jueves, 8 de septiembre de 2011

REPORTAJE. Leyes para futuros padres: reproducción asistida*

Rocío Sánchez
México DF, septiembre 05 de 2011.
La medicina de la reproducción es hoy en México un mercado. De los 52 hospitales, clínicas o consultorios que llevan a cabo este tipo de procedimientos, 50 son privados. Los costos para un procedimiento de fecundación in vitro, por ejemplo, pueden alcanzar cientos de miles de pesos, mientras que el destino de las células sexuales o de los embriones resultantes es incierto. La actual legislatura busca regular estas prácticas, aunque ha presentado propuestas cuyos enfoques son totalmente diferentes.
Virginia pasó más de ocho años de su vida intentando embarazarse. Desde que cumplió los 30 las cosas parecían ser como ella las había planeado: tenía un matrimonio estable y un trabajo administrativo en el Instituto Mexicano del Seguro Social que, junto con el empleo de su esposo, le daba certidumbre económica. La mesa estaba puesta para cumplir su deseo, cada vez más anhelado, de ejercer la maternidad. Entonces se hizo retirar el dispositivo intrauterino que había estado utilizando y vio pasar los meses sin poder confirmar ninguna gestación. Virginia y su esposo pasaron a formar parte del 17 por ciento de los mexicanos que, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, presenta algún problema para procrear.
Apenas en 2010, la Organización Mundial de la Salud definió a la infertilidad como una enfermedad y la delimitó como “la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses o más de relaciones sexuales no protegidas”. Para solucionar esta condición las opciones médicas son amplias, pero no lo fueron tanto como para acortar la espera de Virginia y Manuel, quienes hoy, finalmente, disfrutan a su hija Mariana, que está por cumplir un año de edad. Ya no importa la angustia que vivieron al someterse a estudios y ver quién de los dos era el “responsable” de la dificultad para concebir. Tampoco interesan los más de doscientos mil pesos que tuvieron que invertir en tratamientos médicos. Como en historia de anuncio publicitario, justo cuando se habían dado por vencidos y apostaban su última carta terapéutica antes de insistir en el trámite de adopción (que habían iniciado un par de veces ya), Mariana llegó.
Propiedad privada
Actualmente, el Centro Nacional de Transplantes (Cenatra) y la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) son los organismos que de alguna forma regulan los procedimientos de reproducción asistida en México, puesto que los gametos son considerados en la lista de órganos, tejidos y células susceptibles de donación y que requieren de un manejo particular. Sin embargo, la función de estas dos instancias es de monitoreo, pues las células sexuales son consideradas como cualquiera otra (las de la médula ósea, por ejemplo), mientras que en el Título Décimo Cuarto de la Ley General de Salud, referente al tema, no se menciona nada sobre el manejo de los cigotos o embriones que pudieran resultar de la fecundación entre las células germinales.
Según el registro del Cenatra, hasta abril de 2010 existían en el país 52 establecimientos –desde hospitales hasta consultorios– autorizados para manejar procedimientos con células germinales (óvulos y espermatozoides) en sus instalaciones. De ellos, sólo dos son nosocomios públicos: el Hospital 20 de Noviembre del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para Trabajadores del Estado (ISSSTE) y el Instituto Nacional de Perinatología.
Es decir, el de la reproducción asistida es un mercado privado al que hoy sólo pueden acceder quienes cuenten con el dinero suficiente.
Iniciativas de ley
Dado que, según la propia OMS, alrededor de 90 por ciento de los casos de infertilidad tiene solución médica, varios legisladores han considerado que es momento de legislar en el tema. Un argumento recurrente es la necesidad de hacer efectivo lo establecido en el artículo 4° constitucional, que enuncia la libertad de decidir libremente sobre el número y espaciamiento de los propios hijos.
Asimismo, existe preocupación por verificar que la entrega de células germinales o el uso de un vientre ajeno a la pareja para gestar se dé en el marco de la donación altruista y se evite hacer de la reproducción asistida un negocio. Una tercera inquietud es prevenir el tráfico de embriones humanos y evitar que éstos pudieran ser utilizados para fines de experimentación científica.
Desde 2008 y hasta el momento se han presentado a nivel federal al menos seis iniciativas de reformas para regular la reproducción asistida y/o la maternidad subrogada. Tanto la Cámara de Diputados como la de Senadores han tocado el tema y hecho referencia al rezago mexicano respecto a países como Suecia, primera nación en elaborar una ley en la materia en 1985. Cabe recordar que Louise Joy Brown, conocida por ser la primera “bebé de probeta” –concebida mediante la fecundación in vitro–, nació en 1978.
Ciencia al servicio de la familia tradicional
Los derechos humanos incluyen los derechos reproductivos, afirman en su exposición de motivos los senadores Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Ernesto Saro Boardman, del Partido Acción Nacional (PAN), al proponer la iniciativa de Ley de Reproducción Humana Asistida.
Aunque el documento parte de este precepto –e incluso cita el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo 1994–, los legisladores afirman que el artículo 4° de la Constitución establece el derecho “a la organización y el desarrollo de la familia”, y sostienen que los artículos 1°, 4° y 14° de la Carta Magna muestran que “el Estado reconoce el derecho a la vida”.
La iniciativa, presentada en septiembre de 2010, define como sujetos de la ley a “hombres y mujeres unidos en matrimonio o concubinato”, ya que “el desarrollo de las personas producto de las técnicas de reproducción humana asistida debe llevarse a cabo en un ámbito armónico familiar”.
En el mismo sentido, expone que, en caso de que una pareja decida no continuar con la reproducción asistida, los embriones que se hayan generado hasta ese momento podrán ser “dados en adopción” a otros cónyuges que hayan hecho la solicitud correspondiente. Asimismo, se señala que los cónyuges “en ningún momento” pueden solicitar la destrucción de embriones. En caso de que no puedan transferirse a la mujer todos los embriones producidos, éstos serán criopreservados (congelados) durante un plazo equivalente a la vida fértil de ella, esperando poder implantarlos en el futuro. Si durante ese tiempo se termina el matrimonio, “el embrión será dado en adopción”.
Los legisladores, apelando al Plan de Acción de la Conferencia de El Cairo, hacen constar que los derechos reproductivos deben ser accesibles para todas las personas “sin discriminación”, no obstante, en la fracción de la iniciativa que regula la aplicación de técnicas de reproducción asistida en los hospitales públicos la limitan la cobertura del servicio a personas cuando estén impedidas para procrear “por primera vez”. Aunado a esto, los servicios podrán ser solicitados cuando la pareja haya pasado cinco años sin poder concebir por razones biológicas.
Finalmente, el capítulo III de la iniciativa de Ley define una serie de delitos y sus penalizaciones. Por ejemplo, de seis a 14 años de prisión a quien comercie con óvulos, espermatozoides o embriones; la misma pena para quien fecunde células germinales con fines distintos a la procreación, a quien modifique artificialmente la información hereditaria de los óvulos, espermatozoides o embriones, y a quien manipule genéticamente los embriones “con una finalidad distinta a la eliminación o disminución de enfermedades graves”, entre otras.
Salud reproductiva como derecho para todos
En julio pasado se presentó otra iniciativa ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Entre sus proponentes hay diputadas y senadoras del PRI, PRD y Partido Verde como María de los Ángeles Moreno, Diva Hadamira Gastélum, Enoé Uranga Muñoz, Ludivina Menchaca Castellanos, Leticia Quezada y Víctor Hugo Círigo.
En este caso no se crea una nueva ley, sino que se adiciona la Ley General de Salud con el capítulo VI Bis, denominado Reproducción Asistida. De hecho, las y los autores retoman en esta propuesta otras tantas que se habían presentado desde 2008 en ambas cámaras.
Así, una de las principales diferencias con la propuesta de Saro y Castro es que se señala como beneficiarios de las técnicas de reproducción asistida a “todos los individuos mayores de edad y en pleno uso de sus facultades”, previo consentimiento informado. Esta disposición, afirman en la exposición de motivos, “reconoce que en la actualidad existe una diversidad en las formas en las cuales se pueden integrar las familias, además de ser congruente con el derecho a la no-discriminación reconocido en el artículo 1º Constitucional”.
De esta forma, el tratamiento que se le da al embrión es de un bien que debe protegerse (y que es diferente de las células germinales que le dieron origen), pero no de un individuo susceptible de darse en adopción.
Otra diferencia sustancial de esta iniciativa es que, aunque se establece específicamente que la donación de células germinales y óvulos fertilizados debe ser altruista, se autoriza fijar una “compensación económica destinada exclusivamente a resarcir a los donantes por las molestias físicas que, en su caso, se presenten y los gastos de desplazamiento y laborales que se puedan derivar de la donación”. Para ello se establecen montos aproximados, al afirmar que la compensación no podrá ser menor a cinco veces el salario mínimo (unos 250 pesos) por cada día que la persona se desplace para realizar la donación. De aprobarse esta legislación, se pondrían parámetros a las “compensaciones” que actualmente se realizan a algunos donadores de células germinales en los establecimientos privados.
Las sanciones incluidas en esta iniciativa sólo incluyen multas y no pena corporal, excepto si se realiza inseminación artificial o algún otro procedimiento de reproducción asistida sin el consentimiento de una mujer (o aun con consentimiento, si se trata de una menor de edad), acción que ameritaría de uno a tres años de cárcel. También se aclara que si la mujer resulta embarazada como resultado de ese proceso, podrá interrumpir la gestación según las legislaciones estatales.
Vientres prestados
Aunque el tema de subrogación de vientres ha sido tratado incluso en iniciativas de ley separadas, como fue la que se presentó en el Distrito Federal en junio de 2010, en las dos propuestas mencionadas se contempla como parte de las técnicas de reproducción asistida. Una pequeña diferencia es que en la iniciativa de Fernando Castro y Ernesto Saro limita a dos gestaciones por mujer, mientras que la otra propuesta permite hasta tres embarazos si se presentara un aborto. En ambos casos se contempla dar manutención y/o atención médica a la mujer gestante durante y hasta un año después del embarazo.
Legal o sin regulación, costosa o altruista, Virginia afirma que lo volvería a hacer todo otra vez. Todo, con tal de convertirse en madre.
*Publicado en el número 182 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 1 de septiembre de 2011

Instalan Coordinación de Diversidad Sexual en Venustiano Carranza

  • De inicio apoyará a la población transgénero de la delegación
  • Cultura y prevención de ITS, ejes principales de trabajo
  • Gerardo Suárez López
    México DF, septiembre 03 de 2011.
    Con la ausencia del jefe delegacional en Venustiano Carranza, Antonio Piña Medina, y de la secretaria de Cultura del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Evelyn Parra, integrantes de las comisiones de diversidad sexual nacionales y del Distrito Federal de este partido instalaron la Coordinación de Diversidad Sexual en esta demarcación.
    Isaac Melo Sánchez, comisionado capitalino de la Diversidad Sexual del PRD, informó a NotieSe que este organismo se va a coordinar con los diferentes comités vecinales para difundir la cultura de la no discriminación.
    Añadió que la Coordinación de Diversidad Sexual en Venustiano Carranza buscará “entrar a todas las colonias, pero en este momento se enfocará a apoyar a la comunidad transgénero y transexual, que actualmente es la más vulnerable”, en particular la población que labora sobre la avenida Eduardo Molina.
    Daniela Arzaba Escobar, mujer transexual integrante de la nueva instancia y habitante de dicha delegación, explicó que apoyarán a las trabajadoras sexuales trans con talleres para identificar y defender sus derechos ante las autoridades de Seguridad Pública, además de conocer y prevenir las infecciones de transmisión sexual (ITS) y saber a qué instituciones pueden acudir. El proyecto, dijo, también incluirá la repartición gratuita de condones.
    Aunque la coordinación aún no cuenta con oficina fija, Melo Sánchez comentó que el jefe delegacional ofreció un espacio en las instalaciones de la propia delegación.
    Resaltó que la conformación de esta instancia es “meramente honorífica”, por lo que sus integrantes no percibirán un sueldo, aunque buscará que el PRD aporte dinero para la financiación de los proyectos. Mientras tanto, la delegación brindará todo el apoyo logístico: instalaciones, información y acercamiento con los vecinos, a través de la unidad de Participación Ciudadana.
    Agregó que la coordinación delegacional realizará pruebas instantáneas de detección de VIH y brindará asesoría jurídica para denunciar actos discriminatorios y violencia en contra de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti, transexual e intersexual (LGBTTTI).
    Cultura y diversidad
    Mediante actividades culturales y talleres de prevención de VIH/sida y otras ITS, esta coordinación pretende disminuir la desigualdad social que vive la comunidad LGBTTTI en la demarcación.
    “Integramos el impulso cultural que realiza el jefe delegacional con la diversidad sexual, por eso haremos una semana de cinematografía y obras de teatro que aborden el tema”, destacó Melo Sánchez.
    Con este enfoque, la nueva coordinación intentará sensibilizar a la población y a los funcionarios de la delegación para reducir la discriminación y el estigma hacia la comunidad no heterosexual. Para ello, prevé trabajar en conjunto con representantes de la diversidad sexual, sociedad civil, universidades y organizaciones.
    El comisionado del PRD adelantó que la próxima coordinación local de Diversidad Sexual se instalará en la delegación Gustavo A. Madero y que los días 19 y 20 de septiembre realizarán un primer foro de la comunidad LGBTTTI para conocer sus necesidades.

    Jóvenes, "los más agredidos" por Ejército y policías, señala estudio

    Jóvenes, los más agredidos por Ejército y policías, señala estudio

    Aunque representan la cuarta parte de la población, son considerados personas incompletas

    Fernando Camacho Servín
    Periódico La Jornada
    Jueves 8 de septiembre de 2011, p. 43

    Aunque representan más de la cuarta parte de la población total del país, los jóvenes no son considerados sujetos plenos de derechos, sino un segmento poblacional con formación incompleta al que hay que tutelar y al cual se le encasilla en un grupo único de necesidades y características.

    Se advierte lo anterior en el Informe sobre la situación de los derechos humanos de las juventudes en México y en el Distrito Federal 2010-2011, documento elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, en el que se alerta que los jóvenes son un sector particularmente expuesto a la violencia y la criminalización, y cuyos derechos económicos, sociales y culturales no han sido cubiertos con políticas públicas específicas.

    Uno de los obstáculos que impiden el desarrollo de los jóvenes en México –se señala en el informe– es que sus problemas y necesidades han sido invisibilizados por esquemas adultistas que los tratan como personas incompletas, que deben transitar un camino único para llegar a la madurez, y se pasan por alto sus identidades particulares.

    Se destaca en el documento que 26.4 por ciento de la población del país –112 millones de habitantes, según el censo general de 2010– tiene entre 15 y 29 años. De esa cifra, 51 por ciento son mujeres y 49 por ciento hombres; la mayoría (seis de cada 10) se concentran en las ciudades.

    Óptica asistencialista y paternalista

    Pese a tratarse de un sector numeroso, sus derechos no están mencionados de forma explícita en la Constitución, y las leyes secundarias que se encargan de ellos tienen una óptica asistencialista y paternalista que no los reconoce como poseedores de plenos derechos.

    Uno de los temas en que el documento pone mayor énfasis es el de la condición vulnerable de las juventudes ante el clima de violencia que sufre el país, relacionado directamente con un sistema de seguridad vinculado a las armas y a la fuerza policiaca y militar, que ha dado lugar a múltiples violaciones a las garantías fundamentales.

    La combinación de pobreza, falta de oportunidades educativas y laborales, y marginación ha provocado que cada vez más jóvenes se sumen a las fuerzas armadas o a los grupos del crimen organizado, lo que a su vez ha producido mayor criminalización de las personas de entre 15 y 29 años, advierte.

    Señala que este sector poblacional es el que está más expuesto a caer en prisión por delitos menores, y al mismo tiempo ha recibido más agresiones del Ejército y los diferentes cuerpos policiacos, incluso ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y feminicidios.

    La precariedad que enfrentan los jóvenes de todo el país –explica el informe– tiene origen en gran medida en la falta de cumplimiento y promoción de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Las instituciones han fallado en garantizar su derecho a la alimentación, la salud, el trabajo, la cultura y la educación.

    De igual forma, sus derechos sexuales y reproductivos no cuentan con una legislación específica que los reconozca, o son abordados desde una perspectiva tutelar y adultista que no toma en cuenta sus necesidades.

    El documento, de 157 páginas, aborda también las problemáticas de las juventudes migrantes, indígenas y de diversidad sexual, las cuales están aún más expuestas a sufrir la vulneración de sus garantías básicas.

    En resumen –indica–, el gobierno no ha diseñado políticas públicas adecuadas para atender a los jóvenes ni ha promovido su participación social en diversos ámbitos, o lo ha hecho de manera muy insuficiente.

    Por todo ello, recomienda que el Estado mexicano genere una ley federal que reconozca a los jóvenes como sujetos plenos de derechos, vigile el resultado de los programas de atención a este sector, ratifique la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes y promueva estudios de evaluación de este sector poblacional

    En situación de pobreza, 83.5 por ciento de los niños mexicanos, asegura Coneval

    De éstos, casi 30 por ciento sufren vulnerabilidad por ingreso o carencia social, aclara

    Foto
    De acuerdo con cifras del Coneval, hay 21.4 millones de infantes en pobreza multidimensional (53.8 por ciento), más nueve millones de infantes vulnerables por carencia social (22.5 por ciento) y otros 2.9 millones que son vulnerables por el ingreso (7.2 por ciento)Foto Notimex
    Karina Avilés
    Periódico La Jornada
    Jueves 8 de septiembre de 2011, p. 44

    El director general adjunto de Análisis de la Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), Ricardo Aparicio, aclaró que 83.5 por ciento de los niños mexicanos –es decir, 33.3 millones– viven en situación de pobreza o son vulnerables por padecer algún tipo de carencia.

    Las consecuencias de lo anterior, añadió por su parte la especialista de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), María Nieves Rico, es la transmisión intergeneracional de la pobreza, lo que tiene un impacto en la gobernabilidad del país, en el desarrollo económico, social y cultural, además de los efectos particulares en el ámbito físico y emocional de esos niños.

    En el segundo y último día de trabajos del primer Encuentro Regional de Indicadores sobre Infancia y Adolescencia, organizado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Aparicio indicó, no obstante, que no está demostrado científicamente el vínculo entre gobernabilidad y pobreza.

    Hay países que tienen mucha pobreza y no tienen problemas de gobernabilidad, y hay otros que no tienen tanta pobreza pero sí problemas de gobernabilidad; creo que los vínculos no están tan estudiados, es un tema que requiere profundizar mucho su análisis.

    En su intervención, presentó algunos de los resultados del reciente informe del Coneval en esta materia, vinculados a la población infantil. Reiteró que hay 21.4 millones de infantes en pobreza multidimensional (53.8 por ciento), más nueve millones de infantes vulnerables por carencia social (22.5 por ciento) y otros 2.9 millones que son vulnerables por el ingreso (7.2 por ciento).

    Los niños tienen mayores carencias que el resto de la población, ya que la incidencia de la pobreza es mayor entre la niñez, con 53.8 por ciento, contra 46.2 por ciento del registro nacional.

    La OACNUDH pide aplicar su metodología

    En relación con lo anterior, María Nieves Rico manifestó que se podría plantear un abanico de consecuencias negativas en los distintos ámbitos, más allá del incumplimiento de los derechos humanos, lo que ya hablaría bastante mal de nuestros países.

    Sin embargo, este tipo de diagnósticos, además de permitir hacer un llamado de atención, deben conducir a la implementación de políticas y a una asignación presupuestaria pertinente en aras de lograr progresivamente los objetivos de mayor igualdad, equidad, respeto a los derechos humanos y crecimiento económico, consideró.

    Junto con Ernesto Espíndola, recordó algunos de los resultados del más reciente informe de Unicef con los de la Cepal en cuanto a pobreza infantil en América Latina y el Caribe: en la región hay 33.6 millones de niños en hogares indigentes, de los cuales casi 11 millones están entre recien nacidos y seis años. Los pequeños extremadamente pobres ascienden a 32.2 millones.

    El 30.5 por ciento de los menores indígenas enfrentan privaciones severas, mientras que la cifra para los niños afrodescendientes es de 25 por ciento.

    Por su parte, Mila Paspalanova, de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), señaló que se promueve que los países adopten la aplicación de la metodología de dicho organismo en materia de indicadores, porque éstos tienen que reflejar el contenido normativo de los derechos.

    Así, cuestionó que, por ejemplo, se reporte cuántas computadoras tienen las escuelas y no se informe si éstas reciben energía. Tampoco se dice si los niños que fueron repatriados necesitaban visa humanitaria o cuántos terminaron repatriados y, sin embargo, eran víctimas de trata

    Debaten especialistas sobre el tema de la reproducción asistida

    Las técnicas de reproducción asistida tienen una efectividad, en el mejor de los casos, de 25 por ciento. Por eso, explicó Javier Mancilla Ramírez, director del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes (Inper), la decisión sobre el número de óvulos a fertilizar y embriones a implantar depende, siempre, de las condiciones específicas de la mujer y su pareja, empezando por la edad de ambos, las características de sus óvulos y espermatozoides, e incluso enfermedades que pudiera tener la mujer.

    Eso es lo que dice la evidencia médico científica, señaló, aunque para el secretario de Salud, José Ángel Córdova, en la discusión sobre las reformas a la Ley General de Salud sobre este tema, se deben tener en cuenta los derechos del embrión.

    Ambos funcionarios participaron ayer en la inauguración de la 28 reunión anual Hacia una nueva generación de mexicanos, organizada por el Inper. Ahí Córdova dijo que el asunto de la reproducción asistida es complicado y por lo mismo no se ha podido legislar. Recordó que cuando él participó en la 59 Legislatura tampoco fue posible, e insistió en que es preferible tener una legislación que no sea perfecta que no tener una regulación, para una práctica que se realiza desde hace 22 años.

    Dijo que la preocupación de la Secretaría de Salud (SSa) ha sido orientar hacia el respeto de los derechos humanos el respeto a los derechos del embrión, con lo que se colocó del lado de los grupos conservadores.

    La dependencia solicitó a los integrantes de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados tomar en cuenta que ya existen técnicas y evidencia de que no tiene caso formar más de tres embriones. De hecho la implantación debe darse con uno o dos, dependiendo de la decisión de la pareja, y se tienen casi los mismos resultados cuando se hace entre el quinto y el sexto día, en la etapa de blastómero.

    Antes de la sesión de los legisladores en San Lázaro, Córdova también comentó sobre la criopreservación de embriones. Opinó que es mejor vitrificar óvulos para utilizarlos después sin ningún problema. Señaló que también existe la evidencia contundente de que los embriones congelados tienen más debilidad, más riesgo de muerte, incluso de algunas enfermedades que pueden tener desde el nacimiento

    Posponen discusión en la Cámara de Diputados

    El PRI en la Cámara de Diputados decidió posponer la reforma a la Ley General de Salud que busca legalizar la reproducción humana médicamente asistida, pero que desató una polémica debido a las críticas de considerar la visión conservadora de que embrión y ser humano son lo mismo.

    El proyecto, que fue retirado del orden del día de la Comisión de Salud, plantea la necesidad de reconocer el problema que representa la infertilidad, establecer un control sanitario a la reproducción asistida e imponer un marco legal en instituciones públicas y privadas que la practican.

    También, prohibir la crioconservación, experimentación y transferencia interespecie de embriones humanos, así como su clonación e inclusive la producción de híbridos o quimeras.

    El diputado Rodrigo Reina (PRI) propuso a la comisión retirar el proyecto de dictamen sobre reproducción humana asistida, con el argumento de que no se ha reflexionado suficientemente, y propuso que se invitara a una discusión a expertos de la UNAM y la Secretaria de Salud para que expliquen las técnicas fiables en México sobre fertilización.

    Su compañera de bancada y autora de la iniciativa, Cristina Díaz Salazar, aceptó posponer la discusión, pero sin que esta pausa se prolongue. Ante las críticas sobre el alcance de la reforma, afirmó que la intención de regular la reproducción asistida no es regular la ética, sino hacer leyes. Lamentó, incluso, que desde 1999 –cuando presentó la iniciativa– ésta se haya retrasado por un enfoque moral.

    También, Rodrigo Reina planteó que en el análisis de la reforma debe convocarse a los senadores, y la comisión evaluó la posibilidad de que el dictamen se apruebe antes del 15 de octubre

    Anticipa el IEDF una elección de lo más complejo en el proceso de 2012

    Con un llamado a los partidos y sus militantes a respetar los tiempos electorales y conducirse con responsabilidad, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) convocó ayer a los ciudadanos y fuerzas políticas de la ciudad a participar en el proceso electivo 2011-2012 para la jefatura de Gobierno, las delegaciones y las diputaciones locales, que empezará formalmente el 7 de octubre.

    El IEDF hizo votos también para que estos comicios estén libres del clima de violencia que padecen otras entidades del país y del alto porcentaje de votos nulos que en la pasada elección de 2009 rebasó 10 por ciento de la votación total emitida.

    En sesión del pleno, a la que asistieron como invitados el presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés; los magistrados del Tribunal Electoral local, dirigentes y representantes de los partidos políticos, los consejeros electorales advirtieron que esta elección reúne condiciones para ser la más compleja de las que se han realizado en la ciudad.

    De entrada, Gustavo Anzaldo, presidente del IEDF, dijo que, siguiendo la costumbre de esta entidad, el proceso se realizará con una nueva legislación que experimenta vacíos y contradicciones, como cualquier otro ordenamiento. Consideró mal augurio la decisión –ya sea por reconocimiento a un derecho fundamental o por simple política legislativa– de recabar el voto de los capitalinos en el extranjero, sin acompañarla del presupuesto correspondiente.

    No pretendo reducir el tema a una cuestión de pesos y centavos, pero es oportuno dejar en claro que para concretar tan importante empresa no bastan los buenos deseos y las mejores disposiciones, señaló.

    La convocatoria establece tres estapas del proceso: la preparación de la elección, que se inicia con la sesión que el IEDF realizará el 7 de octubre; la jornada electoral del 1º de julio del próximo año, el cómputo y los resultados de las elecciones, y la declaratoria de validez.

    En su mensaje, Anzaldo insistió en el llamado de la autoridad electoral a los partidos, militantes y ciudadanos a que, en tanto no arranque formalmente la elección, se abstengan de realizar actos que implícita o explícitamente entrañen fines proselitistas

    ONG: Peña Nieto, "reprobado" en derechos humanos

    La administración de Enrique Peña Nieto está reprobada en respeto a los derechos humanos, pues durante su sexenio, en lugar de una férrea defensa de las garantías individuales, ocurrió lo contrario, aseguraron organizaciones defensoras de derechos humanos y ambientales.

    Al presentar el informe La violación sistemática de los derechos humanos como política de Estado, el sacerdote jesuita José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que este ejercicio forma parte de las evaluaciones que se realizan a los gobiernos, independientemente de sus partidos y aspiraciones políticas, y es un llamado a las autoridades a asumir compromisos claros en materia de derechos humanos.

    Comentó que, por el número de abusos documentados, Peña Nieto definitivamente está reprobado en este rubro, pero no es el único, pues el gobierno del presidente Felipe Calderón está reprobadísimo. Prueba de ello es la militarización del país. El próximo año haremos una evaluación del gobierno federal.

    Detalló que las violaciones a garantías individuales en la administración de Peña Nieto se han dado principalmente en la procuración de justicia y en el aumento de los feminicidios, que suman más de mil en el sexenio.

    Sandino Rivero Espinosa, de la asociación civil Servicios Legales e Investigación y Estudios Jurídicos, sostuvo que la procuración de justicia en la entidad está atrapada en inercias burocráticas, simulación de investigaciones y mal uso de la flagrancia

    Detenida, abogada de indígenas de Jalisco

    Guadalajara, Jal. Rocío Moreno, estudiante de la Universidad de Guadalajara, fue detenida con engaños el 6 de septiembre a las 18 horas a las puertas del diario Milenio Jalisco, donde fue citada por un presunto reportero para una entrevista. Agentes de la Procuraduría General de Justicia estatal la detuvieron por orden de un juez de Ocotlán. Organizaciones civiles exigieron la liberación de la asesora de los indios cocas, a quienes se intenta desplazar de tierras aledañas al lago Chapala como parte de un litigio con Crescenciano Santana

    Los dos tuiteros de Veracruz, en manos del juez

    Jalapa, Ver., 7 de septiembre. El procurador de Justicia del estado, Reinaldo Escobar, aseguró que los jueces decidirán el destino de los dos cibernautas encarcelados en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, acusados de terrorismo por difundir versiones de supuestos ataques de la delincuencia organizada en escuelas de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

    Pese a la ola de críticas que ha suscitado el encarcelamiento de Gilberto Martínez Vera y María de Jesús Bravo Pagola, el funcionario aseguró que la procuraduría estatal hizo la tarea de detenerlos y consignarlos, pero el Poder Judicial decide.

    El gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció que no fijará su postura sobre los tuiteros, encarcelados el 26 de agosto, un día después de que en sus cuentas de Twitter y Facebook difundieron versiones de los atentados en planteles, lo que provocó sicosis en ambas ciudades.

    Martínez Vera y Bravo Pagola fueron internados en el reclusorio de Pacho Viejo, en Coatepec, y el 31 de agosto el juzgado tercero les dictó auto de formal prisión por terrorismo y sabotaje. Posteriormente fueron trasladados al penal La Toma.

    El lunes 5 de septiembre, los abogados de ambos cibernautas anunciaron que presentaron una solicitud de amparo ante la justicia federal por considerar que no se configuran los delitos de terrorismo y sabotaje, además de que fueron objeto de violencia, amenazas y tortura sicológica

    Decepciona al Movimiento por la Paz la procuraduría para víctimas del delito

    El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad descalificó la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito, la que consideró que distaba de su demanda de crear una comisión de la verdad que atendiera a los ciudadanos afectados por la guerra e incongruente con la ratificación de su estrategia de seguridad. El poeta Javier Sicilia aseguró que se trataba de un maquillaje del gobierno de Felipe Calderón que carecía de presupuesto y no daba claridad si será una instancia que trascienda esta administración.

    Miguel Concha sostuvo que el anuncio de la procuraduría no fue consultado con el movimiento y enfatizó en el hecho de que el grupo había demandado la creación de una comisión de la verdad con el Legislativo, con una fuerte participación social y en la que se buscaría no sólo la verdad legal, sino la histórica, la garantía de no repetición y la plena reparación del daño.

    Durante una rueda de prensa para anunciar la Caravana de la Paz que mañana iniciará un recorrido por el sureste del país, Sicilia descalificó la instancia creada por el Ejecutivo. Es un maquillaje de Calderón para terminar el sexenio en respuesta a los reclamos sociales. Estimó grave que del decreto no se desprenda la pretensión de una continuidad de la instancia recién creada, además de que la sustancia central que demandó el movimiento no aparece en la procuraduría.

    Concha subrayó que en el nombre mismo de la procuraduría se patentizan diferencias centrales entre los reclamos del movimiento y la respuesta oficial. El reclamo obedecía a la atención a las víctimas de la guerra, no sólo a las víctimas de la delincuencia organizada, y citó como ejemplo el asesinato de un ciudadano en un operativo reciente de la Marina y que también es una víctima de la guerra.

    Concha calificó de un contrasentido y una incongruencia que Calderón anuncie la creación de la Procuraduría Social al mismo tiempo que ratifica en sus términos que se continuará con la misma estrategia de combate al crimen organizado.

    Por otro lado, anunciaron que el recorrido de la caravana incluirá los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Puebla, donde habrá reuniones con organizaciones sociales, de migrantes, grupos indígenas. Sicilia dijo que a diferencia de la Caravana del Consuelo, en esta ocasión se trata de percibir otros niveles de violencia, no sólo la ejercida por el crimen organizado, sino la que ejerce el Estado o la que por años ha sido denunciada y nunca ha sido atendida, la que, al acumularse, se vuelve más lacerante por el olvido y la impotencia

    Preocupa a diputados el enriquecimiento de Fox

    a Comisión de Función Pública de la Cámara de Diputados citará a comparecer a la titular de ña Procuraduría General de la República (PGR), Maricela Morales, con objeto de explicar si el Ministerio Público Federal integró una averiguación previa contra el ex presidente Vicente Fox Quesada y su esposa Marta Sahagún por el delito de enriquecimiento ilícito.

    Pablo Escudero, del Partido Verde Ecologista de México, presidente de la Comisión de la Función Pública, dijo que la decisión del grupo legislativo obedece a una respuesta de la Secretaría de la Función Pública a un ciudadano que solicitó el expediente sobre la evolución de la fortuna de la familia Fox-Sahagún.

    La secretaría respondió al solicitante que la información no existía. Entonces el particular recurrió al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública para obligar a la Secretaría de la Función Pública a dar cuenta del expediente. Entonces la dependencia gubernamental replicó que la documentación se encontraba en manos del Ministerio Público Federal, porque había integrado una averiguación previa contra Vicente Fox y su esposa por el delito de enriquecimiento inexplicable.

    Por tal razón, los diputados llegaron al acuerdo de citar a la procuradora, quien deberá responder en breve al citatorio y explicar el estado en que se encuentra el proceso contra el ex presidente Fox y Marta Sahagún.

    También la funcionaria será interrogada por los diputados federales de la Comisión de la Función Pública en torno al escándalo de extorsión contra un grupo significativo de gasolineros por parte de la esposa del secretario del ramo, Salvador Vega Casillas.

    A principio de este año un grupo de propietarios de gasolineras denunció que la esposa de Salvador Vega Casillas, Gladis López, formaba parte de una red de extorsión que operaba en la Procuraduría Federal del Consumidor.

    Ahora la señora Morales deberá aclarar si el Ministerio Público Federal mantiene abierta la investigación que involucra a la familia del secretario Vega Casillas

    Avala el TEPJF que organizaciones sociales promuevan el sufragio

    El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desestimó el recurso interpuesto por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano en contra del acuerdo del Instituto Federal Electoral (IFE) para permitir la promoción del voto a las organizaciones sociales, por considerar que la Constitución no avala que sea una facultad exclusiva del instituto y de los partidos políticos. Sin embargo, admitió que no es factible el financiamiento público para estas prácticas, pues en ese caso los recursos si están asignados a los institutos políticos.

    Al resolver el recurso, el proyecto presentado por la magistrada María del Carmen Alanís destaca que restringir la facultad de promover el voto implicaría una afectación a los derechos fundamentales de los ciudadanos, pues tácitamente consiste en restringir sus posibilidades de interesarse en asuntos políticos, limitar el derecho de expresión y comunicación, según sostuvo la magistrada al abundar sobre su proyecto.

    Alanís dijo que en la medida en que se permita a organizaciones ciudadanas este tipo de actividades de promoción del voto se favorece, se fortalece y se da una protección amplia a los derechos fundamentales ya referidos de los ciudadanos. Subrayó que la promoción del voto no es un ejercicio exclusivo del IFE o los partidos, pues si bien la legislación indica que esta promoción forma parte de las funciones de ambas partes, no implica que tengan el monopolio de hacerlo.

    En su oportunidad, el magistrado presidente Alejandro Luna Ramos dijo que esta promoción ciudadana no puede ser incons- titucional, porque la Constitución no prohíbe esta situación ni da ningún carácter de exclusividad. No obstante, Luna Ramos destacó que en el caso del financiamiento para la promoción del voto, sí hay una exclusividad legal reservada a los partidos políticos, por lo que procede anular el financiamiento que el IFE pretendía dar a las organizaciones.

    En otro orden, los magistrados consideraron infundada una queja de la coalición Unidos por Ti en el estado de México en contra del ex candidato a gobernador de la alianza Unidos Podemos Más, Alejandro Encinas por presuntos actos anticipados de campaña

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