Cobertura universal del Seguro Popular, en registro, no en hechos: investigadoras

Chiapas, Michoacán y Guerrero, entidades que hicieron mal uso de recursos destinados a la salud Guillermo Montalvo Fuentes México DF, noviembre 10 de 2011. Aunque según datos del Ejecutivo Federal 52 millones de mexicanos están afiliados actualmente al Seguro Popular, lo que representa 43 por ciento de la cobertura universal de salud en el país, 29 por ciento de los gastos que hacen las familias, destinados al cuidado de su salud, está relacionado con la compra de medicamentos, esto de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2010. Para especialistas de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, lo anterior revela que la afiliación por sí misma no garantiza el acceso a los servicios de salud. “Se habla de un aumento en la afiliación de personas que no tenían seguridad social, pero no de cómo se garantiza el acceso efectivo a los servicios de salud y medicamentos de quienes ya están afiliados. En este sentido, tenemos dos realidades: por un lado la afiliación, la cobertura universal en el registro, y por otro, los hechos, que nos dan cuenta de algunos problemas de opacidad, falta de rendición de cuentas, falta de infraestructura sanitaria y mal ejercicio de los recursos”, coincidieron Briseida Lavielle, Gina Chacón y Mariana Pérez, investigadoras del área de presupuestos en Fundar. Explicaron que uno de los problemas de acceso más frecuente es el desabasto de fármacos en clínicas y hospitales, lo que afecta la economía de las familias. Por tal motivo subrayaron que la cobertura universal no se logrará hasta que se reduzca la proporción de financiamiento que ponen las personas de su bolsillo para acceder al sistema de salud y a los medicamentos. “La cobertura universal demanda una serie de aspectos que en México no se están cumpliendo; no sólo hablamos de calidad en los servicios y accesibilidad, sino también de ver los recursos reflejados en la mejora de las condiciones de salud y de vida de la población afiliada” A pesar de que existen lineamientos específicos en relación a la compra de fármacos, los estados no los cumplen, pues aunque tienen la obligación de gastar hasta 30 por ciento de las asignaciones en la compra de medicamentos genéricos, y con los precios de referencia que establece la Secretaría de Salud, la Auditoría Superior de la Federación, con respecto al Informe de la Cuenta Pública de 2009, demostró que no sucede así. Para las investigadoras de Fundar esta situación es compleja, debido a que una vez que el dinero va de la federación a los estados, no hay manera de obligarlos a que den una rendición de cuentas de regreso. “Con base en datos de la Auditoría Superior de la Federación de 2009, los estados más opacos que, si bien no desviaron, sí por lo menos hicieron mal uso de los recursos, fueron Chiapas, Michoacán y Guerrero. El caso de éste último es el más alarmante, pues estamos hablando de 27 millones de pesos como saldo total de irregularidades en compra de medicamentos, un gasto que no es menor si se consideran las carencias que tiene el estado” Lavielle, Chacón y Pérez mencionaron que los estados sí compran los medicamentos, pero el problema está en el uso de los recursos, pues los adquieren a sobreprecios, lo cual impacta en el abasto de fármacos en clínicas y centros de salud. Aunque reconocieron que es responsabilidad de los diputados “ser creativos” y encontrar lineamientos específicos que ayuden a llevar un mejor control del gasto y más transparencia, pues son ellos, los legisladores, quienes discuten el Presupuesto de Egresos de la Federación y pueden poner “candados”, no sólo al Seguro Popular, sino a todos los programas públicos, las investigadoras sugirieron como posibles soluciones la intervención, además de la Auditoría Superior de la Federación, de la Secretaría de la Función Pública, instancia que tiene las atribuciones para vigilar y controlar el gasto.

EDITORIAL. Presupuesto, galimatías que se enreda más al final del sexenio*

Editorial México DF, noviembre 10 de 2011. Cada año, la repartición de los recursos del presupuesto federal es un galimatías que se enreda aún más al final del sexenio. Con las elecciones en puerta, las prioridades del gobierno obedecen más a intereses políticos que a las necesidades sociales. Todos aquellos programas que no se consideran redituables en términos electorales pasan a segundo plano. Es el caso de programas de salud, como el del control de la epidemia de VIH, o de los programas destinados a equilibrar las desigualdades sociales, como los destinados a paliar las desventajas de las mujeres. La propuesta de Presupuesto Federal 2012 no sólo no propone incrementos en estos rubros sino que en términos reales significa reducciones a las partidas señaladas, como si los problemas que se intentan resolver también se hubieran reducido, lo que no es el caso. Las infecciones por VIH no han disminuido, la mortalidad por sida no se ha abatido grandemente, los índices de violencia hacia las mujeres están a la alza y las tasas de mortalidad materna tampoco se han abatido, por citar sólo algunos casos. No se pueden cumplir metas comprometidas ni enfrentar problemas sociales crecientes con presupuestos reducidos o, en el mejor de los casos, inmodificados. Sólo la sensibilidad de las y los legisladores, como ha ocurrido en otros años, puede enderezar la agenda de prioridades del Ejecutivo federal. De lo contrario, lo que nos espera es la simulación y la retórica declarativa de funcionarios públicos a la hora de entregar cuentas. *Publicado en el número 184 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 3 de noviembre de 2011

Pide jefe de laboratorio de Clínica Condesa utilizar citómetros de flujo embodegados

Pide jefe de laboratorio de Clínica Condesa utilizar citómetros de flujo embodegados Leonardo Bastida Aguilar El citómetro de flujo permite el estudio de las poblaciones linfocitarias afectadas por el VIH México DF, noviembre 09 de 2011. Con la finalidad de aprovechar la visita del paciente para realizar un diagnóstico de VIH/sida integral, en el que al mismo tiempo se puedan aplicar pruebas de CD4 y carga viral, Luis Juárez Figueroa, jefe del laboratorio de la Clínica Especializada Condesa, gestionó desde hace tres años la donación de dos citómetros de flujo –aparatos que permiten el estudio de las poblaciones linfocitarias afectadas por el VIH– ante la compañía alemana Partec Essential Healthcare. El laboratorista explicó que la compañía germana donó el equipo el 29 de octubre de 2008 al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMNSZ) con la finalidad de ser evaluados “y posteriormente ser utilizados en clínicas periféricas”, entre ellas la Clínica Condesa, sin embargo, a tres años de la llegada de los citómetros al laboratorio de Infectología de la institución médica, fueron embodegados. Para Juárez, esta actitud por parte del laboratorio del INCMNSZ, responde a que en México, “históricamente” se ha centralizado el control de la realización de pruebas en los institutos médicos de la Secretaría de Salud, los cuales cobran entre 350 y 500 pesos por pruebas de carga viral y CD4, y tardan casi dos meses en entregarlos para que el médico las analice. Por el contrario, explica, con los citómetros donados, la prueba de conteo de CD4 costaría 40 pesos. El jefe de laboratorio comentó que uno de estos equipos estuvo a prueba un año en el Instituto Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos de la Secretaría de Salud, y la directora de la institución, Celia Alpuche, mencionó que uno de los aparatos sería destinado a la Clínica capitalina. A pesar de esto, el equipo fue regresado al laboratorio del INCMNSZ. Para el especialista, esta situación debería cambiar ya que el conteo de CD4 -prueba que realizan los citómetros donados- permite conocer en los individuos afectados su capacidad de respuesta inmunitaria, y tiene mucha importancia para el seguimiento de la evolución de la infección y el tratamiento adecuado para el paciente. “Lo que es una obligación es hacer un diagnóstico oportuno, en tiempo real, aprovechar la visita del paciente para hacer diagnóstico del VIH, de hepatitis B y C, y sífilis. Inmediatamente se les toman muestras de sangre y en 48 horas se les confirma su diagnóstico. Debemos hacerles al mismo tiempo CD4 y carga viral para brindar un diagnóstico integral y remitirles al infectólogo”, recalcó. Así, el experto consideró que es necesario poner a disposición del médico la mayor cantidad de recursos disponibles para realizar diagnósticos. Diagnóstico integral, herramienta necesaria Para Juárez, los lugares idóneos para realizar el diagnóstico integral de la infección por VIH son los Centros Ambulatorios para la Atención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (Capasits), ya que en ellos se pueden implementar diversas herramientas de diagnóstico y pruebas complementarias simples y/o rápidas para conocer el verdadero estado de salud del paciente. Añadió que para lograr dar ese servicio de diagnóstico integral se requiere persuadir a las autoridades de la conveniencia de acercar los recursos al paciente y al médico, y a los laboratorios centrales proponerles desempeñen un papel de facilitadores mediante tareas de enseñanza, monitoreo de calidad y la referencia de casos especiales. De acuerdo con Juárez, en otros lugares como África, sitio al que acudió como voluntario de la organización Médicos sin Fronteras, se trabaja con pruebas rápidas y conteos de CD4. “Allí se hacían dos pruebas rápidas, y si daban positivo, se les realizaba el CD4 para iniciar el tratamiento, otorgado por la organización, lo antes posible”. Por último, comentó que en México esto no se hace, y por el contrario, el hecho que el resultado de una prueba de carga viral o de CD4 se sepa dos meses después de haber sido tomada puede resultar perjudicial para el paciente, debido a que el virus pudo haber mutado y el medicamento suministrado podría carecer de efecto.

Realizan en Puebla primer foro sobre trabajo sexual, derechos humanos y VIH/sida

Se discutireron políticas públicas en materia de salud y seguridad pública Agencia Independiente Noti-Calle-Redacción NotieSe México DF, noviembre 09 de 2011. Trabajadoras sexuales de San Martín Texmelucan, Puebla, pertenecientes al colectivo “Mujeres en Lucha contra la Discriminación”, realizaron el “1er Foro de Trabajo Sexual, Derechos Humanos y VIH/sida”, para discutir las políticas públicas del municipio hacia este sector social, que dijeron, “rayan en la discriminación, al promover la aplicación de la detección obligatoria del VIH/sida y la persecución de quienes tienen sus puntos de encuentro en la vía pública”. El colectivo surgió a partir de los abusos de autoridad de policías y personal médico del ayuntamiento ejercido contra las trabajadoras sexuales de esa localidad y pugna por el reconocimiento al trabajo sexual, pues no se consideran prostitutas, ni sexoservidoras, apelativos que calificaron como estigmatizantes. Las trabajadoras sexuales se han reunido desde hace tres meses con el fin de organizarse, capacitarse, conocer y defender sus derechos humanos, para así ejercerlos y promover el diálogo con las autoridades municipales, estatales y federales; razón por la cual convocaron al foro para abordar los temas de trabajo sexual, derechos humanos y VIH/sida. Al evento fueron convocadas la Coordinación Estatal del VIH/sida, a cargo de María Claudia Rivera Luna; la Jurisdicción Sanitaria Número 5, cuyo titular es José Adrián Marco Antonio Tecpapécatl Romero; y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, bajo la responsabilidad del ombudsman Adolfo López Badillo. De acuerdo con las organizadoras también participaron las autoridades municipales involucradas en el control sanitario y la represión policíaca como las regidurías de Salud, Educación, Grupos Vulnerables, Desarrollo Social y Rural; así como de la Dirección de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan. Entre las organizaciones civiles que participaron se encuentran Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, Provicondon, Mujeres en Lucha Contra la Discriminación, Librorum Cultura Libre, así como David Avendaño (Krizna), integrante de la comisión de enlace de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.

México, tercer lugar mundial en pornografía infantil en la web

Entre 2008 y 2011 la policía cibernética atendió al menos 5 mil 518 denuncias; muchos de los menores y jóvenes que interactúan por la red no tenían conocimiento de ello: Ifai

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 44

México ocupa el tercer lugar en el mundo en delitos cibernéticos relacionados con la pornografía infantil, según registros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), reveló la comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Ifai), Sigrid Arzt Colonga.

En la web, enfatizó, se encuentran más de un millón de imágenes de menores que son víctimas de explotación sexual.

Respecto de lo que se ha registrado en territorio nacional, agregó, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal informó que la pornografía infantil abarca 50 por ciento del total de delitos que se registran en la red.

En entrevista en la Biblioteca Vasconcelos, al término de la presentación del cartel Diez consejos útiles para el uso de Internet, detalló que la policía cibernética mexicana atendió, entre 2008 y noviembre 2011, al menos 5 mil 518 denuncias por pornografía infantil. Muchos de los menores de edad y jóvenes que interactuaban en la red no tenían conocimiento de ello.

Advirtió que el fraude y la suplantación de identidad es el segundo delito en importancia en el país, y enseguida los consumidores que compran en la web, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Muchas personas envían, a través de su correo electrónico, a familiares y otras personas el número de su cuenta bancaria, la clave con la cual tienen acceso, su nombre completo, entre otros datos, y la delincuencia organizada anda pescando esos datos y tienen los mecanismos suficientes para capturar esa información y hacer transacciones fraudulentas.

Arzt advirtió que el robo de identidad es el delito más serio en todas las economías del mundo, y no hay ninguna ley en el mundo que pueda actuar a la misma velocidad que las tecnologías para detenerlo, por lo cual es fundamental que cada usuario tome conciencia de cómo navegamos, porque en ninguna parte del mundo se ha podido compaginar marco normativo con la velocidad de los avances tecnológicos.

Durante la presentación del cartel, elaborado por el Ifai y la Secretaría de Educación Pública (SEP), dijo que en el país existen 35 millones de internautas de entre 12 y 24 años de edad; de ellos, dos terceras partes están en las redes sociales, de ahí la importancia de educar a niños y jóvenes en el uso de la web para evitar delitos que incluyen trata de personas, fraude y suplantación de identidad.

Artz Colonga precisó que cada minuto se descargan en la Internet 13 horas de video. Es tal la cantidad, que se requerirían más de 412 años para ver todos los videos que se han subido a la web.

Asimismo, se encuentran más de 5 mil millones de historias, desde temas personales hasta cuentos y otros datos. Aunado a ello, cada vez más menores de edad y jóvenes acceden a la red.

Al respecto, Francisco Ciscomani, titular de la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEP, dijo que 75 por ciento de menores de 35 años en México son nativos digitales, cada año crecen los usuarios en 18.5 por ciento y dos de cada 10 hogares tienen acceso a la red.

De las recomendaciones escritas en el cartel, sobresalen: piensa antes de publicar, pues todo lo que se escribe y envíe a la red está al alcance de todos, aunque se borre; “mantén secreta tu contraseña; cuida tu imagen y la de los demás; verifica qué saben de ti; cierra tu sesión; usa un apodo o alias; no digas todo de ti; asegura y cuida tus cuentas, y crea varios e-mails”

"Imperativo", pagar lo justo a 2 millones de trabajadoras domésticas, dice la OIT

Se impulsará que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre derechos de esas empleadas

Imperativo, pagar lo justo a 2 millones de trabajadoras domésticas, dice la OIT

Significativo, que 92% de las personas que realizan esta actividad sean mujeres: Wissing

Elizabeth Velasco C.

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 45

Las trabajadoras domésticas en México sufren rezago en el ejercicio de sus derechos humanos, ya que 14 de cada 100 trabajan en varias casas y, pese a ello, 22.5 por ciento gana entre 250 y 500 pesos a la semana, mientras 7.8 por ciento reciben menos de 250 pesos en ese lapso.

Asimismo, 25 personas de cada 100 justifican darles de comer alimentos sobrantes y sólo entre uno y 6 por ciento tienen alguna prestación social, consigna la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis), presentada ayer en el Senado de por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), ONU Mujeres y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La Enadis revela que en México más de 2 millones de personas dedicadas al trabajo doméstico remunerado viven cotidianamente los efectos de prejuicios históricos, minusvaloración y discriminación que se dan al amparo de la privacidad del hogar, la frontera entre lo público y lo privado, la creencia de que el buen trato suple derechos laborales, y la falta de acciones gubernamentales para promover la igualdad.

La directora regional de ONU-Mujeres para México, Centroamérica, Cuba y República Dominicana, Ana Güezmes, señaló que para ese sector sigue pendiente el tema de generar las herramientas y mecanismos que permitan el pleno reconocimiento de sus derechos. Ello, no obstante, que el trabajo del hogar representa 21.6 por ciento del producto interno bruto, indicó la subsecretaria de inclusión laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Patricia Espinosa.

El director de la oficina de la OIT para México y Cuba, Thomas Wissing, detalló que las personas de ese sector representan 4.5 por ciento del total de la población económicamente activa (PEA) en el país, esto es, 11 por ciento de la PEA femenina y sólo uno por ciento de la masculina. Es significativo, dijo, que 92 por ciento de las personas que realizan trabajo doméstico remunerado sean mujeres.

Wissing advirtió que es un imperativo legal pagar lo justo y reconocer los derechos laborales a dos millones de trabajadoras del hogar; hacerlo, explicó, tendrá un impacto socioeconómico positivo, pues se estimularía el mercado interno, se contribuiría a la generación de empleo formal e incidiría directamente en los índices de pobreza.

Ricardo Bucio, presidente del Conapred, planteó reformar la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social, e incluso hay que crear una ley específica sobre trabajo doméstico para evitar las dificultades que existen de reformar la ley laboral.

A su vez, el presidente de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables del Senado, Guillermo Tamborrel, exhortó a las y los legisladores a aprobar la reforma laboral para garantizar los derechos de las trabajadoras del hogar y se comprometió a impulsar que el Senado ratifique el Convenio 189 sobre los Derechos de Trabajadoras del Hogar, una vez que sea recibido de pardel gobierno de Felipe Calderón.

Con ese convenio se pretende adoptar nuevos estándares internacionales de protección de los derechos a partir de la ratificación que hagan los estados parte de la ONU

Se pronuncia Carpizo por garantizar que la mujer decida sobre su cuerpo

El constitucionalista Jorge Carpizo MacGregor se pronunció por garantizar a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo y su reproducción, por lo que, dentro de los parámetros legales, ellas son las que tienen que elegir si abortan.

Al ofrecer una conferencia magistral como parte del seminario Alcances y limitaciones de las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los casos de Baja California y San Luis Potosí, organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el ex rector de esa casa de estudios delineó argumentos constitucionales, democráticos y sociales para considerar constitucional la despenalización de la interrupción temprana el embarazo.

En primer lugar explicó los términos vida y vida humana. De acuerdo con la ciencia, dijo, lo que diferencia a los seres humanos de animales y plantas es la corteza cerebral.

“La diferencia entre nosotros y otras especies es la existencia del sistema nervioso central, que no se desarrolla desde el momento de la concepción, sino entre la semana 20 y 24 (de gestación).

“Por ello podemos afirmar que antes de las primeras 12 semanas –límite que la legislación del Distrito Federal establece para permitir un aborto seguro y voluntario– estamos convencidos de que no hay vida humana.”

El ex procurador general de la República indicó que la tercera causa de muerte de mujeres en México son los abortos clandestinos, a los que acuden sobre todo personas con más limitaciones económicas y sociales. Si bien no hay cifras oficiales, se estima que en el país se presentan entre 500 mil y un millón 200 mil al año.

¿Por qué negar a la mujer un aborto seguro dentro de los marcos legales? En esto hay una gran hipocresía y cinismo; las mujeres abortan, es un hecho, sean religiosas o no, pero tienen aborto seguro quienes pueden pagar por él, y las pobres son las que exponen su vida y salud al acudir a espacios inseguros.

Para Carpizo, negar a la mujer el derecho a decidir sobre su cuerpo vulnera varios artículos constitucionales, entre ellos el primero, referente a los principios de igualdad y no discriminación, y el cuarto, que establece que las personas tienen derecho a decidir el número de hijos que desee tener y espaciamiento entre ellos

Las amas de casa tienen derecho a 50% de los bienes, si se divorcian

Las mujeres que se dedican exclusivamente al cuidado de sus hijos y al hogar en el estado de México tienen derecho, al momento de tramitar su divorcio, a exigir 50 por ciento del patrimonio hecho durante su unión matrimonial, ya que así lo permite la reciente reforma al Código Civil en esa entidad, indicaron abogados expertos en derecho familiar consultados por La Jornada.

Los abogados Walter Martín Piñeiro Muñiz, Víctor Manuel Gamboa Rullán y José Patiño coincidieron en que se trata de una ley acorde con la legislación de países del primer mundo, donde la equidad de género y el reconocimiento a las mujeres que se dedican de tiempo completo al cuidado de los hijos son una realidad tutelada por sus constituciones.

Los litigantes refirieron, en entrevistas por separado, que casos como los de Elisa Mizrahi Ambe y Liliana Ortiz Gómez, quienes estuvieron en prisión por delitos que les imputaron sus esposos con tal de que desistieran de su derecho a recibir 50 por ciento de los bienes adquiridos dentro del matrimonio, demuestran que es indispensable una ley que obligue a jueces en materia penal a ser más cautelosos al momento de librar órdenes de aprehensión en juicios relacionados con divorcios.

Este diario publicó ayer la historia de Elisa Mizrahi Ambe, acusada por su marido, el empresario textil Mayer Zaga Romanode, de abuso de confianza por haber chocado un automóvil Mercedes Benz.

Elisa espera que el juez 12 de lo civil con sede en Huixquilucan, Patricio Tiberio Sánchez Vertiz, le conceda el 50 por ciento de los bienes que le concede la legislación civil mexiquense, ya que se dedicó al trabajo del hogar.

El juez acaba de llegar a ese juzgado; su antecesor tenía listo un proyecto de resolución de divorcio en el que daba la razón a la señora Mizrahi.

Sería imprescriptible en la capital el delito de tortura

Diputados locales aprueban en comisiones el dictamen sobre reformas al Código Penal

Dan elementos más sólidos a jueces cuando se trate de determinar un caso de este tipo

Raúl Llanos

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 41

Diputados de PRD, PAN, PRI PVEM y PT aprobaron ayer el dictamen sobre las reformas al Código Penal de esta capital, por el cual se tipifica con mayor precisión el delito de tortura y se le da carácter de imprescriptible, es decir, podrá ser perseguido por las autoridades locales aunque hayan pasado muchos años de que algún servidor público haya incurrido en ese ilícito.

El proyecto de dictamen fue puesto a consideración de las comisiones de Derechos Humanos, y de Administración y Procuración de Justicia y, luego de que se le hicieron algunas modificaciones, propuestas por Carlo Fabián Pizano (PAN) y Guillermo Orozco (Movimiento Ciudadano), se avaló por unanimidad, con lo que se prevé que durante la sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de este jueves, o a más tardar el martes próximo, se discuta en el pleno de los diputados para su votación definitiva.

De acuerdo con esas reformas, el delito de tortura se sacó del título vigésimo del Código Penal del Distrito Federal, relativo a los delitos en contra del adecuado desarrollo de la justicia cometidos por servidores públicos –derogándose los artículos 294 al 298– y se pasó al título décimo, relativo a los delitos cometidos contra la dignidad de las personas, con lo que se crerían los artículos 206 bis, ter, quarter y quintus.

Por lo que se refiere a las sanciones, se mantiene el hecho de que aquel servidor público a quien se compruebe esas prácticas ilegales enfrentará prisión de tres a 12 años, pero se incrementan en los casos de los funcionarios que pudiendo impedir la comisión del delito de tortura no intervenga.

David Razú, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ALDF y promovente de esa iniciativa de reformas, comentó que uno de los aspectos más importantes de esos cambios es que se quita el elemento difícil de probar: la intencionalidad, y ahora no tiene que haber ninguna intencionalidad para tipificarlo y sancionarlo, sino que haya un conjunto de tratos que no pueden ser dados a una persona en ningún caso o escenario.

Consideró que de ser aprobado por el pleno de la ALDF los jueces tendrán elementos más sólidos para determinar un caso de tortura y no caer ya en que si se trata de tratos crueles e inhumanos, maltrato, lesiones o abuso de autoridad.

Remarcó que esas modificaciones al Código Penal fueron consensuadas con organizaciones defensoras de los derechos humanos, así como con autoridades locales y con la misma Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, por lo que descartó que puedan enfrentar el veto o rechazo

Piden al GDF ahondar lucha antiadicciones

Organizaciones civiles se pronunciaron por que el Gobierno del Distrito Federal intensifique las políticas públicas orientadas a la prevención de adicciones.

En el foro Exclusión social y adicciones, Simón Tavera Romero, director ejecutivo de prevención del Instituto para la Atención y Prevención de las Adiciones (IAPA), dijo que el abordaje de este binomio es complejo, pues la población en situación de vulnerabilidad y excluida socialmente no va en busca de servicios sociales.

Agregó que sólo 15 por ciento de los adictos recurren a tratamiento y 85 por ciento permanecen en la reproducción de hábitos de consumo. Al referirse a la población en situación de calle, señaló que es necesario revisar el contexto social en que se desarrolla para que las políticas públicas de prevención tengan resultados y no sean de bajo pronóstico.

Gabriel Rojas Arenaza, director general de la organización Educación con el Niño Callejero (Ednica), apuntó que las drogas cada vez son más fáciles de conseguir, incluso por la población excluida, y también cada vez es más difícil que esta población acceda a los servicios de salud

Protestan miles de maestros en cuatro estados

Demandan destituir a Elba Esther Gordillo, cancelar la ACE y mejor servicio en el Issste

Paros, marchas, mítines, ocupación de oficinas públicas y bloqueos de carreteras fueron algunas de las acciones que realizaron ayer miles de maestros y organizaciones simpatizantes en Michoacán, Chiapas y Guerrero en repudio a la Alianza por la Calidad de la EducaciónFoto La Jornada Michoacán, Elio Henríquez y Lenin Ocampo

De los corresponsales

Periódico La Jornada
Miércoles 23 de noviembre de 2011, p. 36

Miles de maestros de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Chiapas se manifestaron ayer en rechazo a las políticas educativa y laboral del gobierno del presidente Felipe Calderón, a quien acusaron de pretender privatizar el sector mediante la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE).

Con paros, marchas, mítines, bloqueos viales, toma de edificios públicos y casetas de peaje, los mentores atendieron el llamado al Paro cívico nacional por la defensa de la educación pública y el empleo.

Exigieron la salida de la cacique Elba Esther Gordillo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y mejor servicio del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste).

En Oaxaca, los 73 mil docentes adheridos a la sección 22 del SNTE marcharon y bloquearon vialidades en la capital y las principales ciudades del estado.

Cerraron los accesos a dependencias estatales y federales, así como tiendas departamentales y de autoservicio, y tomaron casetas de cobro, entre ellas la ubicada cerca del municipio de Coixtlahuaca.

En el Istmo de Tehuantepec, unos 13 mil maestros cerraron carreteras en los municipios de Salina Cruz, Tehuantepec, Ciudad Ixtepec, Tapanatepec y Matías Romero, lo que incomunicó esa región con la capital de Oaxaca, Chiapas y Veracruz.

Cientos de autobuses, camiones y automóviles particulares quedaron varados. El paro dejó sin clases a un millón 300 mil alumnos de 13 mil planteles de prescolar, primaria, secundaria y educación media superior.

En Guerrero, unas 10 mil personas efectuaron movilizaciones simultáneas en Chilpancingo, Tlapa de Comonfort, Acapulco, Ciudad Altamirano e Iguala, convocadas por el Frente de Masas de Guerrero, que aglutina a más de 30 organizaciones.

En Tlapa, unos 500 campesinos, profesores de educación indígena y miembros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) bloquearon las salidas de las vías que comunican esa demarcación con Chilpancingo, Puebla, Metlatónoc y Marquelia.

Exigieron la cancelación de la ACE, la salida del Ejército de las comunidades de la región, castigo a los culpables de asesinatos y desapariciones en años recientes, y la liberación de presos políticos.

En el puerto de Acapulco, un grupo de mentores bloqueó las entradas a la Secretaría de Educación estatal y al Issste, donde denunciaron falta de medicamentos, personal y disponibilidad de camas.

Pidieron mejorar los servicios que ofrece la institución y que las pensiones de los trabajadores jubilados se calculen de manera adecuada.

Unos 300 maestros de los seis planteles del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Guerrero suspendieron labores para exigir la destitución del director general de ese sistema, Mauro García, a quien acusan de incumplir el contrato colectivo de trabajo. Unos 2 mil 600 alumnos se quedaron sin clases.

Por separado, un centenar de campesinos de los bienes comunales de Cacahuatepec, en la zona rural de Acapulco, se plantaron en el palacio federal para denunciar corruptelas de los supervisores del Procampo.

En Chilpancingo, Minervino Morán, dirigente del Frente de Masas, encabezó a unas 3 mil personas que marcharon al palacio de gobierno. Nadie los atendió y en protesta bloquearon la Autopista del Sol de las 14 a las 16 horas.

En Morelia, Michoacán, marcharon más de 7 mil integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes realizaron un mitin frente al palacio de gobierno para exigir abasto de medicinas, la derogación de la Ley del Issste y rechazar la ACE.

Encabezados por su dirigente, Jorge Cázares, tomaron la Secretaría de Educación de la entidad. Unos 40 mil mentores no laboraron, en perjuicio de al menos 800 mil estudiantes.

Más tarde, cientos de miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo marcharon en solidaridad con el Sindicato del Poder Judicial del estado, que demanda mejores condiciones de trabajo.

En Chiapas, miles de maestros del bloque democrático de la sección 7 del SNTE suspendieron labores y durante siete horas bloquearon varias carreteras del estado, en demanda de la salida de Elba Esther Gordillo de ese organismo y la cancelación de la ACE.

Manuel Mendoza Vázquez, dirigente regional del Bloque Democrático en los Altos de Chiapas, demandó que se emita la convocatoria para el relevo de la dirigencia de la sección 7, donde Gordillo “impuso charros”.

Octavio Vélez Ascencio, Hiram Moreno, Sergio Ocampo Arista, Héctor Briseño, Ernesto Martínez y Elio Henríquez

Estudiantes exigen disculpa por represión

Tepic, Nay. El presidente de la Federación de Estudiantes de Nayarit, Pedro Karás, exigió una disculpa pública al edil de Tepic, Héctor González Curiel, por los abusos cometidos por policías municipales contra estudiantes que llevaban a cabo un festival musical la tarde del domingo en la plaza principal, de donde fueron desalojados por presunto desorden público. Personal de comunicación social de la alcaldía estuvo en la conferencia de prensa y grabó las declaraciones de los jóvenes denunciantes. A su vez, el director de la policía municipal, David Pérez Landeros, negó las agresiones a los jóvenes.

SLP: condenan a cura a 33 años de cárcel por violar y matar a menor

San Luis Potosí, SLP, 22 de noviembre. El sacerdote salesiano José Carlos Contreras Rodríguez fue condenado a 33 años y seis meses de prisión por la juez sexta penal, Juana María Castillo, quien lo encontró culpable de la violación y el asesinato de la joven Itzachel Shantal González López, cometidos en octubre de 2007.

El cuerpo de la adolescente, quien fue reportada como desaparecida el 20 de octubre de 2007, fue hallado el lunes 23 de octubre de ese año en el salón de usos múltiples del Instituto Salesiano Carlos Gómez, colegio católico de renombre en la capital potosina.

Luego de una accidentada investigación y la acusación del ex policía Julio Ceballos de que las propias autoridades habían extraviado importantes pruebas de la escena del crimen, en septiembre de 2009 se ordenó aprehender a Contreras Rodríguez, quien en ese momento era director de primaria del Instituto Salesiano.

El inculpado era defendido por el abogado Cándido Ochoa Rojas, quien tras ser nombrado procurador por el gobierno del priísta Fernando Toranzo, que apenas empezaba, dejó la defensa del religioso y ejercitó la orden de aprehensión en su contra.

La arquidiócesis primada de México nombró defensor del clérigo a Armando Martínez Gómez, presidente del Colegio de Abogados Católicos de México, quien durante el proceso acusó al gobierno de Fernando Toranzo de aliarse con la masonería potosina para acabar con la orden salesiana, apoyándose en un ex policía señalado por presuntos nexos con el crimen organizado.

La juez Juana María Castillo dictó sentencia contra José Carlos Contreras por considerar que las pruebas presentadas por la parte acusadora demuestran plenamente su culpabilidad.

Armando Martínez anunció que ya tiene lista la apelación e incluso podría acudir al Poder Judicial de la Federación, pues la inocencia del religioso se demostró ampliamente.

José Carlos Contreras se encuentra en el Centro de Prevención y Readaptación Social de La Pila desde el 7 de octubre de 2009

Plan de infraestructura para Oaxaca viola derechos de indígenas: activista

Oaxaca, Oax., 22 de noviembre. El Plan Territorial de las Infraestructuras de Oaxaca, que incluye 13 proyectos de alto impacto, viola los derechos de los pueblos indígenas, que no fueron consultados por el gobierno estatal, afirmó la coordinadora del Área de Participación Ciudadana e Incidencia Pública de la organización Servicios para una Educación Alternativa, Angélica Castro Rodríguez.

La activista expuso que los 13 proyectos en territorios indígenas (entre ellos la presa Paso Ancho, la presa hidroeléctrica Paso de la Reina, el libramiento Sur, las supercarreteras Mitla-Tehuantepec y Barranca Larga-Ventanilla, un centro de convenciones y un penal) forman parte del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 y requerirán una inversión de 50 mil 955 millones de pesos.

Explicó que la administración estatal invitó a industriales, constructoras, embajadores y ministros de varios países, así como a empresas canadienses y estadunidenses para concretar el plan.

Según el secretario de las Infraestructuras, Netzahualcóyotl Salvatierra López, “estos proyectos convertirán a Oaxaca en uno de los estados de mayor crecimiento del país.

Castro Rodríguez detalló que el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 reconoce que se han violado los derechos de las comunidades indígenas al no consultarlas sobre este tipo de obras, lo que ha dado lugar a conflictos sociales y resistencia. Pese a ello, sostuvo, la actual administración incurre en el mismo error.

En su primer informe, el gobernador Gabino Cué Monteagudo subrayó que estos proyectos serán sustentables y se realizarán en forma consensuada y contribuirán a reducir la desigualdad regional

A LOS MINISTROS DE LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Nos dirigimos a ustedes, ministros de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para exponerles nuestra inconformidad con el proyecto de resolución del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea referido al contencioso que por más de siete años han llevado ante tribunales nuestro diario La Jornada y la revista Letras Libres.

En primer lugar queremos expresarles que, desde nuestra óptica, no se trata de un mero asunto de forma la manera como Fernando García Ramírez, subdirector de la revista mencionada, acusó en marzo de 2004 a nuestro diario, sin aportar prueba alguna, de ser cómplice del terror de la organización vasca Euskadi Ta Askatasuna (ETA). No consideramos jurídicamente válido, ni éticamente justificable, que se pretenda confundir la libertad de expresión con el cobijo de la justicia a quien calumnia.

Es un asunto trascendental porque lo que ustedes decidan impactará, para bien o para mal, en el comportamiento de los medios de comunicación nacionales. Desde que Letras Libres publicara la grave acusación contra La Jornada, nuestra publicación, haciendo uso de su derecho de réplica, garantizado por la Ley de Imprenta, reclamó con todo comedimiento a Letras Libres las pruebas de sus afirmaciones o, en su caso, la retractación. El hecho de que hasta el momento no se haya recibido respuesta es prueba palmaria de que el propósito de tales afirmaciones no era informar adecuadamente a los lectores, sino todo lo contrario.

Les manifestamos, por último, nuestra opinión de que incriminar a un medio, calificándolo como cómplice del terror, es exponer gravemente al acusado, a sus directivos, a quienes en él trabajan, y a sus colaboradores a ser víctimas de injustas represalias y violaciones graves a sus garantías fundamentales, esas sí amparadas nacional e internacionalmente. Para nosotros, además, no es lo mismo ejercer el derecho responsable a la crítica que difamar a terceros, personas o medios. Más aún cuando el país enfrenta una coyuntura en la que se pretende hacer pasar la libertad de expresión como libertad para calumniar, y el ejercicio del derecho a la libertad de expresión como un delito contra la seguridad del Estado.

Directivos: Carmen Lira Saade: Directora General, Carlos Payán Velver: Director Fundador, Hugo Gutiérrez Vega: Presidente del Consejo de Administración, Guillermina Alvarez: Asistente de la Dirección, Josetxo Zaldúa: Coordinador General de Edición, Carlos Narváez Robles: Contralor de Edición, Elena Gallegos: Coordinadora de Información General, Margarita Ramírez Mandujano: Coordinadora de la Mesa de Redacción, Luis Hernández Navarro: Coordinador de Opinión, Francisco García Noriega: Coordinador de Diseño, Luis Gutiérrez Reyes: Coordinador de Tecnología, Manuel Meneses Galván: Internet, Marco Antonio Hinojosa: Coordinador de Publicidad, Mireya Cuéllar: Jefa de Estados, Pedro Aldana: Jefe de Deportes, Emilio Lomas Maldonado: Jefe de Economía, Marcela Aldana: Jefa de Mundo, Miguel Ángel Velázquez: Jefe de Capital, Pablo Espinosa: Jefe de Cultura, Fabrizio León Díez: Jefe de Espectáculos, Lourdes Galaz: Coordinadora de Publicaciones Especiales, Socorro Valadez: Correo Ilustrado, Rebeca Panameño: Archivo Fotográfico.

Articulistas: Abraham Nuncio, Adolfo Sánchez Rebolledo, Alejandro Nadal, Ana María Aragonés, Andrés Barreda, Ángel Guerra, Ángel Luis Lara, Ángeles González Gamio, Arnaldo Córdova, Arturo Alcalde Justiniani, Bárbara Jacobs, Bernardo Barranco, Bernardo Bátiz V., Enrique Dussel, Enrique Calderón Alzati, Carlos Fazio, Carlos Martínez García, Carlos Ortiz Tejeda, Claudia Gómez Haro, Cristina Barros, Clara Huacuja, Elena Poniatowska, Francisco López Bárcenas, Gabriela Rodríguez, Gilberto López y Rivas, Gonzalo Martínez Corbalá, Guillermo Almeyra, Gustavo Esteva, Gustavo Gordillo, Gustavo Leal F., Hermann Bellinghausen, Ilán Semo, Iván Restrepo, Jaime Martínez Veloz, Javier Aranda Luna, Javier Flores, John M. Ackerman, John Saxe-Fernández, Jorge Camil, Jorge Carrillo Olea, Jorge Durand, José Blanco, José Cuéli, José Antonio Rojas Nieto, José María Pérez Gay, José Stéinsleger, Julio Muñoz Rubio, León Bendesky, Luis Linares Zapata, Luis Tovar, Magdalena Gómez, Manuel Pérez Rocha, Marco Buenrostro, Marcos Roitman Rosenmann, Margo Glantz, Miguel Concha, Miguel Marín Bosch, Néstor de Buen, Octavio Rodríguez Araujo, Olga Harmony, Orlando Delgado, Pablo González Casanova, Paco Ignacio Taibo II, Pedro Miguel, Raúl Zibechi, René Drucker, Rolando Cordera Campos, Silvia Ribeiro, Simón Vargas, Soledad Loaeza, Teresa del Conde, Víctor Flores Olea, Víctor M. Quintana, Víctor M. Toledo, Yuriria Iturriaga

Columnistas: Julio Hernández López, Miguel Ángel Rivera, Enrique Galván Ochoa, Carlos Fernández Vega, Jaime Avilés, Alfredo Jalife-Rahme, José Agustín Ortiz Pinchetti, Gloria Muñoz Ramírez, Andrea Bárcena.

Moneros: Bulmaro Castellanos (Magú), Rafel Barajas Durán (El Fisgón), Antonio Helguera (Helguera), Gonzalo Rocha (Rocha), José Hernández (Hernández) Manuel Ahumada (Ahumada).

Colaboradores: Francisco Toledo, Vicente Rojo, Carmen Parra, Jesusa Rodríguez, Liliana Felipe, Livma Zacarías, Emilio Payán, Ida Rodríguez Prampolini, Rogelio Cuéllar, Pedro Valtierra, Lilia Rossbach.

Información General: Alfredo Méndez, Alma Muñoz, Alonso Urrutia, Andrea Becerril, Ángeles Cruz, Angélica Enciso, Blanche Petrich, Carolina Gómez, Claudia Herrera, Elizabeth Velasco, Emir Olivares, Enrique Méndez, Fabiola Martínez, Fernando Camacho, Georgina Saldierna, Gustavo Castillo, Jesús Aranda, José Antonio Román, Karina Avilés, Laura Poy, Matilde Pérez, Patricia Muñoz, Roberto Garduño, Sanjuana Martínez, Rosa Elvira Vargas, Ariane Díaz, Arturo Cano, Arturo García, Rosa Rojas.

Mundo Corresponsales: David Brooks, Stella Calloni, Gerardo Arreola, Juan Pablo Duch, Armando G. Tejeda, Enrique Gutiérrez Aicardi. Redactores: Gabriela Fonseca, Ricardo Castillo, Carlos Erik Hernández Vilchis, Rosa Elvia Magaña, Guillermo García Espinoza de los Monteros, Montserrat Hawayek, Fabiola Santos Morales, Ximena Galván, A. Alonso Hernández García, Eréndira Palma.

Economía: Miriam Posada García, Víctor Manuel Zendejas, Andrea Morales Galván, Julio Reyna Quiroz, Ericka Duarte Melchor, Roberto González Amador, Víctor Mateo Cardoso O., Israel Rodríguez Jiménez, Juan Antonio Zúñiga Mendoza, Juan Carlos Miranda Tarango, Susana González Gutiérrez

Capital: Rodolfo Contreras Ramírez, Ángel Bolaños Sánchez, Raúl Llanos Samaniego, Rocío González Alvarado, Claudia Alvarez Laris, Agustín Salgado Ricaño, Bertha Teresa Ramírez Cruz, Mariana Suárez Esquivel, Laura Gómez Flores, Gabriela Romero Sánchez, Alejandro Cruz Flores, Mirna Servín Vega, Josefina Quintero Morales, Gerardo J. Lucas Martínez.

Estados: David Zúñiga, Rolando Medrano, Martín Arceo Leónides Sandoval, Luis Alberto Reyes, Erika Capuleño, Hortencia Hernández, María Teresita Menes, Dolores Flores.

Cultura: Ángel Bernal, Merry MacMasters, Gloria Romero, Carlos Paul, Arturo Jiménez, Ericka Montaño, Ángel Vargas, Fabiola Palapa Quijas, Alondra Flores Soto, Mónica Mateos-Vega, Reyes Martínez Torrijos.

Espectáculos: Jovita Crispín Solís, Arturo Cruz Bárcenas, Juan José Olivares, Jorge Caballero Flores, Roberto García Rivas, Jaime Whaley Dillmann.

Deportes: Rosalía Alejandro Villanueva, Miguel Ángel Ramírez González, Jorge Sepúlveda Marín, Carlos Hernández Hernández, José Garduño Gómez, Marlene Santos Alejo, Abril del Río, Juan Manuel Vázquez Soriano, Karla B. Torrijos Rivera, Óscar Alejandro Alegría Ortiz.

Fotografía: José Núñez, Carlos Cisneros, Carlos Ramos Mamahua, Guillermo Sologuren, Luis Humberto González, Cristina Rodríguez, Marco Peláez, Jesús Villaseca, Francisco Olvera, Yazmín Ortega Cortés, José Carlo González, Alfredo Domínguez, Roberto García Ortiz, José Antonio López, Víctor Camacho, María Luisa Severiano, María Meléndrez, Eréndira Barajas.

Mesa de Redacción: Manuel Guerrero Alarcón, Francisco Adán Farfán, José Antonio Vázquez García, Amalia Rivera de la Cabada, Ricardo Ortiz Manzanares, Adolfo Cervantes Ortiz, José Mario Ruiz Tenería, Noemí M. González Castellanos, Andrés Ruiz González, Olivia Casanova Lara, Raúl García García, Roberto Casillas Valadés, José Luis Ortiz Hernández, Ma. Magdalena Rogel Nava, Eva Álvarez Ramírez, Estela Aguilar Feregrino, Jorge Anaya Roa, Víctor Manuel Barreto Monter, Ángel Bernal Alaniz, Roberto Cabrera Martínez, José Félix Carapia Sánchez, Enedino González Aldana, Norma Angélica Hernández Pérez, María del Rosario Jáuregui Nieto, Enrique Mandujano Sandoval, Perla Nayeli Moncada Silva, María del Socorro Ortiz Mendieta, Catalina Paizanni Herrera, Maria Elena Rivera Pedro, Hilda Ruiz Cervantes, José Antonio Santana Sepúlveda.

Tipografía: Concepción Franco, Margarita Hernández, María del Carmen Morales, Sandra Blanco Arévalo, Amelia García Arias.

Formación: Antonio Vera Valencia, Manuel Montes, Luis Alberto Jiménez, Alejandro Rossete Maldonado, José Ramírez González, Teresa López Arista.

Imagen Digital y Escáner: Elvira G. Maldonado Antonio, Alejandro Pavón Hernández, Francisco del Toro Bolaños, Andrés Torres Yepez, Pablo Camacho López.

La Jornada On Line: Eduardo Gálvez Vadillo, Laura Yssel Hernández Sánchez, Martha Elena Acevedo Mendiola, Elian Cruz Guzmán, Yadira Sil Carmona, Edahena Villavicencio Aragón, Carmen Mercedes Villanueva, Itsel Olivares, Ricardo Pérez Palacios.

Sistemas: Alejandro Pérez Reyes, Emerson Novoa López, José Dimas Herrera Mejía, David Germán Velázquez, Luis Vázquez Juárez, Eduardo Durán Moreno, María del Rocío Piñeiro Ortiz, Manuel Flores Rocha, Omar Pérez Oróztico, Inés Angélica de León Sigg, Armando Andrade Díaz, Ana Silvia Díaz, Alexis Torres Garnica.

Administrativos: Martha Elena Acevedo Mendiola, Estela Aguado Rojas, Aleyda Aguirre Rodríguez, Norma Edith Altamirano Santander, Miguel Ángel Anaya Pérez, Felipe Arturo Barajas Bustillos, María del Rocío Barajas Caballero, Rafael Barajas Cabello, Ambrosio Alberto Blancas Guzmán, Pablo Gerardo Camacho López, Octavio Cambrón Ramírez, Erika Priscila Capuleyo Servín, Raúl Carpio Cervantes, Mario Contreras Díaz, Miriam Concepción Contreras López, Elizabeth Contreras Luna, Mario Córdova Delgado, Amador Cortés Cruz, Maricela Delgado Dueñas, Timoteo Uriel Flores Ortiz, Marco Antonio Flores Rodríguez, Lucio Fragoso Reyes, Carlos Fuentes Sánchez, Arturo Fuerte Montaño, Paloma Galván Cecilio, Faustino García Alcántara, Herminia García Martínez, María Patricia Garduño Vázquez, Sylvia Gómez Alonso, Marisol Gómez Gutiérrez, Óscar Gómez Piña, Laura Grimaldo Flores, Luis Antonio Gutiérrez Zetina, Rocío de la Luz Haro Toscano, Clara Laura Hernández Esperanza, Rubén Hinojosa Rodríguez, Ana Isabel Ibarra Pérez, Rebeca Elena Islas Araujo, María Elena Jiménez Delgado, Bertha Ernestina Jiménez López, Sara Nubia Juárez Butrón, Berta Maldonado, Domingo Mariano Hernández, Concepción Maldonado Zamora, Mariana Gabriela Márquez Ortega, Juan Martínez Cedillo, Ana Lilia Martínez Rodríguez, Concepción Elizabeth Martínez Sánchez, Adriana Rosenda Mata González, Edmundo Mejía Romero, María Elizabeth Mendizábal Arzate, Tania Molina Ramírez, Brenda Iliana Moncada Hernández, Leonardo Mondragón Román, Guadalupe Monsalvo Romero, Gerardo Morán Froilán, Carlos Alberto Muñoz Díaz, Federico Navarro González, Guillermo Navarrete, Guillermo Negrete, Socorro Noelia Novoa Orozco, Daniel Olivares Sánchez, Aída Orozco García, María de la Cruz Ortega Cortés, Norma Carolina Padilla Morales, Oscar Palafox Romero, Margarita Peña Oviedo, Mario Netzul Pérez Lemus, Marta Adelina Pozos Carranco, Juan Gabriel Puga Espinosa, Jorge Navas, Sabrina Tania Quiroz Bernal, Javier Lorenzo Ramos Moreno, Ángela Reséndiz Pérez, Ramiro Reyes Guadalupe, José Carlos Rivas, Alfredo Rodríguez Aguilar, Silvia Hortensia Román Franco, María Guadalupe Sánchez Romero, José Martín Santana Morales, Elizabeth Cristina Santeliz Domínguez, María Estela Sierra Pacheco, Yazmín Yadira Sil Carmona, Cecilia Verónica Silva Campos, Juan Antonio Téllez Ortiz, Marisela Torres Lira, Alberto Valdovinos Baeza, Maria del Refugio Cristina Valencia Ojeda, Eugenia Alejandra Valeriano Buenrostro, Evangelina Vargas Cuéllar, María Diega Guadalupe Vázquez Díaz, Susana Vidal Ochoa, Eduardo Villa, Ricardo Yáñez

"Catástrofe humanitaria" en la región de Tenosique

En la región de Tenosique, Tabasco, se vive desde hace años una situación invisibilizada de catástrofe humanitaria en contra de miles de migrantes indocumentados que cruzan ese territorio todos los días, expuestos al crimen organizado y las autoridades cómplices de éste, pero también contra los refugiados de otros países y los activistas que asumen su defensa.

Es una de las conclusiones del informe La frontera olvidada, que una decena de colectivos de derechos humanos presentaron ayer, luego de realizar una visita de observación por la zona, del 19 al 21 de octubre pasado.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Nacional Todos los Derechos para Todas y Todos, describió las amenazas, actos de hostigamiento y detenciones arbitrarias que padecen los organismos de defensa de los migrantes en la zona de Tenosique, particularmente el Centro de Derechos Humanos del Usumacinta y el Refugio para Personas Migrantes La 72.

Al documentar las actividades de trata de personas de los grupos de delincuentes, y la connivencia de las fuerzas de seguridad, estos dos centros se han visto sometidos a una campaña de agresiones, a tal punto que solicitaron medidas elementales de protección a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como alumbrado público eficiente o acceso a una línea telefónica, sin que hasta el momento se hayan cumplido dichas peticiones.

Diana Martínez, de la organización Sin Fronteras, indicó que la tragedia que se vive de forma cotidiana en Tenosique se ha invisibilizado durante mucho tiempo, pero que de acuerdo con estimaciones de la CNDH sería de unos 20 mil secuestros de migrantes al año, por lo que llamó a basar la política migratoria del país no en el concepto de seguridad nacional, sino en los derechos humanos.

Por su parte, fray Tomás González, director del albergue La 72, llamó la atención sobre el drama que están viviendo las más de 65 familias desplazadas de la comunidad guatemalteca de Nueva Esperanza, y advirtió que en la zona están dadas las condiciones para que ocurra una matanza similar a la de San Fernando, en Tamaulipas.

Finalmente, José Rosario Marroquín, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, dio a conocer las recomendaciones finales del informe, entre las que destacan otorgar una visa de corto plazo para que los migrantes indocumentados transiten libremente por México; realizar investigaciones prontas e imparciales de las agresiones contra defensores de derechos humanos; garantizarle a los refugiados guatemaltecos las mejores condiciones mientras permanecen en el país, y favorecer un retorno digno a su país

La CIDH admite a revisión el caso de las mujeres agredidas sexualmente en Atenco

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció formalmente la admisión de la denuncia presentada contra el Estado mexicano a cargo de un grupo de mujeres que fueron agredidas sexualmente en mayo de 2006 tras la incursión de la policía en la comunidad de San Salvador Atenco, informó ayer el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil).

La notificación fue recibida el pasado viernes por las dos organizaciones que representan a las víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh) y el mismo Cejil, anunció éste último mediante un comunicado.

El caso, presentado el 28 de abril de 2008 con el nombre de Mariana Selvas Gómez y otras contra México, involucra la comisión de delitos graves, como detenciones arbitrarias, tortura, violencia sexual y uso desproporcionado de la fuerza, además de la falta de una investigación adecuada por parte de las autoridades del país.

Por todo ello, el organismo interamericano consideró que hay la posibilidad de que se hayan violado los derechos a la integridad personal, libertad y seguridad de las mujeres atacadas, además de las obligaciones del Estado mexicano en el marco de la llamada Convención de Belém do Pará.

Luego de que la CIDH admitió la queja, las organizaciones representantes de las víctimas tienen tres meses para estructurar sus argumentos de fondo, los cuales serán transmitidos a las autoridades nacionales, para que éstas a su vez armen sus alegatos de defensa en el mismo plazo.

Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Cejil, señaló que este caso ilustra las dificultades que persisten en México para la protección de los derechos de las mujeres cuando aquéllos han sido vulnerados por agentes del Estado, y recordó que el país ya ha recibido antes condenas desfavorables de la CIDH relacionadas con agresiones contra mujeres, como lo demuestran las denuncias de Inés Fernández y Valentina Rosendo.

El director del Prodh, José Rosario Marroquín, celebró que la comisión interamericana admitiera el caso a revisión, y aunque advirtió que sólo se trata del primer paso de un proceso judicial que puede llevarse más o menos un año, consideró que al menos se demuestra que sí hay elementos suficientes para probar los abusos cometidos por el Estado mexicano en Atenco.

Al término de la presentación del informe La frontera olvidada, el activista explicó que las autoridades del país suelen pedir prórrogas que van retrasando el caso, pero advirtió que si el gobierno ignora las eventuales recomendaciones de la CIDH, el tema puede presentarse después ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Todavía nos espera un largo camino, pero anima mucho a las mujeres saber que el caso va para adelante

Tita Radilla recibe reconocimiento internacional

Las Brigadas Internacionales de Paz (PBI, por sus siglas en inglés) y la Alianza a Favor de Abogados en Riesgo entregaron ayer un galardón a Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social Rosendo Radilla Pacheco, en reconocimiento de su valentía y compromiso con la defensa de los derechos humanos en México.

En una ceremonia realizada en Londres, ambas organizaciones destacaron que la activista, junto con sus compañeros de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem), ha sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos por su demanda de justicia para quienes han sufrido desapariciones forzadas.

En su trabajo, la señora Radilla ha sido objeto de diversas amenazas y hostigamientos, razón por la que, desde el año 2003, se le ha brindado acompañamiento, buscando minimizar el peligro que corre y ayudándole a mantener su espacio de actuación como defensora de derechos humanos, anunciaron las PBI mediante un comunicado.

Por todo ello, el colectivo internacional manifestó su preocupación por las deficiencias en el cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la desaparición de Rosendo Radilla –ocurrida en agosto de 1974 a manos de elementos del Ejército–, en particular por el acto público de reconocimiento de responsabilidad que se llevó a cabo sin la presencia de la familia de la víctima.

Finalmente, las Brigadas Internacionales de Paz llamaron al gobierno mexicano a que en el cumplimiento de las sentencias de la CIDH se dé atención prioritaria al diálogo con las víctimas y sus familiares

CARTONES DE LA JORNADA