jueves, 20 de agosto de 2009

[Noticiero: Los Martes de Enkidu] MEXICO-Encuentro con Patricia Olamendi, candidata a la Presidencia de la Comision Nacional de Derechos Humanos lunes

HOMOPOLIS

INVITA


A todas las organizaciones, grupos, artistas, periodistas, intelectuales y activistas de la diversidad sexual a la reunión que la feminista Patricia Olamendi sostendrá con integrantes del colectivo LGBTI, a quienes expondrá su programa de trabajo como candidata a la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

La reunión se desarrollará el próximo lunes 24 de agosto a partir de las 6:45 pm en el Café 22, ubicado en la calle de Fernando Montes de Oca no. 22, casi esquina con Tamaulipas, en la colonia Condesa.

Favor de confirmar asistencia al correo electrónico homopolis@homopolis.com.mx o al teléfono 04455 1338-2901, ya sea a través de un mensaje de texto o una llamada.


Afectuosamente

Enrique Gómez
Director de Homópolis
Tel. 5704-6175, 5704-3827 y 5789-1730

invitación conferencia circulo estudios centro histórico‏


Amigas y amigos del
Círculo de Estudios Centro Histórico
el día viernes 21 de agosto
a las 19:00 horas, tendremos una conferencia muy interesante, como parte de una Seminario de Historia que la
MTRA. EDNA MARÍA OROZCO
tiene a bien compartir con nosotros, cada mes. El tema será nada más y nada menos que
" FRANCISCO VILLA, EL CENTAURO DEL NORTE"

La Mtra. Edna nos platica la Historia como si estuvieramos tomando un café con nuestros amigos, no te puedes perder esta experiencia, es una buena oportunidad para invitar a tus amigos y algún vecino, les va a encantar.

Además te pedimos enviar este correo a tus contactos, participa con nosotros en el programa de radio Pi por radio al cuadrado todos los miércoles de las 7 a las 9 de la noche, por www.radioamlo.org información: Elena Noriega 04455 27064084

Boletin e información sobre Miguel Angel Wong Soto. FRENTE ESTATAL CONTRA LA REPRESION, S.L.P.‏

A los medios de comunicación.
Al Pueblo Potosino.
A la opinión pública.

El Gobierno de Marcelo de los Santos Fraga, una vez más fracasa en su necedad de legalizar la inconformidad ciudadana; pues en su sexenio que está por terminar aplicó la máxima de su homologo cacique Gonzalo N. Santos que decía “entierro, destierro o encierro”, ejemplos de lo anterior son el caso de Pedro Rebolloso Bravo, Enrique Rivera Sierra y Miguel Ángel Wong Soto, entre otros más presos y perseguidos políticos en el Estado.
La historia no oficial, deberá de declarar al C.P. Marcelo de los Santos como un Gobernador que durante su gobierno (2003 – 2009), aplicó una política represiva y de persecución principalmente a los movimientos sociales ( detenciones arbitrarias de líderes sociales, comerciantes ambulantes, dirigentes partidistas) nos concretizamos a señalar los casos del líder de la Coordinadora del Movimiento Amplio Popular (C.M.AP.) y el del Frente Estatal de los Movimientos y Organizaciones sociales ( F.E.M.O.S.), o el caso del asesor del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier (F.A.O.M.S.X.) organizaciones sociales y opositores con gran arraigo en las colonias periféricas del gran valle huachichil, así como de la ciudadanía inconforme con la permanencia de Minera San Xavier en Cerro de San Pedro, S.L.P.; la citada política de gobierno fue idéntica a la que utilizó el priismo potosino cuando gobernó.


Sirve precisar que la estigmatización de “delincuentes” ante la opinión pública y en ocasiones de la publicada de Wong Soto y Rebolloso Bravo, pretendió confundir a los lectores y público en general; sin conceder que solo era una artimaña del Gobierno del Estado para legitimar sus acciones injustificables de gobierno, las cuales son continuamente rechazadas por los presos políticos en mención ( la falta de transparencia de recursos públicos, los acuerdos incumplidos en obra social ) y que ante ese rechazo de tales organismos cívicos, viene la invención de delitos como motín, robo calificado, secuestro, asociación delictuosa, ultrajes, etc, las cuáles son meras invenciones del poder político panista-marcelista para sancionar a quién no se someta a sus decisiones gubernamentales.
La impartición facciosa de la justicia en San Luís Potosí, da causa a que personajes de la farándula política que tienen pendientes con la justicia gozan de esa “impunidad politica” que concede el ejecutivo para evitar encarcelarlos, al grado que incluso hasta prescribe la acción para procesarlos penalmente por las conductas delictivas en la función pública, el priista Fernando Silva Nieto entre otros más no contradecirán lo anterior.
No por lo anterior dejamos de celebrar la liberación de Miguel Angel Wong Soto, y sostenemos que nunca fue culpable de los delitos políticos que se le imputaron y por los cuales fue sentenciado; sobre la posible amenaza del Ejecutivo Estatal de volverlo a encarcelar, decimos que afortunadamente vivimos en un Estado de Derecho donde las garantías sociales como lo son la libertad de manifestación, asociación, de imprenta y petición deben de imperar por sobre cualquier acción represiva del Estado, y que la defensa legal y solidaridad volverá en caso de ser necesario.
Reiteramos que aún falta mucho quehacer ciudadano y legal ante tales arbitrariedades de los Gobiernos en turno, de ahí a que continuarán los trabajos del Frente Estatal contra la Represión ( F.E.R.C.S.L.P.) cuya laborar continua deberá de ser el rescate de rehenes políticos, así como la asistencia legal de los heridos que dejen las violaciones a los derechos constitucionales de la ciudanía potosina por parte de las actuaciones o decisiones perjudiciales del Poder Ejecutivo en turno.
Atentamente:
Frente Estatal contra la Represión S.L.P.
Lic. José Enrique Gonzalez Ruíz.

Lic. Fernando Tapia Rangel.

Prof. Carlos López Torres.

C. Pedro Rebolloso Bravo.

Lic. Noé Yair López García.

Lic. Marite Hernández Correa.

Lic. Tonatiuh Hernández Correa.

San Luís Potosí, S.L.P. 19 de Agosto del 2009.


DATOS DE LOS PROCESOS PENALES EN CONTRA DE MIGUEL ANGEL WONG SOTO
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Impulsan crear el Museo Nacional de la Mujer

Con motivo de las conmemoraciones del bicentenario de la Independencia de México, la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias (Femu) impulsa la creación del Museo Nacional de la Mujer en lo que fue la casa de la insurgente Leona Vicario, para reconocer las aportaciones de este género a las luchas de Independencia y revolucionarias del país.
“No puede haber centenarios sin reconocer el trabajo que las mujeres hicieron en la construcción de México”, sostuvo Patricia Galeana, presidenta de la Femu y secretaria técnica de los festejos del bicentenario de la Independencia y del centenario de la Revolución en el Senado de la República.
Según explicó la historiadora, el museo estaría en lo que fue la casa de Leona Vicario (Brasil 31, Centro Histórico), la cual donó el Congreso por la aportación de la insurgente a la Independencia. Por lo tanto, esa casa “es el primer reconocimiento que se hace por parte de la soberanía nacional a una mujer una vez consumada la Independencia”.
Señaló que desde la década de los años 90, en Estados Unidos y en Europa surgieron mu-seos de mujeres, siendo Buenos Aires la única ciudad latinoamericana que cuenta con uno. Por ello sería muy importante, agregó, “que en el Distrito Federal se fundara uno que nos brinde información sobre las mujeres mexicanas a lo largo de nuestra historia y hasta hoy”.
Añadió que para la realización del proyecto, además del trabajo de Femu, se requiere de la participación de los gobiernos federal y del de la ciudad de México. Al primero se le pidió que, sin perder su propiedad federal, ceda el inmueble, y al gobierno capitalino se le solicitó financiamiento para la museografía.
Esa casa hoy alberga las oficinas de promoción literaria de Bellas Artes, por lo que el gobierno federal arguye que no tiene otro espacio para trasladar dicha oficinas; sin embargo, la historiadora asegura que “tiene infinidad de inmuebles, más apropiados para oficinas que una casa que es un sitio histórico”.
Para continuar exigiendo la creación de este museo, y aprovechando el 167 aniversario luctuoso de Leona Vicario, mañana viernes, a las 10 de la mañana, se realizará una lectura dramatizada de la vida de la heroina insurgente, interpretada por la actriz María Teresa Careaga.

Emmanuel D'Herrera denuncia ante la CNDH vejaciones de cuerpos policiacos de Peña Nieto.‏

EMMANUEL D'HERRERA ARIZCORRETA
Penal de Neza Bordo el 10 de agosto de 2009.
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
P.M.A.C.
At´n.: Don Jose Luis Soberanes
Presidente
Sr. Presidente:
Después de saludarle con todo respeto, vengo a exponerle mi caso para el que ruego su atención y la de la Comisión que usted preside:
La Juez segunda del juzgado de primera instancia con sede en el centro de readaptación Social de Molino de Flores, Texcoco, me concedió la libertad bajo fianza el 21 de mayo del año en curso.
Ese día alrededor de las 17:00 hrs. Firmé simultáneamente mi acta de formal prisión extemporáneo y mi acta de libertad, después de que los mios pagaron
$37000.00 (treinta y siete mil pesos) de fianza.
Hacia las 18:00 hrs., al franquear el portón del penal vi a mi esposa que me esperaba, pero también percibí varios vehículos y muchos hombres de traje, algunos de los cuales tomaba fotografías, pro lo que supuse eran reporteros.
Apenas hube puesto un pie fuera del penal cuatro individuos me sujetaron en forma violente y me subieron a uno de los vehículos que estaban en la puerta.
Mi esposa gritaba “ya está libre”, ya se pagó la fianza, ¡Ya esta libre!.
El vehículo arrancó a toda velocidad y de no haberse hecho a un lado, mi mujer hubiera sido atropellada.
Pedí a los tres individuos que me privaron de la libertad que me expusieran los motivos de mi detención o si era un secuestro. El que estaba junto a mi en el asiento trasero de la unidad se concretó a ponerme una capucha cubriéndome la cara y la cabeza y me echo al piso del vehículo.
A toda velocidad, con una sirena como “pato” el vehículo se fue abriendo paso en el tráfico urbano, a juzgar por el ruido que percibía desde el lugar donde permanecía esposado a la base del asiento delantero del lado del chofer.
Volvía insistir que se me informara sobre mi situación jurídica, convencido de que mis secuestradores eran policías pues en sus comunicaciones por el teléfono celular empleaban claves dirigidas a un “comandante”.
Me instaron a callar: ¡Cállate cabrón!
Los ruidos externos cambiaron y pienso que circulamos por una autopista, para volver al tráfico urbano.
Al cabo de un buen rato de desplazamiento, el vehículo se detuvo y los tres agentes me dejaron solo. Creo que transcurrió mas de hora y media y de acuerdo con lo que pude percibir a través de la capucha, la mitad estaba estacionado debajo de un puente.
Volvieron los policías y reemprendieron la marcha en un recorrido urbano interminable hasta que nuevamente el vehículo paró, esta vez en una gasolinera, donde se aprovisionó de combustible, una vez completada la carga de gasolina, sólo subió el chofer, desplazando la unidad unos cuantos metros, a donde creo haber percibido el anuncio luminoso de una tienda oxo o Seven-eleven o de ese tipo.
Permanecí solo otro buen rato, al cabo del cual volvieron a subir otros agentes que sustituyeron a dos de los anteriores.
Una vez más sentí un largo desplazamiento por la ciudad y nuevamente una carretera, me atreví a preguntar a mis captores si me levaban a Almoloya pues reconocí el paraje de la Marquesa en la carretera a Toluca, “¿Por qué preguntas eso? Fue su respuesta.
Más tráfico urbano hasta que finalmente el auto se detuvo. Los tres agentes bajaron y me dejaron un rato solo hasta que vinieron por mí. Me desesposaron y me hicieron descender del vehículo habiéndome quitado la capucha.
Una placa en la entrada del edificio rezaba Policía Ministerial del Estado de México, Toluca.
En la oficina del primer piso el reloj de pares marcaba las 12:10.
Apenas llegue solicité, invocando el artículo 20 constitucional, que se me hicieran conocer los cargos por los que se me detenía y retenía y que se me permitiera hacer la llamada telefónica a la que constitucionalmente tenía derecho, siéndome negados ambos derechos.
Fui llevado entonces a la Procuraduría de Justicia del Estado de México para que el médico certificara mi estado de salud.
Hice saber a la doctora que me atendió, que soy diabético e hipertenso. Ella me checó la presión pero no pudo medir la glucosa de mi sangre pues no tenían en el servicio médico las tiras de muestra del glucómetro.
Me regresaron a la oficina donde me llevaron originalmente. Yo volví a insistir en hacer mi llamada y a que se me permitiera la presencia de mi abogado, siéndome negados una vez más mis peticiones.
Una ambulancia me trasladó hasta el Hospital ISSEM de Toluca donde después de medir la presencia de glucosa en mi sangre me ingresaron a la sala de urgencias, donde me aplicaron suero con insulina, pues tenía 380 de azúcar.
Pasé el resto de la madrugada y parte de la mañana en el hospital hasta que el glucómetro marcó 80 y entonces fui regresado al Ministerio Público.
Se me instó a aceptar a un defensor de oficio, negándome yo a firmar el nombramiento, exigiendo a mi vez la presencia de mi abogado o de un visitador de la Comisión de Derechos Humanos, e insistiendo en que se me permitiera comunicarme con mi familia. Ni caso me hicieron.
A eso de mediodía querían que firmara mi declaración ministerial, negándome a ello sin la presencia de mi abogado o de personal acreditado de Derechos Humanos.
El Jefe de la oficina, un tal Leonardo indicó a la secretaria que bastaba con que firmara mi “defensora”.
Terminada esa diligencia me dijeron que me podía retirar, sólo para ser detenido a la salida del edificio por tres agentes de la AFI, que me dieron a conocer el motivo de mi presentación en la PGR de Netzahualcoyotl, el delito por el que se me acusaba y me pidieron que esperara a llegar a la PGR para hacer la llamada constitucional.
Señor Presidente Soberanes, delinquí de acuerdo con las leyes del país y del Estado de México. Eso no lo niego y estoy confeso en el proceso que se sigue en el Juzgado 2 de 1ª. Instancia de Molino de Flores Texcoco: pero de acuerdo a la constitución existen garantías que la autoridad debe otorgar al ciudadano, además de los Derechos Humanos que el Estado y sus agentes están obligados a respetar. Considero que la privación ilegal de la libertad que sufrí a manos de agentes judiciales del Estado de México afectan mi integridad personal, mi salud y me mantuvieron incomunicado de mi familia; por lo que le solicito respetuosamente la investigación de los hechos arriba descritos y que en caso que proceda, la comisión bajo su atinada presidencia emita las recomendaciones a la autoridad competente para que se me resarzan los daños que sufrí, independientemente de la acción jurídica que me reservo ejercer en su momento.
Pongo de manifiesto que un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México me hizo el favor de venir a entrevistarme en el Hospital del Penal Neza-Bordo donde estoy recluido, pero siendo el mío un caso federal, me informó de la incompetencia del órgano estatal de Derechos Humanos, para tratar mi petición.
Adelantándole mi agradecimiento por la atención que merezca la presente le saludo:
Respetuosamente
Emmanuel D’Herrera Arizcorreta

Reculan priístas ante la Iglesia en Colima

Colima, Col., 19 de agosto. “Para no meterse en broncas con la Iglesia católica y sectores conservadores de la sociedad de Colima”, la bancada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso local desechará la iniciativa de Ley de Sociedades de Convivencia del estado que presentó el diputado perredista Adolfo Núñez González el 29 de julio y que fue discutida en un foro público la semana pasada, aseguró el autor de la iniciativa. Acompañado del dirigente estatal del PRD, Francisco Rodríguez, Núñez dijo que el lunes el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el priísta Roberto Chapula le informó que en la siguiente sesión desecharían la iniciativa, porque “la mayoría rechaza las uniones de homosexuales y lesbianas”.

Denuncian 2 jóvenes ante AI y CNDH torturas que les infligieron militares

Cuernavaca, Mor., 19 de agosto. Silverio Iván Jaimes Filio, de 22 años, y Jorge Raúl Jaimes Jiménez, de 23, denunciaron ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y Amnistía Internacional (AI) que elementos del Ejército los detuvieron, amenazaron, golpearon y torturaron con el pretexto del combate al narcotráfico, y les exigieron información sobre nombres y domicilios de personas que se dedican a la venta de drogas en esta capital.
Ambos presentaron una denuncia de hechos ante la Procuraduría General de Justicia de Morelos, pero autoridades de esa dependencia les dijeron que no podían hacer nada porque quienes los habían golpeado y retenido ilegalmente eran militares.
De acuerdo con las declaraciones de Silverio y Jorge, el pasado 14 de agosto, alrededor de las 22 horas circulaban en un vehículo por avenida Paseo Cuauhnáhuac, a la altura de la plaza comercial Chedraui, cuando cuatro militares vestidos de civil les marcaron el alto para interrogarlos y después golpearlos.
Como se negaron a responder, los obligaron a bajarse del vehículo. En ese momento –narraron– llegó una patrulla de la Policía Federal y casi enseguida un camión tipo Dina (con el número económico 1002476) con varios soldados abordo que los golpearon y se los llevaron.
“Nos quitaron credenciales y carteras, además de los papeles que llevábamos en el carro. En el trayecto nos golpearon; se encarreraban y se dejaban caer con las rodillas en la espalda de mi primo y de la mía. Nos daban patadas en la cabeza y en las costillas y nos decían que si no declarábamos quiénes vendían droga íbamos a aprender a no meternos con militares, que ahora sí iba a cargarnos la chingada; incluso cortaron cartucho”, relató Jorge Raúl.
Aseguró que los elementos castrenses que los torturaron durante más de tres horas tenían el rostro cubierto con pasamontañas. “Con nuestras propias playeras nos cubrieron el rostro y la boca y nos quitaron los zapatos”, agregó.
Por el tiempo que transcurrió, creen que fueron trasladados a la 24 Zona Militar, con sede en esta capital, porque aseguraron haber escuchado a más soldados y más vehículos que entraban y salían.
“Alrededor de las 2 de la madrugada del sábado nos subieron a un camión y nos sacaron de ahí”. Señalan que primero les advirtieron que los iban a ir a tirar a una barranca; finalmente los dejaron en la carretera federal Cuernavaca–México (en el punto conocido como Montecasino), no sin antes golpearlos y advertirles que se callaran.

Estancado, el caso de la indígena Jacinta

Querétaro, Qro., 19 de agosto. El juicio contra Jacinta Francisco Marcial se ha retrasado porque dos de los seis elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) que la acusaron de haberlos secuestrado “no se les puede encontrar en el país” para cumplir con los careos que ordenó un juez como elementos probatorios en el caso de la indígena, la cual se encuentra encarcelada desde hace tres.
El abogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Prodh), Andrés Díaz, informó que como defensa legal de Jacinta fueron informados de que el agente federal Antonio Bautista falleció en 2007, por lo que no podía cumplir con el requisito de presentarse a los careos efectuados en mayo pasado.
En tanto, Jorge Cervantes Peñuelas se jubiló en diciembre de 2008 y ya no es agente federal, por lo que no ha podido ser notificado para que se presente en los careos, situación que provoca que se retrase los procedimientos legales.
En conferencia de prensa, Guillermo Francisco Prisciliano, esposo de Jacinta, dijo estar desesperado por la situación.
El abogado del Prodh que asumió la defensa legal de Jacinta Francisco indicó que la Procuraduría General de la República (PGR), si quisiera podría aceptar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y reconocer que no existen elementos jurídicos y probatorios que acrediten que Jacinta secuestró a seis agentes federales y, con ello, dejarla en libertad.
Sin embargo, en lugar de ello incurre en acciones de dilación al no contribuir a que uno de los agentes federales se presente a los careos como parte del juicio.

SEP: las universidades públicas tienen que someterse al recorte presupuestal

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, expresó que el sistema educativo en su conjunto –incluidas las universidades públicas– tiene que contribuir al recorte presupuestal, ya que “todos” deben “meter el hombro”. Sin embargo, el funcionario exceptuó de esta disminución a la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE), pactada con la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo Morales.
“Lo importante en todo caso es que los compromisos de la ACE por supuesto que van a estar financiados y la alianza continuará funcionando exitosamente, como lo ha hecho la semana pasada, y como lo seguirá haciendo”, dijo el funcionario.
En el marco de la firma de la carta compromiso de 26 instituciones públicas de educación superior para trabajar con la SEP en una política común para el nivel medio superior, el funcionario federal señaló por otra parte que hay un “gran ánimo” de la maestra Elba Esther Gordillo y de la dependencia a su cargo para dar un “tratamiento cada vez más cuidadoso y transparente a esos donativos que generosamente los padres de familia ofrecen a sus escuelas”.
Al mencionarle lo declarado por el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, en el sentido de que una crisis económica podría derivar en crisis social, respondió: “Tenemos que asumir que el sistema educativo en su conjunto, al igual que el gobierno federal todo, tiene que contribuir al recorte, lo importante en todo caso es que la contribución que al recorte hagan las universidades sea francamente menor y podamos por un lado sí distribuir, para que todos metan el hombro y, sin embargo, las universidades públicas puedan continuar con sus labores sin interrupción y de manera ordenada”.
Así, advirtió que el recorte no será el mismo para todos, por lo que no afectará de igual manera a la educación básica que a la media superior o superior. Insistió en que aún analizan “la distribución óptima” de esta baja en los recursos y quizá la próxima semana “tengamos ya una idea precisa de cómo vamos a proceder” en esta materia.
Pero eso sí, recalcó, los sueldos de los maestros “deben continuar fluyendo porque tenemos que garantizar la permanencia de las acciones de educación básica. Eso en primer lugar; en segundo lugar, hay muchas labores que tiene que desplegar la SEP para dar cumplimiento a los compromisos de la ACE”.
Aunque los académicos y rectores han insistido en que en educación no hay elementos que no sean prioritarios, Lujambio dijo que “estamos moviéndonos con cierto margen de libertad para poder sacrificar aquello que no vulnere de manera central al sistema educativo mexicano”.
Además de los salarios, señaló que para la dependencia es de especial relevancia la cobertura, particularmente la de media superior y superior. En relación con las cuotas que se piden a los padres de familia en las escuelas –sin las cuales éstas no podrían sobrevivir–, consideró que se trata de “donativos estrictamente voluntarios respecto de los cuales está trabajando la SEP junto con el SNTE, para que todos tengamos certeza en el futuro del modo en que estos recursos están siendo manejados en el ámbito de la escuela”.
A la ceremonia asistieron 21 rectores, así como el director del Instituto Politécnico Nacional, Enrique Villa, y otros representantes de universidades públicas, quienes dieron su apoyo a la Reforma Integral de la Educación Media Superior. Ahí el titular de la SEP dijo que por primera vez se cuenta con una política nacional para el nivel medio superior.
Por su parte, el subsecretario Miguel Székely destacó que esta confluencia de instituciones de educación superior refleja la voluntad de trabajar juntos y con respeto a su autonomía en la construcción del sistema nacional de bachillerato.

CARTONES DE LA JORNADA