Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad
"Estamos hasta la madre"
del 5 al 8 de mayo de 2011
Marcha Nacional por la Paz con Justicia y Dignidad
"Estamos hasta la madre"
del 5 al 8 de mayo de 2011
Chilpancingo, Gro.,4 de mayo. Quetzalcóatl Leija Herrera, presidente del Centro de Estudios y Proyectos para el Desarrollo Humano Integral (Ceprodehi), defensor de los derechos de las minorías sexuales y activista del movimiento gay en el estado, fue asesinado a golpes la madrugada de hoy en el centro de esta capital.
Se conocieron dos versiones del crimen, perpetrado a unos metros del zócalo de Chilpancingo. Por un lado, el director de la policía ministerial del estado, Fernando Monreal Leyva, dijo: Hay confusión. Algunos dicen que lo mataron a pedradas, y otros que fue a golpes
.
Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil informó que a un costado del restaurante Citrus se encontraba una persona lesionada a golpes, de unos 33 años, complexión delgada, tez blanca, 1.60 metros de estatura. Vestía pantalón negro, cinturón negro, camisa tipo guayabera blanca y zapatos negros
.
A simple vista, agregó, se le apreciaron huellas de golpes en diferentes partes del cuerpo y dos heridas en el rostro, provocadas al parecer por una piedra; aún se desconoce el móvil del crimen, así como la identidad del o los homicidas.
Familiares de Quetzalcóatl Leija Herrera identificaron su cuerpo en las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se realiza la necropsia para determinar las causas del deceso.
Emiliano García Arzeta, secretario de comunicación social del Ceprodehi, manifestó que su compañero habría sido ultimado en la madrugada; fue encontrado alrededor de las 4 horas a unos pasos del antiguo palacio de gobierno
.
Señaló que Leija presentaba un golpe en el lado derecho de la cabeza, el cual le desfiguró parte del rostro, y no hay evidencias de que se haya tratado de un intento de asalto
.
Recordó que de las 10 marchas del orgullo gay convocadas en la entidad, las últimas seis fueron convocadas por Leija Herrera, quien ya realizaba los preparativos para dicha movilización, en junio entrante.
El activista, de 38 años, formó hace ocho el Ceprodehi, desde el cual emprendió una fuerte lucha por los derechos de la comunidad lésbica-gay en Guerrero. Fue promotor también de manifestaciones de presión al Poder Legislativo estatal para que aprobara la Ley de Sociedades de Convivencia, que avalaría las uniones legales entre personas del mismo sexo. Dicha propuesta, explicó García Arzeta, fue enviada a la congeladora.
Hace dos años, Leija Herrera inició una campaña para exigir a las autoridades investigar los 16 crímenes por homofobia cometidos en 2009, y exigió a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) poner más atención a ese fenómeno.
Desde el año pasado, el Ceprodehi impulsa una campaña para prevenir enfermedades de transmisión sexual, entre ellas el VIH/sida.
Los restos del defensor de los derechos humanos serán sepultados este jueves en Chilpancingo.
La comunidad lésbica-gay de Guerrero condenó el homicidio. Emiliano García Arzeta, integrante de ese movimiento, pidió a la PGJE el esclarecimiento del crimen, al que relacionó con recientes ataques homofóbicosLos biocombustibles, así como otro tipo de energías alternativas, aún no representan opciones para sustituir el uso del petróleo en la producción energética, aseguró Gian Carlo Delgado Ramos, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades (CEIICH) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Entrevistado en el contexto del coloquio internacional Biocombustibles en México: un balance de su viabilidad frente al cambio climático –organizado por el CEIICH y los programas universitarios de Cambio Climático y Medio Ambiente–, el investigador indicó que aún no se ha contabilizado de manera seria
cuánto se necesita invertir, cuál es el gasto de recursos naturales y en qué nivel está la explotación de mano de obra para producir los biocombustibles, por lo que sería ingenuo
pensar que éstos no afectan el ambiente.
Existe un problema fuerte: para obtener cualquier tipo de energía necesitamos energía y otros insumos. En el caso de los biocombustibles, como el etanol, producirlo implica erosión de la tierra, gasto y contaminación del agua, explotación de la fuerza de trabajo y el uso de petróleo. Tratamos de producir etanol para ahorrar petróleo, pero usamos el hidrocarburo para obtenerlo.
Subrayó que si las naciones generadoras de biocombustibles usan mano de obra, y por consiguiente la explotación laboral, si se utilizara tecnología –como los tractores– se invertirían muchos más recursos y no sería tan redituable.
La medición de cuánta energía invertimos para obtener los biocombustibles no se ha contabilizado de manera seria. Hay algunos estudios pero no se contempla de manera seria por ejemplo en la política pública. Esto es una parte del problema.
Si bien el crear una canasta de energías alternativas
sería una opción para disminuir el uso de la que se produce por hidrocarburos, Delgado Ramos manifestó que no hay aún un paquete de energías que puedan sustituir al petróleo con los patrones de consumo que tenemos hoy día. Tenemos que pensar qué tanto estamos consumiendo los recursos. La sociedad debe pensar a fondo sus necesidades energéticas básicas y erradicar el consumo despilfarrado” para diversificar el uso de energías.
El Sindicato de Trabajadores del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal consideró inminente que este viernes sus más de seis mil agremiados lleven a cabo un paro de labores, luego de que las autoridades del órgano judicial respondieron que no hay recursos
para atender su demanda de incremento salarial de 7 por ciento.
En la reunión que sostuvieron ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Édgar Elías Azar, y el líder gremial, Diego Valdez Medina, ambos reafirmaron sus posturas: el primero, de que no hay suficiencia presupuestal y el segundo de que, si no hay aumento, el 6 de mayo los trabajadores sindicalizados no se presentarán a sus centros de trabajo.
Autoridades del TSJDF señalaron que a pesar de que se verificó si se podrían hacer ajustes en algunas áreas, hasta el momento no ha sido posible atender la demanda laboral, pues no se obtuvo el aumento solicitado al presupuesto, aunado a que se tienen que destinar recursos para la implementación de la reforma penal.
Las fuentes consultadas reconocieron que de concretarse el paro de labores no se tendría capacidad para cumplir con las tareas de los casi 6 mil 800 trabajadores sindicalizados, pues los empleados de confianza sólo suman tres mil 200.
Se verían afectados los juzgados de paz penal, civiles, mercantiles y penales, así como el Servicio Médico Forense.
Aunado a eso, señalaron las fuentes, el tribunal enfrenta dificultades para la aplicación de la reforma penal, pues en junio deberá quedar instaurada la figura del juez de ejecución de sanciones, así como tener listas las modificaciones para la implementación de los juicios orales y realizar un estudio sobre cómo se afrontará el tema del narcomenudeoDemandan destituir al director del hospital de Acapulco; fue nombrado por motivos políticos
Suspenden cirugías por el mal estado de los quirófanos; 200 pacientes afectados cada semana
Acapulco, Gro., 4 de mayo. Los hospitales de los servicios estatales de salud en este puerto son instalaciones viejas, con falta de personal, equipo, medicamentos, reactivos de laboratorio y bajos salarios, denunciaron trabajadores de esos nosocomios.
En la Clínica Avanzada de Atención Primaria a la Salud (CAAPS), desde mediados de febrero personal médico se niega a realizar cirugías por el deficiente estado de los quirófanos, mientras en el Donato G. Alarcón, en Ciudad Renacimiento, han comenzado a escasear medicamentos del cuadro básico y un elevador no sirve.
Empleados del hospital general, considerado el más importante de la Secretaría de Salud en el puerto, ocuparon ayer la dirección del nosocomio para exigir la destitución de su director, José Ignacio Ensaldo de la Cruz, pues consideran que no reúne el perfil para el cargo y su nombramiento responde a motivos políticos de la nueva administración.
Necesitamos alguien que venga a resolver problemas. Aquí nos falta de todo: cuando no se descompone una caldera no hay agua; las enfermeras andan pidiendo jeringas al hospital del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado); no hay guantes, gasas, ropa, anestésicos ni antisépticos. El hospital se está cayendo
, expresó José Martín Aguirre Caro, líder del movimiento.
Debido a la falta de insumos, agregó, dejaron de practicarse cirugías programadas desde hace mes y medio, lo que afecta a 200 personas a la semana.
Los inconformes aseguraron tener firmas de 450 de los 700 trabajadores del nosocomio, quienes piden destituir al director.
José Ramón Martínez Sánchez, jefe de técnicos de servicios de radiología e imagen del hospital, relató que desde octubre de 2008 al aparato de rayos X le falta una pieza, por lo que cada día 80 pacientes son remitidos a un laboratorio privado, que cobra 500 pesos por la placa más sencilla.
Técnicos de rayos X deben atender a sus pacientes con un equipo portátil que no cumple la norma oficial mexicana 229-SSAA-2002 de protección radiológica, pues desde hace 15 días no cuentan con un dosímetro (placa que mide la radiación que reciben los usuarios del equipo).
Asimismo, el nuevo equipo para realizar mastografías carece de revelador y licencia, por lo que hoy se suspendieron los 20 servicios que se otorgaban al día.
De todo el estado nos mandan pacientes, también de Michoacán y Oaxaca, de la CAAPS y del hospital Donato G. Alarcón de Renacimiento (ambos estatales), pero no los podemos atender, no tenemos cómo hacerlo
, lamentó una enfermera, quien explicaba a un paciente de Tierra Colorada que por segunda ocasión en un mes no podía ser intervenido de bocio multinodular.
Hay impunidad, falta justicia.
desprecioa mujeres
Guanajuato, Gto., 4 de mayo. Al negarse a tipificar el feminicidio como delito, el gobernador Juan Manuel Oliva Ramírez y los diputados panistas ejercen violencia institucional
y muestran su desprecio
hacia las mujeres, sostuvo la coordinadora ejecutiva del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, María de la Luz Estrada Mendoza, en el pánel Tipificación del feminicidio en Guanajuato.
En la comisión especial integrada por representantes de los tres poderes del estado para analizar una reforma al Código Penal, los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) rechazaron incluir el delito de feminicidio con el argumento de que el asesinato de mujeres es un homicidio simple.
De acuerdo con el diputado Gerardo Gutiérrez Chico, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), sólo aceptaron incluir una agravante cuando el homicidio sea por cuestiones de género y castigarlo con penas de 25 a 35 años de prisión.
Al finalizar su ponencia, en la Universidad Iberoamericana (el gobernador y diputados no se presentaron, pese a haber sido invitados), Estrada Mendoza advirtió que podría ser necesaria la presión de organismos internacionales para que los poderes Legislativo y Ejecutivo tomen en cuenta a las mujeres, como ocurrió con las siete que estuvieron presas por abortar. ¿Cuántos asesinatos deben ocurrir en Guanajuato? ¿Que lleguen a 500, como en Chihuahua, para que así la autoridad reconozca el problema?
, cuestionó.
En Nuevo León la violencia familiar y contra las mujeres se ha recrudecido, debido en parte al auge del crimen organizado, afirmó Liz Sánchez Reyna, directora de Alternativas Pacíficas AC.
Mencionó que de 2009 a 2010 se incrementó en casi 50 por ciento la demanda de servicios que presta la agrupación, que este mes celebra 15 años de apoyar a mujeres y niños agredidos, principalmente en el seno familiar.
Con información de David Carrizales, corresponsal
esclavitud modernaen pocitos
El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera López, advirtió que mientras el gobierno federal no prohíba la operación de los denominados pozos de carbón y obligue a los empresarios mineros a cumplir las normas de seguridad en los socavones, seguirán las muertes de trabajadores, provocadas por siniestros como la explosión del martes en el pozo tres de la empresa Beneficios Internacionales del Norte (Binsa), propiedad de Alfonso González Vélez.
El prelado hizo un llamado a las autoridades, en especial a los secretarios del Trabajo y Previsión Social y de Economía, para que dejen de ignorar los hechos y pongan alto a la situación de esclavitud moderna
que padecen los mineros.
Exigió a la Secretaría de Economía que ya no otorgue concesiones para operar en esas condiciones, porque los pozos son ilegales, sepulcros tolerados
.
En entrevista con La Jornada, Vera López, quien ayer estuvo algunas horas en el Distrito Federal, aseveró que es una falacia sostener que se tolera la actividad de los pozos porque son fuentes de empleo, cuando en realidad son fuentes de explotación y muerte
.
Criticó las declaraciones que el titular de la STPS, Javier Lozano Alarcón, hizo en varias radiodifusoras acerca de la imposibilidad de que la dependencia tenga plena vigilancia en la zona, pues no cuenta con suficientes inspectores y por la dificultad para identificar esas explotaciones mineras.
Es una excusa más
, consideró el obispo, quien dejó entrever que cuando se tiene verdadero interés en encontrar algo se localiza. Cómo es posible que no se pueda saber dónde están los pozos, éstos se ven; tal vez Lozano en su vida había estado en la zona minera.
Sostuvo que si las autoridades tuvieran voluntad para actuar contra los empresarios poceros
, con pocos inspectores se cierra todo
, e indicó que muchas cosas no se quieren ver porque están cubiertas por la corrupción
, que en Pasta de Conchos quitó la vida a 65 mineros y ha dejado enterrados ahí a 63, así como la que permite que operen los pocitos y que en ellos laboren menores de edad.
Señaló que en las condiciones en que se encuentra el país ya no se puede seguir tolerando a funcionarios ineptos e inútiles
, por lo cual hace un llamado –después de la nueva tragedia
en Sabinas– para que todas esas autoridades que no garantizan la seguridad de nadie, que no garantizan fuentes de empleo digno, que no garantizan nada, por inútiles se vayan para que permitan que lleguen personas aptas, responsables y preparadas
.
Instó a que la explotación de los yacimientos se realice en forma legal y que las minas sean construidas con las medidas de seguridad
requeridas para garantizar la vida de nuestros hermanos del carbón
.
Explicó que esa medidas tiene como propósito que los mineros no tengan que trabajar en un vil boquete, con tiros de un metro 20 centímetros de altura, en los que laboran 12 horas o más al día, agachados y afectando su columna vertebral, además de que deben soportar ser tratados como animales
.
Afirmó que además están expuestos a morir antes de tiempo por la carencia del equipo mínimo para realizar sus labores.
Vera López desconfió que prospere un denuncia penal en el caso Sabinas, porque en el de Pasta de Conchos la Procuraduría General de la República jamás emprendió acciones contra los empresarios ni acató las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.¿Cuándo hemos visto a un empresario minero o pocero detenido?, preguntó
jefe de una casa de seguridad, y le advirtió que lo mataría por denunciar las actividades de las bandas del crimen organizado ante la Policía Federal
El Movimiento de Unidad Social por un Gobierno del Pueblo (Musocgp), integrado por más de un centenar de organizaciones campesinas, obreras, sindicales y de juristas de tendencia progresista, que apoyan la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, anuncio este miércoles, que se sumará a la convocatoria que diversas organizaciones civiles, a propuesta del escritor Javier Sicilia, llevarán a cabo el próximo fin de semana para exigir justicia y protestar por la violencia, la impunidad y la corrupción que vive la nación.
Eduardo Miranda Esquivel, presidente de la Unión de Juristas de México, quien funge como vocero del movimiento, refirió en conferencia de prensa que diversos contingentes del Musocgp se sumarán el 5 de mayo a la marcha-caravana de Cuernavaca a la Ciudad de México, así como el 8 de mayo en el acto en el Zócalo capitalino.
Aunque consideramos que ya resultan insuficientes las protestas para frenar el crimen, la degradación ciudadana y el terrorismo policiaco militar contra la sociedad, entendemos también que dichas acciones se hacen necesarias por el contexto de la extremada violencia e impunidad que existe en el país, que justifican que nos movilicemos para exigir de las autoridades justicia, seguridad y cumplimiento del estado de derecho, así como castigo a los responsables de los crímenes contra la población, asegurando que el freno a la violencia y la criminalidad, sólo podrá darse con el cambio de este gobierno a uno de carácter democrático popular, con estrategias diferentes contra el crimen y que goce de un amplio y sólido apoyo social, dijo Miranda Esquivel al dar lectura a un extenso comunicado
En México hay carencia de traductores e intérpretes de lenguas indígenas, pues se cuenta sólo con 269 reconocidos y formados
, lo cual es insuficiente si se toma en cuenta que existen 364 variantes, 11 familias y 68 agrupaciones linguísticas, y que 15.5 por ciento de la población se reconoce indígena, de la cual 7 millones dicen ser hablantes de lenguas originarias
, señaló Javier López Sánchez, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
En conferencia de prensa en la que se presentó el documental Justicia sin palabras, indígenas ante el poder judicial en Oaxaca, realizado por los centros de Análisis e Investigación, Fundar y el Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (Cepiadet), indicó que de los citados traductores, sólo 14 están certificados para participar en juicios como intérpretes, pese a que hay mucha demanda de ellos, pues su trabajo es una condición esencial para que el proceso sea justo
.
De acuerdo con el documental, en 2010 había 8 mil 345 presos indígenas en el país, y Tomás López Sarabia, presidente del consejo directivo del Cepiadet, indicó que sólo en Oaxaca son poco más de 2 mil, muchos de los cuales no tuvieron intérprete durante su proceso judicial, lo cual –resaltó– no es sinónimo de que sean inocentes, pero sí de que no tuvieron acceso a un juicio justo
.
Indicó que en el país no hay datos respecto a qué porcentaje de los reclusos nativos no tuvieron traductores en sus procesos legales, pero citó como referente una encuesta realizada por la Organización de Naciones Unidas en 2007, que arrojó que 82 por ciento de 586 consultados dijo no haber contado con intérprete
.
Apuntó que derivado de la elaboración de dicho material audiovisual comenzó a operar el Observatorio Social de los Derechos Linguísticos de los Pueblos y Comunidades Indígenas de Oaxaca en la Procuración y Administración de Justicia; añadió que es necesario dar mayor difusión –tanto entre los indígenas como entre los funcionarios– a la Ley General de los Derechos Linguísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003.
No se ha difundido y muchas cosas no han podido materializarse; por eso es una legislación inefectiva, porque no se aplica y no se conoce ni entre los pueblos indígenas ni entre funcionarios.
.
El titular del Inali reconoció esta situación y dijo que para subsanarla se están desplegando diversas estrategias, entre las que se incluye el aumento de la certificación de intérpretes.
Dijo que se ha propuesto un proceso de planeación lingüística nacional, por medio del cual se realizará un diagnóstico para saber cuántos intérpretes se necesitan en cada estado. Subrayó que dicha estrategia es apoyada por el titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, cuya dependencia es cabeza de sector del Inali.
Destacó que también para avanzar en la difusión y aplicación plena de la ley estamos teniendo reuniones con gobernadores, secretarios de educación estatales, con la comisión para los pueblos indígenas y con diversas comunidades nativas
.
aún es poco, y trabaja en el tema en Quintana Roo, Yucatán, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua y Michoacán