miércoles, 30 de noviembre de 2011

México, segundo lugar de AL con mujeres infectadas por VIH-sida

México ocupa el segundo lugar de casos en América Latina de mujeres infectadas con VIH-sida, al pasar de una proporción de una mujer por cada 27 hombres, en la década de los 80, a una por cada cinco varones en la actualidad, advirtió Magdy Martínez-Solimán, coordinador residente del Sistema ONU en el país.

Durante la impartición del taller Mujeres, violencia y VIH, en la sede de esa organización en México, refirió que la mayoría de las mujeres fue infectada por el marido o la pareja estable. Muchas veces ocurrió por una relación sexual no querida, es decir, por un episodio de violencia sexual.

Destacó que aun cuando la infección con VIH comenzó concentrándose en hombres, hoy día ellas representan más de 50 por ciento de todos los casos de infección en el mundo, siendo África subsahariana la que concentra 60 por ciento del total de casos.

Ana Güezmes, representante en México de ONU Mujeres, coincidió en señalar que la mayoría de las mujeres en el país adquirieron el virus del VIH-sida a causa de acciones de violencia sexual cometidas por su pareja y en sus comunidades, y a pesar de que cada año se denuncian unas 15 mil violaciones, en menos de 25 por ciento se condena al agresor.

Martínez indicó que el aumento de las tasas de infección con el VIH entre las mujeres es motivo de gran preocupación. La discriminación, la injusticia y la brutalidad contra mujeres y niñas son la causa. La epidemia de VIH exacerba y es, a la vez, potenciada por esta desigualdad social, subrayó.

La migración femenina para buscar oportunidades de sustento, anotó, incrementa el riesgo de transmisión del VIH. La migración y el desplazamiento forzados aumentan el riesgo de que mujeres y niñas se vean privadas de los tan necesarios servicios de salud reproductiva y de prevención y atención del VIH, y es probable que interrumpan su acceso a los tratamientos. Éste podría ser el caso de los jornaleros que viajan al norte de México desde estados del sur. Otro tema delicado es la incidencia del VIH en indígenas, su relación con los periodos de jornaleo fuera de la comunidad y con la marginación general de estos pueblos.

Güezmes enfatizó que la discriminación que padecen esos grupos incrementa su vulnerabilidad para contraer el virus, pues suelen tener menos información sobre prevención y menos poder para evitar una relación sexual de riesgo.

Diego Palacios Jaramillo, presidente del Grupo Temático Onusida México, destacó que de acuerdo con las tendencias mundiales más recientes, en América Latina existe un gran número de nuevas infecciones. Más de 7 mil diarias en 2010, de éstas, mil entre niños menores de 15 años, y cerca de 97 por ciento ocurre en los países de ingresos bajos y medios.

En el informe de la ONU sobre el tema, se indica que a finales de 2010 alrededor de 34 millones de personas vivían con el VIH en el mundo, es decir, 17 por ciento más que en 2001. Esto refleja el número creciente de nuevas infecciones por el virus, así como una expansión significativa del acceso al tratamiento antirretrovírico, que ayuda a reducir las muertes

Aunque cuenta con recursos suficientes, el INER se niega a construir el Pabellón 13

Hoy se interna en una sola habitación a más de 4 pacientes con enfermedades respiratorias

Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de noviembre de 2011, p. 42

A pesar de que ya cuenta con el presupuesto y los requisitos legales suficientes, la dirección del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) se ha negado desde hace varios años a construir un pabellón especializado para la atención de pacientes con VIH-sida, lo que ha provocado una tasa de mortalidad hospitalaria innecesariamente alta en ese sector, e incluso un suicidio y un intento de suicidio en tres meses.

En conferencia de prensa, Rubén Antonio Valdés, presidente del Comité de Usuarios con VIH de los Servicios de Salud del INER –colectivo que agrupa a alrededor de mil 300 personas–, advirtió que es urgente construir el llamado Pabellón 13, donde se brinde atención adecuada a los pacientes seropositivos, ya que en la actualidad en el Pabellón 4 se interna en una sola habitación a más de cuatro personas, casi todas con enfermedades respiratorias graves, cuando las normas de sanidad indican que cada una debería estar en un cuarto separado.

La falta de condiciones adecuadas, dijo, ya provocó un suicidio el 18 de septiembre, y un intento fallido de suicidio el 23 de noviembre, además de una tasa de mortalidad hospitalaria de 22 por ciento, cuando en condiciones idóneas ésta no debería pasar de 3 por ciento, como ocurre en Estados Unidos.

La obra, que permitiría abatir el riesgo de contagio y los costos de atención hospitalaria en etapas avanzadas de sida, tendría un costo de 309 millones de pesos –aprobados por la Secretaría de Salud (Ssa)–, y ya cuenta con los estudios de evaluación necesarios y el proyecto ejecutivo, por lo que resulta incomprensible que el INER se niegue a construir el pabellón alegando falta de estructura administrativa, indicó Valdés.

Por ello, los pacientes seropositivos demandaron reunirse con el titular de la Ssa, Salomón Chertorivsky, para que les aclare las causas del retraso, y que las autoridades del instituto contraten a una empresa externa que realice la obra con toda transparencia, al tiempo que anunciaron la posibilidad de interponer una denuncia.

Por su parte, Eugenia López Uribe, coordinadora general del colectivo Balance, Promoción para el Desarrollo y la Juventud, señaló que a pesar del compromiso del gobierno por dar mejor atención a los pacientes que lo requieren, más de 60 mil personas murieron por causas relacionadas al VIH en 2009.

Asimismo, la falta de detección oportuna sigue causando que más de 95 por ciento de los enfermos sean internados en muy malas condiciones de salud, sobre todo a causa de males respiratorios e infecciones bacterianas, lo cual ya no debería ocurrir si hubiera acceso universal a medicamentos retrovirales y otras medidas sanitarias básicas.

Maricela Contreras, diputada local del Partido de la Revolución Democrática, recordó que desde hace cinco años se gestiona la construcción del Pabellón 13, y aunque la 55 Legislatura consiguió inicialmente 62 millones de pesos para la obra –cifra que llegó con el tiempo a 120 millones–, el entonces director del INER, Fernando Cano Valle, se negó a iniciar los trabajos de edificación.

Esos recursos, sostuvo, se utilizaron para construir una torre médica de investigación, sin dar aviso a nadie y sin que hasta el momento se explique quién autorizó la obra. Hemos tenido innumerables reuniones con (el actual director del instituto) José Rogelio Pérez Padilla, pero no hemos podido avanzar. Necesitamos que nos den una explicación racional de porqué no se ha construido el pabellón; me parece que hay falta de voluntad política, cuando este proyecto incluso sentaría un precedente en América Latina.

La Jornada trató de contactar a algún responsable del INER que pudiera ofrecer su versión sobre el tema, pero fuentes de la Ssa informaron que el director del instituto, único funcionario autorizado para opinar al respecto, está fuera de la ciudad y volverá hasta el viernes

Conflictos armados y violencia, entre las circunstancias que vulneran a la niñez

El Estado mexicano presenta graves problemas y tiene que realizar esfuerzos renovados para garantizar los derechos de los niños respecto de situaciones de especial vulnerabilidad, aseveró Jorge Cardona, miembro del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, quien subrayó que los conflictos armados y de violencia, la venta de menores, la prostitución y la pornografía infantiles son algunas de las circunstancias de vulnerabilidad para el sector.

Al participar en el seminario internacional Actualidad jurídica sobre la niñez, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, el experto indicó que en materia de protección a la infancia, el país hace muchas cosas bien, puede hacer otras mejor y algunas no las hace bien, de lo cual deben estar conscientes los representantes gubernamentales y la sociedad civil para lograr que la infancia alcance garantías.

Agregó que se debe olvidar la vieja idea del proteccionismo, ya que esto hace dependiente al menor, que debe ser visto como sujeto de derechos, capaces de tomar decisiones.

Por ello, recordó que el Comité de los Derechos del Niño propuso al país adoptar medidas para fortalecer las instituciones relacionadas con la protección a las garantías de la niñez, así como contar con datos que permitan desarrollar políticas para su protección.

Se han hecho recomendaciones específicas a México sobre la protección de los derechos de los niños, ya que este país, como los estados de la región, tienen graves problemas.

Tradicionalmente, el derecho consideró al niño como alguien que debía ser protegido; (pero) la Convención de los Derechos del Niño cambió ese paradigma para considerarlo sujeto de derecho, en condiciones de igualdad con los demás.

Destacó que el Comité de Derechos del Niño –encargado de trabajar para que se cumpla la Convención, que establece que cada cinco años los países presenten un informe sobre la situación de su infancia– no es un tribunal, sino un órgano que apoya a las naciones a cumplir sus obligaciones que libremente han asumido de respetar los derechos de los niños.

Destacó que el Estado mexicano debió presentar su informeen abril de 2011 (la última ocasión lo hizo en 2006), lo cual no ocurrió. México tiene oportunidad de reflexionar, como lo está haciendo, para ver cuál es la situación actual de los derechos de la infancia

Hay 765,500 jóvenes "en estado de inactividad absoluta": Conapo

Podríamos estar frente a un proceso de desafiliación social, señala consultora a partir de las cifras

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de noviembre de 2011, p. 40

Con una metodología que limita al máximo el conteo de ninis (población juvenil en desocupación total), el Consejo Nacional de Población (Conapo) aseveró ayer que en México hay 765 mil 500 jóvenes que aparentemente se encuentran en un estado de inactividad absoluta.

La cifra del Conapo, organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación, la fija muy por debajo de la que han dado prestigiadas instituciones, como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre otros organismos y dependencias públicas.

El rector de la UNAM, José Narro Robles, subrayó en agosto de 2010 que con base en datos oficiales se concluye que los jóvenes que no estudian ni trabajan son 7 .5 millones y no 285 mil, según aseguraban entonces las secretarías de Educación y de Gobernación.

Hace unos días, la Secretaría de Educación Pública y el Instituto Nacional de la Juventud presentaron los resultados de la Encuesta Nacional de la Juventud en la que se detalla que de 36.2 millones de jóvenes entre 12 y 29 años de edad, 20 por ciento no tienen actividad laboral o educativa alguna. Sin embargo, este martes, durante la presentación de La situación demográfica de México 2011, el Conapo dijo que al cuarto trimestre de 2010 estaban en inactividad absoluta 4.9 por ciento de la población económicamente activa juvenil, apenas cinco décimas más que el registro del último trimestre de 2005.

El Conapo dio algunas características de este sector: va en aumento la población masculina (de 62.7 a 72.2 por ciento de 2005 a 2010); tres de cada 10 de los no activos están en la zona centro occidente y una proporción ligeramente menor vive en la región sur-sureste.

En oposición, apenas uno de cada 10 vive en la región noroeste y otro tanto en noreste, es decir, hay ninis en zonas muy pobres o altamente industrializadas o con altos niveles de migración.

Otro hallazgo de las estadísticas del Conapo es que si bien hay más ninis en el entorno urbano, su presencia ha tendido a incrementarse en localidades rurales. De igual forma, la proporción de otros no activos jóvenes que viven en hogares dirigidos por mujeres es un poco mayor al promedio nacional.

Pese a reconocer las características no favorables de este sector, insiste que su presencia es marginal entre la población joven total. Son menos de un millón de jóvenes, predominantemente adolescentes y varones, dijo.

Las estadísticas del Conapo se sustentan básicamente en la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, aunque no incluye como no activos a desempleados ni a la población que realiza quehaceres domésticos no remunerados. Por ello afirma que no son más de un millón.

Al respecto, José Luis Palma, director de la consultora Salud y Población, señaló: Esto sí es un fracaso para el país. Es una población inquietante: ¿por qué no se dedican incluso a quehaceres del hogar? Se sabe muy poco de ellos; no hay fuentes de información que nos permitan indagar más. Llama la atención que (en las encuestas) un altísimo porcentaje de ellos ni siquiera da una respuesta de por qué está en esa condición, explicó Palma.

“Lo único que sabe –añadió– es que la mayor parte de los ninis (70 por ciento) son hombres; básicamente adolescentes (entre 14 y 19 años), rasgo que inquieta, porque puede revelar que estamos ante un proceso de desafiliación social, desapego, no integración.”

Al preguntarle sobre el origen de la diferencia entre las cifras de Conapo y las de otras dependencias e instituciones, explicó que dentro de la población económicamente activa (PEA), hay un grupo muy alto de desocupados jóvenes (8.5 por ciento): entonces también a los ninis habría qué sumarle ese porcentaje, consideró.

El estudio del Conapo detalla que de una población nacional total de 112.3 millones (Censo 2010) residen 31.9 millones de jóvenes entre 14 y 29 años de edad, de los cuales 13.2 millones son adolescentes (entre 14 y 19 años); 9.9, adultos jóvenes (20-24 años) y 8.8 entre 25 y 29 años.

En 2010, los jóvenes representaban la tercera parte de la PEA y constituían, sin embargo, más de la mitad de la población.

Al presentar el documento, el secretario general del Conapo, Félix Vélez, indicó que hay trabajos pendientes en esta materia, como la proyección de población que será difundida hasta enero próximo porque se halla en revisión

Francia mantiene oposición a cultivo de maíz transgénico Monsanto: Sarkozy

Gimont, Francia., 29 de noviembre. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, afirmó el martes que el gobierno mantiene su oposición al cultivo de maíz transgénico Monsanto (MON810) en territorio francés, al día siguiente de que el Consejo de Estado anulara una moratoria francesa vigente desde 2008.

El gobierno mantiene y mantendrá su oposición al cultivo de (maíz transgénico) Monsanto en nuestro territorio, afirmó Sarkozy durante una mesa redonda sobre la agricultura en el sudoeste del país, antes de anticipar que los ministros de Medio Ambiente y de Agricultura preparan una nueva cláusula de salvaguarda.

El lunes la ministra francesa de Medio Ambiente, Nathalie Kosciusko-Morizet, se declaró “más decidida y convencida que en 2008 de la necesidad de prohibir el cultivo de Monsanto 810 en Francia.

Estamos estudiando las modalidades jurídicas para mantener la prohibición, anticipó la ministra poco después de que el Consejo de Estado, la más alta jurisdicción administrativa de Francia, anuló la suspensión del cultivo de maíz transgénico del gigante agroquímico estadunidense Monsanto (MON810) adoptada por el gobierno francés en 2008.

Sarkozy respaldó el martes el adelanto de la ministra.

Creo en la investigación, en el progreso, en la necesidad de dar a los agricultores los medios para desarrollar su actividad, pero también pienso en que debemos hacer todo para mantener la confianza del consumidor, agregó.

El presidente francés, quien aspira a su relección en 2012, insistió en que no se trata de cerrar la puerta al progreso, pero no tenemos derecho de hacer correr riesgos a la salud de los consumidores y de los agricultores.

El Consejo de Estado fundamentó su decisión en que el ministerio de Agricultura (francés) no pudo justificar su competencia para adoptar los decretos, por carecer de pruebas sobre la existencia de un nivel de riesgo particularmente elevado para la salud o el medio ambiente. El Consejo de Estado anula los decretos del Ministerio de Agricultura suspendiendo la cesión y uso de semillas de maíz OGM MON8120 y prohibiendo el cultivo de esas variedades, indicó el Consejo de Estado que se basó igualmente en una decisión anterior de la Corte de Justicia de la Unión Europea (UE).

La importación y cultivo del MON810 fue autorizado en la UE en 1998, pero en años recientes Alemania, Francia, Grecia, Austria, Hungría y Luxemburgo adoptaron una cláusula de salvaguarda que les permite prohibir el cultivo de las variedades genéticamente modificadas, entre éstas el MON810 resistente a la mariposa piral.

Monsanto, conocido en el mundo por sus semillas transgénicas de maíz, soya y algodón, así como sus herbicidas como el Roundup, un glifosato de amplio espectro –considerado peligroso para el medio ambiente por las autoridades europeas–, está presente en una docena de países de América Latina

Avala la Asamblea exigencia de que Letras Libres se retracte de infundio

Acusó a este diario de tener vínculos con grupo terrorista

La Jornada impugnó por la vía legal por el delito de daño moral

La Corte le negó el amparo contra la absolución al mensuario

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Los diputados perredistas Víctor Hugo Romo y David Razú, ayer durante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa en la que se abordó el caso La Jornada-Letras LibresFoto Yazmín Ortega Cortés
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Aspecto de la sesión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, realizada el miércoles de la semana pasada, en la que cuatro de cinco ministros desecharon la solicitud de amparo interpuesta por este diario contra la absolución a la revista mensual Letras Libres por daño moral, al considerar que el derecho a la libertad de expresión debe prevalecer sobre el derecho al honorFoto Jesús Villaseca
Raúl Llanos
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de noviembre de 2011, p. 36

Por mayoría de votos –aunque con la postura en contra de diputados del PAN–, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) externó ayer su apoyo a este periódico en su exigencia de que la revista mensual Letras Libres se retracte públicamente de los señalamientos hechos a esta casa editorial de estar vinculada con una organización terrorista.

Mediante un punto de acuerdo presentado en tribuna por Ana Estela Aguirre y Juárez, de la fracción del PT, y suscrito por el también petista Arturo López Cándido, al cual se sumó el perredista José Luis Muñoz Soria, legisladores del PRD, PRI y PT avalaron que en defensa de una libertad de expresión plena y racional, la ALDF emitiera ese pronunciamiento de solidaridad.

Abstenciones y ausencias

A diferencia del jueves pasado –cuando también se sometió a consideración del pleno dicho punto, pero que no logró votarse por falta de quórum–, ayer estuvieron presentes en la sesión ordinaria al menos 40 legisladores, de 66, de los cuales 23 se pronunciaron en favor de ese planteamiento; seis de los siete panista –encabezados por su coordinadora Mariana Gómez del Campo— se manifestaron en contra, mientras otros ocho se abstuvieron.

El diputado Guillermo Sánchez, del PRD, decidió no sufragar pese a estar presente, mientras otro perredista, David Razú, abandonó el pleno momentos antes de que se abriera el sistema de votación electrónica.

El punto de acuerdo formulado por Aguirre y Juárez fue en el sentido de que “la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en defensa de una libertad de expresión plena y racional, apoya a este diario en su solicitud de exigir, ante el señalamiento de una publicación (Letras Libres) en donde se le aludía explícitamente una relación con una organización terrorista, demostrar los hechos o retractarse públicamente”.

Dicha propuesta fue avalada por los perredistas Alejandra Barrales, Lizbeth Rosas, Juan José Larios, Beatriz Rojas, Rocío Barrera, Lourdes Amaya, Armando Jiménez, Valentín Maldonado, Víctor Hugo Romo, Leonel Luna, Aleida Alavez, Maricela Contreras, Guillermo Orozco, Alejandro Carbajal, Fernando Cuéllar, Erasto Ensástiga, Valentina Batres, Muñoz Soria y Uriel González. A quienes se sumaron los priístas Octavio West y Cristian Vargas, además de los dos petistas ya mencionados.

Los diputados que integran la bancada del sol azteca y que se abstuvieron son Horacio Martínez Meza y Patricia Razo, además de Maximiliano Reyes, a quien el diputado Alejandro Carbajal trató de convencer para que apoyara ese punto de acuerdo, pero se negó abiertamente. Otros que se abstuvieron son Lía Limón (PAN), José Alberto Couttolenc y Raúl Nava (PVEM), así como los priístas Alicia Téllez e Israel Betanzos.

Sin pronunciamientos

Durante la sesión de ayer ya no hubo pronunciamientos en contra y a favor en tribuna, como ocurrió el pasado jueves, cuando Carlo Fabián Pizano, del PAN, pidió que se evitara aprobar el citado punto de acuerdo hasta en tanto no se tuvieran más elementos de la disputa legal entre La Jornada y Letras Libres, que llegara hasta el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que los ministros resolvieran la semana pasada al desechar el amparo solicitado por esta casa editorial en contra de la sentencia que absolvió del delito de daño moral al mensuario.

Cabe mencionar que en esa sesión del pleno de la SCJN, cuatro de los ministros –Arturo Zaldívar, Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Jorge Pardo Rebolledo– consideraron que el derecho a la libertad de expresión debe prevalecer sobre el derecho al honor; sin embargo, el ministro instructor, Zaldívar Lelo de Larrea, expresó que esa decisión no significaba que el máximo tribunal comparta las manifestaciones o los juicios expresados por la revista.

El único ministro que votó en contra de ese fallo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, sostuvo que la columna Cómplices del terror, que impugnó por la vía legal La Jornada, sí afecta el honor y la reputación del diario, además de que el dictamen de la sentencia no registra pruebas de las acusaciones publicadas en la revista, por lo que la publicación mensual tiene que reponer la lesión jurídica que ocasionó al periódico, como corresponde

Los homosexuales podrán adoptar hijos en Coahuila

Se privilegia el derecho de niños a tener una familia: juez

Ordenan cambiar leyes estatales

Leopoldo Ramos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de noviembre de 2011, p. 32

Saltillo, Coah., 29 de noviembre. En respuesta a un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por legisladores panistas, quienes alegaban discriminación contra los matrimonios tradicionales, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila sólo les dio la razón en un punto y ordenó al Congreso local retirar del Código Civil la prohibición para que parejas de igual o distinto sexo unidas por pacto civil de solidaridad puedan adoptar hijos.

El 11 de enero de 2007, la mayoría priísta en el Congreso del estado aprobó una reforma legal para incluir el pacto civil de solidaridad en el Código Civil y en la Constitución política estatal. Esta figura jurídica formaliza relaciones de vida en común de parejas heterosexuales y homosexuales.

Quienes se unan en pacto civil de solidaridad son considerados por ley compañeros civiles o solidarios y se deben ayuda y asistencia mutua, consideración y respeto, así como deber de gratitud recíprocos, y tendrán obligación de actuar en interés común; de igual manera, tendrán derecho a alimentos entre sí, de acuerdo con el artículo 385-1 del Código Civil estatal.

El primero de marzo de 2007, los entonces ocho diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN) se inconformaron con la decisión y promovieron ante el Tribunal Superior de Justicia del estado un juicio de inconstitucionalidad contra los elementos violatorios del principio de igualdad y del mandato constitucional de no discriminación.

Miriam Cárdenas Cantú, magistrada ponente del proyecto de sentencia, aprobado por siete votos contra cinco, destacó: De manera injustificada, el legislador había establecido una limitante apriorística. Solamente por el hecho de haber firmado el pacto civil de solidaridad ya estabas descalificado para adoptar, lo que el tribunal consideró inconstitucional.

Los legisladores panistas, agregó, alegaron que el pacto civil de solidaridad discrimina a quienes deciden unirse en matrimonio, pero el argumento se anuló, pues el que haya una figura paralela para regular a las personas de igual o distinto sexo que decidan llevar vida en común no discrimina, porque hay de por medio un acto de voluntad para decidir convivir con una persona y el Estado no debe impedirlo.

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Después de que el Congreso de Coahuila aprobó la incorporación del pacto civil de solidaridad al Código Civil del estado, el Poder Judicial resolvió ayer que parejas del mismo sexo podrán adoptar hijos. En la imagen, dos mujeres celebran el resultado de la votación en el Legislativo, en enero de 2007Foto Leopoldo Ramos

También se quejaron de que el pacto civil de solidaridad se puede romper de manera unilateral, lo cual no ocurre en el matrimonio, pero este razonamiento también fue desechado. El hecho de que exista una forma diferente de cancelar una relación es porque se trata de una figura diferente y ello no significa que exista discriminación, añadió.

“Otro punto del juicio de inconstitucionalidad fue que las controversias entre compañeros civiles debe resolverlas un juez civil sin mayor formalismo, pero esto tampoco es discriminación, porque la misma medida se estipula en el código de procedimientos civiles para el matrimonio.

Los panistas alegaron que no se contempla la manera de asegurar alimentos a los compañeros civiles, pero hay un procedimiento para asegurar alimentos a todos aquellos que lo requieran sin importar la situación civil en que se encuentren, dijo la juzgadora.

Los inconformes señalaron que el código impedía a los compañeros civiles adoptar hijos, lo que sí atentaba contra el principio de igualdad y no discriminación, pues no existen en la doctrina disponible elementos suficientes para que se diga que el solo hecho de tener una preferencia sexual afecte de manera específica el comportamiento y la responsabilidad para dar atención a un menor.

Explicó que la adopción se justifica legalmente por ser el derecho de los niños a una familia, y precisamente por el interés superior del niño no podemos tener una disposición que, de entrada, limite a quienes puedan proporcionar hogar, sustento y alimentación a niños y niñas.

Señaló que una adopción no se debe autorizar o negar con base en las preferencias sexuales de los solicitantes, sino como resultado de la investigación del consejo de adopciones.

Con la decisión de los magistrados de modificar la reforma legal de 2007, los legisladores deberá reformar a la brevedad posible el artículo 7 de la Constitución local y el 385-7 del Código Civil, que esipulan que los compañeros civiles no pueden adoptar hijos

Quitan predio a indígena con el pretexto de que no tiene herederos varones

San Cristóbal de las Casas, Chis., 29 de noviembre. El alcalde priísta del municipio de El Bosque, Pedro Gómez Gómez, despojó de un terreno de cinco hectáreas a un indígena tzotzil que no habla español ni tiene los medios para defenderse, denunciaron sus familiares.

Dijeron que el argumento del presidente municipal es que el propietario del predio, Diego Pérez Hernández, de 65 años de edad, no tiene hijos varones, sino sólo seis hijas y por tanto, según los usos y costumbres, no tiene la obligación de repartirles la tierra.

Agregaron el 23 de noviembre trabajadores y policías municipales comenzaron a cercar el predio, que supuestamente se usará para construir una escuela.

Ya fuimos ante el agente del Ministerio Público de Simojovel, pero nunca está y nos dicen que no pueden recibir la demanda. Ya acudimos a las autoridades de la Secretaría de Gobierno en la zona y tampoco nos hacen caso, manifestaron parientes del afectado, quienes pidieron anonimato.

Señalaron que el sábado pasado fueron a las oficinas del Consejo Estatal de los Derechos Humanos con sede en San Cristóbal para interponer una queja.

Explicaron que Pérez Hernández es originario del vecino municipio de San Andrés Larráinzar. Hace 20 años se fue a vivir a la finca Las Amapolas, de 60 hectáreas y cuyo propietario, Ángel Aguilar del Carpio, le vendió cinco hectáreas, según la escritura pública que tiene en su poder.

El predio está junto al ejido Los Plátanos, municipio de El Bosque, a la orilla de la carretera que conduce a Simojovel, en el norte de Chiapas, y la mitad está cultivada con café.

“El presidente municipal pretende vender el terreno a dos señores del municipio de Bochil –que colinda con El Bosque –afirmaron–. Hemos tratado de hablar con él, pero siempre nos dicen que no está, que sólo trabaja aquí de lunes a miércoles y los demás días está en Tuxtla Gutiérrez”, indicaron.

Los familiares del afectado pidieron la intervención del gobernador Juan Sabines Guerrero para pedir que se repare esta injusticia cometida contra el indígena, que no tiene cómo defenderse de las arbitrariedades del alcalde

Repudio a la violencia contra mujeres en BCS

La Paz, BCS. Más de 500 personas marcharon ayer por el malecón de esta ciudad en protesta por la violencia contra las mujeres. La directora del Instituto Estatal de la Mujer, Zulema Cota Gabilondo, dijo que las agresiones no se deben tolerar. Según la Encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares 2006 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, Baja California Sur ocupó el lugar 26 en violencia contra las mujeres en el país. La funcionaria agregó que el estado ocupa el segundo lugar en embarazos de adolescentes, las cuales padecen discriminación

Se entregan a PGR cientos de personas que acusaron a Calderón ante la CPI

Juristas como el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Genaro Góngora Pimentel y el ex procurador general de la República Diego Valadés, así como organizaciones no gubernamentales y activistas políticos y sociales, suscribieron un pronunciamiento en el cual expresan su preocupación ante la posibilidad de que el gobierno federal entable acciones legales contra los 23 mil ciudadanos que, en pleno ejercicio de su derecho a acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya para que se investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad, tanto por funcionarios públicos (entre ellos el presidente Felipe Calderón) como por narcotraficantes.

Lo anterior fue dado a conocer durante un acto realizado frente a la Procuraduría General de la República (PGR), durante el cual los más de 250 asistentes se entregaron a las autoridades en forma simbólica, tras conocer que la Presidencia de la República podría presentar una denuncia en su contra por el delito de difamación.

Los manifestantes afirmaron que están dispuestos a responder a cualquier denuncia que se presente en su contra, pues con más de 50 mil muertos se debe cambiar esa estrategia, terminar con la guerra y que se juzgue a los responsables de generar tanta violencia, no acallar a los ciudadanos. También señalaron que la incompetencia es criminal cuando se asesina a más de 50 mil personas y no hay justicia.

En ese contexto, los firmantes de la denuncia contra el presidente Felipe Calderón, los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional dieron a conocer el pronunciamiento de los juristas, en el cual se menciona: “Estamos convencidos que esta acción del gobierno violentaría, entre otros, los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, así como los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Independientemente de que la información en cuestión desemboque o no en una investigación del fiscal de la Corte Penal Internacional, sea considerada jurídicamente viable por los jueces de la CPI o pueda ser o no refutada por el mismo gobierno federal con base en los argumentos jurídicos del caso en cuestión, hoy resulta sumamente preocupante que se pretenda intimidar a los ciudadanos al emprender acciones legales en su contra.

Invitamos respetuosamente al gobierno federal, y en particular al presidente Felipe Calderón, a que reconsidere esta acción que podría afectar gravemente el estado de derecho, la libertad de expresión y la convivencia democrática en el país.

Durante la manifestación, el subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, en nombre de la procuradora Marisela Morales Ibáñez, llegó hasta donde estaban los oradores y ofreció: Las puertas de la PGR están abiertas para quien quiera presentar alguna denuncia.

Los manifestantes le preguntaron si la Presidencia de la República ya había presentado alguna denuncia, porque estaban ahí para entregarse. El funcionario dijo que no tenía información al respecto y entonces le gritaron que se fuera; él se retiró del lugar y el mitin continuó.

Entre los asistentes a la movilización estuvieron, entre otros, el promotor de derechos humanos Jesús Robles Maloof; Eder Guevara, del Movimiento contra el Olvido, y los firmantes Marcos Alejandro Gil González, John Ackerman, Amilkar Sandoval y Zazil Carreras, quien afirmó que el Presidente tiene miedo a que la historia lo juzgue, pero es mejor que lo haga la Corte Internacional

Moreno Muñoz pidió apoyo jurídico a Províctima, no medidas cautelares

La Procuraduría de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) informó que Nepomuceno Moreno Muñoz, activista sonorense asesinado el lunes pasado, sí acudió a esa instancia a solicitar apoyo jurídico, pero no pidió medidas de protección personal.

El señor Moreno asistió aquí, a las instalaciones de la procuraduría, el 14 de octubre para solicitar que lo acompañáramos a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) en calidad de víctima, y así se hizo; se le acompañó, pero en ningún momento manifestó que su vida estuviera en riesgo o corriera algún peligro, sostuvo América Nava Trujillo, encargada de la subprocuraduría de Atención a Víctimas de Províctima.

Manifestó a La Jornada que en este caso no registraron alguna situación extraordinaria: Nosotros vimos a la persona y, según la manifestación que nos hizo, en ningún momento hizo alusión a que corría algún riesgo o peligro; simplemente, como solicitan varias víctimas, quería acompañamiento ante la autoridad

Diputados reforman Ley del Infonavit para regresar fondos a trabajadores

Diputados reforman Ley del Infonavit para regresar fondos a trabajadores
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Integrantes del Consejo de Defensa de la Vivienda se manifestaron ayer frente a la Cámara de Diputados contra las modificaciones a la norma del InfonavitFoto Francisco Olvera
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Periódico La Jornada
Miércoles 30 de noviembre de 2011, p. 17

La Cámara de Diputados reformó la Ley del Infonavit, con el propósito de trasladar 10 mil millones de pesos en remanentes del fondo de vivienda de los trabajadores a las estructuras de ahorro de las Afore.

La modificación, enviada al Senado, permitirá devolver esos recursos a los jubilados que no obtuvieron créditos para la compra de casas.

Los legisladores también determinaron que los trabajadores podrán obtener un segundo préstamo para la adquisición de viviendas, con la salvedad de que serán otorgados por el Infonavit en coparticipación con bancos o Sofoles.

El proyecto de decreto, impulsado por la bancada del PRI, reforma los artículos 43, 44 y 47 de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el octavo transitorio del decreto, por el que se modifican y adicionan diversas disposiciones de la Ley del Infonavit, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1997, bajo los siguientes preceptos:

Da oportunidad al trabajador para que, a solicitud expresa, los créditos puedan ser otorgados en pesos o en veces el salario mínimo, privilegiando en todo momento el tripartismo del Infonavit y también las finanzas sanas del mismo, para poder dar mejores rendimientos a las subcuentas de los trabajadores y mejores créditos a éstos.

Leobardo Soto, representante priísta, expresó: Hoy estaremos haciendo historia en favor de millones de trabajadores, pues por fin van a recuperar su fondo de vivienda, que suma más de 18 mil millones de pesos y será regresado a poco más de un millón de empleados.

A pesar de la relevancia del tema, de nueva cuenta en el salón de plenos imperaba el desorden entre los asistentes, quienes desoían a los ponentes. Emilio Chuayffet Chemor, presidente de la mesa directiva, demandó respeto a la norma. Ruego a los diputados conducirse conforme a la forma que exprese respeto al orador, no ocupar los pasillos para dar paso a pláticas que de ninguna manera responden al interés que cada uno de nosotros debe tener por quien hace uso de la palabra.

Así, Francisco Hernández Juárez (PRD) reconoció los postulados positivos de la iniciativa. Está bien que a los trabajadores les regresen los recursos acumulados en el SAR. Me parece correcto que a quienes han pagado su crédito tengan oportunidad de un segundo. Me parece correcto que se les actualice el crédito en salarios mínimos cada año y que ahora se agregue que también se puede actualizar en pesos, a juicio o a criterio del trabajador.

Pero tras el reconocimiento vino la crítica a la iniciativa del PRI. “Desde 2009 el gobierno del presidente (Felipe) Calderón tenía claramente la intención de pasar los recursos del Infonavit al SAR. Sé que en ese entonces podían obtener mejores rendimientos, que el propósito del fondo era beneficiar a los empleados para que su pensión tuviera mejores recursos y mayores intereses.

En años recientes las cuentas individuales de los trabajadores han perdido alrededor de 55 mil millones de pesos, es decir, ahí no se obtienen beneficios. No sé a quién se le ocurre que pasar las cuentas de los empleados en el Infonavit o sus recursos del Infonavit a las cuentas individuales va a significar el más insignificante beneficio. Ahora se nos presenta diciendo que sólo los excedentes se van a invertir en las cuentas individuales. ¿Cómo se puede hablar de que el Infonavit tiene recursos excedentes, si el instituto no puede cumplir con sus programas de vivienda? ¿Cómo van a distraer recursos del Infonavit para pasarlos a estas cuentas individuales?

Sería de 4% el alza a los minisalarios

Hoy se instalará la sesión permanente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami), para determinar los sueldos que regirán en 2012.

Al respecto, el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, adelantó que el incremento será por arriba del índice inflacionario previsto para este año, el cual se calcula ligeramente superior a 4 por ciento, con el fin de evitar más deterioro del poder adquisitivo de los trabajadores.

Lozano admitió que, aun cuando los minisalarios no alcanzan para nada y en los pasados cuatro sexenios el poder adquisitivo se redujo 75 por ciento, se debe pensar en la planta productiva y el empleo, por lo cual no es posible un alza de 10 por ciento, que en términos reales sería poco más de cinco pesos.

Se dijo en desacuerdo con que desaparezca la Conasami y agregó que sería grave que la tarea de fijar los incrementos a los minisalarios fuera de los legisladores, como algunas voces proponen, ya que se politizarían las negociaciones y no se llegaría a acuerdo alguno.

El funcionario fue entrevistado al término de la ceremonia de inauguración de la asamblea general de la UNI (central sindical mundial del ramo de las telecomunicaciones), en la cual el secretario general del Sindicato de la Industria de Televisión y Radio y vocero de la Confederación de Trabajadores de México, Patricio Flores, planteó que aun cuando los salarios mínimos requieren un ajuste de 10 por ciento o más, no es factible que se otorgue ese porcentaje, como algunos sindicatos están demandando. Por ello, el incremento a los minisalarios, vaticina, será de sólo un punto y algo más arriba de la inflación.

Patricio Flores estimó que el alza podría quedar entre 5 y 6 por ciento, es decir, uno o dos puntos arriba de la inflación. Ello porque, dijo, la mayoría de las empresas no estaría en condiciones de otorgar aumentos superiores. Dijo que para la Confederación de Trabajadores de México la mejor empresa es la que está abierta.

Ante el pleno de la asamblea, a la que asistieron representantes sindicales de más de 100 países, indicó que en México aumentó el trabajo precario y se dio un fenómeno de vulnerabilidad de los trabajadores.

Por otra parte, el presidente de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Isaías González Cuevas, planteó que el sector obrero rechazará el 4 por ciento de aumento a los minisalarios que propuso la Confederación de Cámaras Industriales

Aprueba el Senado cambios a la Ley de ImprentaPor unanimidad, el Senado modificó ayer la Ley de Imprenta, a fin de armonizarla con las reformas de hac

Por unanimidad, el Senado modificó ayer la Ley de Imprenta, a fin de armonizarla con las reformas de hace cuatro años al Código Penal Federal, por las que se despenalizaron calumnia, injuria y difamación.

Se derogaron los artículos 1º y 31 de esa Ley de Imprenta, en los que se establece que calumnia, injuria y difamación son ataques a la vida privada, sancionados con prisión de seis meses a dos años y multa de entre 100 y 100 mil pesos.

En el dictamen se establece que la derogación de esos dos artículos es para hacer armónica y coherente la Ley de Imprenta con los cambios al Código Penal Federal y las adiciones al Código Civil Federal que se promulgaron en abril de 2007 y que eliminaron la penalización de los llamados delitos de prensa.

De hecho se derogaron en esa fecha los artículos 350 al 363 del Código Penal Federal, que establecían como tipos penales a la calumnia, la injuria y la difamación, y se dejó en los jueces del ámbito civil la facultad de resolver si las personas, periodistas y comunicadores actúan dentro de la ley al difundir su información y opiniones.

La pena de prisión a quien exceda la libertad de expresión y de imprenta se sustituyó por la posibilidad de demandar la reparación del daño a terceros.

Es decir, calumnia, difamación e injuria pasaron de ser un delitos penales a civiles, que “podrán ser sancionados mediante una indemnización, con base en los artículos 1916 y 1916 Bis del Código Civil Federal. Tales cambios se trasladaron ayer a la Ley de Imprenta.

Con las modificaciones, se garantiza la plena protección de la libertad de expresión para mantener el ejercicio de este derecho ajeno a la amenaza de una sanción penal”, se precisa en el dictamen de la minuta, que se aprobó con 81 votos a favor y pasó al Ejecutivo federal para su promulgación.

En tribuna, el senador del PRD Pablo Gómez hizo notar que la Ley de Imprenta requiere otras modificaciones, ya que es una legislación que data de 1917, cuando la expidió el entonces presidente Venustiano Carranza y por ello es ya anacrónica.

Les recuerdo que esa ley tiene otras prohibiciones, como la de publicar a personas besándose, expresó.

Recordó también que el Senado está en falta, porque no ha aprobado la ley de derecho de réplica, pese a que el plazo venció desde hace años. ¿Para qué modificamos la Constitución y luego no hacemos las leyes reglamentarias? Es una tomadura de pelo

CARTONES DE LA JORNADA





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