Amenazan con desalojar tres poblados indígenas ubicados en la selva Lacandona

Hermann BellinghausenPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 20Nuevos desalojos de comunidades indígenas podrían estar en puerta en Montes Azules, la reserva de la biosfera ubicada en la selva Lacandona de Chiapas.San Gregorio, Ranchería Corozal y Nuevo Salvador Allende, poblaciones asentadas en la cuenca del río Negro, recibieron esta semana la amenaza de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de que serán “reubicadas”. Después de un largo periodo de “diálogo”, mediante una Mesa de Atención a la Zona Lacandona, la comisión negó “categóricamente” su regularización.Eso implicó una ruptura de las negociaciones entre los representantes indígenas y las autoridades. La propia Conanp y el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chiapas, Ricardo Frías, amenazaron con el desalojo inminente a estos poblados, que las autoridades insisten en llamar “asentamientos irregulares”, si bien tienen –como es el caso de San Gregorio– más de tres décadas de antigüedad.El eventual desalojo ocurriría pese a que la denominada comunidad lacandona, propietaria formal de las alrededor de 600 mil hectáreas de Montes Azules, había acordado anteriormente que permitiría la estancia de estos pobladores. No obstante, la Conanp argumentó este martes una “solicitud de representantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona de regularizar los tres asentamientos humanos irregulares”.En su argumentación dirigida a los medios de comunicación, el organismo gubernamental asevera que “las únicas actividades permitidas” en la reserva de la biosfera son (en este orden) “turismo, investigación científica y tecnológica, y aprovechamiento controlado en las que, sin proceder al desmonte, se aprovechen la selva y sus recursos naturales”. Para ello se remite al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1978, que declaró el establecimiento de la reserva, sobreponiéndose a un decreto anterior, lo que ha dado origen a múltiples conflictos y confusiones al paso de los años.En el último encuentro entre funcionarios e indígenas también estuvieron representantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente (ARIC-I), para quienes el diálogo con las autoridades “quedó roto” y dijeron temer un desalojo.Otros argumentos de Conanp y Semarnat se refieren a que “la zona es considerada una de las reservas con una generación de riqueza biológica y recursos hídricos más importantes del país”, y, “de igual forma, patrimonio natural de la humanidad, reconocida por la Unesco dentro del Programa del Hombre y la Biosfera ”.Añaden “la preminencia de la región” como prestadora de los debatibles “servicios ambientales”, así como una afirmación novedosa: “otro aspecto relevante lo constituyen las características del suelo de la zona, al ser considerado de alto riesgo para asentamientos humanos ante los fenómenos meteorológicos”.Finalmente, y como parte de la mesa de diálogo, la Conanp dice ofrecer “apoyo para la reubicación de los tres grupos involucrados en dichos asentamientos”, como parte de la fallida mesa de diálogo, en la cual participaban también la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Chiapas.

Condena el Senado la agresión contra legisladores del PRD en penal de Chiapas

Víctor Ballinas y Andrea BecerrilPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 20La mesa directiva del Senado condenó “enérgicamente” las agresiones sufridas el pasado miércoles por los legisladores perredistas Rubén Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo y Leonel Godoy, en la entrada del penal El Amate, cuando visitaron al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y anunció que se mantendrá atenta a las investigaciones del caso.Asimismo, expresó su rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad física de las senadoras y los senadores.El tema fue llevado a tribuna por García Zalvidea, quien denunció que “de manera violenta, una turba trató de impedir la visita al penal. Los agresores no procedieron de manera espontánea, estaban perfectamente dirigidos por instigadores profesionales que actuaron a ciencia y paciencia de las fuerzas de seguridad pública de Chiapas.“Fue posible identificar a Francisco Madariaga de la Cruz, actual funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, adscrito al fiscal de Asuntos Relevantes, Adolfo Chacón, encargado precisamente de integrar diversas denuncias contra Salazar.“También se identificó –añadió el senador– a Andrés Álvarez Rodríguez, quien se ostenta como líder de la denominada Unión de Comunidades Productivas La Casita, de reconocida cercanía política con el actual gobernador.”Aseveró: “queremos evidenciar las condiciones terribles al interior del centro de reclusión referido. Ni los animales se comen los alimentos que se proporcionan a los internos, porque se enfermarían”. Y propuso un punto de acuerdo para que “el Senado condene enérgicamente las agresiones de que fueron objeto los cuatro legisladores del PRD y que se inste al gobernador de Chiapas a que ordene una investigación al respecto”.El coordinador de la bancada del PVEM, Arturo Escobar, criticó que los perredistas hayan visitado a Salazar Mendiguchía. “¿Cómo esperaban que se les recibiera en ese penal, absolutamente sobrepoblado? Salazar es un ex gobernador odiado en Chiapas”.El tema dividió incluso al PRI y al PVEM, pese a que son aliados electorales en esa entidad. Carlos Jiménez Macías cuestionó a Escobar. “Está justificando que se agreda a los legisladores. Como parlamentarios no debemos permitir que a nadie le ocurra”, dijo.

Parcial acatamiento de México a orden de la CIDH sobre Campo Algodonero: ONG

Fernando Camacho ServínPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 21La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por el caso del llamado Campo Algodonero –que involucra la falta de acción gubernamental en el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001–, se ha cumplido únicamente en sus aspectos más superficiales, pero en aquellos que involucran el acceso real de las víctimas a la justicia, incluyendo el castigo de los responsables del crimen, sigue habiendo una actitud de simulación e indolencia, afirmaron activistas de derechos humanos.David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), recordó que a principios de 2012 un grupo de colectivos cercano al caso elaboró un informe sobre el nivel de cumplimiento de las autoridades a la resolución de la justicia interamericana –dos años después de que ésta fuera dada a conocer– y llegó a la conclusión de que se trata de una actuación parcial e insuficiente.“Sí publicó la sentencia, aunque falta que se haga en el portal del gobierno de Chihuahua, y ya se entregaron las indemnizaciones económicas, pero en la parte de la justicia, la sanción a los responsables de los feminicidios, no se ha avanzado nada, porque ningún funcionario ha sido sancionado hasta ahora”, lamentó.Uno de los hechos más preocupantes al respecto –dijo– es que las autoridades estatales, “con total cerrazón”, ya informaron que no van a redirigir el sentido de sus investigaciones, aunque la CIDH ya les haya advertido que fueron mal integradas y no tienen perspectiva de género.“También sigue pendiente la creación del banco de datos de mujeres y niñas desaparecidas. Han realizado una serie de acciones legales sin consultar a las víctimas ni a las organizaciones sociales. Es un cumplimiento deficiente y parcial, y en el caso del gobierno de Chihuahua, hay total indolencia. Ya ni siquiera cuida las formas”, deploró.En tanto, Karla Michel Salas, abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, coincidió en que el Estado mexicano sólo ha puesto en marcha una política de simulación, en la cual las autoridades destacan que ya ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas –el 7 de noviembre de 2011, en Ciudad Juárez–, aun cuando a dicho acto sólo asistieron funcionarios de segundo nivel.“Todo el proceso de cumplimiento de la sentencia debería ser público, para que nos demos cuenta de lo que están haciendo, pero la política gubernamental de poca transparencia nos demuestra que, en realidad, en todo momento han pretendido minimizar la violencia contra las mujeres”, aseveró.

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Más de 3 días después de la fuga de El Coqueto, la PGJEM pide ayuda

Bloquean PRI y aliados acuerdo para llamar a comparecer al procurador
">Ombudsman estatal inicia queja por negligencia de policías
">Padres de víctimas sospechan espionaje del gobierno

Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de México muestran la foto de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, violador confeso de ocho mujeres y asesino de siete">Foto Mario Antonio Núñez López
Israel Dávila y Silvia Chávez
Corresponsales
Periódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 34
Toluca, Méx., 1º de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) giró oficios de colaboración a sus homólogas de estados circunvecinos para que cooperen en la búsqueda del violador y feminicida serial César Armando Liborio Legorreta, alias El Coqueto.
Más de 72 horas después de que Liborio Legorreta se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, no hay pistas sobre su paradero, aunque se ha intensificado su búsqueda en el sur de la entidad y en municipios conurbados con el Distrito Federal.
Fuentes de la PGJEM indicaron que ésta pidió apoyo a las procuradurías del Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Explicaron que unos 60 elementos del grupo de élite de la dependencia –cuya principal función es ubicar a miembros del crimen organizado– buscan al violador y homicida confeso.
Día y noche, policías vigilan una veintena de domicilios de familiares y amigos de El Coqueto. Además, este jueves agentes ministeriales del estado colocaron en el paradero de la glorieta de Valle Dorado, en Tlalnepantla, y en parabuses del Periférico Norte, en la zona conurbada con el Distrito Federal, carteles con la fotografía de Liborio Legorretay la leyenda “se busca”. Patrullas de la Secretaría de seguridad Ciudadana estatal también portan los anuncios.
El miércoles, el titular de la PGJE, Alfredo Castillo Cervantes, ofreció un millón de pesos a quien proporcione información que lleve a la reaprehensión del chofer de microbús acusado de violar a ocho mujeres y asesinar a siete de ellas.
El gobernador Eruviel Ávila informó en su cuenta de Twitter que ha hablado con familiares de las víctimas de El Coqueto, a las que prometió “hacer justicia y recapturar al prófugo, que será castigado con todo el peso de la ley”. También ofreció “sancionar a policías que permitieron la huida”.
En el Congreso local, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exigió al mandatario priísta dar un ultimátum de una semana o 15 días a Castillo Cervantes, para que reaprehenda al criminal.
Durante la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones, el PRD y el Partido Acción Nacional buscaron infructuosamente que se discutiera el asunto, se enviara un exhorto al mandatario y se aprobara un acuerdo para citar a comparecer al procurador.
El PRI y sus aliados, que son mayoría, no avalaron la propuesta, con el argumento de que la sesión era solemne y sólo fue citada para la apertura del periodo.
En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que inició una queja de oficio por la fuga de César Armando Librado Legorreta, por omisión y negligencia.
Por separado, Teresa Ulloa, presidenta de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que padres de las jóvenes ultimadas por El Coqueto sospechan que la PGJEM intervino sus líneas telefónicas.
Agregó que a la conferencia de prensa que madres de las víctimas ofrecieron el martes en el Distrito Federal acudieron dos agentes ministeriales del estado de México que se hicieron pasar por reporteros.