viernes, 12 de febrero de 2010

Niega funcionario que haya desabasto de antirretrovirales

Director del Censida: este año se invertirán $1,500 millones en fármacos para seropositivos

Niega funcionario que haya desabasto de antirretrovirales

Asegura que este monto incluye el pago de pruebas para garantizar la efectividad de terapias

Ángeles Cruz Martínez
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 40

Alrededor de mil 500 millones de pesos se invertirán este año en la compra de medicamentos para el control de VIH/sida de las personas que carecen de acceso a la seguridad social, informó José Antonio Izazola, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).

El monto incluye la erogación para el pago de las pruebas de laboratorio de carga viral y conteo de linfocitos CD4, con las cuales se garantiza que las terapias son efectivas para reducir la presencia del VIH en sangre y el fortalecimiento del sistema de defensas de la persona, respectivamente.

Con los ahorros obtenidos por la negociación de precios de los antirretrovirales en 2008, la Secretaría de Salud (Ssa) decidió que se cubriría el costo de los exámenes clínicos, lo cual empezó a ocurrir en agosto pasado. A partir de este año, los pacientes se practicarán de manera regular al menos tres exámenes al año.

De acuerdo con información oficial, la inversión para la adquisición de medicinas se incrementaba de manera progresiva cada año, luego de que a partir de 2004 se aseguró la cobertura universal para todas las personas que viven con la enfermedad y están fuera de las instituciones de seguridad social. La tendencia se detuvo en 2009 con los descuentos ofrecidos por los laboratorios farmacéuticos por dos años consecutivos, recordó Izazola.

Con relación a las denuncias de desabasto de medicinas que se han dado en las semanas recientes en diferentes entidades, el funcionario descartó, en entrevista, que exista tal problema. De hecho, indicó que la comunicación con los servicios estatales de salud es diaria, justamente para conocer sus necesidades de antirretrovirales.

También mencionó que con la finalidad de fortalecer la respuesta a la epidemia, el Censida puso en marcha, el pasado 25 de enero, el sistema de registro y seguimiento de quejas (Sirseq), el cual funciona a través de la línea telefónica Telsida. Hasta ahora, dijo, sólo se ha recibido la queja de una persona. No pudo obtener sus medicinas porque no llevaba su identificación, indicó.

Más bien, dijo, sin precisar detalles, se han recibido quejas por carencias en otras instituciones del sector salud.

En la línea de Telsida –5207-4077 para el Distrito Federal; 01 800 712-0886 y 01-800-712-0889, sin costo, para los estados de la República– también se podrán presentar denuncias por deficiente calidad en la prestación de los servicios médicos, discriminación y homofobia asociados al VIH/sida, violación de los derechos humanos, desabasto de condones y otros insumos de prevención.

Con relación al estado en que se encuentra el proceso de adquisición de los medicamentos, Izazola explicó que se realizan dos compras, una grande que cubre del primero de abril al 31 de marzo del siguiente año, la cual está en curso, y una más pequeña en los últimos meses del ciclo para ajustar las necesidades de cada entidad.

Detalló que ésta última ocurre, generalmente, en los meses de octubre y noviembre. La compra correspondiente a 2009 se retrasó, pero sólo involucraba cinco claves, entre ellas Fosamprenavir, Kivexa y Combivir, y por un volumen equivalente a 2 por ciento del total.

Los productos empezaron a distribuirse a los estados el pasado 2 de febrero; no obstante, insistió, las unidades médicas tenían garantizada la disponibilidad de terapias hasta el 31 de enero. Por ello, los pacientes no tuvieron problemas para surtir sus recetas, agregó

A mediados de marzo, las primeras bodas homosexuales: Leticia Bonifaz

Aunque la Corte anulara la ley, los matrimonios serían válidos, dice

A mediados de marzo, las primeras bodas homosexuales: Leticia Bonifaz
Gabriela Romero, Rocío González y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 39

El 23 de febrero vence el plazo para que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) responda a la acción de inconstitucionalidad promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) contra las reformas al Código Civil local que permiten el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de que éstas puedan adoptar, informó la consejera jurídica Leticia Bonifaz, al término del desayuno de trabajo que el Ejecutivo capitalino, Marcelo Ebrard, sostuvo con un grupo de 20 especialistas en la materia.

La consejera recordó que estas reformas entran en vigor el 4 de marzo, y que 10 días después podrían celebrarse las primeras bodas entre personas del mismo sexo en la ciudad de México.

Bonifaz aclaró que los matrimonios que se realicen durante este tiempo no pierden validez en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva en favor de la Procuraduría General de la República. No hay retroactividad, por lo tanto no pierden validez.

Amplió que la PGR requiere del voto de ocho de los 11 magistrados para que prospere su recurso. Si sólo juntan cuatro votos, las modificaciones al Código Civil se mantienen como fueron aprobadas.

Asistentes a la reunión comentaron que Ebrard Casaubon les ratificó el compromiso de su gobierno con la defensa de los derechos humanos, por lo que les agradeció su respaldo.

La consejera jurídica explicó que la Asamblea Legislativa y el Gobierno del Distrito Federal responderán a la controversia de manera coordinada.

Por otra parte, integrantes de la comunidad lésbico-gay anunciaron que promoverán una campaña en defensa de los derechos adquiridos en la capital que iniciará este 14 de febrero con el acto Un abrazo por la ley, que se llevará a cabo en el Ángel de la Independencia, en donde se pretende celebrar matrimonios simbólicos entre personas del mismo sexo.

Mientras, la Arquidiócesis de México informó que el cardenal Norberto Rivera Carrera, desde Roma, se manifestó una vez más en contra de las reformas al Código Civil, y que permitirán la adopción a las parejas homosexuales en el Distrito Federal.

Precisó que, durante su participación en la asamblea plenaria del Pontificio Consejo para la Familia del Vaticano, el Arzobispo Primado de México señaló que dicha legislación es violatoria de los derechos humanos de los niños y que se basan en el principio de globalización y no respetan la cultura ni la nacionalida

Avalan científicos el cambio; sólo busca "censurar": Arquidiócesis

Avalan científicos el cambio; sólo busca censurar: Arquidiócesis
Emir Olivares Alonso y Carolina Gómez
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 18

Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) consideraron que la laicidad es una condición indispensable para el desarrollo de la ciencia en el país, y criticaron la injerencia de la Iglesia en políticas públicas como el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo y el matrimonio entre personas del mismo sexo.

Por su parte, Hugo Valdemar Romero, vocero de la Arquidiócesis de México, lamentó la aprobación de la iniciativa de reforma al artículo 40 de la Constitución, pues consideró que desde hace mucho el Estado laico está fuertemente consolidado en el país y agregó que esto sólo abona a la intolerancia y atenta contra la libertad de expresión.

Precisó que la modificación no busca la defensa del Estado laico, sino limitar la libertad religiosa de los ciudadanos, y amordazar y acallar a la Iglesia católica y a los ministros de culto en general.

El presidente del Colegio de Abogados Católicos, Armando Martínez Gómez, dijo a su vez que la aprobación de esta iniciativa tiene como fundamento la intención de censurar a la iglesias, más que garantizar un Estado laico.

Durante la presentación de los libros Evolución y sociedad y Naturaleza en Evolución: Evolución en naturaleza, efectuada la noche del miércoles, la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, Rosaura Ruiz, afirmó que los grandes avances de la ciencia serían impensables fuera de la necesaria condición laica. Por lo que manifestó su preocupación por los ataques a la laicidad que actualmente vive México.

En tanto, en entrevista, el investigador emérito de la Facultad de Medicina de la UNAM, Ruy Pérez Tamayo, lamentó que el gobierno federal, al interponer una acción de inconstitucionalidad contra las reformas en el Distrito Federal que permiten el matrimonio entre parejas del mismo sexo y que estos adopten, más que el bienestar de la sociedad busca ejercer su poder e ideología de extrema derecha

Oficializa la Cámara de Diputados que México es una República laica

Aprueban legisladores reforma al artículo 40 de la Constitución

Oficializa la Cámara de Diputados que México es una República laica
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 18

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 363 votos –incluidos a última hora los del PAN–, la reforma al artículo 40 de la Constitución para definir que la República, además de representativa, democrática y federal, es laica.

Durante el debate, el PAN intentó introducir en la redacción del dictamen las definiciones del Pacto de San José, para que las iglesias puedan operar medios de comunicación, instaurar la educación religiosa en escuelas privadas por decisión propia y hacer deducible de impuestos ese tipo de instrucción.

Los panistas arguyeron que ello forma parte del Estado laico moderno. La adición, presentada por Carlos Alberto Pérez Cuevas –especialista en la doctrina socialcristiana–, fue rechazada por el pleno y el perredista Reginaldo Rivera de la Torre cuestionó que Acción Nacional tratara de sorprender a los legisladores con un punto que no se defendió en la Comisión de Puntos Constitucionales.

Tras el rechazo de la mayoría a incluir su propuesta, ocho panistas –Jutiniano Arriaga, Alberto Esquer, Gerardo de los Cobos, Juan Huerta, Joann Novoa, Bernardo Téllez, Sandra Ugalde y Gumersindo Castellanos– se abstuvieron, y su compañero de bancada Gregorio Hurtado Leija lo hizo en contra.

En la tribuna, al argumentar en favor del dictamen, el presidente de esa comisión, Juventino Castro y Castro (PRD) definió que otorgarle la característica expresa de laica a la República refuerza la definición del Constituyente de 1857, que fue una solución positiva para la convivencia entre religiones mayoritarias y minoritarias, y para evitar que las creencias de unos cuantos se hagan dominantes por medio de la fuerza del Estado.

César Augusto Santiago Ramírez (PRI) acotó que en la reforma no hay intención de atacar a religión alguna ni de evitar que los mexicanos ejerciten a plenitud sus derechos más sentidos.

Se trata, aclaró, de proteger la libertad religiosa y de evitar las tentaciones de estados confesionales o ateos, y en cambio de constituir, en el marco constitucional, un Estado seglar de verdad.

Porque, expuso, a pesar de la definición del Estado laico en el artículo 3 constitucional, las interferencias del Estado en las actividades religiosas y viceversa, con pretendidas intenciones de participar en los debates públicos, han complicado la relación Iglesia-Estado, que debe ser muy pulcra y muy libre.

En nombre del PRD, el diputado Feliciano Marín argumentó que el Estado laico no es antirreligioso ni anticomunista y que al reformar el artículo 40 será obligación de las autoridades públicas respetar la condición laica escrupulosamente. La laicidad es un instrumento importante, por ejemplo, para la defensa de los derechos de las mujeres cuando se les limita o subordina por razones religiosas a decidir sobre su propio cuerpo. Del mismo modo, derivado de una concepción religiosa, el gobierno federal encargado de velar por la salud de los mexicanos, ha abandonado la lucha contra el VIH/sida, resaltó.

El coordinador del PT, Pedro Vázquez González, aseguró que la reforma es resultado de una larga lucha histórica por establecer con plena claridad el carácter laico del Estado mexicano, que a su vez no combate ni impone religiones; garantiza, eso sí, a los mexicanos, la libre práctica de la religión que, en ejercicio de su libertad de conciencia, decidan adoptar.

Sin embargo, expresó, no se debe permitir que las jerarquías eclesiásticas, con cualquier pretexto, pretendan subordinar al Estado a sus intereses, declaró.

Su compañero de bancada Jaime Cárdenas Gracia ponderó que la Cámara de Diputados no quiere que en México siga avanzando de hecho, indebidamente y contrario a nuestra historia y a la Constitución, un poder fáctico que quiere asfixiar la vida laica en la República.

Dijo que la laicidad no busca promover un Estado jacobino, persecutor de las iglesias o de las creencias religiosas, sino mantener vigente, jurídica, histórica y socialmente, el principio de la separación entre la Iglesia y el Estado, y dejar claro que el fundamento de su legitimidad es exclusivamente la soberanía popular.

Porfirio Muñoz Ledo, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, definió que la reforma es apenas una primera respuesta a la insolencia con la que se ha conducido la jerarquía eclesiástica, y cuestionó que el cardenal Norberto Rivera llamara a la desobediencia civil y a la subversión del orden jurídico

Capturan a Rogaciano Alba, presunto autor intelectual del asesinato de Digna Ochoa

El cacique de la zona de Petatlán, Guerrero, es señalado como operador del narcotráfico

Capturan a Rogaciano Alba, presunto autor intelectual del asesinato de Digna Ochoa
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 11

Agentes federales detuvieron ayer en Guadalajara, Jalisco, a Rogaciano Alba Álvarez, ex dirigente de la Unión Ganadera Regional de Guerrero, cacique de la zona de Petatlán; presunto operador de los cárteles de Sinaloa y La Familia, y también señalado como autor intelectual del homicidio, en octubre de 2001, de la defensora de los derechos humanos Digna Ochoa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que Alba Álvarez fue detenido en el tramo carretero Chapala-Guadalajara, en Jalisco, entidad a la que huyó en mayo de 2008, luego de sufrir dos atentados, el asesinato de 16 personas de su confianza y el secuestro de su hija a manos de presuntos integrantes del crimen organizado.

Caso Digna Ochoa

Alba Álvarez es señalado (La Jornada, octubre 2002) como la persona que ordenó asesinar a Digna Ochoa, ya que supuestamente incomodó al cacique una visita que la abogada realizó a Petatlán para conocer y denunciar agresiones a ecologistas de la región.

Los días primero y 2 de octubre de 2001, Ochoa visitó la zona con Harald Ihmig, representante de una organización internacional defensora de los derechos humanos, y juntos recabaron testimonios de violencia y hostigamiento que padecían los campesinos ecologistas por parte de un grupo de caciques encabezados por Alba Álvarez.

Las versiones oficiales refieren que los encargados de asesinar a Digna Ochoa fueron Justino Cabrera Villa, Bernardino Bautista Valle, Marcelino y Modesto Acosta Ávila, Isabel Santoyo Santoyo, José Rauda Orozco y Sirenio Contreras, El Barillo.

Rogaciano el narco

Según la información dada a conocer por las autoridades, Rogaciano Alba “mantenía una alianza mediante la cual pretendía apoderarse por completo de las operaciones de narcotráfico en el estado de Guerrero, expulsando a grupos antagónicos como Los Beltrán Leyva y Los Zetas, entendiendo que es el principal responsable de las actividades del narcotráfico y tala clandestina en dicho estado”.

Rogaciano Alba, de 55 años, declaró a la policía federal que en la década de los 70, a la edad de 15 años, se trasladó a California, Estados Unidos, dedicándose a actividades relacionadas al campo, donde permaneció cuatro años, y a los 19 años regresó a Petatlán, Guerrero, para dedicarse a la compra de ganado y mariguana.

Según informes oficiales, Alba Álvarez se convirtió en cacique de Petatlán, supuestamente bajo el cobijo del Partido Revolucionario Institucional y la protección del que fuera gobernador de Guerrero de 1975 a 1981, Rubén Figueroa Alcocer.

“Concretó nexos con el cártel de Sinaloa, llegando a consolidar una relación cercana con los principales líderes, como Ismael Zambada y Arturo Beltrán Leyva, con quienes trabajó durante muchos años, convirtiéndose en su principal operador para el trasiego de goma de opio, mariguana y cocaína en la región de la Costa Grande de Guerrero.

“Al existir una ruptura entre los líderes del cártel de Sinaloa, tras la captura de Alfredo Beltrán Leyva el 21 de enero de 2008, Rogaciano Alba señala que decidió quedarse del lado de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera.

“En 2008 se reunió con Arturo Beltrán Leyva, en Zihuatanejo, y el capo le ofreció el control del tráfico de droga en Guerrero. Alba Álvarez se rehusó a dicha oferta, lo que motivó un enfrentamiento dando origen a un sin fin de hechos violentos. Entre ellos, lo sucedido el 3 de mayo de 2008 en Iguala, Guerrero, donde decenas de sicarios tomaron por asalto un hotel, donde se celebraba una reunión de ganaderos, liderada por Alba Álvarez. Él salió ileso y siete de sus colaboradores perdieron la vida.

Al día siguiente un comando abrió fuego contra la casa de Alba Álvarez, en Petatlán, Guerrero, dando muerte a sus hijos de nombres Alejandro y Roosevelt Alba de la Cruz. En su huida, los presuntos sicarios se llevaron también a su hija Ana Karen Alba, de quien hasta el momento se desconoce su paradero, indicó la SSP federal.

Rogaciano Alba fue trasladado a la ciudad de México y puesto a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada

Reprimen policías protesta por la visita de Calderón a Juárez

Manifestantes le exigen renunciar y reconocer la derrota militar

Reprimen policías protesta por la visita de Calderón a Juárez

Invitados a reunión con el Presidente, retenidos más de hora y media

Rubén Villalpando
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 6

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. Siete mil soldados y 2 mil elementos de la Policía Federal se movilizaron para recibir hoy al presidente Felipe Calderón, quien no visitó la colonia Villas de Salvárcar, donde el 31 de enero fueron asesinados 15 estudiantes.

Numerosos manifestantes rechazaron la visita. En desplegados de prensa, empresarios, políticos y organizaciones no gubernamentales demandaron al titular del Ejecutivo reconocer la derrota del operativo militar.

Por si deseaba visitar el lugar de la masacre, los familiares de las víctimas colocaron en las calles pancartas que decían: Te disculpas y renuncias.

Protestas, pancartas, abucheos, gritos de ¡A-se-si-no, a-se-si-no, el sobrevuelo constante de helicóptero con francotiradores y el despliegue de policías y militares en tierra fueron el telón de fondo de la anunciada visita.

La inconformidad apareció en las principales planas de la prensa local, pero también frente al centro de convenciones Cibeles –donde se realizó la ceremonia oficial por la visita–, de donde fueron desalojados más de 100 activistas del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR).

En medio del jaloneo entre activistas y policías, cuando ya se desarrollaba el acto oficial, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se hizo presente en la banqueta para tratar de dialogar con los manifestantes.

Coscorrón al funcionario

Como le gritaban ¡A-se-si-no!, a-se-si-no, él respondía, también casi a gritos, que tenía las manos limpias. En la confusión, fue golpeado en la parte posterior de la cabeza, a lo que, molesto, el funcionario cuestionó: ¿Qué tipo de diálogo es éste?, y retornó al salón del acto.

Estudiantes, vecinos de Villas de Salvárcar y amigos de los estudiantes masacrados se habían reunido en las avenidas Tomás Fernández e Industrias, a 300 metros del salón de convenciones donde se daría una de las reuniones, y decidieron bloquear el crucero. Unos 150 elementos de los grupos antimotines municipales –que controlan militares desde hace dos años– y de la Policía Federal los desalojaron con escudos y toletes, y a jalones cuando los manifestantes se recostaron en el piso.

Los inconformes fueron empujados hasta el estacionamiento de un negocio de comida rápida, donde varios permanecieron retenidos hasta que el Presidente se retiró. Algunos pudieron reagruparse y gritar consignas desde el otro lado de una barrera de policías y vallas metálicas.

Al darse cuenta de que los miembros del FNCR estaban detenidos y cercados, el diputado local perredista Víctor Quintana Silveyra y las activistas Cipriana Jurado y Marilú Andrade salieron del salón del encuentro para mediar, y también fueron retenidos, pese a que tenían invitación y gafete para participar en el encuentro con Calderón.

Estuvieron incomunicados por más de hora y media, hasta que Laura Carrera, comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y promotora del acto con el Presidente, intervino para que les permitieran salir.

Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular de Calderón, anunció el miércoles por la noche que éste visitaría Villas de Salvárcar, para reunirse con los deudos, pero a las ocho de la mañana de este jueves, familiares, jóvenes vecinos, estudiantes y miembros de organizaciones no gubernamentales iniciaron una protesta en ese lugar.

Algunos dolientes rechazaron reunirse con el Presidente, entre ellos Luz María Dávila –madre de los hermanos Marcos y José Luis Piña Dávila, víctimas de la masacre–, quien dijo, junto a hermanas y familiares de otras víctimas que Calderón debía ofrecer disculpas de manera pública, como se hizo la calumnia, no en privado.

Por la mañana, cientos de alumnos del Tecnológico de Ciudad Juárez realizaron una movilización por la paz y esperanza, en las instalaciones del mismo.

Lanzaron globos color blanco representando la exigencia de justicia. Aplaudieron durante dos minutos en memoria de los estudiantes que han perdido la vida en esta ola de violencia. En la calle, frente a la institución, hicieron una valla y cerraron el paso a un convoy del Ejército. Una de las estudiantes encaró a un militar y le gritó: Son unos corruptos, inútiles y buenos para nada. Váyanse de la ciudad.

En la prensa local, el juarense Manuel Espino Barrientos, ex presidente nacional panista, publicó un desplegado donde le dice al mandatario que celebra que haya escuchado las voces que le pedían venir a Juárez y reconozca que no basta con la acción militar.

También los periodistas se hicieron presentes: “La mañana del 13 de noviembre de 2008, nuestro compañero y amigo José Armando Rodríguez El Choco fue asesinado... hoy, señor Presidente, le exigimos que cumpla con su palabra (empeñada desde el 26 de enero de 2009 en Los Pinos) de llevar la investigación del homicidio hasta sus últimas consecuencias”

Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados

Todos somos Juárez se convirtió en foro de protestas ciudadanas contra la violencia

Discúlpeme, Presidente, no le puedo dar la bienvenida: madre de dos ejecutados

Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos, reclaman a los funcionarios federales

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Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 5

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. La mujer menuda, de baja estatura, caminó hacia el presidium y llorando encaró al presidente Felipe Calderón: Le apuesto a que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino; pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.

Luz María Dávila perdió a sus hijos Marcos y José Luis Piña durante la matanza del 31 de enero y fue quien desde que empezó el foro Todos somos Juárez. Reconstruyamos la ciudad, marcó la pauta de las protestas que cercaron al Presidente, a los secretarios de Estado y a las autoridades locales.

Junto con otras cinco señoras, Dávila le dio la espalda al michoacano cuando comenzó a hablar ante un grupo de representantes de la sociedad civil.

Mientras Calderón ofrecía disculpas por haber dicho que el homicidio de los adolescentes fue en un pleito entre pandillas, la señora negaba con la cabeza todo lo que escuchaba, mientras era vigilada por escoltas del Estado Mayor Presidencial (EMP).

El Presidente no volteó a ver a las mujeres, entre las que estaba Olga Esparza, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, cuya descendiente Janette Alanís está en la lista de cientos de jovencitas que han sido desaparecidas o asesinadas en esta ciudad de la maquila.

Vengo a escuchar a los juarenses

La ejecución de los adolescentes en una fiesta de cumpleaños hizo que los juarenses reclamaran justicia. En el Centro de Convenciones Cibeles no tuvieron paciencia y apenas los funcionarios exponían los puntos de su estrategia para recuperar la paz, eran increpados.

El yo vengo a escuchar a los juarenses fue seguido fielmente por los representantes de las organizaciones civiles que habían pasado retenes militares y vallas para llegar al foro.

Estaba claro que la señora Dávila no se quedaría callada. Llegó temprano y narró a los reporteros que el Presidente rehuyó reunirse con los familiares donde ocurrieron los asesinatos.

Nosotros queríamos que se presentara, que diera la cara y que ahí mismo, públicamente, se retractara de todo lo que dijo.

Mientras otras voces reclamaban por la violencia en Juárez, Dávila se escabulló del EMP y caminó hasta el presidium. Ahí estaban Calderón; cinco secretarios de Estado; el gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, y el alcalde José Reyes Ferriz, quienes utilizaron la tribuna para pronunciar largos discursos y prometer jalar juntos sin importar las diferencias de partido.

La mujer que se puso de espaldas al jefe del Ejecutivo federal lo confrontó:

“Discúlpeme, señor Presidente. Yo no le puedo decir bienvenido, porque para mí no lo es, nadie lo es. Porque aquí hay asesinatos hace dos años y nadie ni nada han querido hacer justicia. Juárez está de luto.

“Les dijeron pandilleros a mis hijos. Es mentira. Uno estaba en la prepa y el otro en la universidad, y no tenían tiempo para andar en la calle. Ellos estudiaban y trabajaban. Y lo que quiero es justicia. Le apuesto que si hubiera sido uno de sus hijos, usted se habría metido hasta debajo de las piedras y hubiera buscado al asesino, pero como no tengo los recursos, no lo puedo buscar.”

Relató que en su casa estaban rezando el novenario y clamó: quiero justicia, pónganse en mi lugar, a ver qué sienten.

Las autoridades veían con sorpresa y desconcierto el rostro y los gestos de impotencia de Dávila, quien finalmente regresó a la esquina del salón en medio de aplausos, incluso del Presidente. Hasta ahí fue Margarita Zavala, esposa de Felipe Calderón, protegida por escoltas y asistentes para intentar consolarla. A ella y a otras madres que lloraban les daban agua y trataban de imbuirles alivio con promesas y palabras, pero las voces de protesta siguieron.

Después vendría el no rotundo de Calderón a la salida del Ejército.

Esto, porque antes Patricia Galarza, representante de la mesa de derechos humanos, exigió: Que salga el Ejército.

Hubo aplausos, y denunció que hay más de mil casos documentados de desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales y robos cometidos por elementos del Ejército y de las fuerzas federales. “Lo que ocurre en Juárez –afirmó– es delito de lesa humanidad.”

Explicó: porque Ciudad Juárez está viviendo una catástrofe: impunidad, violación a los derechos humanos, indolencia, corrupción y la incorrecta intervención de políticas públicas.

Vivimos los efectos de una guerra que no pedimos, sostuvo Galarza, y destacó que ante las próximas elecciones no podemos ser botín político.

Entre aplausos, Julia Monárrez Fragoso, representante de la mesa social, había planteado que combatir la violencia con violencia ha tenido altísimo costo en vidas humanas y dolor para nuestra ciudad. Nuestros jóvenes, manifestó, están desolados y hay juvenicidio generalizado.

Algunos asistentes, hartos de los discursos, se lo hicieron ver al alcalde José Reyes Ferriz cuando éste aseguró que estaban ahí para cuidar la ciudad.

¡Miente, miente!, gritaron y lo abuchearon.

Apenas proponían algo los funcionarios, los increpaban, como cuando una señora demandó que los policías dejaran de trabajar encapuchados y denunció que las cámaras para vigilar las calles no sirven.

Otros interrumpieron varias veces a Calderón. Alegaron que un grupo de jóvenes hizo una manifestación y fue reprimido. No podemos construir con la macana en la mano, exclamó un hombre que se puso de pie para exigir que los muchachos fueran escuchados, por lo que el Presidente envió al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a atenderlos.

Así transcurrió la sesión. Entre discursos, promesas y la impaciencia de la gente. Como cuando un joven felicitó a Calderón porque tenía planes para ellos, sólo que le hizo ver que aquí no hay jóvenes. Vea cuántos estamos aquí. Hay miles que quieren hablar. El Presidente propuso: “hagamos un chat para que platiquemos”.

Teresa Almada, defensora de los derechos de los jóvenes, se declaró desmoralizada porque el secretario de Educación Pública planteó fortalecer Escuela Segura cuando los juarenses tienen sus propios programas, y lo invitó a asomarse a una preparatoria para que conozca la represión y el hostigamiento que sufre ese sector.

Cuando el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, prometió que habría cero tolerancia a la delincuencia, otra mujer le respondió: es a la gente a la que hostigan.

Otra persona relató que un colega suyo, de profesión médico, había sido secuestrado en la mañana. No se vale, Presidente, y apoye a la sociedad, porque usted está por nosotros, exigió otra voz

Exigen juarenses la salida del Ejército; se queda: Calderón

Ofrece disculpas a deudos por haber calificado de pandilleros a jóvenes masacrados

Exigen juarenses la salida del Ejército; se queda: Calderón

Ante fuertes reclamos, el Ejecutivo presenta la estrategia integral contra la violencia

Cuestionan varios puntos de la propuesta; el mandatario ofrece regresar para seguir afinándola

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Jóvenes que exigían dialogar con el presidente Felipe Calderón, durante el foro Todos somos Juárez, fueron reprimidos por agentes de la Policía Federal fuera del Centro de Convenciones CibelesFoto Ap
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Calderón en Ciudad JuárezFoto Ap
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Claudia Herrera Beltrán
Enviada
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 3

Ciudad Juárez, Chih., 11 de febrero. Ante las severas protestas de representantes de la sociedad civil, que demandaron la salida de los militares de esta localidad, el presidente Felipe Calderón subió la voz y, golpeando el atril con el puño, respondió tajante: El Ejército no se retira de Ciudad Juárez, exigió pruebas de los mil abusos denunciados y ofreció sus sentidas disculpas por haber llamado pandilleros a 15 jóvenes asesinados.

En una reunión que se prolongó más de cuatro horas, a la que tuvo acceso un selecto grupo de invitados, dadas las fuertes medidas de seguridad aplicadas por la visita presidencial, tanto Calderón como el gobernador de Chihuahua, el priísta José Reyes Baeza, terminaron por reconocer su responsabilidad por la violencia que se vive aquí y prometieron jalar juntos.

Al foro llamado Todos somos Juárez. Construyamos la ciudad, el Presidente acudió acompañado por cinco secretarios de Estado; Arturo Chávez, procurador general de la República, y Jorge Tello Peón, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, para presentar la denominada estrategia integral contra la violencia, que plantea seis ejes: combatir la pobreza, mejorar seguridad, salud, educación, desarrollo económico y empleo, así como la creación de espacios recreativos.

Rechazo a más de lo mismo

Varios puntos de ese plan fueron cuestionados, por ser más de lo mismo, por líderes comunitarios, defensores de derechos humanos, universitarios y representantes religiosos, por lo cual el mandatario federal anunció que se trata de una propuesta que deberá ser corregida y ofreció regresar el miércoles próximo para seguir afinándola.

Once días después de la matanza de 15 jóvenes, Calderón y los integrantes de su gabinete viajaron a Ciudad Juárez, convertida en búnker.

A su llegada al aeropuerto había francotiradores apostados en la torre de control, y luego de sostener una reunión con el gobernador Reyes Baeza fue escoltado por decenas de patrullas y motociclistas por las calles, en las que militares armados hacían rondines e instalaron retenes.

Al Centro de Convenciones Cibeles, Calderón llegó con su esposa Margarita Zavala y su comitiva con unas dos horas de retraso, porque se prolongó la charla que tuvieron antes con los familiares de las víctimas.

Relató que ante los deudos reconoció el malestar y la irritación que provocaron sus declaraciones acerca de que los adolescentes ejecutados formaban parte de un grupo criminal y corrigió: aseveró que eran estudiantes ejemplares.

Pero cualquiera que hubiera sido el sentido de mis palabras, les dije a aquellos padres de familia que les presentaba y les ofrecía la más sentida de las disculpas, si cualquiera de esas palabras hubiera ofendido a ellos o a la memoria de sus hijos.

Asumió que todos son responsables de esta situación, y sostuvo que si esas muertes tienen sentido, será para rectificar y reforzar lo que se está haciendo.

Después de escuchar exigencias de que los militares abandonen las tareas de seguridad pública en esa ciudad, el Presidente emplazó a los juarenses a presentar pruebas de los mil casos de desapariciones forzadas y de otros delitos atribuidos al Ejército.

Porque así como no se vale que haya abuso de ninguna autoridad, tampoco se vale denostar a soldados mexicanos que están arriesgando su vida por otros ciudadanos, expresó. Entonces se escucharon algunos aplausos.

Reconoció que seguramente ha habido abusos de los soldados en Ciudad Juárez e hizo una férrea defensa de la institución castrense, a la cual le hemos cargado unas tareas que abnegada y lealmente ha desarrollado.

Puso como ejemplo el trabajo realizado aquí por el general Felipe de Jesús Espitia, comandante de la quinta Zona Militar, mención que generó algunos abucheos.

Ofreció que gradualmente se reconstruirán las policías, pero el Ejército no se retira de Ciudad Juárez; seguirá realizando apoyo subsidiario, porque si se va, provocaría un golpe terrible más grave aún para la seguridad de Juárez. Su labor, manifestó, será establecer perímetros de seguridad y trabajar en otros municipios, como Guadalupe, Praxedis y Palomas.

Interrumpido frecuentemente por los cuestionamientos de los asistentes al foro, Calderón reconoció con franqueza que las reticencias, desconfianzas y las diferencias políticas han sido obstáculo para trabajar con eficacia en seguridad. En ello todos somos responsables y yo también asumo la responsabilidad que corresponde al Ejecutivo federal, afirmó.

Prometió trabajar con el gobernador Reyes Baeza, con quien dijo que sostuvo una plática franca en el aeropuerto de Ciudad Juárez, y concluyeron que tenemos que jalar juntos con el ayuntamiento, gobierno del estado y la Federación.

Ayúdeme, señor Presidente

Reyes Baeza recordó que este es un año electoral; planteó que quienes deben debatir son los candidatos y no es tiempo de imputarse culpas, porque todos son responsables. Si empezamos por el reconocimiento, yo soy el primer responsable de lo que pase en Chihuahua y le pido que me ayude, señor Presidente.

A lo largo de las intervenciones de Calderón y de los secretarios de Estado varios asistentes plantearon su escepticismo. Uno de ellos dijo que si transcurrían 15 días más se multiplicaría el número de muertes.

Yo no quiero ser irresponsable al decirle que lo vamos a arreglar en 15 días, respondió Calderón, e insistió en que el problema va a tomar tiempo, dinero y vidas humanas de soldados y de gente inocente.

Las dudas planteadas por los ciudadanos juarenses se debían a que las medidas sociales son similares a las del anterior plan, como el fortalecimiento del programa escuela segura, becas educativas y planes de empleo.

En la lista de promesas, el secretario de Desarrollo Social, Heriberto Félix, incluyó hasta construir una cancha de futbol en memoria de los jóvenes asesinados, crimen que llevó a los funcionarios a encarar por primera vez las protestas de la población.

Cercado por estas impugnaciones, Calderón señaló: Ustedes conocen mejor Juárez que nosotros, esa es la verdad, y propuso la creación de un consejo que vigile el cumplimiento de los objetivos planteados

CARTONES DE LA JORNADA