sábado, 15 de junio de 2013

CARTONES DE LA JORNADA




Buscan rectores evitar intermediación de estados para recibir apoyos federales

Buscan rectores evitar intermediación de estados para recibir apoyos federales
Ariane Díaz
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 33
Ante la inquietud de rectores universitarios por promover que los recursos asignados por la Federación a los centros de estudios superiores lleguen directamente, sin pasar por los gobiernos estatales, el nuevo secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies), Enrique Fernández Fassnacht, se pronunció a favor, toda vez que finalmente, lo que entra no es lo mismo que sale; el tema es que muchas veces no fluyen los recursos hacia las universidades, al menos con la oportunidad que debiera ser.
Dijo entender la preocupación de los rectores, porque lo viví como rector de una universidad pequeña en un estado del país; si lo que entra es igual a lo que sale no habría tanta preocupación porque llegara directamente a los estados.
El jueves pasado, durante la sesión ordinaria del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (Cupia), varios representantes de esas instituciones manifestaron el interés por exponer a las autoridades del sector la necesidad de discutir que el financiamiento que se les destina se asigne directamente, sin la intermediación del gobierno estatal.
En ese sentido, Fernández Fassnacht aseguró que buscará garantizar la interlocución entre los titulares de las instituciones de educación superior y las autoridades educativas.
En un breve encuentro con la prensa luego de tomar posesión como titular de la Anuies para el periodo 2013-2017, sostuvo que los temas urgentes en la educación superior son el financiamiento, la cobertura y la calidad, así como la seguridad.
Manifestó, de cara a la obligatoriedad de la educación media superior, que debe preocupar a las universidades cómo enfrentar en unos años la demanda que ello supone. ¿Creando nuevas instituciones? Yo no estaría tan seguro. Hay que trabajar en el fortalecimiento de las que ya existen, las grandes instituciones estatales y federales, y tangencialmente está el tema de los presupuestos plurianuales, porque si proyectamos el incremento de la demanda para los próximos años podemos proyectar también el incremento en el subsidio que vamos a requerir.
Sobre la seguridad, aludió al resquemor que suscitó en algunas universidades la serie de lineamientos emitidos por la Anuies por considerar que contravienen la autonomía universitaria.
En lo personal creo que hay que participar en lo que se pueda, siempre con respeto absoluto a la autonomía universitaria y reconocer que la situación en cada universidad es diferente.
Fernández Fassnacht hizo también un sucinto balance de los pendientes de la Universidad Autónoma Metropolitana, a cuya rectoría general renunció el pasado 7 de junio, entre los que están la consolidación de las nuevas unidades (Cuajimalpa y Lerma), el financiamiento y afrontar el envejecimiento de la planta académica

Confirman en Guanajuato explotación de jornaleros

Confirman en Guanajuato explotación de jornaleros
Juan Carlos G. Partida y Carlos García
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 35
Los cinco capataces de la empresa tomatera Bioparques de Occidente –detenidos en flagrancia por la Fiscalía General de Jalisco (FGJ), el pasado 10 de junio–, acusados de privación ilegal de la libertad y trata de personas, fueron consignados ante un juez, quien determinará su situación legal en las próximas horas.
Según la dependencia, al interrogar a los jornaleros liberados en el operativoéstos señalaron a los cinco capataces como los encargados de cuidarlos, pero los acusaron de que no les pagaban, les daban escasos alimentos y no les permitían abandonar la empresa.
En tanto, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) confirmó que niños mixtecos son explotados en campos agrícolas de Guanajuato, delito que será denunciado ante la Procuraduría General de la República (PGR), anunció el delegado de la dependencia, Ángel Arrellano Espinoza.
La ley establece sanciones que van desde los 250 a los 5 mil salarios mínimos (323 mil 800 pesos) y también está tipificada una pena de prisión (por la explotación infantil) que va de uno a cuatro años de prisión, detalló el funcionario.
Adelantó que integran un expediente para identificar a las personas explotan a los mixtecos menores de 14 años para aplicar las multas y presentar la querella ante el Ministerio Público Federal

Existe consenso para concretar la reforma política del DF: Mancera

Existe consenso para concretar la reforma política del DF: Mancera
El jefe del gobierno reitera su convocatoria a todos los sectores para alcanzar esa aspiración
Indica que existe la voluntad de la Federación, de los órganos de la capital y de la ciudadanía
Foto
El jefe del gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera, con el diputado local Manuel Granados Covarrubias y Porfirio Muñoz Ledo, en la inauguración del coloquio Génesis y 25 años de trascendencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en el Palacio de la AutonomíaFoto María Luisa Severiano
Gabriela Romero Sánchez y Ángel Bolaños Sánchez
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 29
El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, convocó una vez más a todos los sectores de la población a unirse y lograr que la reforma política de la ciudad de México se concrete.
Al inaugurar los trabajos del coloquio Génesis y 25 años de trascendencia de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, realizado en el Palacio de la Autonomía, el mandatario consideró que esta aspiración está llegando a un punto culminante, a un puerto que se observa ya en la lejanía.
Consideró que se cuenta con los elementos necesarios para avanzar en esta tarea, como la voluntad política del gobierno federal, la de los órganos propios de la ciudad y la participación ciudadana de quienes viven en el Distrito Federal.
Mancera Espinosa recordó que la academia se ha pronunciado en el mismo sentido y por eso, dijo, advierto un consenso que nos tiene que llevar a un resultado seguro para lograr una definición jurídica de la ciudad de México y un régimen de competencia perfectamente establecido.
Reiteró su llamado a que sea en un gran constituyente, plural, participativo con todas las fuerzas políticas de esta ciudad y de la ciudadanía, el que elabore lo que sería la primera constitución de la ciudad de México.
Estoy seguro que así será, la vida democrática avanza como producto del surgimiento de una sociedad cada vez más crítica, vigilante, participativa y demandante, es así como estamos trabajando en el gobierno de la ciudad, afirmó Mancera Espinosa.
Por su parte, el comisionado del gobierno de la ciudad para la reforma política del DF, Porfirio Muñoz Ledo, hizo un llamado a los diputados locales y a quienes han formado parte de la ALDF en anteriores legislaturas para que exhorten a los partidos políticos y al Congreso de la Unión a que den marcha a la tarea de la reforma constitucional, que se requiere como el primer paso de esta gran empresa.
Posteriormente, agregó, se iniciará la elaboración de la constitución de la ciudad y en seguida las reformas institucionales a las que dé lugar.
Tenemos que sentar también las bases para un sistema metropolitano, de modo que las entidades circunvecinas y la propia ciudad de México puedan hacer las transformaciones que requiere la dimensión de los problemas que enfrentamos, apuntó

De última hora, retiran dictamen que proponía desechar la ley de movilidad

De última hora, retiran dictamen que proponía desechar la ley de movilidad
Se realizará un foro a fin de integrar la opinión de sectores interesados y del gobierno local
Ángel Bolaños Sánchez
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 32
De último momento, la Comisión de Movilidad, Transporte y Vialidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) decidió retirar del orden del día, en su sesión de ayer, el dictamen de la iniciativa de Ley de Movilidad del Distrito Federal que presentó la diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Laura Irais Ballesteros Mancilla, en el que se proponía su desechamiento.
Una vez que se declaró el quórum para sesionar con cinco de los ocho diputados que la integran, pasadas las 16:00 horas, el diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Daniel Ordóñez Hernández presentó la propuesta para prorrogar la dictaminación de la iniciativa, a la que se adhirieron la también perredista Yuriri Ayala Zúñiga y Cuauhtémoc Velasco Oliva, de Movimiento Ciudadano (MC).
La misma diputada del PAN, quien días antes acusó a la presidenta de la comisión, la perredista Claudia Cortés Quiroz, de pretender congelar su proyecto y le exigió que se dictaminara, se sumó a la moción.
Al reconsiderar su postura, Ballesteros dijo que el tema amerita una mesa de discusión en la que puedan ser contempladas todas las propuestas, y añadió que consideraba importante también conocer la opinión del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
La propuesta se aprobó por unanimidad, con el apoyo inclusive de Cortés Quiroz, quien pidió dejar constancia en el acta de la sesión correspondiente que, contrario a los señalamientos de la panista, dicho órgano colegiado se ha conducido con institucionalidad, y muestra de ello es que se tenía en tiempo y forma el dictamen tras haberse realizado una revisión exhaustiva del proyecto.
La presidenta de la comisión recordó que el próximo lunes se realizará un foro que tiene como objetivo construir una iniciativa que recoja las propuestas y opiniones de todos los sectores interesados en el tema, así como del gobierno de la ciudad.
En el transcurso del día, trascendió que el coordinador del grupo parlamentario del PAN, Federico Döring Casar, realizó cabildeos, incluso en oficinas del gobierno central, a fin de evitar que la comisión sesionara e impedir el desechamiento de plano de la iniciativa.
En el dictamen listo para ser discutido en la sesión, el cual proponía desechar el proyecto, se señala que derivado del análisis de la iniciativa a dictaminar y términos de técnica legislativa se concluye que la misma se caracteriza por falta de congruencia, coherencia, unidad, sistematización y claridad, en aras de brindar la certidumbre jurídica con el que todo ordenamiento legal debe contar

Exigen aclarar asesinato de 3 activistas de Iguala

Exigen aclarar asesinato de 3 activistas de Iguala
Foto
Sofía Lorena Mendoza (al centro), viuda del dirigente de la Unidad Popular de Iguala, Arturo Hernández Cardona, encabezó en Chilpancingo la marcha para exigir el esclarecimiento del triple homicidioFoto Lenin Ocampo
Sergio Ocampo Arista
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 26
Chilpancingo, Gro., 14 de junio.
Unos 2 mil integrantes del Movimiento Popular de Guerrero (MPG), marcharon en esta ciudad para demandar esclarecer el asesinato de tres integrantes de la Unidad Popular de Iguala (UP), y en solidaridad con los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) que murieron en Michoacán.
El dirigente del MPG, Minervino Morán Hernández, dijo que la marcha no sólo se inició por el homicidio de los integrantes de la UP, sino también en el marco del paro cívico nacional de hoy y en apoyo a los maestros de la CNTE,tomando en cuenta que la represión se da en algunos casos como accidentes y en otros, asesinatos.
Agregó que el MPG demanda castigar a los culpables del asesinato de los dirigentes de la UP, y proteger a los familiares de las víctimas y de los compañeros que sobrevivieron”.
Indicó que movimiento magisterial se mantiene vigente en las escuelas donde han hecho foros regionales y a nivel nacional de donde surgieron propuestas que esperan que considere el gobierno federal, de lo contrario, dijo, habrá más protestas en agosto.
Morán Hernández destacó que continúa el proceso jurídico en su contra debido a las movilizaciones en rechazo a la reforma educativa. Estamos bajo caución, yendo a firmar los viernes; somos 10 compañeros y van a declarar otros 39 maestros en los próximos días: esto es lo que hay respecto a las órdenes de arresto.
Mientras, Sofía Lorena Mendoza, regidora perredista en Iguala, y viuda de Arturo Hernández Cardona, líder de la UP ejecutado en esa ciudad junto con otros dos de sus compañeros, denunció que continúa el hostigamiento en su contra, por lo exigió a la Procuraduría General de la República atraer el caso.
Acusó que no hay avances en las investigaciones desde la desaparición de sus compañeros el pasado 30 de mayo.Se habla de que se investiga con discreción, pero en la práctica no hay nada.
Desmintió que haya pensado abandonar Iguala incluso di- cen que voy a renunciar al cargo y van a pedir mi desafuero por las marchas, pero no me importa, me hubiera gustado que mejor vivieran los compañeros.
Dijo que ahora los acusan de daños al edificio de la comuna calculados en 2 millones de pesos, por la toma de días pasados

Dos coaliciones y cuatro partidos disputarán alcaldías y diputaciones el 7 de julio en Oaxaca

Dos coaliciones y cuatro partidos disputarán alcaldías y diputaciones el 7 de julio en Oaxaca
Jorge A. Pérez y Octavio Vélez
Corresponsales
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 27
Oaxaca, Oax., 14 de junio.
Dos alianzas partidistas y cuatro fuerzas políticas se disputarán las presidencias municipales y diputaciones locales el próximo 7 de julio, con candidatos entre los que figuran líderes transportistas, presidentes municipales con licencia, ex funcionarios de la actual administración estatal, dirigentes de los institutos políticos, ex funcionarios de la administración de Ulises Ruiz Ortiz, entre otros.
Las alianzas son Compromiso por Oaxaca (PRI, PVEM) y Unidos por el Desarrollo (PAN, PRD y PT). Además competirán los partidos Nueva Alianza (Panal), Social Demócrata (PSD), Movimiento Ciudadano (MC) y el local Unidad Popular (PUP).
Entre los candidatos de Compromiso por Oaxaca se encuentra, por el distrito cuatro con sede en Tlacolula de Matamoros, Mónica Bernardino Martínez, quien en 2010 fue acusada de ejercicio indebido y abuso de autoridad, cuando era jefa de defensores de oficio en la Procuraduría para la Defensa del Indígena (Prodi). La denuncia fue interpuesta por Rosalva Garníca Martínez quien denunció despido injustificado.
Girón, perseguidor de Solalinde
Por el distrito 5 de Ciudad Ixtepec, en el istmo de Tehuantepec, figura Felipe Girón Villalba, ex edil a quien Alejandro Solalinde Guerra –fundador del albergue Hermanos en el Camino–, señaló que intentó varias veces frenar la defensa de los migrantes y hostigarlo para abandonar el municipio.
Freddy Gil Pineda Gopar, edil de Santos Reyes Nopala, solicitó licencia a su cargo para contender en el proceso electoral; aspira al distrito 9 con cabecera en San Gabriel Mixtepec. Pineda Gopar fue el encargado de montar una policía comunitaria en su localidad el pasado 11 de febrero, la cual fue disuelta dos días después tras una negociación con autoridades estatales.
La lista de candidatos por mayoría proporcional es encabezada por el dirigente priísta Juan José Moreno Sada, quien fue funcionario y diputado federal durante el gobierno de José Murat Casab. En la segunda posición se ubica Lilia Mendoza Cruz, quien fue secretaria de Asuntos Indígenas en la administración de Ulises Ruiz.
La tercera posición la ocupa Alejandro Avilés Álvarez quien es actualmente secretario general deltricolor y cercano a Ulises Ruiz Ortiz, pero en los últimos días ha tenido acercamiento con Murat Casab e incluso asistió al bautizo de sus nietas el pasado 25 de mayo en la ciudad de Oaxaca.
Al Partido Verde sólo les fue cedido el distrito 18 con sede en San Juan Bautista Tuxtepec donde fue postulado Carlos Alberto Vera Vidal; sin embargo, las candidaturas plurinominales las encabeza su dirigente estatal, Rogelio Enríquez Palma, a quien integrantes del instituto intentaran destituir acusándolo de relegirse en el cargo de forma anómala.
La tercera posición se le entregó a Alejandra Pérez Salazar, pero más importante aún es que su suplente es Lizbeth Caña Cadeza, esposa de Enríquez Palma, quien además fue la procuradora General de Justicia del Estado de Oaxaca durante el conflicto político social de 2006 y fue señalada de orquestar las llamadas caravanas de la muerte en esa época.
Aspirante rechazó exhorto
Unidos por el Desarrollo tiene de candidato en el distrito uno al edil con licencia de Santa Cruz Xoxocotlán, José Julio Antonio Aquino, quien se negó a aceptar un exhorto de la Defensoría de los Derechos Humanos de los Pueblos de Oaxaca, emitida el 8 de octubre de 2012, por la actuación de la policía municipal contra ciudadanos de dicha localidad y de seis periodistas.
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Azael Santiago Chepi, ex dirigente de la sección 22 del SNTE, compite por el Partido Social Demócrata a una diputación local por el distrito 3, en Ixtlán de Juárez, OaxacaFoto Jorge A. Pérez Alfonso
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Freddy Gil Pineda Gopar es candidato a diputado local por PRI en el distrito 9 con sede en San Pedro MixtepecFoto Jorge A. Pérez Alfonso
En el distrito 5 con sede en Ciudad Ixtepec competirá Félix Antonio Serrano Toledo; el actual alcalde con licencia buscará regresar a la curul que ya ocupó de 2007 a 2010, y que actualmente tiene su sobrina Aleida Serrano Rosado, hija de Rosendo Serrano Toledo, actual diputado Federal por el PRD.
El ex priísta Sergio López Sánchez representará a la coalición en el distrito 8, con cabecera en Tlaxiaco a quien perredistas en la Mixteca señalan como seguidor de Ulises Ruiiz Ortiz y quien todo el tiempo ha luchado contra la izquierda, incluso durante la campaña presidencial de 2006 impidió la llegada de Andrés Manuel López Obrador a dicha localidad.
Como plurinominales participará en la primera posición, Jaime Bolaños Cacho quien fue colaborador cercano del gobernador Gabino Cué, a quien acusan de imponerlo en esta posición.
El PAN postuló en el distrito 6 con sede en Santo Domingo Tehuantepec, al edil con licencia Gerardo García Henestroza, quien fue representante popular en la 60 Legislatura de 2007 a 2010, cuando solicitó permiso para separarse de la Cámara de Diputados para buscar la presidencia que ocupa actualmente. Leslie Jiménez Valencia es aspirante por el distrito 22 de Oaxa- ca Norte. Fue directora del Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo del estado de Oaxaca, cargo al que renunció para buscar la diputación.
En la tercera posición de los candidatos de mayoría proporcional se encuentra Perfecto Rubio Heredia a quien los panistas han etiquetado como el “juanito”, pues su suplente es Bernardo Vásquez Colmenares, quien fue director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, destituido en 2012 a petición de la sección 22 del SNTE.
Por el Movimiento Ciudadano figura en el distrito uno de Oaxaca Sur, Ricardo Coronado Sanginés, actual regidor de Economía del municipio de Oaxaca de Juárez, quien además se ubica en la tercera posición como candidato plurinominal, sólo por detrás de Ericel Gómez Nucamendi director del periódicoNoticias, quien sustituyó en el Senado a Gabino Cué Monteagudo, y además es integrante del Grupo Oaxaca del cual forma parte el ex secretario General de Gobierno, Jesús Martínez Álvarez
En la segunda posición se encuentra Aurora López Acevedo, principal socia de la empresa Choferes del Sur. Fue coordinadora del Transporte en el sexenio de José Murat y durante la campaña a la gubernatura en 2010 apoyó a Cué Monteagudo.
Chepi compite por el PSD
El PSD arropó al ex dirigente de la sección 22 del SNTE, Azael Santiago Chepi, quien en principio buscó ser candidato del PRD por el distrito 3 con sede en Ixtlán de Juárez en la Sierra Norte, pero al no conseguirlo encontró cobijo con el PSD

Exigen juicio político contra la edil de Monterrey

Exigen juicio político contra la edil de Monterrey
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 28
El grupo denominado Consejo Liberal en Pro del Estado Laico exigió al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, promover lo conducente para que se inicie juicio político a la alcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, quien en un acto religioso entregó la capital nuevoleonesa a Jesucristo. Asegura que la funcionaria incurrió en violaciones al artículo 130 constitucional y muestra una posición totalmente conservadora, retrógrada y oscurantista.
En una carta entregada ayer a Gobernación, denuncian además que la coordinadora del programa Talleres en tu Comunidad en Monterrey, la monja María Guadalupe Cavazos, condiciona el ingreso a estas actividades a que los interesados acudan a clases de doctrina católica.
Sin duda la política establecida por el gobierno de Monterrey y en específico por Arellanes Cervantes, consiste en ejercer violencia y presión moral, a fin de adoctrinar desde las cúpulas del gobierno a todos los ciudadanos de la entidad, en favor de una institución religiosa utilizando los recursos públicos para el logro de sus objetivos, se indica en el texto de cuatro cuartillas, recibido en la oficialía de partes de Gobernación.
La víspera, la dependencia federal respondió a una solicitud de informaciónque no le corresponde atender el caso porque una eventual sanción es jurisdicción del Congreso de Nuevo León o de la Cámara de Diputados.
Sin embargo, el consejo liberal indica que la dependencia a cargo de Osorio Chong tiene la responsabilidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en materia de culto público, iglesias, agrupaciones y asociaciones religiosas.
Los firmantes de la carta re- fieren que es función esencial del responsable de la política interna fomentar el desarrollo y fortalecimiento de las instituciones democráticas, además, que el principio histórico de la separación del Estado y las iglesias desde la separación jurídica creada por el Benemérito de las Américas, Benito Juárez, orienta las normas contenidas en el artículo 130constitucional.
Le piden iniciar una investigación y dar apertura al proceso de juicio político por realizar declaraciones y actividades de carácter religioso en un acto público contrarios al marco jurídico constitucional que rige a las instituciones del país.
Como segundo punto solicitan a Osorio Chong sancionar a la alcaldesa, dar vista a los demás órdenes de gobierno para que se investigue el uso de los recursos y programas públicos que favorecen a instituciones de carácter religioso, y prevenir a todas las instituciones de abstenerse de realizar conductas que violenten el Estado laico y vayan en contra de la Constitución”.
La presidenta municipal declaró que había emitido las expresiones y acudido al acto religioso a título personal; no obstante, Adán Antonio Pérez Cortés, presidente de este grupo que se autocalifica paramasónico advierte que un funcionario público o representante popular deja de ser un ciudadano común.
Vivimos en un país laico y las autoridades no deben intervenir en actos religiosos, y esta señora está haciendo todo lo contrario, dijo Pérez Cortés en entrevista

Oaxaca: afectados por Bárbara se niegan a regresar a sus casas

Oaxaca: afectados por Bárbara se niegan a regresar a sus casas
Octavio Vélez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 28
Isla Cachimbo, San Francisco Ixhuatán, Oax. 14 de junio.
Casi nadie quiere regresar a vivir aquí por temor a un nuevo huracán, comoBárbara, que arrasó esta pequeña isla el 29 de mayo pasado. Con todo, algunos habitantes han comenzado a llegar poco a poco de los albergues en la cabecera municipal, para ver qué paso con sus casas y sus lanchas.
Aquí nacimos muchos, pero casi nadie quiere quedarse porque nunca había pasado algo así, fue tremendo, afirmó el indígena ikoots Lázaro Flores, de 74 años, uno de los pescadores más viejos de la comunidad de casi 300 habitantes.
La destrucción en la isla se percibe desde metros antes de llegar en lancha. Techos de lámina destruidos, casas de tierra a punto del desplomarse, decenas de árboles tirados, camas, colchones, mesas y sillas por donde sea; lanchas hundidas, artes de pesca echadas a perder y demás, muestran los daños dejados por el fenómeno meteorológico.
Desde que llegué a esta isla, hace 60 años, de San Dionisio del Mar (municipio cercano), nunca había visto algo así; fue algo terrible, pensé que se acabaría el mundo. Cuando entró (el huracán) platicaba con mi nieta y su esposo. Nos tuvimos que meter a la escuela para salvar la vida, señaló Lázaro Flores.
A pesar de esto, el pescador está de acuerdo con la mayoría de los habitantes de Cachimbo en dejar la isla y aceptar la reubicación en tierra firme, como ha propuesto el gobierno estatal, por estar en riesgo sus vidas

Leyes de amnistía y cultura de impunidad

Leyes de amnistía y cultura de impunidad
Enjuiciar masacre de El Mozote, decide la CIDH
Dictadores impusieron una amnesia forzada
Se derrumba en AL protección a criminales
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La ley de amnistía con la que se escudaba Alberto Fujimori fue la primera que abolió la CIDHFoto Reuters
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Una foto de Ríos Mont con el letrero de se busca fue colocada entre cruces que recuerdan a las víctimas de la dictaduraFoto Reuters
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 2
En un rincón del parque Cuscatlán de San Salvador, cerca del centro capitalino, una hilera de placas de granito negro registra en grandes bloques, a lo largo de 85 metros, los nombres de 25 mil civiles muertos o desaparecidos en los años ochenta y noventa, apenas un fragmento del saldo final de la guerra. Dos o tres claveles secos, pegados con cinta adhesiva, indican que hace no mucho alguien recordó, en ese sitio, a su ausente querido. Pero ese Monumento a la Memoria y la Verdad, erigido en 2003 por organizaciones civiles, no por el Estado, contiene apenas un pedazo de la tragedia humana que significó el conflicto armado.
En otro rumbo, en una de las nuevas colonias residenciales que cubren de cemento los huertos de café que antes bordeaban la ciudad, se levanta una especie de obelisco con una inscripción:Sí a la patria, no al comunismo.
Es en homenaje al mayor Roberto d’Aubuisson, figura emblemática de la ultraderecha salvadoreña, héroe de las rancias 14 familias –que en un tiempo fueron dueñas únicas del país–, fundador del partido Arena –que gobernó durante 20 años, hasta marzo de 2009– y creador de los escuadrones de la muerte.
Se recuerdan los programas de radio matutinos en los que participaba el mayor, donde leía las listas negras de quienes tachaba de subversivos: defensores de derechos humanos, curas progresistas, líderes obreros y campesinos, periodistas, estudiantes y profesionistas que los días siguientes aparecían asesinados a las orillas de los caminos, por centenares. También se le señala como responsable del asesinato del arzobispo Óscar Arnulfo Romero, en 1980. Quizá sea la única rotonda del país que requiere vigilancia militar permanente, porque un día sí y otro también, manos anónimas lanzan huevos y basura contra la piedra que recuerda al jefe paramilitar.
Son dos puntas opuestas de lamemoria dividida que se abre como un abismo en la sociedad de este pulgarcito centroamericano.
Terry Karl, politóloga, catedrática de la Universidad de Stanford, cuya especialidad es el conocimiento profundo de la legislación militar de El Salvador, explica que la palabra amnistía viene del latín amnesia. Pero las leyes de amnistía o autoamnistía decretadas por dictadores y violadores de derechos humanos en el mundo entero no responden a la voluntad real de las sociedades de simplemente pasar la página y dejar en el olvido los agravios. Se trata de una amnesia deliberada, forzada. La consecuencia es una sociedad dividida, donde unos niegan el pasado y prefieren olvidar mientras otros sufren la imposibilidad de cerrar un duelo. Cuando eso pasa, quedan dos memorias contrapuestas, que conviven y que producen nuevos conflictos, en otras generaciones, con otras personas y otros nombres, pero que vienen de esa situación no resuelta.
En los países donde hubo –o hay– gobiernos autoritarios y represivos, o bien donde los conflictos armados dejaron una cauda de violaciones a los derechos humanos, estas leyes que protegieron a los perpetradores van desapareciendo una tras otra. Hasta ahora se han anulado 357 leyes y decretos que amparaban a responsables de cometer crímenes de guerra en 129 naciones.
Es una tendencia universal que beneficia a la lucha por la justicia en todo el mundo. Ya no es sólo nacional, o regional. Es global. Y cada nueva resolución influye para impulsar nuevos procesos, explica Karl.
El peruano Diego García-Sayán Larrabure, que preside la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), describe: El camino ya está trazado. La impunidad derivada de estas leyes de amnistía se está resolviendo históricamente. Y en esto el sistema interamericano, concretamente la CIDH, ha jugado un papel fundamental. Fue en este tribunal donde se emitió la primera sentencia para abolir una ley de autoamnistía, la decretada por el ex presidente de Perú, Alberto Fujimori. Y desde entonces hay 39 militares o ex gobernantes sentenciados y centenares más en proceso.
Lo que estamos viviendo en América Latina, añade el penalista peruano, quien en los años noventa fue observador de los procesos de desmovilización de los grupos armados en El Salvador, es algo más que el dictado de una o varias sentencias que no existían antes. Es el avance de una nueva cultura jurídica.
Ríos Montt genocida: un sismo judicial
Lo sucedido entre marzo y mayo de este año en la sala de un tribunal de Guatemala –juicio y condena al ex dictador Efraín Ríos Montt por genocidio–, sacudió a diversos sectores en El Salvador, país que casi en paralelo sufrió una guerra civil.
Las ondas expansivas de ese sismo judicial guatemalteco –independientemente de los efectos posteriores, como la suspensión temporal de la histórica sentencia– repercutieron entre los organismos de derechos humanos y las víctimas sobrevivientes del conflicto, que vieron renovadas sus esperanzas de que, dos décadas después, no sea la impunidad la que salde los crímenes de guerra que se cometieron. Despertó inquietudes en los organismos judiciales y en los expertos penalistas, ante la posibilidad de llevar a tribunales salvadoreños al menos algunas de las violaciones emblemáticas del derecho humanitario que cruzan de cicatrices la historia reciente del país. Y sacó de la sombra protectora a ex gobernantes y militares retirados, que fueron los señores de la guerra, que vivieron la era posterior al conflicto prosperando en sus negocios sin preocupación alguna y hoy quedan expuestos.
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La figura del obispo Óscar Arnulfo Romero es emblemática de la lucha social en El SalvadorFoto Reuters
Hay una pregunta que se plantea en muchas latitudes, no sólo en Centroamérica. ¿Debe seguirse indagando en torno a atrocidades que se cometieron hace 20, 30 o 40 años, cuando el Estado es responsable? Sí, afirma Diego García-Sayán, presidente de la CIDH, pero lo más interesante es que no son los gobiernos sino las mismas sociedades las que han dado respuesta a esa pregunta.
¿Es esto posible en El Salvador, donde la cifra oficial de víctimas civiles sumó en dos décadas 75 mil muertos, en un país de apenas 21 mil kilómetros cuadrados –el tamaño del estado de Hidalgo–, con una población que en aquel tiempo no pasaba de 5 millones?
Durante las negociaciones para terminar la guerra, en los años noventa, el gobierno y la guerrilla del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) acordaron plasmar la verdad histórica de los crímenes de guerra en un informe redactado por la Comisión de la Verdad, De la locura a la esperanza, publicado el 15 de marzo de 1993. Pero la verdad jurídica quedó sepultada bajo un acuerdo que debía ser transitorio, la amnistía. Desde entonces todo intento de esclarecimiento y justicia topó contra ese muro. Ni la bancada de diputados ex guerrilleros del FMLN, ni la llegada de un presidente de ese partido al poder, movieron un dedo para anular la movibleley tapadera.
Hasta hace poco, en diciembre del año pasado, la CIDH determinó que el Estado salvadoreño debía enjuiciar a los responsables que aún vivieran de la masacre de El Mozote (la mayor registrada por la convulsionada historia latinoamericana, con más de mil civiles, en su mayoría mujeres y niños campesinos, ejecutados y quemados en un solo operativo militar, entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 por el llamado Batallón Atlacatl).
La sentencia determina además que el Estado salvadoreño no debe esgrimir la Ley de Amnistía como obstáculo para el acceso a la justicia de víctimas de ese y otros episodios similares.
En los hechos, la Ley de Amnistía del 93 quedó legalmente anulada por una jurisdicción superior. Sólo que en El Salvador fue mínima la cobertura periodística de esa histórica resolución y muy pocos saben que esa ley de 1993 ya no está vigente. Los partidos políticos contribuyen a esta ignorancia. La reacción del ex presidente Alfredo Cristiani, quien podría ser enjuiciado por el asesinato de los seis jesuitas y dos mujeres en la Universidad Centroamericana, es significativa. Que digan lo que quieran. Aquí nos regimos por leyes salvadoreñas.
La historia pudo ser diferente
Terry Karl es, quizá, la estudiosa que más a fondo conoce los entretelones, pasadizos secretos y resortes que estructuraron al poderoso estamento castrense que dominó durante el conflicto armado. Se ha presentado como perito en todos los juicios penales contra militares salvadoreños que se han realizado en Estados Unidos. Y todos los ha ganado.
Muchos salvadoreños creen que esa ley sigue vigente. La amnistía creó una cultura de impunidad que está interiorizada en las instituciones democráticas, judiciales y administrativas. Esto genera una impresión de que la impunidad es para siempre. Y esto ya no es así; todos los responsables pueden terminar en el banquillo de un juzgado.
Terry Karl es incansable. Cuando viaja a El Salvador hace miles de citas, recorre poblados, habla con cientos de personas, muchas de ellas sobrevivientes de la guerra, recopilando detallados testimonios para sus peritajes. Este país es un volcán de historias; la gente sencilla quiere hablar. Apenas tocas una cuerda y saltan las historias, por todas partes. El problema es sistematizar la información, no sólo para que El Salvador sepa lo que pasó ahí sino también en Estados Unidos aprendamos lo que nuestro gobierno fue a hacer ahí.
Su arma más afilada es el estudio que ha hecho recientemente de cerca de 10 mil páginas desclasificadas sobre la legislación castrense, lo que le permite asegurar: Las implicaciones de esta desclasificación nos van a permitir determinar la responsabilidad de toda la cadena de mando en las masacres. Según sus propias leyes, todo el alto mando, y no sólo los jefes de los operativos, tienen responsabilidad y son imputables. En el caso de El Mozote, por ejemplo, el que comandó el operativo fue el coronel Domingo Monterrosa. Él murió en una acción guerrillera. Pero sus jefes, entre otros el ministro de Defensa general José Guillermo García, pueden ser imputados.
La catedrática Terry Karl documentó en 1980 la primera masacre de la guerra salvadoreña, la del río Sumpul, frontera con Honduras. Si en ese momento el general García hubiera ordenado una investigación y hubiera castigado a los responsables, es posible que la historia hubiera sido diferente. Pero no; ese pequeño grupo de militares tomó la institución para hacer política de terror contra civiles. Y después del río Sumpul siguieron otras 78 masacres. Todas las he documentado.
Y todas ellas, vivas aún en la memoria colectiva, tienen pendiente su camino hacia la justicia.

Retiro y exilio no cubrieron las huellas de represores

Retiro y exilio no cubrieron las huellas de represores
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 3
Varios coroneles y generales retirados de El Salvador, actores centrales en la guerra de su país en los años ochenta y noventa, viven su vejez en ciudades de Estados Unidos. Pero no es el retiro dorado con el que soñaron. La memoria tenaz de sus víctimas ha recorrido todo tipo de caminos y veredas legales para romper el muro de impunidad que los ha cubierto estas décadas. Algunos sobrevivientes lograron llevarlos ante tribunales fuera de su propio territorio. En consecuencia, varios de ellos enfrentan juicios de deportación de Estados Unidos y otros procesos de extradición a España. Si son devueltos a su país, ya no encontrarán vigente la Ley de Amnistía de 1993 que los protegió de la justicia hasta ahora.
Es el caso de los generales José Guillermo García (80 años) y Carlos Vides Casanova (76 años), quienes fueron ministros de Defensa en el periodo entre 1979 y 1983, lapso en el que se perpetraron decenas de masacres, entre ellas las del río Sumpul (Chalatengango, 1980) y El Mozote (Morazán, 1981); asesinatos emblemáticos, como el de las cuatro monjas estadunidenses de la orden Mary Knoll, la del obispo de San Salvador Óscar Arnulfo Romero y de la directiva completa del opositor Frente Democrático Revolucionario, entre muchos otros. Un periodista mexicano, Ignacio Rodríguez Terrazas, también fue asesinado por francotiradores en ese periodo.
Ambos fueron juzgados y declarados culpables en una Corte de Florida por torturas contra tres ciudadanos que los demandaron y por el asesinato de las religiosas estadunidenses.
El coronel Nicolás Carranza (79 años), ex vicepresidente, ex agente de la CIA, responsable de la formación de losescuadrones de la muerte, ex director de la extinta y sanguinaria Policía de Hacienda –se estima que bajo su responsabilidad fueron asesinados entre 10 y 12 mil civiles– fue declarado culpable por delitos contra la humanidad y tortura por una Corte de Tennessee que dictó sentencia en firme en 2008. También espera su deportación.
El ex presidente Alfredo Cristiani y 14 militares de alta graduación enfrentan juicios de deportación a España, imputados como responsables del asesinato de seis sacerdotes jesuitas (cinco de ellos españoles), una empleada y su hija adolescente, ante la Audiencia Nacional, en Madrid. Se ha documentado que la orden de ejecutar al rector de la Universidad Centroamericana (UCA), Ignacio Ellacuría, y sus compañeros fue tomada en una sesión del Estado Mayor en presencia del ex mandatario. En agosto de 2011, ante el temor de ser detenidos conforme a una orden de captura de la Interpol, nueve de estos oficiales (entre ellos Humberto Larios, Juan Rafael Bustillos, Francisco Helena y Juan Orlando Zepeda) se escondieron en la Brigada Especial de Seguridad Nacional (sede de la extinta Guardia Nacional). Uno más, el ex jefe del Estado Mayor, general René Emilio Ponce, murió en mayo de 2011.
Ninguno de los procesados puede abandonar sus fronteras, pues serían capturados de inmediato. Sólo las autoridades salvadoreñas los protegen, al considerar que están amparados por la Ley de Amnistía de 1993, que fue declarada nula por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en diciembre de 2012.
Un ex capitán del ejército salvadoreño de esa época, Álvaro Saravia, figura en la lista de criminales más buscados del Departamento de Seguridad Nacional, una vez que en ausencia fue declarado como responsable de participar en la conspiración para asesinar al arzobispo Romero. Desde entonces está prófugo

Arraiga PGR a Granier; abogado denuncia trampa

Arraiga PGR a Granier; abogado denuncia trampa
La dependencia federal dio cumplimiento a petición de su par de Tabasco
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Agentes de la Policía Federales Ministerial resguardan el hospital Ángeles del Pedregal, donde ayer fue ingresado Andrés Granier, ex gobernador de TabascoFoto Alfredo Domínguez
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 5
A solicitud de la Procuraduría General de Justicia de Tabasco, el ex gobernador de esa entidad Andrés Granier Melo fue puesto bajo arraigo por la Procuraduría General de la República (PGR) en un hospital en la ciudad de México. Ante ello, la defensa del ex mandatario solicitó un amparo con el cual el Poder Judicial de la Federación declare ilegal la medida cautelar dictada por un juez tabasqueño.
Tras abandonar la sede de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), al filo de las 19 horas del jueves, Granier fue llevado, bajo resguardo de agentes de la Policía Federal Ministerial (PFM), a una casa que posee en la delegación Coyoacán, en el Distrito Federal.
A las 4:45 horas del viernes, el abogado Eduardo Luengo Creel lo trasladó al hospital Ángeles del Pedregal, pues el ex gobernador presentaba problemas de presión arterial. El cardiólogo Juan Peláez dijo que ello podría haber generado complicaciones.
Granier está hospitalizado en la zona de atención coronaria y será sometido a exámenes, sin que se haya definido su situación ni cuánto puede durar hospitalizado. El cardiólogo dijo que en estos momentos un traslado pondría en peligro su vida.
Custodia policial
Casi a las 12 horas, la PGR informó que Granier había sido puesto bajo arraigo a petición de la procuraduría tabasqueña, que mediante el oficio PGJ/SI/4383 solicitó su colaboración para cumplimentar una orden decretada por la juez tercero penal de primera instancia del primer distrito judicial del Centro de Tabasco, en la causa penal DGI-67/2013 iniciada contra Granier por ejercicio indebido del servicio público y peculado, cometidos en perjuicio del erario del estado de Tabasco.
La PGR informó que el ex gobernador seguirá custodiado por la PFM hasta que sea puesto a disposición de la justicia tabasqueña, y que la vigilancia del ex mandatario ha sido permanente desde que se presentó a declarar (en la Seido) en razón de la existencia previa de una solicitud de localización y presentación de la procuraduría de Tabasco en estricto apego a la ley.
El ex gobernador estaba citado a declarar en Villahermosa a las 6 de la tarde, dentro de una averiguación en la que es señalado como presunto responsable de peculado y ejercicio indebido del servicio público, y se le menciona como responsable del desvío de casi mil 900 millones de pesos, cantidad de la cual, según la PGR, casi 900 millones provinieron de recursos federales.
Tras el anuncio del arraigo, Luengo Creel afirmó que la medida cautelar se trató de una emboscada, ya que él había tomado la decisión de ir a declarar a Tabasco, presentarse sin amparo y responder a los cuestionamientos que se le hicieran. Puede verse de manera suspicaz que se haya enfermado, pero ello ocurrió en realidad debido a la presión a la que ha estado sometido.
La intención del litigante era que cuando Granier fuera dado de alta, personal de la procuraduría tabasqueña interrogara al ex gobernador en su casa del Distrito Federal o en el ­nosocomio.
Sostuvo que el hecho de haber solicitado el arraigo se trató de una estrategia para encarcelarlo sin permitirle el derecho a su defensa, y dijo que son criticables las declaraciones del gobernador Arturo Núñez, de que veía a Granier en la cárcel, porque la justicia no depende de él ni las investigaciones tampoco.
Luengo declaró que buscará por todos los medios legales evitar que el ex gobernador sea encarcelado, porque hasta ahora no conocemos ni una sola evidencia de lo que se le acusa en Tabasco, y él confiaba en sus colaboradores, que eran los encargados del manejo financiero en la entidad.
En Villahermosa, el gobernador Arturo Núñez expresó su deseo de que mejore la salud de Andrés Granier, pero aclaró que la situación del ex mandatario estatal implica sólo el diferimiento de la comparecencia ante el Ministerio Público, no la cancelación de acudir a declarar ante la autoridad local.
La figura de arraigo dará tiempo al Ministerio Público Federal para concluir la averiguación previa y, en todo caso, determinar la presunta responsabilidad o no del ex gobernador, a quien dentro de la causa penal federal se le imputan peculado y ejercicio indebido del servicio público, dijo.
Señaló que en ese periodo se podrá determinar el grado de presunción, de indicios o elementos que pudieran suponer alguna responsabilidad, (pues) aún faltan integrarlas en la averiguación previa para probarlas ante un juez y solicitar la orden de aprehensión.
Rechazó que exista protección de la justicia federal hacia Granier y mencionó que el propio ex gobernador fue quien aceleró los plazos del proceso al presentarse personalmente ante la PGR.
(Con información de René López, corresponsal)

Ante las leyes, única sumisión de jueces: Silva Meza

Ante las leyes, única sumisión de jueces: Silva Meza
Gustavo Castillo García
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 6
El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, llamó a los jueces del país a mantener un compromiso irreprochable frente al ciudadano y dijo que la única sumisión de los juzgadores debe ser a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Lo anterior en un mensaje enviado a los juzgadores que participan en el primer Congreso Nacional de Justicia, organizado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia, que se lleva a cabo en Durango, Durango.
Silva Meza advirtió que la sociedad exige de sus juzgadores conductas objetivas, sin preferencias indebidas, apegados a las normas y sin desviaciones.
“Como nunca antes debemos aceptar los límites severos que implica esta grave responsabilidad, en la forma como deciden sobre sus patrimonios, sobre su libertad, sobre su vida y su historia personal.
(...) Los juzgadores debemos trabajar guiados siempre por el principio de máxima protección a los derechos humanos

Con un régimen podrido el país no cambiará: AMLO

Con un régimen podrido el país no cambiará: AMLO
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Andrés Manuel López Obrador, ayer en el acto de Morena celebrado en Ciudad VictoriaFoto La Jornada
Martín Sánchez Treviño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 9
Ciudad Victoria, Tamps., 14 de junio.
Andrés Manuel López Obrador, líder de la oposición política, dijo que sin cambio de régimen, el país no cambiará porque está podrido y ese es el origen de todos los males en México.
El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal, quien acudió a esta ciudad para tomarle la protesta a Rigoberto Coronado como dirigente municipal del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), afirmó que es necesario cambiar de régimen, ya que de otra forma no habrá salida de la situación de desempleo y corrupción.
Dijo que el cambio que propone es por la vía pacífica y de esa manera es como el pueblo participará, por lo que es optimista en alcanzar los propósitos de ese organismo, porque representan el sentir de la población.
Señaló que Morena se manifestará pacíficamente contra el incremento al impuesto al valor agregado (IVA) y la venta del petróleo, porque se trata de defender a la economía popular.
Por eso, dijo, Morena es la única esperanza, la única alternativa, porque a los demás partidos, incluidos los de la izquierda, el gobierno los tiene apergollados.
Apuntó que la lucha de Morena es pacífica, porque la violencia perpetúa el autoritarismo. Preciso que por ese motivo la violencia no es el camino del cambio que el país necesita, sino la vía pacífica y electoral.
Criticó que en más de seis meses de gobierno, Enrique Peña Nieto sólo ha logrado un crecimiento de 0.8 por ciento y que además de incrementar el precio de la gasolina, el gas, el diesel y la electricidad, no ha impulsado las actividades económicas. En cambio, dijo, manipula la información no sólo del tema de la seguridad, con políticas de percepción.
Peña Nieto, agregó, es especialista en el manejo de los resultados de las encuestas, como lo hizo en el estado de México, donde gobernó, con los casos de violencia.
La violencia en este país, dijo, se debe a la falta de empleo. “Yo lo he dicho, y lo vuelvo a repetir, Peña no sirve para nada. Es como Titino. El titiretero es Carlos Salinas y Titino es Peña Nieto”.
López Obrador arribó a esta capital para tomar la protesta a las dirigencias municipales de Morena provenientes de Tampico, Madero y Mante, y hará lo propio el sábado y domingo en la ciudades fronterizas de Reynosa, Matamoros y Río Bravo

Conmemoran profesores de Oaxaca el desalojo fallido que dio origen a la APPO

Conmemoran profesores de Oaxaca el desalojo fallido que dio origen a la APPO
Lamentan que pese a los 27 muertos durante el conflicto aún no haya detenidos
Jorge A. Pérez Alfonso
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 11
Oaxaca, Oax., 14 de junio.
Alrededor de 20 mil profesores de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marcharon por esta ciudad para conmemorar el séptimo aniversario deldesalojo fallido contra integrantes de esa gremial por parte de policías estatales, lo que desató un conflicto político social en la administración estatal encabezada por el priísta Ulises Ruiz Ortiz.
El 14 de junio de 2006 cientos de agentes atacaron con gases lacrimógenos, escudos y toletes a los maestros que habían instalado un plantón a mediados de mayo de ese año; sin embargo, los uniformados fueron superados en número por los manifestantes.
Esta acción dio pie a la conformación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en la que se aglutinaron diversas organizaciones sociales que apoyaron a los integrantes del SNTE en su lucha contra el gobierno del estado.
Fue entonces que tuvieron lugar varios enfrentamientos entre fuerzas estatales y la APPO, megamarchas, barricadas que por las noches cercaban la ciudad y municipios conurbados; incluso, apareció un grupo paramilitar denominado las caravanas de la muerteque se dedicaba a atacar las barricadas.
La marcha partió del crucero de Trinidad de Viguera hacia el zócalo de esta capital; en el trayecto los mentores desprendieron la publicidad tanto gubernamental como de los candidatos a un cargo de elección popular con miras a los comicios del 7 de julio.
Además, tres maestras resultaron lesionadas, luego de que desconocidos les lanzaron piedras cuando transitaban por la carretera 190, según informó un paramédico de las ambulancias dispuestas para alguna emergencia durante la movilización. Fueron trasladadas al hospital general del Issste.
Las mentoras heridas son Xóchitl García, del sector Ciudad; Mayra Méndez, de la delegación DI-186, y Soledad Olivera, de la delegación D-34; sin embargo, el dirigente magisterial Rubén Núñez aseguró que solamente se cayeron al correr.
Al llegar a la sede del PRI estatal, los manifestantes realizaron diversas pintas contra la reforma educativa, apoyados por un grupo de encapuchados.
También arrojaron huevos por encima de la barda; en ese momento, los integrantes de la comisión de seguridad arremetieron contra un elemento de la policía vial que tomaba fotografías de la marcha; los profesores lo tiraron al piso y comenzaron a golpearlo, pero miembros del sector Periferia intervinieron y dejaron ir al uniformado.
Rubén Núñez, secretario general de la sección 22, recriminó a los gobiernos federal y estatal que pese a los 27 muertos que hubo durante el conflicto de 2006 no haya sido detenido aún ningún responsable, material o intelectual.
Nosotros entendemos que todos los asesinos son protegidos por la justicia, por el gobierno estatal y federal, pero buscaremos los mejores mecanismos para que sean castigados de manera inmediata, expuso. No descansaremos hasta ver el castigo, advirtió Núñez

El CCE busca introducir propuestas en la ley reglamentaria de educación

El CCE busca introducir propuestas en la ley reglamentaria de educación
Susana González G.
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 11
El sector privado buscará que sus propuestas y visión queden plasmadas en la ley reglamentaria que apruebe el Congreso de la Unión sobre la reforma educativa, advirtió Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), luego de encabezar este viernes una reunión a puerta cerrada entre el pleno de ese organismo y Emilio Chuayffet Chemor, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Gutiérrez Candiani puntualizó que el sector privado tiene interés en participar en la instrumentación de la ley secundaria de educación. Así lo expresamos a través del Pacto por México a los partidos y al gobierno de la República hace 15 días, y ahora también al secretario de Educación. Lo que queremos es que la visión y propuestas del sector privado estén incluidas en esa ley secundaria.
Abundó que otros de los temas que preocupan y ocupan a los empresarios, en los que quieren coadyuvar con la SEP para que salgan, son la instrumentación plena del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y avanzar en la agenda de la educación con calidad.
Asimismo, seguir empujando de manera decidida, mientras no se tengan otros instrumentos que no sean mejores, los resultados de la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) en todo el país, y continuar midiendo a nuestros niños y jóvenes a escala internacional con la prueba PISA. Otro tema en el que hay mucho por trabajar es vincular la educación con el sector productivo. El compromiso total del sector productivo privado es generar una educación con calidad y mayor acceso.
Reunión satisfactoria
Entrevistado al concluir el encuentro, Chuayffet Chemor acotó que los problemas de calidad y administración que enfrenta la educación no se van a resolver sólo con la reforma constitucional y su ley secundaria, sino que implican muchas medidas que deben adoptarse.
El secretario calificó de muy satisfactoria la reunión y de muy honrosa la invitación del CCE, al justificar que el tema educativo tiene que ver con todo mexicano y todos tienen derecho a opinar.
El organismo privado confirióabsoluta solidaridad con la política educativa del presidente Enrique Peña Nieto, respondió cuando se le preguntó si el CCE ofreció algún apoyo a dicho sector.
También manifestó estar de acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en que se aproveche la prueba Enlace en lo que sirve. Es exactamente lo que dije yo: está en veremos que la prueba siga como está. Será el INEE el que determine y ya por cierto el INEE declara que va a revisar Enlace para ver cuáles son los aspectos que deban mantenerse y cuáles deben cambiarse.
Asimismo, dijo estar seguro de que la educación va a dar un paso importante en ese sexenio.
Al igual que el funcionario, el dirigente del CCE salió satisfecho de la reunión al expresar que fue muy positiva y dejócontentos a los consejeros del organismo empresarial, al tiempo que se hizo un reconocimiento al gobierno federal por la promulgación de la reforma educativa

Obligan a indígena a ceder parte de su parcela en Chiapas

Obligan a indígena a ceder parte de su parcela en Chiapas
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 12
San Cristóbal de Las Casas, Chis. 14 de junio. Después de permanecer preso tres días, el indígena Julio Girón Pérez, de la comunidad Pom, municipio de Chalchihuitán, fueobligado por las autoridades a firmar un documento en el que acepta ceder la mitad de su parcela para la escuela bilingüe Emiliano Zapata y pagar una multa de 5 mil pesos, según usos y costumbres. Pobladores de la localidad explicaron que el pasado lunes el agente municipal de Pom, Martín Díaz Rodríguez, convocó a reunión a la que debía asistir Girón Pérez, pero éste no se presentó porque estaba en San Cristóbal de las Casas para atender asuntos personales. En ausencia, le impusieron una multa de 10 mil pesos por andar provocando problemas al solicitar la intervención de las autoridades estatales para que se suspenda el acuerdo de quitarle la mitad de la parcela que posee desde 1989. Intentaron que Agustín Girón Luna, padre de julio, pagara la multa, cuyo monto sería repartido entre los asistentes, porque perdieron el día de trabajo. El martes Julio fue detenido y encarcelado

En Gobernación, sólo burocracia: madres de jóvenes desaparecidas

En Gobernación, sólo burocracia: madres de jóvenes desaparecidas
La quiero viva, claman en una marcha
Foto
Madres de Chihuahua caminan por las inmediaciones de la dependencia federal para exigir la atención de las autoridades sobre las desapariciones de jóvenesFoto Francisco Olvera
Fabiola Martínez
 
Periódico La Jornada
Sábado 15 de junio de 2013, p. 13
Voy a seguir buscándola, para que no me la entreguen como a otras... ya ve, así... ¡yo quiero hallarla viva!, dice Rosa María, madre de Patricia Jazmín Ibarra Apodaca, a quien no ve desde hace dos años.
Su hija, de 18 años, fue al centro de Ciudad Juárez, Chihuahua, a presentarse a su nuevo empleo. Según la última llamada que hizo al celular de su novio, el local estaba cerrado y, unos pasos adelante, alguien le ofreció otro trabajo.Voy a ir a otra entrevista, fueron las últimas palabras que escucharon de ella sus allegados. Más tarde, el celular ya estaba en buzón.
Ese mismo día, su mamá fue a denunciar el caso, pero empezó la burocracia y las fallas en la investigación: nunca fueron rastreadas las llamadas ni la ubicación del teléfono.
Rosa María forma parte de un grupo de madres de jóvenes desaparecidas en años recientes en Ciudad Juárez, en hechos atribuidos a una red de trata de personas, señalada así por familiares y, en días recientes, incluso por las autoridades de Chihuahua.
Desde el miércoles en la noche, luego de entrevistarse con el procurador General de la República, acudieron a Gobernación; fueron atendidas por la titular de la comisión para erradicar la violencia contra las mujeres por tratarse de casos de posibles feminicidios.
Las mujeres, acompañadas de algunos integrantes de organizaciones civiles, permanecían hasta anoche en las inmediaciones de Gobernación; quieren hablar con el presidente Enrique Peña Nieto y, sobre todo, encontrar claridad en la coordinación de las autoridades federales y estatales.
En la dependencia encabezada aseguraron que los casos sí han sido atendidos por diversas instancias federales”, y afirman que hay disposición para gestionar las solicitudes, lo mismo del encuentro con el mandatario que ir a Chihuahua, para establecer una mesa de trabajo que dé celeridad y eficacia a las investigaciones.
Las mujeres opinan lo contrario y aseguran que sólo han encontrado más burocracia en la capital del país. Por ello marcharon en la periferia de la dependencia y la clausuraron de manera simbólica.
En la pequeña manta rosa que da cuenta de la desaparición aparece la foto de Patricia Jazmín Lleva un birrete azul, posiblemente de su graduación de secundaria.
Las madres afirman que se la llevó una red de trata porque el físico es similar: jóvenes, bonitas, morenas claras, delgadas, con cabello largo.
Rosa María tuvo a Patricia Jazmín muy joven, cuando ella misma estaba en riesgo porque en los años noventa fue elboom de las muertas de Juárez.
“A ella se le decía que pa’l centro no (fuera) porque ahí se robaban a las muchachas; a ella se le hizo fácil; quería trabajar y, mire, le tocó a ella.
Tengo fe de que esté viva, de que se la hayan jalado para para el otro lado (Estados Unidos). A las autoridades les digo que las busquen, que no las entreguen muertas