerzas armadas; que se integre un grupo plural de legisladores que visite la presa y sus zonas aledañas, y que se solicite la intervención de un dictaminador de representatividad internacional o académico para evaluar de la manera más objetiva las condiciones bajo las que opera el sistema hidroeléctrico de Necaxa, para en su caso, se tengan elementos que permitan deslindar responsabilidades.

Aguinaldo y fondo de ahorro

De igual manera, exhortó al Ejecutivo a concretar el pago correspondiente del aguinaldo y el fondo de ahorro estipulado en la ley, a los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que conforme a la misma debió de haberse efectuado antes del 20 de diciembre.

El diputado perredista Avelino Méndez Rangel lamentó que el punto de acuerdo no se haya dictaminado ayer mismo, lo que calificó de irresponsabilidad de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional, ya que no se atienden asuntos tan graves como el manejo de la presa. Cabe destacar que en ese lugar, los integrantes del SME mantienen sus plantones y movilizaciones

Explosión en subestación de Nonoalco; fue por impericia de CFE, acusa el SME

Hermetismo oficial tras accidente que cortó el fluido en Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo

Explosión en subestación de Nonoalco; fue por impericia de CFE, acusa el SME

Los primeros en correr fueron los policías federales: vecinos

Cerca hay líneas de gas natural

Niega Comisión Federal que haya heridos

Al menos un descalabrado, reporta el GDF

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Vecinos salieron de sus casas tras la detonación de ayer en la subestación ubicada en la colonia BuenavistaFoto María Luisa Severiano
Alma E. Muñoz, Víctor Cardoso y Claudia Álvarez L.
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 7

Ayer se registró una explosión en la subestación denominada kilómetro cero de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicada en Nonoalco, Distrito Federal, que interrumpió el fluido durante 25 minutos a miles de habitantes de las delegaciones Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, y afectó a otras seis subestaciones. La empresa señaló que fue una falla normal en un interruptor, mientras el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) acusó que fue consecuencia de la impericia y la falta de mantenimiento.

La CFE desestimó cualquier sabotaje en ese incidente y rechazó que hubiera lesionados. Sin embargo, vecinos del lugar e integrantes del SME señalaron que al menos tres personas resultaron heridas. No se pudo confirmar la versión, dado el hermetismo impuesto en la instalación, ubicada en la colonia Nonoalco y resguardada por la Policía Federal (PF). Ni siquiera se permitió el acceso de elementos de Protección Civil, bomberos y unidades de la Cruz Roja Mexicana.

Según la versión oficial, la falla en un interruptor de 230 mil voltios, que ocasionó afectaciones a las subestaciones Naucalpan, Cuauhtémoc, Nonoalco, Tacuba, Insurgentes y Pensador Mexicano, ocurrió a las 15:35 horas, lo que movilizó de inmediato a cuadrillas de trabajadores de la CFE para iniciar la reparación de la infraestructura afectada y, 25 minutos después del incidente, a las 16 horas, se corrigió el desperfecto.

Pero el dirigente del SME, Martín Esparza, refutó esa versión. Falló un transformador y hubo una explosión fuerte. Esta subestación la tenemos considerada como una cuyos equipos funcionan desde hace más de 40 años y necesitan remplazo. Esto es una cadenita, porque todo está interconectado y por la impericia y la falta de mantenimiento [hechos como éste] se darán de manera repetida.

La CFE rechazó que hubiera lesionados, pero Norberto López Rodríguez y Enrique Rivera, integrantes del sindicato, aseguraron que por la entrada de avenida Flores Magón sacaron a dos personas heridas, con la cabeza cubierta, en un automóvil. Alfredo Arenas, representante propietario sindical, señaló que había versiones de que otro herido estaba en de la subestación.

Como ex trabajador de esa subestación, explicó que el estallido ocurrió porque es equipo de alta tensión, y cuando se hace una mala maniobra hay una explosión; quiere decir que hubo un problema grave. Y sí, debió haber heridos. Siempre hay por lo menos tres personas atendiendo los transformadores; (donde hay interruptores) es muy fácil que les pueda tocar una descarga.

Vecinos aseguraron que fue una gran explosión, se escuchó muy fuerte y causó una gran columna de humo, explicó Víctor Joel Ortiz. Los policías federales (que resguardan el lugar desde que se emitió el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, LFC) fueron los primeros en salir corriendo”. Otra señora dijo que edificios de la unidad habitacional Estrella se cimbraron y advirtió sobre el riesgo de que fallas como ésa puedan alcanzar la línea de gas natural que colinda con paredes de la subestación.

El titular de la Secretaría de Protección Civil del Distrito Federal, Elías Miguel Moreno, informó más tarde que con el argumento de que se trataba de un asunto federal, la PF no permitió que elementos a su cargo ingresaran a controlar la explosión.

Señaló que en breve hablarán con autoridades de la CFE, pues este incidente, que dejó sin energía eléctrica a por lo menos ocho colonias, pudo ser mayor y no se debe restringir el paso para intervenir en casos de emergencia.

Afortunadamente, dijo, los elementos federales controlaron el fuego con unos extintores y sólo una persona resultó descalabrada con un ladrillo que salió volando con el estallido pero, por muy leve que haya sido, la PF debe tener en cuenta que la integridad de los capitalinos está por encima de las órdenes que tengan de resguardar los edificios de LFC para evitar conflictos con el SME.

Desde el pasado 11 de octubre, cuando se publicó el decreto de extinción de LFC, la CFE ha rechazado que las fallas en el suministro de energía deriven de actos de sabotaje en la infraestructura eléctrica y los ha atribuido a fallas técnicas o actos vandálicos

Marcha pro zapatista por carestía

Marcha pro zapatista por carestía
Ángeles Mariscal, corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 6 de enero de 2010, p. 4

Tonalá, Chis., 5 de enero. Cientos de residentes de la costa chiapaneca partidarios de la otra campaña del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) marcharon aquí para protestar por el encarecimiento de los productos de la canasta básica, el transporte y otros insumos.

Los representantes de una veintena de comunidades también advirtieron que la condonación de adeudos acordada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el gobierno de Chiapas a quienes regularicen su situación es una estratagema que busca desarticular la lucha por tarifas justas de luz.

Los miembros del llamado Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, que integra barrios y colonias de los municipios de Tonalá y Pijijiapan, culparon al gobierno de Felipe Calderón de la crisis económica, la carestía de las tortillas, que aquí llegaron a 12 pesos por kilo, y los precios galopantes de la gasolina y la luz que repercuten a la canasta básica y el transporte.

Llamaron a las agrupaciones sociales de la entidad a organizarse para conseguir bajas de precios y respeto a todas las formas de resistencia civil

CARTONES DE LA JORNADA