


Guillermo Montalvo Fuentes ![]() Foto: Guillermo Montalvo Fuentes México DF, junio 14 de 2011. Como parte de su recorrido itinerante por distintos puntos de la ciudad, la exposición fotográfica “Una mirada positiva” se presentó este fin de semana en la Jornada de la Salud y Educación que se realizó a las afueras del Deportivo Pavón, en la colonia Pensil Norte, delegación Miguel Hidalgo. Se trata de una muestra conformada por fotografías de 14 personas seropositivas, donde a través de imágenes y testimonios expresan lo que significa para ellos vivir con VIH/sida. Los textos fueron elaborados por los periodistas Alejandro Brito y Mario Alberto Reyes, y la coordinación de las imágenes estuvo a cargo del experimentado fotógrafo sudafricano Gideon Mendel. Parte de esta exposición fue montada para ser vista por los asistentes de esta feria de la salud, quienes pudieron recibir además servicios médicos gratuitos e información sobre salud sexual y reproductiva, acoso y hostigamiento (bullying), nutrición, entre otros temas. Entre los espacios públicos en los que también se presentan estas fotografías están las vitrinas dentro de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Actualmente se exhiben en la estación Coyoacán, de la Línea 3, y se tiene programado montar la exposición en las estaciones Guerrero, Tacubaya, Zócalo y Bellas Artes, para julio, agosto, noviembre y diciembre respectivamente. “Una mirada positiva” es un proyecto de la organización civil Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana y el Make Art/Stop AIDS de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, y en México, Sonia Morales es la responsable de la coordinación. |
Guillermo Montalvo Fuentes Foto: Carlos Morales México DF, junio 14 de 2011. “Proteger la vida desde la concepción” ha sido el argumento que 17 estados de la república mexicana han utilizado para modificar sus códigos penales, con el objetivo de criminalizar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo, una lista a la que a partir de hoy se podría sumar Baja California Sur. Luego de que el pasado martes la diputada local Jisela Paes Martínez, de la fracción del Partido Acción Nacional (PAN), ingresó una iniciativa con la que se pretende modificar el artículo 8 de la constitución de Baja California Sur, activistas a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, se manifestaron en contra de esta propuesta. De acuerdo con Silvia Solís, coordinadora de medios de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (DDESER) esta iniciativa pretende “meter esta cosa que han ideado los grupos conservadores para proteger la vida desde la concepción”, por lo que cerca de 100 activistas realizaron esta tarde un acto de protesta a las afueras de las oficinas de representación del gobierno de Baja California Sur en el DF, ubicadas en Alberto Zamora número 28 colonia Villas de Coyoacán. “El objetivo fue exigirles a los diputados que no violenten los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres con la aprobación de esa iniciativa”. Desde la despenalización del aborto en el Distrito Federal, en abril de 2007, han sido 17 las entidades que han reformado sus códigos penales “a favor de la vida” y penalizado el aborto: Baja California, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán, además de Chihuahua, donde las modificaciones se hicieron desde 1997. En caso de que la iniciativa sea votada a favor, Solís comentó que realizarán algunas actividades para pedirle al gobernador del estado que pare la propuesta. Marcos Covarrubias Villaseñor es el actual gobernador de la entidad, miembro del Partido Acción Nacional, al cual se afilió tras su ruptura con el Partido de la Revolución Democrática. La entidad está conformada por 16 distritos electorales, nueve de los cuales están representados por el PAN, cuatro por el PRI y tres por el PRD. |
El trabajo doméstico es considerado social y económicamente inferior al resto de las labores remuneradas. Quienes se dedican a él –que en México suman 2 millones de personas, de las cuales, nueve de cada 10 son mujeres– perciben salarios bajos (tres de cada 10 ni siquiera el mínimo), no cuentan con prestaciones sociales y tienen poca o nula capacitación.
Norma Cacho, miembro del Colectivo de Empleadas Domésticas de los Altos de Chiapas, subrayó que la mayoría de los trabajadores domésticos son mujeres en condiciones marginadas; muchas de ellas son migrantes de origen rural, y en el caso de Chiapas, particularmente, muchas son migrantes indígenas
, lo que promueve su discriminación.
Para distinguir las labores domésticas que se realizan en casa por los miembros de la familia de las que se hacen a cambio de un salario, las trabajadoras del hogar han decidido que se les denomine de esa manera, precisamente porque lo que exigen en primera instancia es que se les reconozca como trabajadoras, y que en correspondencia con esta condición tengan acceso igual al goce de derechos como cualquier otra
, explica el documento informativo que el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) realizó a propósito de la conmemoración del Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar, instaurado en 1988.
Dicho documento alerta sobre el riesgo que corren quienes habitan en el lugar donde trabajan, pues la distinción entre lo público y lo privado se diluye y los tiempos, espacios y funciones de las trabajadoras son ambiguos, lo que da pie a la discriminación, explotación y maltratos por parte de los empleadores.
Con frecuencia, cuando se acusa al empleador de determinados abusos (acoso sexual, malos tratos, golpes), ellos, a su vez, acusan a la trabajadora doméstica de haber cometido algún delito, por ejemplo, robo. La tendencia social es a creer en primer lugar a los empleadores
, explica el texto.
Además, la mayoría de los empleadores son mujeres que reproducen estereotipos de explotación machistas
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De acuerdo con cifras oficiales, en México 95 por ciento de las empleadas del hogar carece de servicios de salud, casi 80 por ciento no tiene prestaciones laborales y sólo 18.4 por ciento gana de dos a tres salarios mínimos. El resto gana menos que eso. En cuanto a su educación, una tercera parte no concluyó la primaria, otro tercio sólo terminó la primaria y 30 por ciento más concluyó la secundaria.
Por lo que toca a su vida familiar, una tercera parte son jefas de hogar, mientras que 56.8 por ciento no tiene pareja, pues las características mismas del trabajo dificultan las relaciones sociales
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El pasado jueves, luego de más de 20 años de lucha organizada por la dignificación de esa labor por parte de colectivos de empleadas domésticas de todo el mundo, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio sobre el Trabajo Decente para las Trabajadoras y Trabajadores Domésticos, el cual vela por sus derechos y permitirá revertir la situación de vulnerabilidad en que se encuentran. Ariane Díaz
Amnistía Internacional (AI) llamó al gobierno de México a investigar de manera urgente el asesinato de un hombre que fue detenido por efectivos de la Marina en Tamaulipas la semana pasada, y quien luego de haber sido aprehendido y supuestamente puesto a disposición de las autoridades, apareció al día siguiente muerto y con señales de tortura.
Mediante un comunicado que se difundió ayer, la organización advirtió –en voz de su consejero especial para América, Javier Zúñiga–, que la negativa de la Armada a reconocer su participación en el arresto de José Fortino Martínez el pasado 5 de junio no es creíble dadas las evidencias
, ya que hay testigos de dicho operativo.
Al menos otros tres hombres, José Cruz Díaz Jaramillo, Joel Díaz Espinoza y Martín Rico García también fueron reportados como desaparecidos luego de que los detuvieran oficiales de la Marina entre los días 2 y 5 de junio pasados en Nuevo Laredo, Tamaulipas, advirtió la organización.
Estos hombres se encuentran en gran riesgo de sufrir tortura, malos tratos e incluso la muerte. Mientras más tiempo pase, el peligro se incrementa
, dijo Javier Zúñiga, quien llamó a la Procuraduría General de la República y a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a que realicen investigaciones imparciales y efectivas para encontrar a los desaparecidos.
El organismo explicó que los familiares de dichas personas –amenazados por los integrantes de la Marina a raíz de sus movilizaciones de protesta– han interpuesto denuncias contra las autoridades federales, pero en todos los casos los responsables han negado su participación en los operativos y, por ende, las investigaciones no han dado ningún fruto.
Zúñiga alertó que la participación cada vez más intensa de la Armada en laguerracontra el crimen ha provocado que sus efectivos se vean cada vez más involucrados en violaciones a los derechos humanos, por lo que llamó a las autoridades a intervenir para ponerle un alto a este fenómeno
En México persiste una incapacidad sistémica para dirigir el gasto público a los segmentos de la población de menor ingreso o desarrollo, asegura el Informe sobre Desarrollo Humano 2011, al resaltar que 40.3 por ciento de las transferencias gubernamentales en materia social, se destinan a 20 por ciento de la población más rica del país.
Elaborado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el estudio critica los subsidios generalizados y recomienda su focalización.
Por ejemplo destaca que los apoyos al consumo aplicados a las tarifas de electricidad y al precio de los combustibles son regresivos, pues, según cifras de 2008, la población con mayor desarrollo humano e ingreso, concentró los mayores porcentajes de aprovechamiento en ese rubro.
Refiere así que 24 por ciento del subsidio para las gasolinas es aprovechado por 10 por ciento de los hogares con mayor desarrollo humano, lo que implica que cada mes, al dueño de una camioneta de lujo, se le otorgue un apoyo de mil 840 pesos al llenar su tanque de gasolina, mientras a una familia de cuatro personas en pobreza extrema, Oportunidades le entregue en promedio mil 380 pesos.
El informe resalta que en 2008 se gastaron cuatro veces más recursos gubernamentales en subsidiar la gasolina que en todos los planes de combate a la pobreza.
Por lo que hace a la electricidad, destaca que 17 por ciento del subsidio a las tarifas residenciales se asigna al decil de la población con mayor nivel de desarrollo.
Presente en la difusión del informe, realizado en el Museo Interactivo de Economía (MIDE), el secretario de Hacienda, Ernesto Cordero, dijo que es obligación del gobierno hacer que los impuestos se apliquen a los mexicanos que más lo necesitan.
Destacó que hay programas sociales regresivos en los cuales la mayor parte de sus recursos se destinan a las familias más ricas del país, como es el caso de las becas para educación superior.
El representante de la ONU en México, Magdy Martínez Solimán insistió a su vez, en que los subsidios generalizado son altamente inequitativos y en que la gasolina es injustamente más barata para el que más tiene, para la empresa más grande y para el ciudadano más acaudalado
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Por otro lado, puntualizó que el informe ubica al país como una economía emergente y de renta media. Eso no quiere decir que no haya pobreza, sino que hay una clase media que equilibra las cifras.
De igual manera, expuso que a México se le puede comparar con Chile, Rumania, Uruguay y Argentina y no con países como SudáfricaExigen a Felipe Calderón el cumplimiento de siete puntos; reunión con senadores del PRD
Torreón, Coah. 17 de junio. Representantes de casas de migrantes de todo el país, de organizaciones defensoras de los derechos humanos, locales y extranjeras, además de académicos, acordaron lanzar la campaña Por el derecho a migrar sin violencia, que incluye siete puntos prioritarios para terminar con los abusos contra indocumentados, como parte de las conclusiones del taller internacional en la materia efectuado durante tres días en Saltillo.
En un comunicado, el obispado de Saltillo, que preside Raúl Vera López, y quien encabezó los trabajos del encuentro, señaló que con dicha campaña se intenta responder a esta lacerante realidad que viven los migrantes en el país, con más de 20 mil secuestros al año, masacres como la de San Fernando, Tamaulipas, y hallazgos de fosas clandestinas.
Explicó que en el taller se fijó la postura de que, en la actualidad, al permitir la colusión de autoridades con criminales que vulneran los derechos de los migrantes, el Estado es responsable por desapariciones forzadas, secuestros, extorsiones, violencia de género, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes contra este sector
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Después de tres días de analizar la situación que enfrentan los migrantes en México y revisar aspectos locales y globales del fenómeno, organizaciones internacionales como Arizona Interfaith Alliance for Worker Justice (Alianza entre Religiones por la Justicia Laboral, Arizona), Fundación Rafto para los Derechos Humanos, de Noruega, y el Programa de Justicia Social y Derechos Humanos, de la Universidad Estatal de Arizona, exigieron al gobierno de Felipe Calderón el cumplimiento de siete puntos.
El primero, para terminar con los abusos, consiste en proporcionar a los transmigrantes la posibilidad de desplazarse por territorio nacional con un estatus migratorio regular.
Lo anterior, argumentaron los defensores de derechos humanos, se puede lograr mediante la inclusión de una visa mediante una reforma a la nueva Ley de Migración, o a través de un acuerdo de supresión de visas entre México y los países de los que son originarios los indocumentados, principalmente centroamericanos.
El segundo punto es garantizar la seguridad a los mexicanos que se ven obligados a migrar y que, lo mismo que los transmigrantes, son víctimas de extorsión y secuestro por parte de grupos delincuenciales que exigen dinero a sus familias a cambio de dejarlos en libertad.
El tercer punto exige garantías para un retorno seguro a casa de los mexicanos repatriados, proporcionándoles información, una identificación, así como los recursos económicos y logísticos necesarios para este fin.
El cuarto punto pretende que se reconozca, garantice y proteja el derecho de defender a migrantes, en particular garantizar la protección de casas de migrantes y los defensores de derechos humanos.
El quinto considera que la obligación de investigar todo delito contra migrantes corresponde al Estado, desde el momento que tenga conocimiento de la probable comisión de actos delictivos.
Otro punto solicita que se garantice la atención y protección integral a migrantes víctimas de delito y a testigos, asignando un presupuesto adecuado para los programas necesarios de atención integral y protección. El último punto establece una colaboración activa con gobiernos de países de la región para implementar soluciones efectivas que pongan fin a los abusos en contra de sus ciudadanos en territorio mexicano.
Reunión con senadores
Por otra parte, el obispo Raúl Vera, junto con representantes de Amnistía Internacional y de la Fundación Rafto para los Derechos Humanos y de representantes de la sociedad, se reunió con senadores del PRD, a quienes entregó las conclusiones del taller Por el derecho a migrar sin violencia.
Participaron el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, Jesús Garibay y Rubén VelázquezLos adherentes a la otra campaña del ejido San Sebastián Bachajón (municipio de Chilón, Chiapas) denunciaron amenazas de muerte e intimidaciones en la comunidad K’anakil, del mismo ejido. También falta de atención, incluso burlas, del fiscal del Ministerio Público (MP) del municipio mencionado.
Los representantes de San Sebastián señalaron que el 15 de junio un grupo de mujeres adherentes a la otra campaña llegaron a Chilón para interponer una denuncia por amenazas contra Nicolás Aguilar Mejía, originario de Reforma K’anakil y miembro de la alguna vez conocida banda criminal Los Aguilares, que asoló la región junto con el grupo paramilitar Los Chinculines en la década pasada.
Denunciaron que el fiscal del Ministerio Público, José Manuel Pérez Gómez, ni así las quiso atender. Será porque todavía no llevaban un agujero en el pecho o un manojo de dinero, porque son como cualquier otra persona que quiere justicia y les niegan su derecho
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El día 12 fue detenido Aguilar Mejía acusado de abigeato. La Policía Judicial lo trasladó al penal número 12 de Yajalón. Los ejidatarios temen que sea liberado: “Anteriormente habitantes de las comunidades cercanas no han querido denunciarlo por el miedo a ser secuestrados, violados o asesinados. Es conocido como el último integrante de Los Aguilares, secuestradores, violadores, asaltantes y homicidas”.
Aun así, añaden los indígenas de la otra campaña, el MP no quiso recibir la denuncia ciudadana. Será porque le da flojera o porque es uno más de los que les gusta recibir y hacerse de la vista gorda
. Responsabilizan a la autoridad “por la integridad física de los habitantes de Reforma K’anakil si el delincuente llegara a salir libre”. Los habitantes de la comunidad están muy atemorizados de que integrantes de la banda delictiva cobren venganza por la detención de su líder
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Exigen a las autoridades “las medidas necesarias para aplicar el peso de la ley a ese delincuente, ya que en caso de ser éste liberado serán responsables de cualquier hecho lamentable que suceda a los habitantes de Reforma K’anakil y las comunidades aledañas”.
En una segunda denuncia, los mismos ejidatarios acusaron a Melchorio Pérez Moreno y Francisco Guzmán Jiménez, del consejo de vigilancia y comisariado oficial del ejido, respectivamente, quienes por falta de capacidad han generado violencia en las comunidades y encarcelando a inocentes en complicidad con agentes auxiliares y del MP
. Afirman también a los funcionarios de la mesa tres del MP en Bachajón, Eduardo Hernández Guzmán, y su secretario especializado en injusticia indígena
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Todo empezó el 4 de junio, apuntan, “cuando Jerónimo Guzmán Monterrosa (segundo), originario de la comunidad Ba’pus, centro Alan Sac’un, se vino a quejar en la agencia auxiliar de esa comunidad, porque la autoridad oficial estaba alambrando un terreno para despojarlo intencionalmente”. En vez de castigar al agresor detuvieron al que se vino a quejar de que lo están despojando. En ese momento fue trasladado a la ciudad de Bachajon y turnado al MP, donde forzosamente lo hicieron firmar un acta y pagó una multa de mil 500 pesos, aún cuando es el ofendido, una víctima más de las autoridades oficialistas
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Agregan otros casos de impunidad, como el de San José Pulemal, centro Ch’ich, del mismo San Sebastián, donde cuatro personas resultaron lesionados por arma de fuego y otras más fueron encarceladas el 2 de junio por el mismo problema agrario, con violencia, despojo y cárcel, que es lo único que saben hacer
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