Mario Alberto Reyes  Protesta por desabasto de fármacos durante la XVII Conferencia Internacional del Sida, realizada en México en 2008. Foto: La Jornada México DF, junio 08 de 2011. Al iniciar los trabajos de la Reunión de Alto Nivel sobre el Sida de la Asamblea General de las Naciones Unidas (UNGASS), en la ciudad de Nueva York, el activista Luis Adrián Quiroz, denunció el riesgo latente de que las organizaciones civiles mexicanas avalen, sin análisis crítico alguno, el informe que será presentado por el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) y la Secretaría de Salud. “¿Dónde está la sociedad civil que era demandante?”, preguntó el también secretario general de Derechohabientes Viviendo con VIH/sida (DVVIMSS), al señalar que contrario a años anteriores, no se elaboraron los llamados “informes sombra”, es decir, un texto alternativo al oficial en el que las organizaciones civiles con trabajo en dar respuesta a la epidemia, plasman los avances, retrocesos, retos y desafíos percibidos en la materia. Con el lema “Unidad para el Acceso Universal: Cero nuevas infecciones, cero discriminación y cero muertes relacionadas al sida, hoy iniciará la UNGASS, en la que se evaluarán avances y retos en la respuesta a la epidemia. En esta reunión, los representantes de los gobiernos deberán adoptar la llamada “Declaración Cero”, elaborada por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas para el VIH/sida (Onusida) basado en los informes entregados por cada país en 2010. Este documento y la respuesta a la epidemia consensuada en la reunión, estarán encaminados a cumplir con los Objetivos de Desarrollo del Milenio para 2015, centrados en frenar el avance del VIH. Al señalar las fallas que en México se registran en el combate a la epidemia, Quiroz Castillo aseveró que el desabasto de medicamentos antirretrovirales (ARV) es la más grave, “pues no obstante que la Secretaría de Salud y el Censida digan que estamos venciendo al VIH, que las mujeres seropositivas son atendidas adecuadamente y que hay acceso universal a los fármacos, sabemos que esto no es así”. Sobre el informe gubernamental que en términos generales describe y analiza la situación de la VIH/sida en México, el integrante de DVVIMSS, mencionó que se trata de un texto incompleto pues no incluye la visión completa que dependencias como el Instituto Mexicano del Seguro Social, Petróleos Mexicanos, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, tienen sobre el tema. “No hay informe sombra para contrapuntear el discurso gubernamental, eso es muy grave si tomamos en cuenta el contexto de que las organizaciones civiles han avalado el desabasto de medicamentos, y de que los vocales del Consejo Nacional para Prevención y Control del Sida (Conasida), han sido extremadamente acallados con los propios recursos económicos del Censida, se han vuelto sus cómplices, tal como lo demuestran la minutas de las reuniones”. El activista mexicano indicó que quienes cuestionan las políticas públicas sobre VIH son excluidos de los eventos oficiales. “No nos toman en cuenta para nada, pero eso no importa porque nuestra vocación de defensa y promoción de los derechos humanos siempre estará ahí”. Agregó que aunado al desabasto de ARV registrado en el país, se añade el problema de la disponibilidad –medida técnica-administrativa adoptada por los gobiernos-, puesto que no basta con el acceso a los tratamientos, sino que es fundamental estén disponibles en las farmacias del sistema de Salud. Dijo que el desabasto y disponibilidad de ARV es un problema que afecta a América Latina, “México no es la excepción, aunque el Censida diga que sólo se han generado 18 quejas por este motivo. No se vale jugar con la salud de las personas, deben tomar sus medicamentos”. Para el activista, las fallas principales se encuentran en la administración y evaluación de los servicios de Salud. “(En México) me parece absurdo que digan que está bajando la epidemia cuando cada día hay más personas diagnosticadas. Dos más dos son cuatro, y lo que nos dice el gobierno federal es que dos más dos son menos cuatro. Ese es el discurso, el cual añade que todas las mujeres tienen acceso a la prueba de detección oportuna, cuando vemos que en Veracruz no hay leche materna para las madres VIH positivas. Si dicen que la tendencia va a la baja, entonces, ¿esos niños de dónde salieron? ¿son de Marte o Saturno?” En torno al desempeño de las organizaciones civiles, Quiroz Castillo aseguró que están “fuertemente afectadas por la desmovilización” lo que ha repercutido en la promoción de la cultura de la denuncia entre la población. “Si en este país estuviéramos acostumbrados a la queja y a la denuncia, seríamos otra nación. Cuando pides las quejas a través del sistema de acceso a la información, ya sea federal o estatal, te das cuenta de que la gente no se queja de nada, ¿por qué se van a quejar de una epidemia que aparte es estigmatizada y perseguida. Las personas VIH positivas no asumen que tienen derecho a recibir los medicamentos”. El secretario de DVVIMSS calificó como “patéticas” las declaraciones, que asegura, hizo Carlos García de León, director de Prevención y Participación Social del Censida –surgido de la sociedad civil-, en torno a que las 18 quejas presentadas por desabasto de ARV “no son importantes para hablar de emergencias”. El activista y promotor de los derechos humanos, aseguró que García de León y José Antonio Izazola, director del Censida, carecen de sensibilidad política para mejorar la respuesta a la epidemia. “No hay interés oficial, pero eso sí quieren callarte. Yo no soy parte de esa sociedad civil avalada por el gobierno, sino de la que demanda y exige que en este país haya medicamentos para todas las personas que viven con VIH en tiempo, forma y espacio”. |
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 12 de junio de 2011, p. 31
Domingo 12 de junio de 2011, p. 31
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 11 de junio.
El Consejo Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH) solicitó al gobierno de la entidad adoptar medidas precautorias o cautelares para garantizar la salud y la vida del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, quien se encuentra en huelga de hambre desde el 7 de junio, cuando fue recluido en el penal de El Amate.
El organismo dijo que es necesario garantizar la integridad física y emocional del ex mandatario, ante las consecuencias naturales que puedan resultar de su decisión de no ingerir alimentos
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Informó en un comunicado que integrantes del CEDH se entrevistaron con Salazar Mendiguchía, quien les reiteró su deseo de permanecer en ayuno en el reclusorio, que se ubica en el municipio de El Amate, a cien kilómetros de Tuxtla Gutiérrez.
Salazar Mendiguchía está acusado de peculado, ejercicio indebido del servicio público, abuso de funciones públicas y de autoridad y asociación delictuosa por el desvío
de 104 millones de pesos.
Por separado, Jesús Ernesto Molina Ramos, presidente de la Comisión de Asuntos Generales del CEDH, informó que después de cuatro días de ayuno, el estado de salud del ex gobernador es estable
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El señor Salazar se encuentra en el área médica del penal, donde dispone de agua y miel, vigilancia médica y sicológica, además de las visitas de uno de sus hijos y de los abogados
, aseveró en entrevista.
La CEDH dijo que también solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana aplicar medidas en favor del ex fiscal Mariano Herrán Salvatti, preso también en El Amate, con la finalidad de garantizar su salud, proveyéndole la atención médica especializada que requiere.
Manifestó que su hijo Alejandro Herrán Aguirre presentó la solicitud de tratamiento adecuado, especializado e integral, con motivo de las enfermedades crónico degenerativas que padece su padre.
Herrán Salvatti fue aprehendido a principios de enero de 2009 acusado de ejercicio indebido del ejercicio público y asociación delictuosa, entre otros delitos.
Destituirán a director de cárcel
Los aproximadamente 450 presos que el jueves iniciaron un ayuno en el penal número cinco, con sede en San Cristóbal de Las Casas, concluyeron su protesta la noche del viernes después de una reunión de más de seis horas con funcionarios estatales e integrantes del CEDH, en la que se atendieron sus principales demandas.
Según el acuerdo firmado, el director del penal, David Montero Montero, será removido en una semana de su cargo y serán devueltos a los prisioneros los televisores, modulares y otros aparatos decomisados durante un operativo efectuado por un grupo especial de seguridad que se encarga de buscar armas y drogas en los reclusorios.
Señalaron que se convino en que se revisará y vigilará que los alimentos que les proporcionan estén en buenas condiciones, que era una de sus quejas.
También se acordó que no se tomarán represalias contra quienes participaron en la protesta que finalizó a las 19:30 horas con la firma del documento; que se mejorarán los módulos de visita conyugal y se destinarán tres días en lugar de dos para estas visitas.
Funcionarios de la Secretaría de Gobierno que participaron en la reunión se comprometieron a gestionar el envío hasta de mil cobertores y 20 colchones matrimoniales para los módulos conyugales, dijeron fuentes oficiales.
