miércoles, 16 de febrero de 2011

Gobiernos locales contra el "manejo electoral" por lámparas ahorradoras

Gobiernos locales contra el manejo electoral por lámparas ahorradoras

La reforma aprobada no obliga al manejo controlado de residuos de mercurio ni especifica que debe haber confinamientos especiales, señaló la legisladora del partido del sol azteca

Enrique Méndez y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 44

Con el voto de todas las fuerzas políticas, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía que valida la decisión presidencial de sustituir las lámparas incandescentes por las fluorescentes o ahorradoras, que –a propuesta del PRI– serán distribuidas por los gobiernos estatales y municipales para evitar que el cambio sea utilizado por el gobierno federal con fines electorales.

El diputado Guillermo Ruiz de Teresa (PRI) propuso que en el cambio de lámparas incandescentes por las de gas de mercurio, que se entregarán a las familias, se incluya a las administraciones locales.

En la discusión de la reforma, el priísta propuso modificar el artículo 7 del dictamen e incluir un transitorio para que sean los estados y municipios los que ejecuten el cambio de lámparas y envíen un informe anual a la Secretaría de Energía, con la finalidad de que ésta evalúe los resultados de utilizar lámparas de bajo consumo de energía eléctrica.

El PAN trató de evitar el candado, y el presidente de la Comisión de Energía, Felipe de Jesús Cantú, alegó que conceder a estados y municipios la política de sustitución implicaría una invasión al fuero interno de las dependencias federales, que también están obligadas a desechar su iluminación eléctrica ineficiente.

Juan Gerardo Flores (PVEM) respondió que la modificación no quita al gobierno federal sus atribuciones de sustituir sus lámparas. No existe confusión alguna en su responsabilidad, dijo.

La reforma, aprobada por 407 votos y dos abstenciones, concede a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) imponer multas equivalentes a entre 100 y 10 mil veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal a quien fabrique, importe, distribuya o comercialice lámparas no ahorradoras y que en sus empaques no incluyan información acerca del consumo eléctrico estimado en los hogares.

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Una niña de kínder hace su tarea con ayuda de una lámpara de baterias en su casa de la colonia Campamento 2 de Octubre, debido a la falta de energía eléctrica por la falla en un transformadorFoto José Carlo González

El dictamen de la Comisión de Energía resalta que la reforma busca reducir emisiones de gases de efecto invernadero, a consecuencia de ahorros de energía eléctrica mediante la elaboración y aplicación de un instrumento normativo que propicie el uso generalizado de lámparas eficientes e impida la comercialización futura de lámparas incandescentes.

Agustín Torres Ibarrola (PAN) explicó que al usar lámparas incandescentes México contribuye con uno por ciento en el total de los gases de efecto invernadero del planeta, y que la reforma servirá para contribuirá a reducir la contaminación.

Refirió que las lámparas fluorescentes consumen 75 por ciento menos de electricidad y tienen una duración 10 veces mayor que las incandescentes, y que al dejar de utilizar éstas dejarán de emitirse entre 780 mil a un millón de toneladas de bióxido de carbono a la atmósfera y se habrá ahorrado un millón de barriles de petróleo para generación de energía eléctrica.

La legisladora Laura Itzel Castillo cuestionó que la reforma no obliga a un manejo controlado de los residuos de las lámparas fluorescentes, que funcionan con gas de mercurio, y no se especifica que deba haber confinamientos especializados.

Este dictamen debe considerar qué hacer con el mercurio. Es decir, un proyecto más acabado y no solamente seguir las instrucciones de Felipe Calderón, señaló.

Porque, acusó, Felipe de Jesús Cantú congeló varios meses las iniciativas que, por separado, presentaron las diputadas Ninfa Salinas Sada (PVEM) y Valentina Díaz (PAN).

El panista esperó a que el presidente Felipe Calderón firmara en Cancún una norma oficial para la sustitución de lámparas para que la comisión votara el dictamen, concluyó Castillo

Respeto a derechos humanos, eje de la nueva ley de migración que prepara el Senado

Respeto a derechos humanos, eje de la nueva ley de migración que prepara el Senado

El Estado mexicano se obliga a otorgar a los migrantes extranjeros acceso a la justicia y servicios de salud

Contiene un capítulo de sanciones para servidores públicos del INM

Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 45

Está lista la nueva Ley de Migración que preparó el Senado, cuyo punto central es el respeto a los derechos humanos de migrantes extranjeros, y que el Estado se obliga a otorgarles acceso a la justicia y servicios de salud, educación y reconocimiento a su personalidad, independientemente de su situación migratoria.

La iniciativa, que consta de ocho títulos, 21 capítulos y 164 artículos, establece que es facultad de la Secretaría de Gobernación formular y dirigir la política migratoria del país por conducto del Instituto Nacional de Migración (INM), el cual será el encargado de instrumentar y ejecutar la política migratoria.

Contiene un capítulo de sanciones para los servidores públicos del INM, considera penas por violaciones a los derechos humanos y aun la destitución y cárcel para servidores públicos, así como multas a personas físicas y morales, nacionales y extranjeras por incumplir la ley.

Durante una reunión de trabajo de las Comisiones de Asuntos Fronterizos Sur y de Población y Desarrollo que sostuvieron senadores con embajadores y cónsules de El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Guatemala y Honduras, les fue presentada la iniciativa, y se les pidió que hagan llegar a la brevedad sus propuestas de revisión, ya que Manlio Fabio Beltrones, presidente del Senado, aseveró que el jueves se presentará al pleno el dictamen para primera lectura.

Ante los diplomáticos se expuso una suscinta explicación de la iniciativa, con la finalidad de que sean el conducto para que sus gobiernos conozcan lo que se está haciendo en México, pero sobre todo lo que hace el Congreso en atención a sus preocupaciones respecto de los migrantes, señaló Beltrones.

Los legisladores solicitaron a los diplomáticos su opinión sobre la iniciativa, que ya conocen porque ha habido reuniones de trabajo con ustedes.

El embajador de El Salvador en México, Hugo Roberto Carrillo, denunció que hay una política contradictoria, ya que en su afán de controlar los flujos migratorios, las autoridades mexicanas cometen atropellos.

“No se vale que les suelten encima a los perros, que los golpeen y que utilicen gases lacrimógenos contra los migrantes. Después de que son agredidos en los operativos, las bandas delincuenciales los esperan para el rebalse de la migración, un nuevo atentado contra ellos, secuestros y violaciones; es un tema digno de atención.”

En función de defender la soberanía, adujo, no deben cometerse atropellos contra los migrantes. Al final de cuentas la migración debería ser una opción de nuestras vidas y no una obligación irnos dejando a nuestras familias. Estamos agradecidos de que nos hayan invitado a dar nuestra opinión y estamos estudiando la iniciativa para hacer llegar nuestras aportacioness lo más pronto posible. La ley es bastante completa, pero vista desde fuera puede ser enriquecida con nuestras modestas aportaciones, señaló.

La embajadora de Guatemala en México, Blanca Rita Josefina Claverie de Scioli, abundó: estaremos analizando la iniciativa sobre las personas que transitan en México. Reconocemos el derecho soberano del Estado mexicano a regular el fenómeno y esta ley recoge todos esos sentimientos de la sociedad.

El cónsul honorario de Guatemala en Villahermosa, Tabasco, Ferdusi Bastar Merito, destacó la importancia de que se establezcan sanciones a las autoridades que sin tener injerencia en el tema migratorio cometen abusos de autoridad.

Manifestó que los oficiales del Registro Civil ponen 50 mil peros para registrar a hijos de migrantes nacidos en México. Cuando la madre es mexicana y el padre extranjero, la obligan a asentar que es soltera; sé de casos de niños de ocho y 10 años que por no contar con su acta de nacimiento no pueden asistir a las escuelas

Analfabetas, casi 33% de las personas mayores de 15 años con discapacidad

Analfabetas, casi 33% de las personas mayores de 15 años con discapacidad
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 44

La exclusión educativa es uno de los mayores problemas que tiene que sortear la población con discapacidad en México.

De acuerdo con datos recabados en un documento sobre la situación de las personas con discapacidad en México, elaborado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), 46 por ciento de esta población no ha completado la educación básica.

México ratificó en 2007 la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y por ese hecho asumió el compromiso de asegurar un sistema inclusivo a todos los niveles.

Sin embargo, 24 por ciento de la población de seis a 29 años con discapacidad nunca ha asistido a la escuela y casi 33 por ciento de la población mayor de 15 años con discapacidad es analfabeta.

La conformación de las estructuras educativas forma parte de un proceso que excluye de hecho a las personas con discapacidad del acceso a la educación por distintos medios, señala el texto, y agrega que la accesabilidad es uno de los problemas principales para ser usuario de las instituciones educativas.

Un transporte no accesible, instalaciones inadecuadas, ausencia de ajustes razonables, material educativo ajeno a las características y necesidades individuales constituyen las causas que excluyen del ejercicio del derecho a la educación a quienes tienen algún tipo de discapacidad. Hay que agregar a lo anterior la percepción negativa e incluso la violencia física o sicológica contra quienes padecen alguna discapacidad.

Impedir el acceso a la educación por el medio que sea tiene consecuencias negativas que coadyuvan a una mayor exclusión de la persona con discapacidad y, por tanto, al rompimiento del tejido social, pues al no contar con un elemento fundamental para el desarrollo se reafirman prejuicios sobre las capacidades de estas personas, explica el documento.

Finalmente, la consecuencia inmediata de no tener acceso a una educación adecuada y en igualdad de circunstancias reduce oportunidades de conseguir trabajo a las personas con discapacidad y de ser reconocidas en él

Aprueban reformas en la Carta Magna para tipificar la trata de personas

Aprueban reformas en la Carta Magna para tipificar la trata de personas
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Emilio Serrano, Teresa Guadalupe Reyes y Claudia Anaya, diputados del PT, despliegan una manta alusiva durante la sesión en San LázaroFoto Cristina Rodríguez
Enrique Méndez y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 45

La Cámara de Diputados aprobó reformas a la Constitución para incluir el tipo penal de trata de personas y facultar a la propia Cámara a legislar en materia de combate a ese delito, además de tipificarlo como uno de los ilícitos que debe combatir el Ministerio Público.

La reforma, que también obliga al resguardo de la identidad y los datos personales de las víctimas, generó un largo debate en el que la diputada Enoé Uranga (PRD) consideró incorrecto que en el artículo 73 constitucional se faculte a la Cámara para legislar en esa materia.

La legisladora, quien presentó una moción suspensiva rechazada por la mayoría, consideró que no debía incluirse específicamente el tipo penal en ese artículo, porque la trata de personas es mucho más que su uso sexual, y además los especialistas señalan que la esclavitud es una forma de trata, y la trata no es una forma de esclavitud. Y ésa es la gran ausencia del dictamen.

Al defender el dictamen, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, el ministro Juventino Castro y Castro (PRD) explicó que la reforma al artículo 73 otorga a la Cámara de Diputados la posibilidad de crear una ley general en materia de trata de personas, en la que concurran para su combate el gobierno federal, los estatales y municipales.

Sin esta reforma constitucional ninguna ley secundaria tendrá una fundamentación sólida, definió.

Refirió que en el contexto de violencia en el país se cometen delitos que pueden “someter a los seres humanos a una restricción personal similar a la esclavitud.

Pongo como ejemplos al lenocinio y a la trata y comercio de personas, sancionando a quienes promuevan, faciliten, trasladen o entreguen a una persona para someterla a cualquier tipo de explotación, sexual, laboral o con la finalidad de disponer de sus órganos; la explotación o perversión infantil o cualquier forma de disposición no autorizada por la persona cuya libertad se ve atacada. Sin embargo, indicó, la tipificación legal para el castigo de quienes cometen esos ilícitos está lejos de alcanzarse con amplitud, por ello el Poder Legislativo tenía la obligación de perfeccionar la Constitución

Avanza ley que castiga agresión a la pareja

Diputados locales de PRD, PAN, PT y PVEM aprobaron ayer reformas a la Ley de Justicia Cívica del Distrito Federal para castigar con arresto inconmutable hasta por 36 horas a quien agreda a su pareja o a la persona con quien mantenga vínculo de vida familiar y cuyas lesiones no tarden en sanar más de 15 días.

Aunado a ello, los representantes de esos grupos legislativos también avalaron una modificación al Código Penal local que determina que se tipificarán como delito grave las lesiones que tarden en sanar más de 15 días y sean causadas a la pareja, concubina o a la persona con quien se mantiene vínculo familiar, con lo que el agresor no podrá salir libre bajo fianza.

Estas modificaciones fueron avaladas ayer durante la sesión que tuvieron los integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia de la Asamblea Legislativa, cuyo presidente, Julio César Moreno, expresó que con esas reformas se busca garantizar la integridad física de las mujeres, por lo que luego de que sean aprobadas por el pleno de la ALDF –el próximo 24 de febrero– tendrán vigencia plena.

Durante la sesión se acordó posponer la reforma a la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia del DF mediante la cual se podrá relegir su actual titular, Édgar Elías Azar, y se estipuló que el lunes comenzarán las comparecencias de los 12 aspirantes a magistrados del TSJDF, proceso que fue criticado por la diputada del PRD Lizbeth Rosas, quien lo calificó de vaporazo, ya que no tendrán mucho tiempo para analizar el perfil de las aspirantes

Se creará agencia para atender denuncias por bullying: procuraduría de Justicia

Se creará agencia para atender denuncias por bullying: procuraduría de Justicia

Firman la PGJDF y la Secretaría de Educación capitalina un acuerdo de cooperación

Alejandro Cruz Flores
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 43

Con la finalidad de atender los casos de bullying en las escuelas que puedan derivar en conductas ilícitas, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) pondrá en funcionamiento una agencia especializada para atender a estudiantes menores de edad que sean víctimas de delitos.

El titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera Espinosa, explicó que se trata de evitar la violencia en las escuelas de la ciudad de México, pues sólo en 2010 la Secretaría de Educación capitalina recibió mil 300 reportes de bullying.

Luego de firmar un convenio de colaboración con el secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, Mancera Espinosa destacó que la PGJDF ha tenido que abrir averiguaciones por lesiones, daños en propiedad ajena y robo, producto de acoso y violencia entre estudiantes.

Aseveró que la nueva instancia de la PGJDF, que empezará a funcionar en 30 días, se encargará de dar trato especial a ese tema y estará conformada por un Ministerio Público, oficiales secretarios y policías de investigación, quienes serán capacitados por personal de la Secretaría de Educación con el fin de poder reconocer los casos de bullying.

Así, la agencia se hará cargo de atender ese tipo de conductas, que incluso pueden llegar hasta la posible comisión de delito. Además promoverá la conciliación y apoyo a las víctimas.

Resaltó que el bullying es un fenómeno que se presenta desde hace al menos cinco años, pues un informe de la Secretaría de Salud de 2006 ya hablaba de que en el ámbito escolar seis de cada 10 jóvenes habían sido víctimas de agresión verbal, uno de cada dos de agresiones físicas, 33 por ciento habían sufrido tratos humillantes, 31 por ciento trato prepotente y 24 por ciento acoso sexual.

De ahí la importancia, dijo, de tomar conciencia de esa problemática, pues quizá lo que nosotros vivimos en la infancia como parte de un desarrollo normal, donde se presentaban peleas u otro tipo de tratos, ahora ha llegado al punto de crear conductas antisociales, y es lo que se busca es evitar.

Por su lado, Delgado Carrillo resaltó que con el convenio se busca retener a los jóvenes en el ámbito escolar para que ningún niño en la ciudad de México tenga que dejar sus estudios porque hay un fenómeno de violencia en su familia o escuela

Arrasado, más de 50% de los bosques en la reserva de la mariposa monarca

Arrasado, más de 50% de los bosques en la reserva de la mariposa monarca
Ernesto Martínez Elorriaga
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 37

Morelia, Mich., 15 de febrero. La reserva de la mariposa monarca, que abarca 56 mil 259 hectáreas, sólo tiene 24 mil hectáreas de bosque. El resto son ahora pastizales, áreas urbanas y de cultivo, indicó Isabel Ramírez Ramírez, especialista del Centro de Investigaciones de Geografía Ambiental de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Destacó que de 1986 a la fecha han sido taladas ilegalmente 6 mil hectáreas en la también llamada zona de amortiguamiento.

Ramírez labora en el campus Morelia de la UNAM, y junto con otros investigadores constató que en 1986, cuando se publicó el primer decreto con el cual se creó una superficie de 16 mil hectáreas de protección de la mariposa, los dueños del bosque pensaron que perderían su patrimonio y comenzaron a saquear la floresta.

La zona de amortiguamiento se amplió a 56 mil 259 hectáreas en el año 2000, lo que propició confusión entre los propietarios de recursos forestales. Así, a la fecha se ha perdido 20 por ciento de las 30 mil hectáreas de bosque originales, porque en las 26 mil 200 restantes se cambió el uso de suelo.

Esto ocurrió en el área de conservación, pero en el resto de la superficie de los 12 municipios de la zona oriente (de Michoacán), que abarca cientos de miles de hectáreas, aproximadamente 60 por ciento de los bosques ha sido arrasado porque la vigilancia es mínima, afirmó la doctora en geografía.

Explicó que de las 30 mil hectáreas de bosque que integran el área de conservación de la mariposa, en los 25 años recientes se perdieron 6 mil hectáreas, 61 por ciento de éstas por tala ilegal, y 33 por ciento por mal manejo, con permisos vencidos o no ejecutados a tiempo. Sólo 6 por ciento de la madera se extrajo legalmente.

En Michoacán se ubican los santuarios de Cerro Pelón, Sierra Chincua, ejido El Rosario, Huacal Chivati y Cerro Altamirano. Cerro Pelón, en el municipio de Zitácuaro, ha perdido 90 por ciento del bosque, dijo Isabel Ramírez. Por ello la mariposa se ha refugiado en el sur, en los límites con los municipios de Donato Guerra y Villa de Allende, estado de México, añadió.

Las comunidades Cresencio Morales, Nicolás Romero, El Asoleadero, Emiliano Zapata, San Cristóbal y Francisco Serrato, en los municipios de Ocampo y Zitácuaro, son considerados focos rojos por la degradación de sus bosques, pero en esa zona hay un predio ejemplar, El Paso, que ha tenido un manejo extraordinario en 60 años, sostuvo.

Comentó que de 2006 a la fecha se han recuperado las zonas más dañadas del área protegida, pero eso no significa que haya terminado la tala ilegal.

Otro problema que Ramírez ha estudiado es la contaminación de los ríos, no sólo en las partes bajas de la montaña, sino también en las partes altas, que considerábamos limpias, donde hemos descubierto residuos fecales, acotó.

Ni el decreto de 1986 ni el de 2000 consiguieron frenar la pérdida forestal. Esperamos que haya una evaluación crítica de nuestras acciones individuales y colectivas a fin de revertir el deterioro y conservar este patrimonio natural y cultural, señaló

Aumenta incidencia de cáncer en el sur de Veracruz, por contaminación

Aumenta incidencia de cáncer en el sur de Veracruz, por contaminación
Jesús Lastra Ríos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 38

Coatzacoalcos, Ver., 15 de febrero. El creciente número de casos de cáncer detectado en el sur de Veracruz obedece a la contaminación industrial; además, la esperanza de vida de las personas afectadas disminuye a causa de la desnutrición y la pobreza extremas, advirtieron especialistas.

Directivos del hospital regional Valentín Gómez Farías y la directora de la jurisdicción sanitaria 11, Isabel Cruz Arroyo, dijeron que cada mes se reportan unos tres casos de leucemia infantil, principalmente en los municipios de Coatzacoalcos, Cosoleacaque y Minatitlán, que son los más contaminados.

Los niveles de envenenamiento aún se desconocen, pero podrán medirse gracias a investigaciones de campo realizadas durante los recientes cuatro años, indicó Cruz Arroyo, dentro del marco del Día Internacional del Cáncer Infantil.

A su vez, Gloria Santos Navarro, directora de Apóyalos a tener una esperanza de vida, fundación que atiende a niños leucémicos, dijo que 60 por ciento de los enfermos fallecen por condiciones de pobreza extrema y falta de atención médica oportuna

Continúa ola de suicidios en Aguascalientes

Aguascalientes, Ags., 15 de febrero. Dos jóvenes, uno de 20 años y otro de 23, se quitaron la vida la noche de este lunes, con lo que suman 10 los suicidios cometidos en el estado este año.

Alrededor de las 23 horas, Juan Belmonte Herrera, jornalero de 23 años de edad, ingirió bebidas alcohólicas antes de colgarse con una sábana de la regadera del baño de su vivienda, ubicada en la calle Isabel Esparza, fraccionamiento Solidaridad, en el centro del municipio de Rincón de Romos.

La esposa del finado, Norma Salazar Martínez, de 29 años, aseguró que su cónyuge no había expresado deseos de morir; tampoco presentaba signos de depresión ni dejó carta póstuma.

Más tarde, cerca de las 23:30 horas, el cadáver de Emilio Alejandro Jiménez, de 20 años de edad, fue hallado en la casa abandonada marcada con el número 107 de la calle Gabriel Leyva, en el fraccionamiento Insurgentes, en el sur de esta capital.

Jiménez se ahorcó con un mecate de ixtle, el cual ató a un triciclo que se encontraba colgado en una pared de la vivienda. De acuerdo con vecinos del fraccionamiento Insurgentes, el suicida era adicto a las drogas y el alcohol.

Tendencia en aumento

Durante 2010 se cometieron 65 suicidios en Aguascalientes, de los cuales cinco ocurrieron en las primeras cinco semanas de ese año. Para el mismo periodo de 2011 se han documentado ocho muertes de este tipo, y con las dos suicidios del lunes la cifra aumentó a 10

Retorna Carmen Aristegui a MVS

Retorna Carmen Aristegui a MVS

La radio adquiere pleno sentido cuando funciona con criterios de servicio público, y al retroalimentarse de los radioescuchas, señala

Miriam Posada y Alonso Urrutia
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 21

Tras nueve días de haber estado fuera del aire, por presuntamente haber transgredido el código de ética de MVS Radio, Carmen Aristegui volverá a su noticiario a partir del 21 de febrero. El anuncio fue realizado, en primera instancia, por el presidente de la empresa, Alejandro Vargas, paradójicamente a través de una de las redes sociales –su cuenta de Twitter–, mediante un escueto: Regresamos el lunes 21 de febrero!!! Gran fecha para nosotros!!!!, lo cual sería confirmado oficialmente minutos después mediante un comunicado conjunto MVS-Aristegui.

Después de que la conductora se negó a leer una disculpa pública tras haber abordado el tema de la supuesta adicción al alcohol del presidente Felipe Calderón, lo que según explicó en conferencia de prensa ocasionó su salida, el comunicado informa que “los días recientes han sido aleccionadores para quienes nos dedicamos a la radiodifusión. Las expresiones públicas acerca del espacio de noticias matutino en MVS Radio han confirmado el interés que puede despertar en la sociedad un programa abierto a las inquietudes de sus audiencias.

Hemos corroborado que la radio, igual que otros medios de comunicación, adquiere pleno sentido cuando funciona con criterios de servicio público y así lo hace al retroalimentarse en las preocupaciones de los radioescuchas.

Inusuales manifestaciones públicas a las afueras de las instalaciones de la empresa y una intensa actividad en las redes sociales de Internet condenando la censura a Aristegui (que planteó en su emisión del 4 de febrero que Presidencia debería fijar una postura sobre la presunta adicción alcohólica de Calderón sugerida en una manta colocada por diputados petistas en la tribuna de San Lázaro), impulsaron su restitución anunciada por MVS ayer.

En esos días de polémica, Los Pinos, a través del secretario particular de Calderón, Roberto Gil, dio cuenta de la intensa actividad del mandatario e informó que goza de cabal salud, condenando los infundios en contra del Presidente. Mientras, al mandatario se le vio lanzando pichadas en los jardines de la residencia oficial al cátcher de los Yaquis de Obregón, y subiéndose a caballos y aviones de guerra, entre otras actividades.

La notificación conjunta pasa por alto la condicionante que la conductora puso a la empresa al solicitarle su restitución, en su conferencia del 9 de febrero (dos días después de su despido): retirar la versión de MVS en que se le acusaba de transgredir el código de ética de la empresa, al dar por ciertos rumores en su noticiario. Aristegui condicionó su retorno a dejar intacto su desempeño profesional fijando otra postura sobre las razones de la ruptura.

Sin embargo, el mensaje conjunto no alude ni a la versión de la empresa de haber transgredido el código de ética, ni a la de la conductora acusando a Calderón de haber precipitado su salida por un berrinche tras la irritación que le habría causado su cuestionamiento a la Presidencia.

Expone que el tiempo que Aristegui salió del aire se debió a que el contrato que regula esa relación profesional establece un proceso arbitral para dirimir controversias derivadas de los contenidos transmitidos en el mencionado espacio radiofónico. Tanto la empresa como la periodista reconocieron en días pasados la pertinencia de poner en práctica esa cláusula para resolver el diferendo que llevó a la suspensión de la relación laboral.

El código de ética que rige entre Aristegui y MVS desde 2009 señala que el contenido y política editorial es responsabilidad de conductores y empresa. Señala que Aristegui tiene el compromiso de difundir información veraz, lo más completa posible, con un enfoque crítico y propositivo, que privilegie y promueva la convivencia armónica entre individuos y que ayude al radioescucha a entender la realidad y a formar su propio criterio.

Agrega que los titulares de las emisiones y Noticias MVS reprueban los abusos de poder, actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos que ocurran en el ámbito político o privado y se comprometen a informar de ellos con oportunidad. Aunque no se relaciona expresamente en el comunicado, pero en respuesta a las duras críticas que recibió la empresa, a la que se le acusó de someterse a los dictados de la Presidencia por la censura, se anunció la creación de un defensor del radioescucha para verificar que los contenidos sean acordes con el código de ética.

En su conferencia de prensa, Aristegui había responsabilizado directamente a Los Pinos de su despido por ejercer presiones a MVS en el contexto de que no han sido renovadas sus concesiones.

Posteriormente, en diversos círculos se relacionó el despido a la necesidad de MVS de obtener la prórroga de concesiones debido a que el espectro del que dispone corresponde a la banda de 2.5 gigahercios (Ghz) que hasta hace 10 años se usaba para servicios de radiodifusión, pero con la evolución tecnológica ahora es más adecuada para telecomunicaciones móviles

Se violaron garantías judiciales de 10 indígenas detenidos por defender su tierra: Centro Frayba

Se violaron garantías judiciales de 10 indígenas detenidos por defender su tierra: Centro Frayba

No tuvieron abogados que hablen su lengua y firmaron textos sin conocer su contenido, señala

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Custodia policiaca en Mitzitón, luego del ataque del pasado domingo a adherentes a la otra campaña por integrantes del Ejército de Dios, que dejó un herido de bala y 23 detenidosFoto Moysés Zúñiga Santiago
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 25

San Cristóbal de las Casas, Chis., 15 de febrero. Ante el auto de formal prisión a 10 ejidatarios que defendían su territorio en San Sebastián Bachajón, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) sostuvo hoy que en el proceso se registraron violaciones a las garantías judiciales de los detenidos, presos políticos perseguidos por el gobierno de Juan Sabines Guerrero.

Según documentó el organismo, Jerónimo Guzmán Méndez, acusado de homicidio calificado, y Domingo Pérez Álvaro, de homicidio en grado de tentativa, así como varios más de los señalados, no se encontraban en el lugar de los hechos ocurridos el 2 de febrero en el camino a las cascadas de Agua Azul, donde perdió la vida Marcos Moreno García y resultó herido Tomás Pérez Deara, ambos del grupo que había tomado con las armas la caseta el ejido.

Los detenidos alegan ser inocentes. Los demás son Pedro Hernández López, Miguel López Deara, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán, Pedro López Gómez, Miguel Álvaro Deara, Pedro García Álvaro (con discapacidad mental), y el menor Mariano Demeza Silvano, acusados de atentar contra la paz y la integridad corporal, el patrimonio del estado y daños.

La Procuraduría General de Justicia del Estado sostiene que al menos cinco de ellos dieron positivo en la prueba de radiozonato de sodio, mientras éstos niegan haber disparado y el CDHFBC documenta la infinidad de violaciones procesales y de derechos humanos cometidas por las autoridades.

Al rebatir al gobierno estatal en su afirmación de que los detenidos contaron con garantías judiciales, el CDHFBC certifica, entre otras cosas, que la defensora de oficio Yolanda Álvarez Cruz –quien los asistió– es de lengua chol, y el actual defensor, Darío Sánchez Escobar, desconoce el idioma de sus defendidos (tzeltal). Además, los testigos que declararon en favor de los detenidos no fueron asistidos por intérpretes calificados, sino por policías municipales uniformados, presentados como traductores, lo que intimidó a varios.

Posteriormente –abunda el CDHFBC–, los 10 presos “recibieron presiones para que sus familiares o autoridades comunitarias, adherentes a la otra campaña, participaran en una ‘mesa de negociación’ promovida por el gobernador y su secretario general de Gobierno, Noé Castañón León”. Las autoridades escenificaron esta mesa con el pequeño grupo de oficialistas del ejido de San Sebastián (Chilón) y con los priístas del vecino Agua Azul (Tumbalá). En Ocosingo firmaron un pacto de civilidad y concertación para la paz en el Centro Ecoturístico Agua Azul, sin considerar a los verdaderos interesados: la mayoría de ejidatarios de San Sebastián, donde cruza el camino cuyo peaje turístico estaría en disputa.

Las declaraciones de las personas que acusan a los detenidos resultan no claras y enrarecidas. Al menos 25 de los 117 indígenas inicialmente detenidos firmaron declaraciones sin conocer el contenido, donde (al parecer) se señalaba a sus compañeros. Otros indican que les condicionaron su libertad a la firma de ese documento, y otros más, que fueron amenazados: Me dijeron que si no cooperaba me iban a torturar y a meter una bolsa en la cabeza.

Los más de 100 hombres y mujeres de San Sebastián que salieron libres el día 4 tienen un apercibimiento judicial, y fueron amenazados de nuevo encarcelamiento “si no se desistían de su lucha por la defensa del territorio y de su organización social y política a través de la otra campaña”.

Para el CDHFBC, la captura y el procesamiento de las personas injustamente encarceladas configura un escenario de represión por autoridades del gobierno del estado, que priva arbitrariamente de la libertad a 10 personas por su acción política y social en la defensa de sus derechos.

Demanda una investigación seria, exhaustiva y apegada a la verdad de los hechos del 2 de febrero”, cuando fue despojada la caseta de cobro del ejido, así como el esclarecimiento del fallecimiento de García Moreno y la agresión a Pérez Deara. Una investigación, en fin, que sancione a los funcionarios de procuración y administración de justicia de Chiapas que incurrieron en actos violatorios a los derechos humanos.

Este miércoles, colectivos y organismos de derechos humanos convocan a una jornada de protestas y acciones a escalas nacional e internacional demandando la libertad de los ejidatarios de la otra campaña y el fin a los atropellos en sus tierras.

Tensión en Mitzitón

En Mitzitón (San Cristóbal), otro ejido donde los indígenas adherentes a la otra campaña han sido agredidos en días recientes por grupos oficialistas, el gobierno asegura que regresó el orden. Y sí, en las inmediaciones del poblado se mantiene una fuerte presencia policiaca.

Los representantes comunitarios informaron que aún hay tensión, pues personas del grupo evangélico Ejército de Dios amagan con secuestrar a varias mujeres para canjearlas por los 23 evangélicos aprehendidos por la policía la madrugada del lunes

Traerá más enfrentamientos desacato de acuerdos de San Andrés: Felipe Arizmendi

Traerá más enfrentamientos desacato de acuerdos de San Andrés: Felipe Arizmendi
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 16 de febrero de 2011, p. 25

San Cristóbal de Las Casas, Chis., 15 de febrero. Los acuerdos de San Andrés, de cuya firma se cumplen 15 años este miércoles 16 de febrero, no deben quedar engavetados ni en la congeladora, advirtió el obispo Felipe Arizmendi Esquivel, quien pidió a todas las partes que abran su mente y su corazón y se pongan en el lugar de los indígenas para reconocer los derechos que les corresponden.

En entrevista colectiva, agregó que los tratados son una pauta para avanzar, ya que con los acuerdos internacionales que México ha firmado sobre derechos indígenas, la Constitución federal está un poco coja.

Arizmendi Esquivel sostuvo que conflictos como el ocurrido en días pasados por la disputa de la caseta de cobro en las cascadas de Agua Azul, entre ejidatarios priístas y adherentes a la otra campaña de San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón –que dejó un muerto, dos heridos y 10 detenidos–, son consecuencia del incumplimiento de los acuerdos, firmados por el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) el 16 de febrero de 1996.

Cada quien sigue poniendo en práctica esos acuerdos, aunque jurídicamente, para quienes no son del EZLN, no valen; pero los zapatistas sí los consideran valederos, nomás que eso crea enfrentamientos que pueden llegar al derramamiento de sangre que lamentamos todos. Por eso conviene que se retome el tema, advirtió el jerarca católico.

Recordó que los tratados se construyeron a base de mucho diálogo, pero después, efectivamente, el Congreso de la Unión no asumió todo lo que venía en las propuestas que se habían hecho, y eso seguimos lamentándolo.

Agregó que no podemos pensar que sean asumidos hoy tal como se firmaron, porque algunas fuerzas políticas no tienen confianza, piensan que si se aprobaran como están se haría una fractura nacional, se legitimarían algunos poderes que dañarían a la nación, lo cual hay que discutirlo, porque los hermanos zapatistas nunca pensaron hacer otro país, sino ser mexicanos como todos, pero reconociendo que los indígenas tienen derechos muy particulares por su historia y su cultura, y nosotros seguimos insistiendo en que se retomen esos acuerdos como base para continuar en los diálogos.

De acuerdo con Arizmendi Esquivel, lo peor que puede haber es una ruptura total del diálogo, porque sabemos que si la hubiera seguirían vigentes algunas órdenes de aprehensión que se quedaron en suspenso mientras había negociaciones, y en este momento, oficialmente el diálogo no está suspendido, sino en una pausa, pero es por cuestiones meramente jurídicas; en la práctica es como si no hubiera nada

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