En su reporte anual señala que 43% de los menores que habitan el planeta viven en zonas urbanas, por lo que prevé que hacia el año 2050, siete de cada 10 residirán en alguna ciudad
Laura Poy Solano
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que las condiciones de pobreza, desnutrición y marginación social que enfrentan millones de niños y adolescentes que habitan zonas urbanas en el planeta generan serias desventajas educativas. Estima que al menos 200 millones de menores de cinco años no alcanzan su potencial de desarrollo cognitivo, mientras 67 millones en edad de cursar la educación primaria no acuden a las aulas. De ellos, 53 por ciento son niñas.
En su reporte anual sobre el Estado mundial de la infancia 2012: las niñas y los niños en un mundo urbano, que en esta ocasión está dedicado a la vida de los menores de 19 años en las ciudades del planeta, destaca que los niños que crecen en medio de la pobreza no acceden a la educación, sobre todo en zonas donde hay pocas escuelas públicas o no hay, por lo que “no es raro que las familias tengan que decidir entre pagar para que sus hijos asistan a escuelas privadas sobrepobladas y de mala calidad, o retirarlos definitivamente”.
En cuanto a la escolarización en zonas urbanas pobres señala que entre los principales factores que atentan contra la calidad de la educación está el “hacinamiento en las aulas y falta de instalaciones apropiadas”, incluso, el acceso a sanitarios en buen estado.
Advierte que no basta garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo, considerados, junto con el incremento de la matrícula, como los principales factores que definen la calidad de la educación, pues muchos de los jóvenes de escasos recursos que logran concluir su formación “no ven recompensados con trabajos satisfactorios sus esfuerzos por educarse”.
Demasiados jóvenes en el mundo entero, alerta Unicef, “se hallan ociosos, sin estudio ni trabajo”.
El organismo internacional destaca que casi la mitad (43 por ciento) de los niños que habitan el planeta –estimados en mil 200 millones menores de 19 años– viven en zonas urbanas, por lo que se prevé que para el año 2050, siete de cada 10 personas será un residente urbano.
Cada año se incrementa en 60 millones el número de habitantes urbanos en todo el mundo, aunque en su mayoría se trata de población en países de bajos y medianos ingresos, los cuales están modificando rápidamente su composición de zonas rurales a urbanas.
Por ello, alerta la Unicef, los retos que enfrentan los niños y adolescentes para acceder a una vida de calidad, que incluya su derecho a la salud y educación, es cada vez más complejo.
Agrega que pese a que los menores urbanos tienen más posibilidades de escolizarse que sus pares que habitan en zonas rurales y apartadas, las desigualdades socioeconómicas que persisten en las urbes “también socavan profundamente el derecho de los niños a la educación”.
Subraya que pese a los esfuerzos para alcanzar el acceso universal a la educación primaria, en muchas naciones, incluso donde el acceso a este nivel educativo es gratuito, los costos adicionales que deben afrontar las familias, como compra de uniformes o materiales escolares, “muchas veces impide que los niños estudien”.
Los grupos más vulnerables a estas condiciones son los menores que viven o trabajan en las calles, niños migrantes, hijos de refugiados o desplazados dentro de su propio país.
“Hay evidencia de que el desplazamiento altera gravemente la educación de los niños y, de nuevo, los más afectados son los ya marginados a causa de la pobreza, el género, el origen étnico u otros factores”, pues los niños de familias con bajos ingresos que habitan en barrios pobres de las ciudades “se encuentran entre quienes menos probabilidades tienen de asistir a la escuela
jueves, 1 de marzo de 2012
Pocos recursos y mal dirigidos en los servicios de poblaciones indígenas
Ariane Díaz
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
Los resultados del proyecto Incidencia de la sociedad civil a favor de la educación y la salud con calidad y equidad en México: Chiapas, Guerrero e Hidalgo, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y Oxfam México, revelan que uno de los principales problemas es la falta de acceso de las poblaciones indígenas a ambos servicios, así como “la visión homogeneizante de lo que es la salud y la educación, que no considera las cosmovisiones propias de las comunidades; por tanto, la calidad y cantidad de esos servicios son deficientes”, señaló Israel Guadarrama, responsable del proyecto.
En entrevista, expuso que en materia de salud y educación hay pocos recursos y mal dirigidos. “Hay ausentismo de maestros, falta de currícula adecuada a los territorios, y tampoco hay médicos que hablen lenguas indígenas, lo que es un signo de exclusión”.
El proyecto se llevó a cabo de noviembre de 2009 a febrero de este año (con un presupuesto de 4.9 millones de pesos) con el propósito de fortalecer la capacidad de las organizaciones civiles y líderes comunitarios en esos tres estados, quienes fueron capacitados en el reconocimiento de sus derechos, “porque para exigir, hay que estar bien informado”.
Resultado del trabajo en 18 municipios de los tres estados, hoy las comunidades participan de manera activa y organizada en la demanda de construcción de infraestructura educativa y sanitaria acorde con sus necesidades.
El foco de atención prioritario son mujeres, jóvenes e indígenas, expuestos a mayor exclusión y grado de vulnerabilidad. Mediante “el ejercicio de sus derechos civiles y políticos pueden buscar mejoras de vida en esas comunidades”, dijo Guadarrama.
Entre los resultados puntuales, destaca que en Hidalgo se identificó la inexistencia de universidades interculturales y que en la actualidad hay un acuerdo con el secretario de Educación para construir una institución de esas características en dicha entidad.
En Chiapas, se logró que los líderes comunitarios puedan echar mano de los recursos legales de transparencia y acceso a la información para dar seguimiento a las demandas que interpongan.
En Guerrero, hubo diálogo con la Secretaría de la Mujer para concretar los programas a escala municipal
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
Los resultados del proyecto Incidencia de la sociedad civil a favor de la educación y la salud con calidad y equidad en México: Chiapas, Guerrero e Hidalgo, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y Oxfam México, revelan que uno de los principales problemas es la falta de acceso de las poblaciones indígenas a ambos servicios, así como “la visión homogeneizante de lo que es la salud y la educación, que no considera las cosmovisiones propias de las comunidades; por tanto, la calidad y cantidad de esos servicios son deficientes”, señaló Israel Guadarrama, responsable del proyecto.
En entrevista, expuso que en materia de salud y educación hay pocos recursos y mal dirigidos. “Hay ausentismo de maestros, falta de currícula adecuada a los territorios, y tampoco hay médicos que hablen lenguas indígenas, lo que es un signo de exclusión”.
El proyecto se llevó a cabo de noviembre de 2009 a febrero de este año (con un presupuesto de 4.9 millones de pesos) con el propósito de fortalecer la capacidad de las organizaciones civiles y líderes comunitarios en esos tres estados, quienes fueron capacitados en el reconocimiento de sus derechos, “porque para exigir, hay que estar bien informado”.
Resultado del trabajo en 18 municipios de los tres estados, hoy las comunidades participan de manera activa y organizada en la demanda de construcción de infraestructura educativa y sanitaria acorde con sus necesidades.
El foco de atención prioritario son mujeres, jóvenes e indígenas, expuestos a mayor exclusión y grado de vulnerabilidad. Mediante “el ejercicio de sus derechos civiles y políticos pueden buscar mejoras de vida en esas comunidades”, dijo Guadarrama.
Entre los resultados puntuales, destaca que en Hidalgo se identificó la inexistencia de universidades interculturales y que en la actualidad hay un acuerdo con el secretario de Educación para construir una institución de esas características en dicha entidad.
En Chiapas, se logró que los líderes comunitarios puedan echar mano de los recursos legales de transparencia y acceso a la información para dar seguimiento a las demandas que interpongan.
En Guerrero, hubo diálogo con la Secretaría de la Mujer para concretar los programas a escala municipal
Senadores dictaminarán para garantizar a usuarios acceso sin trabas a Internet
No se aprobará una iniciativa que quiera controlar la libertad de expresión: Castro Trenti
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 44
Las principales fuerzas políticas en el Senado se comprometieron a tener listo antes de finales de marzo el dictamen en materia de Internet neutral que permita a usuarios el libre acceso a la red.
Durante una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Francisco Javier Castellón (PRD), con especialistas, dijo que la llamada “neutralidad” implica reformar el artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, iniciativa de su autoría que ya está en el Senado.
La propuesta de reforma del perredista al artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones “es para que los concesionarios que ofrezcan el servicio de Internet garanticen el libre acceso para consultar, transmitir u ofrecer cualquier contenido lícito. Se busca establecer un principio de neutralidad en Internet, para evitar que esté sujeto a candados y restricciones sobre el flujo de información”.
Fernando Castro Trenti (PRI), presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, así como Juan Bueno Torio (PAN) coincidieron en señalar que deben legislar de inmediato.
Castro Trenti agregó que “de ninguna manera se puede restringir la libertad de expresión, es decir, no puede ser el ánimo regulatorio un elemento prosustancial de la restricción. Quien esté pensando en eso no va a tener una legislación.
“Nosotros estimamos que la libertad de expresión es elemento básico de un país y de ninguna manera vamos a aprobar una iniciativa que con el concepto de neutralidad quiera controlar, orientar, condicionar o hacer una trepanación intelectiva de la sociedad mexicana. Eso no lo podemos permitir”, aseguró.
Por su parte, Bueno Torio propuso “crear un grupo de trabajo para que enriquezca la iniciativa o nos ayude a construir una nueva propuesta de iniciativa de ley que atienda las necesidades reales del sector”.
Destacó que “la neutralidad de la red” se discute desde hace mucho tiempo en diversos foros, por lo que es prioritario buscar una regulación que dé solución a este problema, buscando que no se coarte la libertad de expresión y ayude a ampliar la cobertura del servicio en todo el país, ya que “Internet es una red, una autopista importantísima para generar desarrollo y crecimiento en el país”.
Fernando Carrrillo, director de regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidió trato diferencial para las redes móviles, pues la exigencia de neutralidad no se puede implementar del mismo modo que en la fija.
Al dar la bienvenida a la iniciativa del Senado, el funcionario señaló que “se debe empezar a abrir el camino a la neutralidad de la red y dar pasos seguros hacia ese objetivo, además de permitir que se desarrollen estudios para alcanzar una regulación o legislación más específica”.
Marco Antonio Galván, representante de Teléfonos de México, rechazó que el tráfico de datos de sus clientes Infinitum, recibido o generado en Internet, sea manipulado, censurado, impedido, desviado o retrasado en función del contenido del origen o destino de la comunicación.
Añadió que se debe incluir en el debate el derecho del usuario a disfrutar de todos los servicios que su concesionario le pueda proveer, sin barreras artificiales.
Salma Jalife, de Observatel, y Emilio Saldaña, de la Asociación Mexicana de Software Libre, pidieron ampliar la cobertura de Internet
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 44
Las principales fuerzas políticas en el Senado se comprometieron a tener listo antes de finales de marzo el dictamen en materia de Internet neutral que permita a usuarios el libre acceso a la red.
Durante una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Francisco Javier Castellón (PRD), con especialistas, dijo que la llamada “neutralidad” implica reformar el artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, iniciativa de su autoría que ya está en el Senado.
La propuesta de reforma del perredista al artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones “es para que los concesionarios que ofrezcan el servicio de Internet garanticen el libre acceso para consultar, transmitir u ofrecer cualquier contenido lícito. Se busca establecer un principio de neutralidad en Internet, para evitar que esté sujeto a candados y restricciones sobre el flujo de información”.
Fernando Castro Trenti (PRI), presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, así como Juan Bueno Torio (PAN) coincidieron en señalar que deben legislar de inmediato.
Castro Trenti agregó que “de ninguna manera se puede restringir la libertad de expresión, es decir, no puede ser el ánimo regulatorio un elemento prosustancial de la restricción. Quien esté pensando en eso no va a tener una legislación.
“Nosotros estimamos que la libertad de expresión es elemento básico de un país y de ninguna manera vamos a aprobar una iniciativa que con el concepto de neutralidad quiera controlar, orientar, condicionar o hacer una trepanación intelectiva de la sociedad mexicana. Eso no lo podemos permitir”, aseguró.
Por su parte, Bueno Torio propuso “crear un grupo de trabajo para que enriquezca la iniciativa o nos ayude a construir una nueva propuesta de iniciativa de ley que atienda las necesidades reales del sector”.
Destacó que “la neutralidad de la red” se discute desde hace mucho tiempo en diversos foros, por lo que es prioritario buscar una regulación que dé solución a este problema, buscando que no se coarte la libertad de expresión y ayude a ampliar la cobertura del servicio en todo el país, ya que “Internet es una red, una autopista importantísima para generar desarrollo y crecimiento en el país”.
Fernando Carrrillo, director de regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidió trato diferencial para las redes móviles, pues la exigencia de neutralidad no se puede implementar del mismo modo que en la fija.
Al dar la bienvenida a la iniciativa del Senado, el funcionario señaló que “se debe empezar a abrir el camino a la neutralidad de la red y dar pasos seguros hacia ese objetivo, además de permitir que se desarrollen estudios para alcanzar una regulación o legislación más específica”.
Marco Antonio Galván, representante de Teléfonos de México, rechazó que el tráfico de datos de sus clientes Infinitum, recibido o generado en Internet, sea manipulado, censurado, impedido, desviado o retrasado en función del contenido del origen o destino de la comunicación.
Añadió que se debe incluir en el debate el derecho del usuario a disfrutar de todos los servicios que su concesionario le pueda proveer, sin barreras artificiales.
Salma Jalife, de Observatel, y Emilio Saldaña, de la Asociación Mexicana de Software Libre, pidieron ampliar la cobertura de Internet
Discotecas, restaurantes y bares deben contar con espacio para fumadores: SCJN
La estrategia pro salud no debe traducirse en prohibición absoluta, sino en restricciones
Jesús Aranda
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 45
Las discotecas, restaurantes y bares están obligados a contar con espacios 100 por ciento para fumadores, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual también estableció que es constitucional el hecho de que la ley obligue a los propietarios, administradores o responsables de esos establecimientos a hacer cumplir la ley antitabaco.
Así lo determinaron la segunda y primera salas de la SCJN al resolver sendos amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco.
En el primer asunto, el demandante aseguraba que en México “la mayoría de las personas son adictas al tabaco”, por lo que el trato diferenciado para fumadores y no fumadores discrimina a éstos, “quienes sólo podrán fumar en zonas exclusivas”.
La primera sala de la Corte consideró que la estrategia anti tabaco y pro salud que impulsan las autoridades, no debe traducirse en una prohibición absoluta de tabaco, sino en la introducción de restricciones, como son los espacios exclusivos para fumar.
En el otro caso, la segunda sala negó el amparo al Grupo Primera María (propietario de la cadena Carlos’n Charlie’s) en contra de los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, los ministros destacaron que el objetivo de la legislación es proteger el derecho a la salud de las personas no fumadoras, y por ello se fijaron los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar.
Y es que el quejoso argumentó que era inconstitucional la obligación prevista en la ley para que los administradores de esos establecimientos hicieran cumplir la ley antitabaco.
Afirmaba el demandante que era ilegal que la ley obligue a los encargados de estos establecimientos: pedir al cliente que deje de fumar y apague su cigarro, puro o pipa; que si el cliente no hace caso, exigirle que se retire del espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco y se traslade a la zona exclusiva para fumadores, y que si opone resistencia, se le niegue el servicio y, en su caso, se llame a la autoridad correspondiente.
También sostenía que la ley impugnada se traducía en “un trabajo personal prohibido por el artículo quinto constitucional, al obligarlo a cumplir con el procedimiento referido para evitar que los clientes fumen en sitios prohibidos”.
Los ministros avalaron la disposición prevista en la Ley General de Control del Tabaco que faculta a la autoridad a determinar los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar
Jesús Aranda
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 45
Las discotecas, restaurantes y bares están obligados a contar con espacios 100 por ciento para fumadores, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual también estableció que es constitucional el hecho de que la ley obligue a los propietarios, administradores o responsables de esos establecimientos a hacer cumplir la ley antitabaco.
Así lo determinaron la segunda y primera salas de la SCJN al resolver sendos amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco.
En el primer asunto, el demandante aseguraba que en México “la mayoría de las personas son adictas al tabaco”, por lo que el trato diferenciado para fumadores y no fumadores discrimina a éstos, “quienes sólo podrán fumar en zonas exclusivas”.
La primera sala de la Corte consideró que la estrategia anti tabaco y pro salud que impulsan las autoridades, no debe traducirse en una prohibición absoluta de tabaco, sino en la introducción de restricciones, como son los espacios exclusivos para fumar.
En el otro caso, la segunda sala negó el amparo al Grupo Primera María (propietario de la cadena Carlos’n Charlie’s) en contra de los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, los ministros destacaron que el objetivo de la legislación es proteger el derecho a la salud de las personas no fumadoras, y por ello se fijaron los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar.
Y es que el quejoso argumentó que era inconstitucional la obligación prevista en la ley para que los administradores de esos establecimientos hicieran cumplir la ley antitabaco.
Afirmaba el demandante que era ilegal que la ley obligue a los encargados de estos establecimientos: pedir al cliente que deje de fumar y apague su cigarro, puro o pipa; que si el cliente no hace caso, exigirle que se retire del espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco y se traslade a la zona exclusiva para fumadores, y que si opone resistencia, se le niegue el servicio y, en su caso, se llame a la autoridad correspondiente.
También sostenía que la ley impugnada se traducía en “un trabajo personal prohibido por el artículo quinto constitucional, al obligarlo a cumplir con el procedimiento referido para evitar que los clientes fumen en sitios prohibidos”.
Los ministros avalaron la disposición prevista en la Ley General de Control del Tabaco que faculta a la autoridad a determinar los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar
Solicitará Senado a CNDH informe de recomendaciones emitidas en 2004
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 46
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas., 29 de febrero. A propuesta del senador del Partido Verde Ecologista de México Arturo Escobar y Vega, el Senado solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informar cuál es el estado que guardan las recomendaciones emitidas por dicha Comisión en 2004 por la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas.
“Entiendo que hay que buscar y apelar para que siempre el debido proceso se lleve a cabo en todos los procesos penales; pero, segundo, que también la CNDH pueda informarnos cuál es el estado que guardan estas recomendaciones emitidas en 2004 tras la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas”, manifestó el legislador.
Enfatizó, asimismo, que el objetivo de esta solicitud es que esta soberanía pueda encontrar elementos adicionales “para saber qué sucedió en esos trágicos eventos de 2004 con la muerte de estos recién nacidos y que en su momento también fue materia de recomendación por la CNDH”.
“Yo creo”, señaló Escobar y Vega, “que independientemente que cualquier mexicano o mexicana estarían absolutamente de acuerdo en que todos los procesos penales se lleven de conformidad al debido proceso, no puedo dejar se subrayar que éste es un tema de absoluto escándalo por la forma en que se gobernó Chiapas del año 2000 a 2006.”
Recordó que este asunto deriva en las investigaciones en contra de Pablo Salazar por la muerte de más de 35 bebés recién nacidos, y que esas muertes motivaron varias recomendaciones de la CNDH, así como investigaciones y, finalmente, el obsequio de órdenes de aprehensión, incluso una en contra del ex gobernador
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas., 29 de febrero. A propuesta del senador del Partido Verde Ecologista de México Arturo Escobar y Vega, el Senado solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informar cuál es el estado que guardan las recomendaciones emitidas por dicha Comisión en 2004 por la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas.
“Entiendo que hay que buscar y apelar para que siempre el debido proceso se lleve a cabo en todos los procesos penales; pero, segundo, que también la CNDH pueda informarnos cuál es el estado que guardan estas recomendaciones emitidas en 2004 tras la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas”, manifestó el legislador.
Enfatizó, asimismo, que el objetivo de esta solicitud es que esta soberanía pueda encontrar elementos adicionales “para saber qué sucedió en esos trágicos eventos de 2004 con la muerte de estos recién nacidos y que en su momento también fue materia de recomendación por la CNDH”.
“Yo creo”, señaló Escobar y Vega, “que independientemente que cualquier mexicano o mexicana estarían absolutamente de acuerdo en que todos los procesos penales se lleven de conformidad al debido proceso, no puedo dejar se subrayar que éste es un tema de absoluto escándalo por la forma en que se gobernó Chiapas del año 2000 a 2006.”
Recordó que este asunto deriva en las investigaciones en contra de Pablo Salazar por la muerte de más de 35 bebés recién nacidos, y que esas muertes motivaron varias recomendaciones de la CNDH, así como investigaciones y, finalmente, el obsequio de órdenes de aprehensión, incluso una en contra del ex gobernador
Médicos, sin capacidad para prevenir males
César Arellano
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 47
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, aseguró que mientras las personas no cambien los hábitos de consumo y costumbres que afectan su salud, “difícilmente podremos tener prevención” de padecimientos, pues entre las principales causas de muerte están ligadas los males cardiovasculares vinculadas por obesidad e hipertensión.
Al participar en la mesa redonda ¿Cómo convertir al país en un líder de prevención de enfermedades y promoción de la salud?, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario dijo que para lograr mayor efectividad en la prevención de males se deben generar entornos saludables. “Crear sitios para que la gente pueda hacer ejercicio... hay que buscar este cambio de entornos. Está la escuela, el trabajo y la familia, donde se debe prevenir.
“Estudios demuestran que si sacas al niño obeso del entorno familiar, baja de peso, pero si lo regresas a ese entorno, vuelve a subir.” Afirmó que “el peor” agente de prevención “es el médico”, pues no está capacitado para prevenir. “Nos entrenan para acciones curativas, esa la realidad.
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 47
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, aseguró que mientras las personas no cambien los hábitos de consumo y costumbres que afectan su salud, “difícilmente podremos tener prevención” de padecimientos, pues entre las principales causas de muerte están ligadas los males cardiovasculares vinculadas por obesidad e hipertensión.
Al participar en la mesa redonda ¿Cómo convertir al país en un líder de prevención de enfermedades y promoción de la salud?, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario dijo que para lograr mayor efectividad en la prevención de males se deben generar entornos saludables. “Crear sitios para que la gente pueda hacer ejercicio... hay que buscar este cambio de entornos. Está la escuela, el trabajo y la familia, donde se debe prevenir.
“Estudios demuestran que si sacas al niño obeso del entorno familiar, baja de peso, pero si lo regresas a ese entorno, vuelve a subir.” Afirmó que “el peor” agente de prevención “es el médico”, pues no está capacitado para prevenir. “Nos entrenan para acciones curativas, esa la realidad.
Cierran cuatro escuelas públicas; eran un riesgo: Educación del DF
Cierran cuatro escuelas públicas; eran un riesgo: Educación del DF
">En años recientes se han destinado esfuerzos y muchos recursos, pero sólo son paliativos, dice
">Se hará un diagnóstico estructural y de instalaciones a planteles
">Tres mil alumnos afectados
Rocío González
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 38
Ante el riesgo que representaban para la seguridad de los alumnos, cuatro escuelas públicas de la ciudad de México con marcado deterioro fueron cerradas, por lo que cerca de 3 mil estudiantes reciben sus clases en aulas provisionales o en inmuebles prestados, reveló Carlos Sainz Luna, director general del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
Al término de la firma de un convenio de colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para dotar de mobiliario nuevo a las escuelas públicas, el servidor público detalló que más de 40 por ciento de la infraestructura educativa de la ciudad tiene antigüedad de 40 años, por lo que registra diferentes niveles de deterioro y requiere ser atendida.
En entrevista, explicó que a partir de una revisión de los planteles por el gobierno capitalino y la Secretaría de Educación Pública se identificó que cuatro escuelas –Romero Fuentes, en Iztapalapa; Casa del Voceador, en Venustiano Carranza; Cristóbal Colón, en Milpa Alta, y 126, en Tláhuac– no estaban en condiciones de seguir operando, por lo que se determinó su cierre, para su reparación.
Anteponer seguridad
“Hablamos de que unos 3 mil niños están en aulas provisionales o albergados, como en el caso de los de Casa del Voceador, en la escuela Estado de Israel, que no queda lejos de su red social”, apuntó.
El tema del deterioro de planteles escolares no es nuevo. Alumnos y maestros de la escuela primaria Jose María Lafragua, de Iztapalapa, protestaron en marzo de 2011 frente a Palacio Nacional y en noviembre de ese mismo año en el entronque de los Ejes 5 y 6 Sur (esta imagen) en demanda de mobiliario">Foto Jesús Villaseca
Sainz Luna adelantó que para tener certeza de la situación que impera en cada una de las escuelas públicas la institución a su cargo hará un diagnóstico estructural y de la instalación eléctrica para conocer si la integridad de los planteles no ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.
“En tres meses se hará ese diagnóstico y cuando lo tengamos haremos una puntual integración de los recursos que se tienen para evitar gastar en aspirinas si lo que se requiere es una cirugía mayor”, declaró.
En cuanto al mobiliario, detalló que el año pasado se invirtieron 280 millones de pesos y se cambió en 380 escuelas, pero reconoció que sólo se trata de alrededor de uno por ciento del total de los planteles escolares. “Es un buen esfuerzo y mucho dinero, pero sólo es un paliativo, nos falta mucho por hacer”, apuntó.
Lo grave, agregó, es que para este año sólo se cuenta con un presupuesto de 130 millones de pesos, aun cuando se hizo una solicitud de 6 mil millones, “cantidad que ni en nuestros mejores sueños logramos”.
Ayer la ALDF aportó 5 millones 580 mil pesos para renovar el mobiliario de 10 escuelas de cuatro delegaciones políticas, con lo que se beneficiará a 4 mil estudiantes de planteles públicos de nivel básico, que fueron seleccionados con base en la antigüedad de su mobiliario, que en algunos casos es de 30 años
">En años recientes se han destinado esfuerzos y muchos recursos, pero sólo son paliativos, dice
">Se hará un diagnóstico estructural y de instalaciones a planteles
">Tres mil alumnos afectados
Rocío González
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 38
Ante el riesgo que representaban para la seguridad de los alumnos, cuatro escuelas públicas de la ciudad de México con marcado deterioro fueron cerradas, por lo que cerca de 3 mil estudiantes reciben sus clases en aulas provisionales o en inmuebles prestados, reveló Carlos Sainz Luna, director general del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
Al término de la firma de un convenio de colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para dotar de mobiliario nuevo a las escuelas públicas, el servidor público detalló que más de 40 por ciento de la infraestructura educativa de la ciudad tiene antigüedad de 40 años, por lo que registra diferentes niveles de deterioro y requiere ser atendida.
En entrevista, explicó que a partir de una revisión de los planteles por el gobierno capitalino y la Secretaría de Educación Pública se identificó que cuatro escuelas –Romero Fuentes, en Iztapalapa; Casa del Voceador, en Venustiano Carranza; Cristóbal Colón, en Milpa Alta, y 126, en Tláhuac– no estaban en condiciones de seguir operando, por lo que se determinó su cierre, para su reparación.
Anteponer seguridad
“Hablamos de que unos 3 mil niños están en aulas provisionales o albergados, como en el caso de los de Casa del Voceador, en la escuela Estado de Israel, que no queda lejos de su red social”, apuntó.
El tema del deterioro de planteles escolares no es nuevo. Alumnos y maestros de la escuela primaria Jose María Lafragua, de Iztapalapa, protestaron en marzo de 2011 frente a Palacio Nacional y en noviembre de ese mismo año en el entronque de los Ejes 5 y 6 Sur (esta imagen) en demanda de mobiliario">Foto Jesús Villaseca
Sainz Luna adelantó que para tener certeza de la situación que impera en cada una de las escuelas públicas la institución a su cargo hará un diagnóstico estructural y de la instalación eléctrica para conocer si la integridad de los planteles no ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.
“En tres meses se hará ese diagnóstico y cuando lo tengamos haremos una puntual integración de los recursos que se tienen para evitar gastar en aspirinas si lo que se requiere es una cirugía mayor”, declaró.
En cuanto al mobiliario, detalló que el año pasado se invirtieron 280 millones de pesos y se cambió en 380 escuelas, pero reconoció que sólo se trata de alrededor de uno por ciento del total de los planteles escolares. “Es un buen esfuerzo y mucho dinero, pero sólo es un paliativo, nos falta mucho por hacer”, apuntó.
Lo grave, agregó, es que para este año sólo se cuenta con un presupuesto de 130 millones de pesos, aun cuando se hizo una solicitud de 6 mil millones, “cantidad que ni en nuestros mejores sueños logramos”.
Ayer la ALDF aportó 5 millones 580 mil pesos para renovar el mobiliario de 10 escuelas de cuatro delegaciones políticas, con lo que se beneficiará a 4 mil estudiantes de planteles públicos de nivel básico, que fueron seleccionados con base en la antigüedad de su mobiliario, que en algunos casos es de 30 años
Deficiencias han contribuido a que las cárceles sean negocios
Alejandro Cruz Flores
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 41
La falta de capacitación del personal de custodia, el abandono de los internos y la sobrepoblación de las cárceles han contribuido a que la prisión sea un “negocio” que deja ganancias estratosféricas, coincidieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y académicos especialistas en el sistema penitenciario.
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, apremió al Gobierno del DF a investigar las redes que operan los mercados ilegales controlados por los reos en los reclusorios capitalinos, como la renta de cabañas durante los días de visita o la prostitución de internas en los centros varoniles, de las cuales la CDHDF ha acreditado su existencia.
Advirtió que no se trata nada más de ubicar a los líderes de los grupos y apartarlos, pues dichas redes van a continuar funcionando. El pendiente, precisó, de la administración penitenciaria es estudiar esos fenómenos e intervenir en ellos de manera eficiente.
De su lado, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Luis Cisneros, manifestó que para enfrentar esta problemática es necesario que las autoridades implementen una estrategia que permita hacer valer el orden y la legalidad en las cárceles, donde lo que opera es una “autoridad paralela” a la oficial.
Subrayó que uno de los factores que sostienen la corrupción en las prisiones es la falta de personal calificado en lo que se refiere a custodia y seguridad, además de que está mal pagado y equipado, además de que carece de protocolos de actuación.
A esto se suma que las cárceles se han caracterizado por el abandono de los internos, pues “las prisiones siempre se han concebido como un simple lugar de acopio, como un basurero humano”, situación que se agrava con la sobrepoblación, lo que ha generado la aparición de autogobiernos que son controladas por unos pocos grupos internos.
Al señalar que el sistema penitenciario en el DF está “colapsado”, Cisneros destacó que es necesario que las autoridades emprendan un proceso de despresurización de las cárceles y dignifiquen las condiciones en las que viven los presos, que le permita retomar el control de los centros carcelarios.
Sin embargo, señaló, “hay tanto dinero allí que a ver quién quiere cerrar la llave
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 41
La falta de capacitación del personal de custodia, el abandono de los internos y la sobrepoblación de las cárceles han contribuido a que la prisión sea un “negocio” que deja ganancias estratosféricas, coincidieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y académicos especialistas en el sistema penitenciario.
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, apremió al Gobierno del DF a investigar las redes que operan los mercados ilegales controlados por los reos en los reclusorios capitalinos, como la renta de cabañas durante los días de visita o la prostitución de internas en los centros varoniles, de las cuales la CDHDF ha acreditado su existencia.
Advirtió que no se trata nada más de ubicar a los líderes de los grupos y apartarlos, pues dichas redes van a continuar funcionando. El pendiente, precisó, de la administración penitenciaria es estudiar esos fenómenos e intervenir en ellos de manera eficiente.
De su lado, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Luis Cisneros, manifestó que para enfrentar esta problemática es necesario que las autoridades implementen una estrategia que permita hacer valer el orden y la legalidad en las cárceles, donde lo que opera es una “autoridad paralela” a la oficial.
Subrayó que uno de los factores que sostienen la corrupción en las prisiones es la falta de personal calificado en lo que se refiere a custodia y seguridad, además de que está mal pagado y equipado, además de que carece de protocolos de actuación.
A esto se suma que las cárceles se han caracterizado por el abandono de los internos, pues “las prisiones siempre se han concebido como un simple lugar de acopio, como un basurero humano”, situación que se agrava con la sobrepoblación, lo que ha generado la aparición de autogobiernos que son controladas por unos pocos grupos internos.
Al señalar que el sistema penitenciario en el DF está “colapsado”, Cisneros destacó que es necesario que las autoridades emprendan un proceso de despresurización de las cárceles y dignifiquen las condiciones en las que viven los presos, que le permita retomar el control de los centros carcelarios.
Sin embargo, señaló, “hay tanto dinero allí que a ver quién quiere cerrar la llave
Seguridad pública
Valet parking ratifica perdón a Miguel Sacal
Hugo Enrique Vega Flores, el empleado de valet parking que fue golpeado por el empresario Miguel Sacal Smeke, por negarse a ayudarle a cambiar una llanta de su automóvil, ratificó ante el juez 50 penal el perdón a su agresor y se dijo satisfecho con la reparación del daño. Durante una audiencia en la que el inculpado, que se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, pidió la presencia del agraviado, Vega Flores dijo que no perdió ninguna pieza dental por la agresión, como señala el dictamen del Semefo por el cual se reclasificaron las lesiones a graves y que tienen al empresario en prisión desde hace dos semanas. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del DF informaron que el juez está en espera del informe respecto a si Sacal Smeke tiene antecedentes penales para fijar una nueva audiencia y dictar sentencia.
Hieren a conductor durante un asalto
Un automovilista resultó lesionado en una pierna por disparo de arma de fuego tras ser asaltado cuando circulaba por Circuito Interior al cruce con avenida Constituyentes, colonia San Miguel Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. Antes de la agresión la víctima, de nombre Luis Antonio Trujillo Cornejo, de 39 años, en compañía de Luis Abel Cedecero Mañón, retiró 25 mil pesos de una sucursal bancaria en Bahía de Santa Bárbara, en la misma colonia. Los afectados viajaban en una camioneta Ford Escape cuando dos sujetos, en una motocicleta, los interceptaron, exigieron el dinero y dispararon. Trujillo Cornejo fue trasladado a la clínica 2 del IMSS; en tanto Cedecero Mañón resultó ileso. Elementos de la SSP-DF detuvieron a José Antonio Ortiz Rivera, de 20 años, en posesión de una pistola marca Colt, calibre 38, con tres cartuchos útiles cerca de la zona del robo. El presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo y lesiones
Hugo Enrique Vega Flores, el empleado de valet parking que fue golpeado por el empresario Miguel Sacal Smeke, por negarse a ayudarle a cambiar una llanta de su automóvil, ratificó ante el juez 50 penal el perdón a su agresor y se dijo satisfecho con la reparación del daño. Durante una audiencia en la que el inculpado, que se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, pidió la presencia del agraviado, Vega Flores dijo que no perdió ninguna pieza dental por la agresión, como señala el dictamen del Semefo por el cual se reclasificaron las lesiones a graves y que tienen al empresario en prisión desde hace dos semanas. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del DF informaron que el juez está en espera del informe respecto a si Sacal Smeke tiene antecedentes penales para fijar una nueva audiencia y dictar sentencia.
Hieren a conductor durante un asalto
Un automovilista resultó lesionado en una pierna por disparo de arma de fuego tras ser asaltado cuando circulaba por Circuito Interior al cruce con avenida Constituyentes, colonia San Miguel Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. Antes de la agresión la víctima, de nombre Luis Antonio Trujillo Cornejo, de 39 años, en compañía de Luis Abel Cedecero Mañón, retiró 25 mil pesos de una sucursal bancaria en Bahía de Santa Bárbara, en la misma colonia. Los afectados viajaban en una camioneta Ford Escape cuando dos sujetos, en una motocicleta, los interceptaron, exigieron el dinero y dispararon. Trujillo Cornejo fue trasladado a la clínica 2 del IMSS; en tanto Cedecero Mañón resultó ileso. Elementos de la SSP-DF detuvieron a José Antonio Ortiz Rivera, de 20 años, en posesión de una pistola marca Colt, calibre 38, con tres cartuchos útiles cerca de la zona del robo. El presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo y lesiones
Ofrece PGJEM $1 millón por información sobre El Coqueto
Destituyen por la fuga del multifeminicida a encargado de comisaría de la policía ministerial
">Despliegan más de 200 agentes y cuerpo de élite
Israel Dávila y Javier Salinas
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Toluca, Méx., 29 de febrero. La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) ofreció un millón de pesos a quien aporte datos que lleven a la captura del violador y asesino serial de mujeres César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien la madrugada del lunes escapó por una ventana de las oficinas de la subprocuraduría de Tlalnepantla cuando era custodiado por tres agentes ministeriales.
En entrevistas radiofónicas, el procurador Alfredo Castillo Cervantes hizo énfasis en que el apoyo de los ciudadanos es fundamental para recapturar al prófugo y puso a disposición del público el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx y el número telefónico 01 800 702 87 70.
Mientras, el gobierno del estado destituyó a Enrique Domínguez Abasolo, encargado de la comisaría general de la policía ministerial mexiquense, para facilitar las investigaciones.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas también instruyó al procurador Castillo Cervantes agilizar las investigaciones con los mecanismos legales y de inteligencia que sean necesarios para detener al asesino confeso, así como a Saúl Antonio Sánchez Ortega y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández, los dos policías “cuyo descuido o complicidad” permitió la fuga. El tercero, Luis Alberto Cañedo, ya fue detenido.
Fuentes de la dependencia informaron que más de 200 agentes ministeriales, de los 700 que hay en cada turno, incluido el cuerpo de élite de la dependencia, están en busca de El Coqueto.
Ávila Villegas instruyó a la Subprocuraduría de Justicia para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y a la PGJEM brindar toda la atención a las familias de las víctimas.
Contradicciones del procurador
En las entrevistas de radio, el procurador rehusó dar información sobre la captura de Librado Legorreta con el argumento de que eso podría ponerlo en alerta.
Aún no se conoce oficialmente cuándo fue detenido. Existe una fotografía del jueves 23 de febrero, cuando El Coqueto fue fichado por la dependencia, pero choferes de la ruta 2 –que va de la estación Chapultepec del Metro, en el Distrito Federal, a Valle Dorado, en el estado de México–, quienes eran compañeros de Librado Legorreta, afirman que éste fue detenido el sábado 18 de febrero, lo que hace presumir que estuvo al menos cinco días en manos de la PGJEM sin ser puesto a disposición de un juez.
Hoy el procurador cambió la versión de la presunta declaración que rindió el agente ministerial Luis Alberto Cañedo luego de ser capturado por la fuga. Ayer dijo que el agente declaró que bajó por un café y cuando subió a la oficina Librado Legorreta ya no estaba. Hoy señaló que el policía declaró que estaba dormido cuando sucedió la fuga.
Leticia Mora Nieto, madre de una de las víctimas del violador y multihomicida César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, durante una conferencia de prensa en el Distrito Federal, en la cual se acusó de negligencia a la Procuraduría General de Justicia del estado de México por la fuga del criminal confeso">Foto Guillermo Sologuren
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió la renuncia del procurador de justicia del estado de México Alfredo Castillo Cervantes por la fuga de Librado Legorreta. Consideró “inaudito” que un feminicida de estas características haya escapado tan fácilmente de las oficinas de la Subprocuraduría en Tlanepantla.
Mónica Fragoso, secretaria de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, afirmó que no servía ninguna de las ocho videocámaras que hay en la Subprocuraduría de Tlalnepantla, lo que impidió saber cómo escapó El Coqueto.
Autoridades se negaron a darle ayuda
César Arellano
Amparo Vargas, madre de una las víctimas del chofer de microbús César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien confesó la violación de ocho mujeres y el asesinato de siete de ellas, exigió la renuncia del procurador de Justicia del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, por “omisión e irregularidades” en las investigaciones y por la fuga del feminicida.
Acompañada por integrantes de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (Catwlac), aseguró que tras la desaparición de su hija de 16 años, en noviembre pasado, indagó por cuenta propia debido a que agentes mexiquenses rehusaron apoyarla.
“Repartí volantes con la foto de mi hija en varios puntos de la entidad. Fui a las procuradurías para que me ayudaran, pero nunca me apoyaron. Me dijeron que si la quería encontrar que yo la buscara.” Incluso, explicó, fue a Toluca para solicitar audiencia con el procurador de Justicia del estado, pero no la recibieron.
“Yo levanté el acta. Iba dos o tres veces por semana a preguntarles a los del Ministerio Público sobre la investigación. Me lo dijeron bien claro (los agentes): ‘¿quiere encontrar a su hija? Búsquela usted’. Me decían ‘deme un carro, un teléfono con crédito y le ayudamos’.”
Agregó que el 19 de febrero le informaron de la detención del presunto asesino de su hija y le enseñaron el teléfono celular de la niña. “Cuando vi el teléfono dije sí, es de mi hija. Bendito sea Dios, ya cuando menos encontré el cuerpo de mi hija, y ahorita está el asesino y se va a poder hacer justicia”, recordó.
Teresa Ulloa, directora regional del Catwlac, señaló: “Es ilógico que esta persona haya escapado por una ventana si tenía grilletes y esposas. Si el procurador tiene tantita vergüenza que renuncie. El monto de la recompensa (un millón de pesos) es una muestra más del desprecio que tiene Alfredo Castillo por las mujeres”, dijo
">Despliegan más de 200 agentes y cuerpo de élite
Israel Dávila y Javier Salinas
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Toluca, Méx., 29 de febrero. La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) ofreció un millón de pesos a quien aporte datos que lleven a la captura del violador y asesino serial de mujeres César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien la madrugada del lunes escapó por una ventana de las oficinas de la subprocuraduría de Tlalnepantla cuando era custodiado por tres agentes ministeriales.
En entrevistas radiofónicas, el procurador Alfredo Castillo Cervantes hizo énfasis en que el apoyo de los ciudadanos es fundamental para recapturar al prófugo y puso a disposición del público el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx y el número telefónico 01 800 702 87 70.
Mientras, el gobierno del estado destituyó a Enrique Domínguez Abasolo, encargado de la comisaría general de la policía ministerial mexiquense, para facilitar las investigaciones.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas también instruyó al procurador Castillo Cervantes agilizar las investigaciones con los mecanismos legales y de inteligencia que sean necesarios para detener al asesino confeso, así como a Saúl Antonio Sánchez Ortega y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández, los dos policías “cuyo descuido o complicidad” permitió la fuga. El tercero, Luis Alberto Cañedo, ya fue detenido.
Fuentes de la dependencia informaron que más de 200 agentes ministeriales, de los 700 que hay en cada turno, incluido el cuerpo de élite de la dependencia, están en busca de El Coqueto.
Ávila Villegas instruyó a la Subprocuraduría de Justicia para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y a la PGJEM brindar toda la atención a las familias de las víctimas.
Contradicciones del procurador
En las entrevistas de radio, el procurador rehusó dar información sobre la captura de Librado Legorreta con el argumento de que eso podría ponerlo en alerta.
Aún no se conoce oficialmente cuándo fue detenido. Existe una fotografía del jueves 23 de febrero, cuando El Coqueto fue fichado por la dependencia, pero choferes de la ruta 2 –que va de la estación Chapultepec del Metro, en el Distrito Federal, a Valle Dorado, en el estado de México–, quienes eran compañeros de Librado Legorreta, afirman que éste fue detenido el sábado 18 de febrero, lo que hace presumir que estuvo al menos cinco días en manos de la PGJEM sin ser puesto a disposición de un juez.
Hoy el procurador cambió la versión de la presunta declaración que rindió el agente ministerial Luis Alberto Cañedo luego de ser capturado por la fuga. Ayer dijo que el agente declaró que bajó por un café y cuando subió a la oficina Librado Legorreta ya no estaba. Hoy señaló que el policía declaró que estaba dormido cuando sucedió la fuga.
Leticia Mora Nieto, madre de una de las víctimas del violador y multihomicida César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, durante una conferencia de prensa en el Distrito Federal, en la cual se acusó de negligencia a la Procuraduría General de Justicia del estado de México por la fuga del criminal confeso">Foto Guillermo Sologuren
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió la renuncia del procurador de justicia del estado de México Alfredo Castillo Cervantes por la fuga de Librado Legorreta. Consideró “inaudito” que un feminicida de estas características haya escapado tan fácilmente de las oficinas de la Subprocuraduría en Tlanepantla.
Mónica Fragoso, secretaria de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, afirmó que no servía ninguna de las ocho videocámaras que hay en la Subprocuraduría de Tlalnepantla, lo que impidió saber cómo escapó El Coqueto.
Autoridades se negaron a darle ayuda
César Arellano
Amparo Vargas, madre de una las víctimas del chofer de microbús César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien confesó la violación de ocho mujeres y el asesinato de siete de ellas, exigió la renuncia del procurador de Justicia del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, por “omisión e irregularidades” en las investigaciones y por la fuga del feminicida.
Acompañada por integrantes de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (Catwlac), aseguró que tras la desaparición de su hija de 16 años, en noviembre pasado, indagó por cuenta propia debido a que agentes mexiquenses rehusaron apoyarla.
“Repartí volantes con la foto de mi hija en varios puntos de la entidad. Fui a las procuradurías para que me ayudaran, pero nunca me apoyaron. Me dijeron que si la quería encontrar que yo la buscara.” Incluso, explicó, fue a Toluca para solicitar audiencia con el procurador de Justicia del estado, pero no la recibieron.
“Yo levanté el acta. Iba dos o tres veces por semana a preguntarles a los del Ministerio Público sobre la investigación. Me lo dijeron bien claro (los agentes): ‘¿quiere encontrar a su hija? Búsquela usted’. Me decían ‘deme un carro, un teléfono con crédito y le ayudamos’.”
Agregó que el 19 de febrero le informaron de la detención del presunto asesino de su hija y le enseñaron el teléfono celular de la niña. “Cuando vi el teléfono dije sí, es de mi hija. Bendito sea Dios, ya cuando menos encontré el cuerpo de mi hija, y ahorita está el asesino y se va a poder hacer justicia”, recordó.
Teresa Ulloa, directora regional del Catwlac, señaló: “Es ilógico que esta persona haya escapado por una ventana si tenía grilletes y esposas. Si el procurador tiene tantita vergüenza que renuncie. El monto de la recompensa (un millón de pesos) es una muestra más del desprecio que tiene Alfredo Castillo por las mujeres”, dijo
Este año, 14 asesinatos de mujeres
René Ramón e Israel Dávila
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Ixtapaluca, Méx., 29 de febrero. Este año se han perpetrado 14 asesinatos de mujeres en el estado de México. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), 13 ya fueron esclarecidos. En los últimos 10 meses de 2011 se denunciaron 52 casos y 46 ya fueron resueltos, y en 2010 se documentaron 210.
El aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad generó el año pasado una movilización de diversos grupos sociales. A principios de este año La Jornada solicitó, por conducto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal, datos sobre 11 feminicidios perpetrados en 2011 en seis municipios del oriente del estado: cuatro en Ixtapaluca; dos en Valle de Chalco, dos en Chalco, uno en Tlalmanalco, otro en Amecameca y uno más en La Paz.
La PGJE negó la información con el argumento de que las indagatorias por homicidios de género fueron clasificadas como “confidenciales” durante nueve años. La dependencia se limitó a responder que de marzo a diciembre de 2011 conoció de 50 denuncias en el estado, 44 de las cuales “fueron consignadas o vinculadas” ante un juez.
Expedientes confidenciales
De acuerdo con el oficio 00316/PGJ/IP/A/2011, el avance de las indagatorias es confidencial, “ya que por un lado se puede propiciar que se obstaculice el trámite de la investigación, que las personas investigadas se evadan de la acción de la justicia u oculten medios de prueba y evidencias”.
El 17 de marzo de 2011 el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas para combatir la violencia de género, entre ellas la tipificación del feminicidio, para castigarlo con penas de 40 a 70 años de prisión. Las modificaciones formaron parte de un paquete de iniciativas que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto turnó en respuesta a organizaciones sociales que demandaban declarar alerta de género en el estado, pues hasta ese momento se habían cometido más de 950 feminicidios y poco más de 4 mil 500 violaciones.
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Ixtapaluca, Méx., 29 de febrero. Este año se han perpetrado 14 asesinatos de mujeres en el estado de México. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), 13 ya fueron esclarecidos. En los últimos 10 meses de 2011 se denunciaron 52 casos y 46 ya fueron resueltos, y en 2010 se documentaron 210.
El aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad generó el año pasado una movilización de diversos grupos sociales. A principios de este año La Jornada solicitó, por conducto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal, datos sobre 11 feminicidios perpetrados en 2011 en seis municipios del oriente del estado: cuatro en Ixtapaluca; dos en Valle de Chalco, dos en Chalco, uno en Tlalmanalco, otro en Amecameca y uno más en La Paz.
La PGJE negó la información con el argumento de que las indagatorias por homicidios de género fueron clasificadas como “confidenciales” durante nueve años. La dependencia se limitó a responder que de marzo a diciembre de 2011 conoció de 50 denuncias en el estado, 44 de las cuales “fueron consignadas o vinculadas” ante un juez.
Expedientes confidenciales
De acuerdo con el oficio 00316/PGJ/IP/A/2011, el avance de las indagatorias es confidencial, “ya que por un lado se puede propiciar que se obstaculice el trámite de la investigación, que las personas investigadas se evadan de la acción de la justicia u oculten medios de prueba y evidencias”.
El 17 de marzo de 2011 el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas para combatir la violencia de género, entre ellas la tipificación del feminicidio, para castigarlo con penas de 40 a 70 años de prisión. Las modificaciones formaron parte de un paquete de iniciativas que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto turnó en respuesta a organizaciones sociales que demandaban declarar alerta de género en el estado, pues hasta ese momento se habían cometido más de 950 feminicidios y poco más de 4 mil 500 violaciones.
Visitan senadores a Pablo Salazar en prisión
Manifestantes les impedían ingresar a El Amate; fueron “manipulados”: Carlos Sotelo
Visitan senadores a Pablo Salazar en prisión
Senadores perredistas y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio pasado. Al frente, Leonel Godoy y Carlos Sotelo, seguidos de Rubén Velázquez (de camisa a rayas) y a la derecha Pablo Salazar López, hijo del ex gobernador detenido">Foto Elio Henríquez
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 36
Cintalapa, Chis., 29 de febrero. En un ambiente de tensión, provocado por unos 40 manifestantes que les impidieron el paso durante hora y media, cuatro senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio de 2011.
Al salir de la reunión, que duró poco más de hora y media, Carlos Sotelo García, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado, informó que la comisión entregará a ese órgano legislativo un informe “muy preciso”.
“Hemos escuchado los elementos de su defensa y lo que él considera su carácter de preso político, por no haber en su opinión fundamento jurídico para estar detenido, y también las muy difíciles condiciones de reclusión, con cámaras de video hasta hace unos días”, afirmó.
Los legisladores Sotelo García, Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Leonel Godoy Rangel arribaron poco después de las 10 horas de a la entrada de El Amate, ubicado a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Cintalapa, y fueron recibidos con pancartas y gritos por unos 40 manifestantes.
Entre los inconformes había campesinos afectados por el huracán Stan, que en 2005 causó graves daños en una tercera parte de Chiapas, y madres de algunos de los 35 recién nacidos que murieron en el hospital de Comitán a finales de 2002 y principios de 2003.
“¡Que se bajen, que se bajen!”, gritaron los manifestantes, pero los legisladores, a quienes acompañaba Pablo Salazar López, hijo del ex mandatario, permanecieron a bordo de una camioneta con cristales oscuros que la turba intentó voltear.
El coordinador del Consejo de Damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, golpeó el vehículo con las manos e insultó a los senadores y al precandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes aceptaron que los legisladores ingresaran al reclusorio, con la condición de que al salir escucharan sus demandas.
Cuando los senadores y los visitadores de la CNDH Fernando Batista Jiménez, Andrés Aguirre Aguilar y Benjamín Vergara dialogaban con Salazar Mendiguchía se escucharon gritos, insultos y golpes en una reja del penal, lo que Sotelo García llamó “una especie de amotinamiento y la continuación de la recepción en la entrada, un montaje para intimidar”.
Recordó que la comisión legislativa acudió al penal para escuchar largamente los argumentos de Pablo Salazar, por un acuerdo del grupo parlamentario del PRD.
Sotelo García consideró que el ex gobernador está en una zona relativamente aislada y segura, pero “tiene reservas” y ha solicitado a la CNDH medidas cautelares para él y su familia.
Manifestó que “hay fragilidades evidentes” en la acusación contra Salazar por peculado de 104 millones y que el caso de los niños fallecidos en el hospital de Comitán debe analizarse “con mayor detenimiento”.
A la salida del penal hubo una discusión entre Leonel Godoy, Tapia Ramírez y Rubén Velázquez. Carlos Sotelo dijo que la “turba” fue manipulada por Florencio Madariaga, ex funcionario del gobierno chiapaneco, quien “era el que daba las órdenes a los policías y a las autoridades del penal”.
con información de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, reporteros
Visitan senadores a Pablo Salazar en prisión
Senadores perredistas y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio pasado. Al frente, Leonel Godoy y Carlos Sotelo, seguidos de Rubén Velázquez (de camisa a rayas) y a la derecha Pablo Salazar López, hijo del ex gobernador detenido">Foto Elio Henríquez
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 36
Cintalapa, Chis., 29 de febrero. En un ambiente de tensión, provocado por unos 40 manifestantes que les impidieron el paso durante hora y media, cuatro senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio de 2011.
Al salir de la reunión, que duró poco más de hora y media, Carlos Sotelo García, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado, informó que la comisión entregará a ese órgano legislativo un informe “muy preciso”.
“Hemos escuchado los elementos de su defensa y lo que él considera su carácter de preso político, por no haber en su opinión fundamento jurídico para estar detenido, y también las muy difíciles condiciones de reclusión, con cámaras de video hasta hace unos días”, afirmó.
Los legisladores Sotelo García, Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Leonel Godoy Rangel arribaron poco después de las 10 horas de a la entrada de El Amate, ubicado a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Cintalapa, y fueron recibidos con pancartas y gritos por unos 40 manifestantes.
Entre los inconformes había campesinos afectados por el huracán Stan, que en 2005 causó graves daños en una tercera parte de Chiapas, y madres de algunos de los 35 recién nacidos que murieron en el hospital de Comitán a finales de 2002 y principios de 2003.
“¡Que se bajen, que se bajen!”, gritaron los manifestantes, pero los legisladores, a quienes acompañaba Pablo Salazar López, hijo del ex mandatario, permanecieron a bordo de una camioneta con cristales oscuros que la turba intentó voltear.
El coordinador del Consejo de Damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, golpeó el vehículo con las manos e insultó a los senadores y al precandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes aceptaron que los legisladores ingresaran al reclusorio, con la condición de que al salir escucharan sus demandas.
Cuando los senadores y los visitadores de la CNDH Fernando Batista Jiménez, Andrés Aguirre Aguilar y Benjamín Vergara dialogaban con Salazar Mendiguchía se escucharon gritos, insultos y golpes en una reja del penal, lo que Sotelo García llamó “una especie de amotinamiento y la continuación de la recepción en la entrada, un montaje para intimidar”.
Recordó que la comisión legislativa acudió al penal para escuchar largamente los argumentos de Pablo Salazar, por un acuerdo del grupo parlamentario del PRD.
Sotelo García consideró que el ex gobernador está en una zona relativamente aislada y segura, pero “tiene reservas” y ha solicitado a la CNDH medidas cautelares para él y su familia.
Manifestó que “hay fragilidades evidentes” en la acusación contra Salazar por peculado de 104 millones y que el caso de los niños fallecidos en el hospital de Comitán debe analizarse “con mayor detenimiento”.
A la salida del penal hubo una discusión entre Leonel Godoy, Tapia Ramírez y Rubén Velázquez. Carlos Sotelo dijo que la “turba” fue manipulada por Florencio Madariaga, ex funcionario del gobierno chiapaneco, quien “era el que daba las órdenes a los policías y a las autoridades del penal”.
con información de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, reporteros
Hallan en Juárez a 4 menores desaparecidas
Ciudad Juárez, Chih. Las cuatro adolescentes reportadas como desaparecidas la semana pasada fueron localizadas en compañía de amigos y novios, luego de una operación ordenada por Ernesto Jáuregui Venegas, quien la noche del lunes fue nombrado titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género. Carlos González, vocero de la Fiscalía General del estado en la Zona Norte, detalló que las dos menores de la secundaria Altavista fueron ubicadas en la colonia del mismo nombre. Las adolescentes y sus padres serán atendidos por sicólogos.
Falta de respeto”
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 5
Diputados de PRI, PRD y PT consideraron una “falta de respeto” la postura asumida por la precandidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, al calificar “burlonamente” a sus adversarios políticos.
Sofía Castro (PRI), Mauricio Toledo (PRD) y Pedro Vázquez (PT) señalaron, por separado, que la aspirante panista está obligada a hablar con la verdad, porque durante su paso por la Cámara de Diputados ella constituyó “el peor ejemplo de la improductividad legislativa y del engaño a la población, al no asumir su responsabilidades como diputada y dedicar su tiempo y espacio a posicionar su imagen”.
Castro advirtió que los dichos de la precandidata son “una estrategia muy bien estudiada desde el Ejecutivo federal para desprestigiar a los adversarios del PAN, obteniendo un importante dividendo prelectoral”.
En tanto, el perredista Toledo también rechazó los dichos, porque “primero en un afán profundamente electorero descalifica a Andrés Manuel López Obrador haciendo mofa barata del esfuerzo que nuestro abanderado ha desplegado a lo largo de cinco años por el territorio nacional, y que implica un cansancio comprensible y humano que no debe ser objeto de burla, sino de reconocimiento”.
Para el coordinador del grupo parlamentario del PT, Pedro Vázquez, “ella está buscando mediáticamente darse a conocer, posicionarse. Demuestra una desacertada actitud, porque es falta de respeto a mexicanos valiosos que han aportado al desarrollo político, social, cultural y económico del país y no merecen ser señalados y menos en una actitud intolerante y burlona”.
Señaló que los comentarios de Vázquez Mota son de “muy mal gusto, reflejan una actitud de prepotencia y hasta racista. Históricamente, a los adultos mayores se les tiene respeto y consideración por las aportaciones que le dan al país. Ella se equivocó y ello tendrá un costo político. Esperamos que medite sobre sus afirmaciones, porque la están llevando a ser señalada como antidemócrata
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 5
Diputados de PRI, PRD y PT consideraron una “falta de respeto” la postura asumida por la precandidata del PAN a la Presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota, al calificar “burlonamente” a sus adversarios políticos.
Sofía Castro (PRI), Mauricio Toledo (PRD) y Pedro Vázquez (PT) señalaron, por separado, que la aspirante panista está obligada a hablar con la verdad, porque durante su paso por la Cámara de Diputados ella constituyó “el peor ejemplo de la improductividad legislativa y del engaño a la población, al no asumir su responsabilidades como diputada y dedicar su tiempo y espacio a posicionar su imagen”.
Castro advirtió que los dichos de la precandidata son “una estrategia muy bien estudiada desde el Ejecutivo federal para desprestigiar a los adversarios del PAN, obteniendo un importante dividendo prelectoral”.
En tanto, el perredista Toledo también rechazó los dichos, porque “primero en un afán profundamente electorero descalifica a Andrés Manuel López Obrador haciendo mofa barata del esfuerzo que nuestro abanderado ha desplegado a lo largo de cinco años por el territorio nacional, y que implica un cansancio comprensible y humano que no debe ser objeto de burla, sino de reconocimiento”.
Para el coordinador del grupo parlamentario del PT, Pedro Vázquez, “ella está buscando mediáticamente darse a conocer, posicionarse. Demuestra una desacertada actitud, porque es falta de respeto a mexicanos valiosos que han aportado al desarrollo político, social, cultural y económico del país y no merecen ser señalados y menos en una actitud intolerante y burlona”.
Señaló que los comentarios de Vázquez Mota son de “muy mal gusto, reflejan una actitud de prepotencia y hasta racista. Históricamente, a los adultos mayores se les tiene respeto y consideración por las aportaciones que le dan al país. Ella se equivocó y ello tendrá un costo político. Esperamos que medite sobre sus afirmaciones, porque la están llevando a ser señalada como antidemócrata
Cercanos a AMLO, los pluris de MC
Alma E. Muñoz
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 7
El partido Movimiento Ciudadano (MC) aprobó sus listas de diputados y senadores plurinominales, otorgando los lugares que aseguran el ingreso al Congreso a las propuestas que les presentó su precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Quedaron registrados como candidatos de representación proporcional a la Cámara de Diputados: Alfonso Durazo, ex secretario particular de Vicente Fox y ahora coordinador de campaña de López Obrador en Sonora; Claudia Sheinbaum, del equipo cercano del tabasqueño; Alma América Rivera, del Grupo de Acción Política del estado de México, y Arely Barroso, titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Oaxaca. Para el Senado: José Agustín Ortiz Pinchetti.
Asistentes a la reunión reconocieron que algunos militantes del partido, como José Manuel del Río Virgen, se sintieron desplazados. Sin embargo, se dijo que en la asamblea electoral se impuso que requerían propuestas con peso político para conseguir que Movimiento Ciudadano al menos mantenga el número de legisladores federales con que actualmente cuenta: seis en San Lázaro y cinco senadores.
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 7
El partido Movimiento Ciudadano (MC) aprobó sus listas de diputados y senadores plurinominales, otorgando los lugares que aseguran el ingreso al Congreso a las propuestas que les presentó su precandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
Quedaron registrados como candidatos de representación proporcional a la Cámara de Diputados: Alfonso Durazo, ex secretario particular de Vicente Fox y ahora coordinador de campaña de López Obrador en Sonora; Claudia Sheinbaum, del equipo cercano del tabasqueño; Alma América Rivera, del Grupo de Acción Política del estado de México, y Arely Barroso, titular de la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública en Oaxaca. Para el Senado: José Agustín Ortiz Pinchetti.
Asistentes a la reunión reconocieron que algunos militantes del partido, como José Manuel del Río Virgen, se sintieron desplazados. Sin embargo, se dijo que en la asamblea electoral se impuso que requerían propuestas con peso político para conseguir que Movimiento Ciudadano al menos mantenga el número de legisladores federales con que actualmente cuenta: seis en San Lázaro y cinco senadores.
Abre el IFE la posibilidad de realizar más de dos debates
Alonso Urrutia
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 9
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó los lineamientos generales que regirán la realización de los dos debates presidenciales que ordena la legislación electoral, en la que se abre la posibilidad de que, si hay una decisión unánime de los aspirantes a la Presidencia para efectuar un mayor número, el instituto participe en su organización. Los consejeros aprobaron sin cambios el documento de la comisión especial, pese a las propuestas de varios partidos que no fueron atendidas.
El IFE rechazó la petición del virtual candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, para que el instituto organizara 12 debates en sustitución de los espots de los partidos. “Eso sería una extralimitación de (las) facultades con que cuenta la autoridad, arrogándose atribuciones que no le corresponden” y en detrimento de las prerrogativas de los partidos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de efectuar más debates acordes con los lineamientos, pero no bajo el esquema propuesto por el tabasqueño.
Durante más de dos horas, los consejeros y representantes discutieron sobre los lineamientos de los debates presidenciales los cuales, según definió el consejero presidente, Leonardo Valdés, son “deseables en una sociedad democrática”.
El documento, reivindicado por todos los consejeros electorales como aportación a la democracia poeque garantiza la realización de los debates, fue cuestionado en sus alcances por los partidos, con matices. Todos los representantes partidistas plantearon modificaciones para realizar un mayor número de debates, pero con diferencias en cuanto a las modalidades.
El panista Everardo Rojas y el representante de Nueva Alianza, Luis Antonio González, plantearon que se eliminaran del documento las condicionantes de unanimidad de los candidatos presidenciales para efectuar más de dos debates, y que bastara la decisión mayoritaria. Márquez, del PRD, ratificó la propuesta de López Obrador para efectuar los 12 debates.
El priísta Sebastián Lerdo de Tejada planteó que la ley “no se negocia, se cumple”, por lo que los dos debates presidenciales se deberían realizar en los términos previstos por la legislación, y de pretender que se realice un mayor número, efectuarse bajo la modalidad de confrontación de plataformas políticas, como en las elecciones intermedias de 2009.
Al justificar los términos de los lineamientos aprobados, el consejero y presidente de la comisión especial, Sergio García Ramírez, destacó que en el documento se reconoce la “más amplia posibilidad” de que otros actores sociales promuevan y organicen debates en el marco de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por otro lado, al acatar una resolución de un juzgado civil en un diferendo entre el PRD y uno de sus proveedores, se aprobó embargar 25 millones de pesos de las prerrogativas de gastos ordinarios de ese partido para liquidar el adeudo, que data de octubre de 2007. Aunque fue avalado por mayoría, todos los consejeros censuraron la determinación, en especial por el tiempo en que se produce, lo que afecta las finanzas partidistas.
Al referirse al tema, el representante del sol azteca, Camerino Márquez, sostuvo que de retenerse estos 25 millones 134 mil pesos “sólo estaremos quedándonos en el mes de marzo con 7 millones 898 mil, lo que significa que hay una afectación directa de 76.8 por ciento, mayor al 50 por ciento que establece la ley electoral”.
Durante las tres sesiones que tuvo ayer el IFE, también se aprobaron multas a los partidos por diversas irregularidades en el manejo de sus finanzas, entre las que destacan 11.8 millones de pesos al PRD por cuentas reportadas como del partido que no fueron acreditadas plenamente; por razones similares, el PRI será sancionado con 8 millones 691 mil 622 pesos, mientras al Partido Acción Nacional se le impuso una multa que asciende a 3.9 millones
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 9
El Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) aprobó los lineamientos generales que regirán la realización de los dos debates presidenciales que ordena la legislación electoral, en la que se abre la posibilidad de que, si hay una decisión unánime de los aspirantes a la Presidencia para efectuar un mayor número, el instituto participe en su organización. Los consejeros aprobaron sin cambios el documento de la comisión especial, pese a las propuestas de varios partidos que no fueron atendidas.
El IFE rechazó la petición del virtual candidato del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador, para que el instituto organizara 12 debates en sustitución de los espots de los partidos. “Eso sería una extralimitación de (las) facultades con que cuenta la autoridad, arrogándose atribuciones que no le corresponden” y en detrimento de las prerrogativas de los partidos. No obstante, dejó abierta la posibilidad de efectuar más debates acordes con los lineamientos, pero no bajo el esquema propuesto por el tabasqueño.
Durante más de dos horas, los consejeros y representantes discutieron sobre los lineamientos de los debates presidenciales los cuales, según definió el consejero presidente, Leonardo Valdés, son “deseables en una sociedad democrática”.
El documento, reivindicado por todos los consejeros electorales como aportación a la democracia poeque garantiza la realización de los debates, fue cuestionado en sus alcances por los partidos, con matices. Todos los representantes partidistas plantearon modificaciones para realizar un mayor número de debates, pero con diferencias en cuanto a las modalidades.
El panista Everardo Rojas y el representante de Nueva Alianza, Luis Antonio González, plantearon que se eliminaran del documento las condicionantes de unanimidad de los candidatos presidenciales para efectuar más de dos debates, y que bastara la decisión mayoritaria. Márquez, del PRD, ratificó la propuesta de López Obrador para efectuar los 12 debates.
El priísta Sebastián Lerdo de Tejada planteó que la ley “no se negocia, se cumple”, por lo que los dos debates presidenciales se deberían realizar en los términos previstos por la legislación, y de pretender que se realice un mayor número, efectuarse bajo la modalidad de confrontación de plataformas políticas, como en las elecciones intermedias de 2009.
Al justificar los términos de los lineamientos aprobados, el consejero y presidente de la comisión especial, Sergio García Ramírez, destacó que en el documento se reconoce la “más amplia posibilidad” de que otros actores sociales promuevan y organicen debates en el marco de la libertad de expresión y el derecho a la información.
Por otro lado, al acatar una resolución de un juzgado civil en un diferendo entre el PRD y uno de sus proveedores, se aprobó embargar 25 millones de pesos de las prerrogativas de gastos ordinarios de ese partido para liquidar el adeudo, que data de octubre de 2007. Aunque fue avalado por mayoría, todos los consejeros censuraron la determinación, en especial por el tiempo en que se produce, lo que afecta las finanzas partidistas.
Al referirse al tema, el representante del sol azteca, Camerino Márquez, sostuvo que de retenerse estos 25 millones 134 mil pesos “sólo estaremos quedándonos en el mes de marzo con 7 millones 898 mil, lo que significa que hay una afectación directa de 76.8 por ciento, mayor al 50 por ciento que establece la ley electoral”.
Durante las tres sesiones que tuvo ayer el IFE, también se aprobaron multas a los partidos por diversas irregularidades en el manejo de sus finanzas, entre las que destacan 11.8 millones de pesos al PRD por cuentas reportadas como del partido que no fueron acreditadas plenamente; por razones similares, el PRI será sancionado con 8 millones 691 mil 622 pesos, mientras al Partido Acción Nacional se le impuso una multa que asciende a 3.9 millones
Naciones Unidas también cree que la lucha antinarco fracasó: PRD y PRI
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 16
Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), corrobora que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado es un fracaso.
Rosario Green comentó que en ese informe la ONU resalta con claridad que “ni disminuye el consumo ni la producción de drogas y cada vez hay más muertos”. La estrategia para abatir el narcotráfico se ha enfocado sólo como un problema de seguridad y no de salud pública, recalcó.
La ex canciller dijo que no debe pasarse por alto que la ONU habla también de generar una auténtica política de empleo y educación para los jóvenes, a fin de que no se vean obligados a engrosar las filas de la delincuencia.
Al respecto, el senador Francisco Labastida comentó que aun en el final de su sexenio, Calderón debería rectificar, sobre todo después de un informe como el de la ONU, en el que se señala el alto costo que se paga en México por la estrategia antinarco.
Igualmente, el senador Fernando Baeza expuso que Calderón se equivocó desde un principio, con un diagnóstico errado. “No podemos combatir el delito a partir de la aplicación de la fuerza extrema, hay que hacer muchísimas revisiones”.
Insistió: la política contra la delincuencia tiene muchas debilidades, ya que hay fallas en la impartición de justicia, además de que no se combate a fondo el blanqueo de capitales y en general no se trabaja para quebrar la estructura financiera de las organizaciones criminales.
“Hay mucho por hacer, hay mucho por rectificar, lamentablemente se ha fallado desde el inicio con resultados catastróficos, como son los 60 mil muertos.”
El ex gobernador de Chihuahua aludió a las muchas reformas en materia de justicia penal que el Senado le aprobó al Ejecutivo en este sexenio, las cuales no se utilizan, ya que en lugar de quitar propiedades y otros bienes a los narcos, llegan a acuerdos con ellos y los convierten en testigos protegidos.
Sobre el tema, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Guadarrama recalcó que es necesario que se abra el debate sobre la despenalización de las drogas, como parte de la solución del problema.
“Es necesario salir de la necedad de defender algo que ha fracasado, sobre todo cuando un organismo como la ONU documenta los efectos desastrosos para la población.
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 16
Senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) afirmaron que el informe de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), corrobora que la estrategia del gobierno de Felipe Calderón contra el crimen organizado es un fracaso.
Rosario Green comentó que en ese informe la ONU resalta con claridad que “ni disminuye el consumo ni la producción de drogas y cada vez hay más muertos”. La estrategia para abatir el narcotráfico se ha enfocado sólo como un problema de seguridad y no de salud pública, recalcó.
La ex canciller dijo que no debe pasarse por alto que la ONU habla también de generar una auténtica política de empleo y educación para los jóvenes, a fin de que no se vean obligados a engrosar las filas de la delincuencia.
Al respecto, el senador Francisco Labastida comentó que aun en el final de su sexenio, Calderón debería rectificar, sobre todo después de un informe como el de la ONU, en el que se señala el alto costo que se paga en México por la estrategia antinarco.
Igualmente, el senador Fernando Baeza expuso que Calderón se equivocó desde un principio, con un diagnóstico errado. “No podemos combatir el delito a partir de la aplicación de la fuerza extrema, hay que hacer muchísimas revisiones”.
Insistió: la política contra la delincuencia tiene muchas debilidades, ya que hay fallas en la impartición de justicia, además de que no se combate a fondo el blanqueo de capitales y en general no se trabaja para quebrar la estructura financiera de las organizaciones criminales.
“Hay mucho por hacer, hay mucho por rectificar, lamentablemente se ha fallado desde el inicio con resultados catastróficos, como son los 60 mil muertos.”
El ex gobernador de Chihuahua aludió a las muchas reformas en materia de justicia penal que el Senado le aprobó al Ejecutivo en este sexenio, las cuales no se utilizan, ya que en lugar de quitar propiedades y otros bienes a los narcos, llegan a acuerdos con ellos y los convierten en testigos protegidos.
Sobre el tema, el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) José Guadarrama recalcó que es necesario que se abra el debate sobre la despenalización de las drogas, como parte de la solución del problema.
“Es necesario salir de la necedad de defender algo que ha fracasado, sobre todo cuando un organismo como la ONU documenta los efectos desastrosos para la población.
ONU demanda liberar a preso por la masacre de Salvárcar
Fernando Camacho Servín
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 16
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias señaló que el arresto de Israel Arzate Meléndez, quien lleva dos años en prisión acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, fue injustificado e irregular, por lo que exigió su inmediata liberación y el inicio de una indagatoria exhaustiva sobre el proceso judicial que lo llevó a la cárcel.
En su opinión 67/2011, dicho organismo subrayó que la confesión mediante la cual Arzate se autoinculpó de haber participado en la matanza, ocurrida el 31 de enero de 2010, fue obtenida bajo tortura en instalaciones militares, por lo que no tendría validez alguna, señalaron ayer integrantes de colectivos de derechos humanos que retomaron las conclusiones de Naciones Unidas.
Uno de los aspectos más graves de este caso es el hecho de que la juez de garantías Anabel Chumacero Corral nunca tomó en cuenta las denuncias de tortura que presentó el inculpado, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo constar en su recomendación 49/2011 que los resultados del Protocolo de Estambul fueron positivos con Arzate.
Numerosas irregularidades
Entre las irregularidades se encuentra también que los militares afirmaron que el joven de 26 años fue aprehendido en flagrancia el 4 de febrero de 2010, cuando el grupo de trabajo hizo constar que la detención fue en realidad el 3 de febrero en la vía pública.
Además, el fiscal solicitó retirar el cargo de posesión de vehículo robado por falta de pruebas, lo que implicaba sobreseer el proceso penal, pero luego se retractó y siguió adelante con la acusación, lo cual se explica porque sólo así las autoridades podían “cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal”, señaló el organismo de la ONU.
Por ello, y a un año de que venciera el periodo de cárcel preventiva, el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se hicieron eco de la exigencia del grupo de trabajo en el sentido de que Israel Arzate sea liberado de inmediato, y se investiguen los actos de tortura en su contra. “La Procuraduría General de la República puede retirar la acusación en cualquier momento, porque todavía no hay juicio ni sentencia. Este es el momento para que la fiscalía se desista; tienen la oportunidad de admitir que carecen de pruebas y se equivocaron”, señaló Jacqueline Sáenz, abogada del Prodh
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 16
El Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias señaló que el arresto de Israel Arzate Meléndez, quien lleva dos años en prisión acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, fue injustificado e irregular, por lo que exigió su inmediata liberación y el inicio de una indagatoria exhaustiva sobre el proceso judicial que lo llevó a la cárcel.
En su opinión 67/2011, dicho organismo subrayó que la confesión mediante la cual Arzate se autoinculpó de haber participado en la matanza, ocurrida el 31 de enero de 2010, fue obtenida bajo tortura en instalaciones militares, por lo que no tendría validez alguna, señalaron ayer integrantes de colectivos de derechos humanos que retomaron las conclusiones de Naciones Unidas.
Uno de los aspectos más graves de este caso es el hecho de que la juez de garantías Anabel Chumacero Corral nunca tomó en cuenta las denuncias de tortura que presentó el inculpado, a pesar de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos hizo constar en su recomendación 49/2011 que los resultados del Protocolo de Estambul fueron positivos con Arzate.
Numerosas irregularidades
Entre las irregularidades se encuentra también que los militares afirmaron que el joven de 26 años fue aprehendido en flagrancia el 4 de febrero de 2010, cuando el grupo de trabajo hizo constar que la detención fue en realidad el 3 de febrero en la vía pública.
Además, el fiscal solicitó retirar el cargo de posesión de vehículo robado por falta de pruebas, lo que implicaba sobreseer el proceso penal, pero luego se retractó y siguió adelante con la acusación, lo cual se explica porque sólo así las autoridades podían “cubrir la detención con una cierta apariencia de legalidad formal”, señaló el organismo de la ONU.
Por ello, y a un año de que venciera el periodo de cárcel preventiva, el Centro Juárez de Apoyo a Migrantes, la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) se hicieron eco de la exigencia del grupo de trabajo en el sentido de que Israel Arzate sea liberado de inmediato, y se investiguen los actos de tortura en su contra. “La Procuraduría General de la República puede retirar la acusación en cualquier momento, porque todavía no hay juicio ni sentencia. Este es el momento para que la fiscalía se desista; tienen la oportunidad de admitir que carecen de pruebas y se equivocaron”, señaló Jacqueline Sáenz, abogada del Prodh
Autoridades discutirán estrategias para frenar el crimen organizado trasnacional
Ciro Pérez Silva
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 17
En la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Trasnacional convocada por el gobierno mexicano y que se inicia este jueves, ministros de Justicia o procuradores generales de América discutirán la forma de crear una base común de cooperación para enfrentar conjuntamente actividades derivadas del crimen organizado, como el tráfico de drogas, de armas y de inmigrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción, el secuestro y los delitos cibernéticos, entre otros.
El encuentro, que tendrá lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), será inaugurado por el presidente Felipe Calderón y contará con la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; la canciller Patricia Espinosa, y la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.
José Miguel Insulza aseveró que “cuando el control del delito organizado sobre barrios, comunidades o zonas geográficas más amplias dificulta, impide o incluso sustituye la acción de las instituciones públicas, estamos ante una amenaza cumplida contra la gobernabilidad democrática”, por lo que se espera que mañana, al término del encuentro, las conclusiones contengan los elementos básicos paran iniciar a la brevedad el trabajo conjunto para enfrentar al crimen organizado trasnacional.
Los debates se centrarán en la importancia de un eficaz combate a la delincuencia organizada mediante la modernización legal e institucional; el avance en la región sobre la penalización de las actividades delictivas previstas en la Convención de Palermo y el fortalecimiento institucional en el combate a la delincuencia organizada trasnacional en el Caribe, entre otros. El esquema previsto para desahogar todos los asuntos es el de presentaciones breves sobre variados temas, seguidos de diálogos abiertos entre las delegaciones.
La agenda aprobada por los participantes consiste en tres sesiones. La primera a celebrarse esta mañana analizará la importancia de un eficaz combate a la delincuencia organizada por medio de la modernización legal e institucional; nuevos métodos para la comisión de ilícitos por parte de la delincuencia organizada trasnacional, y avance en la región sobre la penalización de las actividades delictivas previstas en la Convención de Palermo.
Asimismo, los efectos nocivos de la delincuencia organizada trasnacional en el tejido social; el fortalecimiento insti- tucional en el combate a la delincuencia organizada trasnacional en el Caribe; técnicas especiales de investigación y normas sobre la prueba; formas de identificación criminal, y homologación legislativa en materia de delincuencia organizada
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 17
En la Reunión Hemisférica de Alto Nivel contra la Delincuencia Organizada Trasnacional convocada por el gobierno mexicano y que se inicia este jueves, ministros de Justicia o procuradores generales de América discutirán la forma de crear una base común de cooperación para enfrentar conjuntamente actividades derivadas del crimen organizado, como el tráfico de drogas, de armas y de inmigrantes, la trata de personas, el lavado de dinero, la corrupción, el secuestro y los delitos cibernéticos, entre otros.
El encuentro, que tendrá lugar en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), será inaugurado por el presidente Felipe Calderón y contará con la participación del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza; la canciller Patricia Espinosa, y la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibáñez.
José Miguel Insulza aseveró que “cuando el control del delito organizado sobre barrios, comunidades o zonas geográficas más amplias dificulta, impide o incluso sustituye la acción de las instituciones públicas, estamos ante una amenaza cumplida contra la gobernabilidad democrática”, por lo que se espera que mañana, al término del encuentro, las conclusiones contengan los elementos básicos paran iniciar a la brevedad el trabajo conjunto para enfrentar al crimen organizado trasnacional.
Los debates se centrarán en la importancia de un eficaz combate a la delincuencia organizada mediante la modernización legal e institucional; el avance en la región sobre la penalización de las actividades delictivas previstas en la Convención de Palermo y el fortalecimiento institucional en el combate a la delincuencia organizada trasnacional en el Caribe, entre otros. El esquema previsto para desahogar todos los asuntos es el de presentaciones breves sobre variados temas, seguidos de diálogos abiertos entre las delegaciones.
La agenda aprobada por los participantes consiste en tres sesiones. La primera a celebrarse esta mañana analizará la importancia de un eficaz combate a la delincuencia organizada por medio de la modernización legal e institucional; nuevos métodos para la comisión de ilícitos por parte de la delincuencia organizada trasnacional, y avance en la región sobre la penalización de las actividades delictivas previstas en la Convención de Palermo.
Asimismo, los efectos nocivos de la delincuencia organizada trasnacional en el tejido social; el fortalecimiento insti- tucional en el combate a la delincuencia organizada trasnacional en el Caribe; técnicas especiales de investigación y normas sobre la prueba; formas de identificación criminal, y homologación legislativa en materia de delincuencia organizada
Vigente, el proyecto zapatista para fortalecer el tejido social
Exhortan a desmontar mitos y medias verdades sobre el EZLN
Ariane Díaz
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 19
En el contexto actual de violencia desatada, desarticulación de movimientos sociales y de prevalencia de una cultura del miedo, el proyecto de autonomía zapatista da luz sobre cómo mantener el tejido social, crear mecanismos de seguridad para la población y alternativas a momentos de crisis, consideró Mariana Mora Bayo, coordinadora (junto con Bruno Baronnet y Richard Stahler-Sholk) del libro Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas.
El texto, presentado el pasado martes en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es una compilación de trabajos realizados entre 2003 y 2007 por 15 investigadores que analizan las prácticas indígenas de autonomía política en las zonas de influencia zapatista en Chiapas.
La publicación fue comentada por Maya Lorena Pérez Ruiz (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y Márgara Millán Moncayo (Universidad Nacional Autónoma de México), quienes aludieron a las nuevas formas de hacer investigación social y la relación entre los sujetos de estudio y los propios investigadores.
Pablo González Casanova apunta en el prólogo que los autores “logran reconocer que los indios tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles son ‘gentes fundamentales’ en la teorización de sus propias experiencias y en el conocimiento práctico de sus teorías sobre las luchas que dan y las organizaciones que construyen”.
Sobre las aportaciones del texto, Pérez Ruiz destacó que “presenta información valiosa sobre la complejidad de los procesos que se han desarrollado en los municipios con experiencias de autonomía zapatista; lo que le permite al lector desmontar mitos y medias verdades ampliamente difundidos, tanto entre los afines como entre los opositores al zapatismo”.
Ello, a la larga, “permitirá una mejor comprensión del zapatismo, su historia, su práctica y sus aportaciones a las luchas indígenas”, apuntó.
Para Mora Bayo, se debe mirar el libro “pensando de qué manera el proyecto de autonomía zapatista logra mantener, fortalecer y convertir el tejido social en un acto político, en colectivo; y de qué manera se generan nuevos conocimientos que ayudan a construir alternativas en el ámbito educativo, la agricultura y la salud, por ejemplo”.
Coincidió Millán Moncayo, al afirmar que los procesos de autonomía contribuyen a una regeneración del tejido social tan necesario en el contexto actual.
El libro está compuesto de cinco apartados. El primero es una reflexión sobre el quehacer del investigador; el segundo se refiere a la ciudadanía e identidad en las comunidades indígenas; el tercero habla sobre la educación y la resistencia; el cuarto versa sobre salud y comunidad, y el último es a propósito de la economía política y los recursos naturales en el entorno de las comunidades
Ariane Díaz
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 19
En el contexto actual de violencia desatada, desarticulación de movimientos sociales y de prevalencia de una cultura del miedo, el proyecto de autonomía zapatista da luz sobre cómo mantener el tejido social, crear mecanismos de seguridad para la población y alternativas a momentos de crisis, consideró Mariana Mora Bayo, coordinadora (junto con Bruno Baronnet y Richard Stahler-Sholk) del libro Luchas “muy otras”. Zapatismo y autonomía en las comunidades indígenas de Chiapas.
El texto, presentado el pasado martes en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, es una compilación de trabajos realizados entre 2003 y 2007 por 15 investigadores que analizan las prácticas indígenas de autonomía política en las zonas de influencia zapatista en Chiapas.
La publicación fue comentada por Maya Lorena Pérez Ruiz (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y Márgara Millán Moncayo (Universidad Nacional Autónoma de México), quienes aludieron a las nuevas formas de hacer investigación social y la relación entre los sujetos de estudio y los propios investigadores.
Pablo González Casanova apunta en el prólogo que los autores “logran reconocer que los indios tzotziles, tzeltales, tojolabales, choles son ‘gentes fundamentales’ en la teorización de sus propias experiencias y en el conocimiento práctico de sus teorías sobre las luchas que dan y las organizaciones que construyen”.
Sobre las aportaciones del texto, Pérez Ruiz destacó que “presenta información valiosa sobre la complejidad de los procesos que se han desarrollado en los municipios con experiencias de autonomía zapatista; lo que le permite al lector desmontar mitos y medias verdades ampliamente difundidos, tanto entre los afines como entre los opositores al zapatismo”.
Ello, a la larga, “permitirá una mejor comprensión del zapatismo, su historia, su práctica y sus aportaciones a las luchas indígenas”, apuntó.
Para Mora Bayo, se debe mirar el libro “pensando de qué manera el proyecto de autonomía zapatista logra mantener, fortalecer y convertir el tejido social en un acto político, en colectivo; y de qué manera se generan nuevos conocimientos que ayudan a construir alternativas en el ámbito educativo, la agricultura y la salud, por ejemplo”.
Coincidió Millán Moncayo, al afirmar que los procesos de autonomía contribuyen a una regeneración del tejido social tan necesario en el contexto actual.
El libro está compuesto de cinco apartados. El primero es una reflexión sobre el quehacer del investigador; el segundo se refiere a la ciudadanía e identidad en las comunidades indígenas; el tercero habla sobre la educación y la resistencia; el cuarto versa sobre salud y comunidad, y el último es a propósito de la economía política y los recursos naturales en el entorno de las comunidades
Paso atrás de la SCJN en transparencia informativa
Pareciera que los ministros quieren controlar el flujo noticioso al público, dicen funcionarios judiciales
Jesús Aranda
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 20
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso atrás en cuanto a transparencia informativa, al eliminar de las listas de sesión los datos personales de los demandantes, así como de las empresas y organismos cuyos asuntos serán analizados por el pleno o por las dos salas que integran al máximo tribunal.
Por un acuerdo de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la SCJN, fueron eliminadas de las listas de sesión los nombres de los quejosos.
Anteriormente, los ministros habían establecido no poner los nombres de demandantes cuando se trataba de menores de edad, o de personas que expresamente solicitaban que sus datos personales fueran quitados de las listas.
Sin embargo, en los últimos días la Dirección de Comunicación Social recibió la orden de la Oficialía Mayor de la Corte de retirar los datos personales de las versiones, comunicados o tarjetas informativas destinadas a los medios, con el pretexto de que la Ley de Transparencia así lo establece.
A pesar de que el citado acuerdo de la Corte data de 2008, apenas fue puesto en práctica hace unos días, con el argumento de que el máximo tribunal está obligado a “tutelar los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de información personal garantizada por el artículo sexto constitucional”, como son datos de identificación, laborales, patrimoniales, académicos, ideológicos, culturales, de salud, de características físicas y “de vida sexual”.
La Suprema Corte advirtió que si bien la “protección” de datos personales se plasmará en las sentencias que emita, “estos principios pueden aplicarse de igual manera para la demás información jurisdiccional, administrativa, generada o bajo resguardo de la SCJN”.
Por la noche, la Corte emitió un comunicado en el que rechazó que la supresión de datos personales limite el acceso a la información pública, y aseguró que esta decisión está de acuerdo con la normatividad vigente.
También negó que la Oficialía Mayor haya ordenado a Comunicación Social que no ponga datos personales en información destinada a los medios; sin embargo, fuentes oficiales confirmaron la especie.
Con la nueva disposición, sólo quienes conozcan el número de expediente de los asuntos que resolverá la SCJN sabrán quiénes son los demandantes y, con ello, la importancia de los casos. Funcionarios judiciales aceptaron que la Corte en lugar de avanzar hacia la transparencia sigue retrocediendo, y que tal parece que hay una intención de los ministros de controlar la información pública para determinar qué asuntos se deben conocer a través de los medios y cuáles no.
La actuación de la SCJN en contra de la transparencia informativa no es nueva, ya que tradicionalmente ha mantenido la política de no dar a conocer los nombres de los jueces y magistrados –y mucho menos las sentencias– que interponen recursos administrativos ante la Corte luego de haber sido sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Con el pretexto de que son datos personales, los ministros evitan en lo posible que se hagan públicos los nombres de funcionarios sancionados, aun cuando el pleno de la Corte haya ratificado las sanciones.
No importa si el juez o magistrado fue acusado de actuar ilegalmente o si acosó sexualmente a sus subordinadas
Jesús Aranda
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 20
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio un paso atrás en cuanto a transparencia informativa, al eliminar de las listas de sesión los datos personales de los demandantes, así como de las empresas y organismos cuyos asuntos serán analizados por el pleno o por las dos salas que integran al máximo tribunal.
Por un acuerdo de la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales de la SCJN, fueron eliminadas de las listas de sesión los nombres de los quejosos.
Anteriormente, los ministros habían establecido no poner los nombres de demandantes cuando se trataba de menores de edad, o de personas que expresamente solicitaban que sus datos personales fueran quitados de las listas.
Sin embargo, en los últimos días la Dirección de Comunicación Social recibió la orden de la Oficialía Mayor de la Corte de retirar los datos personales de las versiones, comunicados o tarjetas informativas destinadas a los medios, con el pretexto de que la Ley de Transparencia así lo establece.
A pesar de que el citado acuerdo de la Corte data de 2008, apenas fue puesto en práctica hace unos días, con el argumento de que el máximo tribunal está obligado a “tutelar los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de información personal garantizada por el artículo sexto constitucional”, como son datos de identificación, laborales, patrimoniales, académicos, ideológicos, culturales, de salud, de características físicas y “de vida sexual”.
La Suprema Corte advirtió que si bien la “protección” de datos personales se plasmará en las sentencias que emita, “estos principios pueden aplicarse de igual manera para la demás información jurisdiccional, administrativa, generada o bajo resguardo de la SCJN”.
Por la noche, la Corte emitió un comunicado en el que rechazó que la supresión de datos personales limite el acceso a la información pública, y aseguró que esta decisión está de acuerdo con la normatividad vigente.
También negó que la Oficialía Mayor haya ordenado a Comunicación Social que no ponga datos personales en información destinada a los medios; sin embargo, fuentes oficiales confirmaron la especie.
Con la nueva disposición, sólo quienes conozcan el número de expediente de los asuntos que resolverá la SCJN sabrán quiénes son los demandantes y, con ello, la importancia de los casos. Funcionarios judiciales aceptaron que la Corte en lugar de avanzar hacia la transparencia sigue retrocediendo, y que tal parece que hay una intención de los ministros de controlar la información pública para determinar qué asuntos se deben conocer a través de los medios y cuáles no.
La actuación de la SCJN en contra de la transparencia informativa no es nueva, ya que tradicionalmente ha mantenido la política de no dar a conocer los nombres de los jueces y magistrados –y mucho menos las sentencias– que interponen recursos administrativos ante la Corte luego de haber sido sancionados por el Consejo de la Judicatura Federal.
Con el pretexto de que son datos personales, los ministros evitan en lo posible que se hagan públicos los nombres de funcionarios sancionados, aun cuando el pleno de la Corte haya ratificado las sanciones.
No importa si el juez o magistrado fue acusado de actuar ilegalmente o si acosó sexualmente a sus subordinadas
Resumen de Noticias en el #tiraderodelbote 1-Marzo-12 (Matutino)
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