Documenta GIRE seis casos de mujeres acusadas de tentativa de aborto
Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 11 de julio de 2012, p. 44
Miércoles 11 de julio de 2012, p. 44
Cuernavaca, Mor., 10 de julio. Cuando tenía escasos tres meses de un embarazo planeado, apareció el sangrado que obligó a Hilda a solicitar atención médica de urgencia. Nunca se imaginó que esa circunstancia la llevaría a la cárcel. El doctor que la recibió en un hospital de Hidalgo la denunció ante las autoridades judiciales, las cuales de inmediato la acusaron de tentativa de aborto.
El problema es que la mujer, de 33 años de edad, no tenía ninguna intención de interrumpir su embarazo. De nada le valieron sus argumentos; la encarcelaron e inició el juicio penal en su contra, el cual continúa al igual que su embarazo.
Situaciones como ésta se repiten luego de las reformas constitucionales aprobadas en 16 entidades, mediante las cuales se estima que comienza a la vida desde la concepción y más aún después de que en septiembre de 2011 en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se truncó la posibilidad de declarar inconstitucionales tales modificaciones.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) ha documentado al menos seis casos de mujeres en circunstancias similares a las de Hilda, en alguna de las entidades donde se modificó la Constitución local e incluso en otras donde esto no ha ocurrido, como en Hidalgo.
Durante un seminario sobre el tema de las reformas legales, organizado por Gire, Regina Tamés, directora de esta agrupación, advirtió sobre los daños que ha traído la estrategia impulsada por los grupos conservadores para cambiar las constituciones estatales y evitar que se extendiera en el país el ejemplo del Distrito Federal, donde desde 2007 las mujeres pueden detener el embarazo antes de la semana 12 de gestación.
Las afectaciones a los derechos humanos de las mujeres son graves, no sólo porque se coarta su libertad a decidir sobre su cuerpo, sino porque ahora son criminalizadas a causa de problemas como el que presentó Hilda, quien nunca tuvo la idea de abortar.
Otras cinco mujeres, todas de bajos recursos económicos, unas con abortos inducidos y otros espontáneos, también han sido sometidas a procesos judiciales y GIRE las apoya con la asesoría jurídica. En todos los casos, la organización ha pagado las fianzas para que las mujeres recuperaran su libertad.
Pero es claro, señaló Tamés, que
no es posible que estemos pagando multaso que las mujeres deban aceptar su presunta responsabilidad para ser liberadas de todos los cargos, como ocurre en Chihuahua, donde esta modalidad aplica en juicios orales.
La activista llamó la atención sobre la violación a la ética profesional en que incurren los médicos que transgreden la confidencialidad de las mujeres. La obligación de esos profesionales es proporcionar la atención clínica que se les solicite y no ser auxiliar del Ministerio Público con las denuncias, subrayó.
Durante el foro que reunió a representantes de organizaciones de la sociedad civil del país, Regina Tamés explicó que si en la SCJN no se logró el año pasado que se declarara la inconstitucionalidad de las reformas a los ordenamientos de Baja California y San Luis Potosí, fue más por una cuestión técnica. Se requería el voto de ocho de los 11 ministros, pero se reunieron siete.
Entonces los ordenamientos quedaron vigentes, pero no significa que los derechos fundamentales de las mujeres desaparezcan ni que hayan dejado de ser válidas las causales que permiten la interrupción del embarazo en caso de violación en todo el país y de manera diferenciada, cuando existe riesgo para la salud o la vida de la madre, por malformación del producto y cuestiones económicas, entre otras.
Además de la indefinición jurídica, en los estados donde se reformaron las constituciones e incluso en aquellas donde tales modificaciones no han prosperado, las mujeres enfrentan el miedo a los médicos que por falta de información optan por denunciar lo que les parece un aborto inducido, señaló la directora de GIRE.
En el caso de Hilda, las abogadas de GIRE buscan comprobar que el embarazo de ella es deseado. La prueba está en que ha acudido a sus citas médicas de control prenatal, le han practicado ultrasonidos y espera el nacimiento de su bebé dentro de dos meses
