
viernes, 8 de abril de 2011
La calidad de la televisión depende de los televidentes, asevera Néstor García Canclini

La mujer invisible, efecto del “horrible y caduco” melodrama

Defensa de tarea informativa, tarea fundamental de medios para crear conciencia social, señalan expertos
El DF, entre las ciudades con mayor consumo de drogas, revela encuesta
Información del Consejo Nacional contra las Adicciones y de la Encuesta Nacional de Adicciones revela que el Distrito Federal es una de las ciudades con mayores consumos de mariguana, inhalables y cocaína, detallaron ayer los diputados locales del PAN Carlos Alberto Flores y Guillermo Huerta Ling.
En conferencia de prensa, los legisladores mencionaron que, según esas instituciones, en 1998 se estimaba que existían en la ciudad 2.5 millones de personas adictas a alguna sustancia prohibida, cifra que se elevó a 3.6 millones en 2002, y para que 2008 se ubicó en 4.5 millones.
De acuerdo con Huerta Ling, ese cáncer social
crece cada día más, sobre todo en colonias populares, y los esfuerzos de las autoridades capitalinas han resultado insuficientes para detener ese fenómeno social que, por el momento, está por arriba de la media nacional.
Carlos Alberto Flores añadió que la Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la ciudad de México, que elaboran el Instituto Nacional de Siquiatría y la Secretaría de Educación Pública, muestra que el consumo de drogas ha tenido una tendencia al alza sobre todo entre jóvenes, pues pasó de 14 por ciento en 2006 a 18.3 por ciento de ellos en 2009.
Aunado a ello, citó que 18.25 por ciento de los estudiantes de nivel medio y medio superior han consumido algún estupefaciente, lo que equivale a 176 mil adolescentes, considerando que la matrícula total de alumnos en esos niveles es de 964 mil jóvenes.
Frente a esa situación, pidieron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que investigue y persiga el delito de narcomenudeo, pues una reforma constitucional de 2009 otorgó esa facultad a las autoridades locales.
Precisamente, un grupo de jóvenes de Tlalpan ofreció la mañana de ayer una conferencia en la sala de prensa del consejo, en la que propuso reformas a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal para que este sector de la población tenga más facultades para decidir sobre las políticas públicas relacionadas con él.
Acompañados del diputado local del PRD, Guillermo Sánchez, y del director general de Desarrollo Social de Tlalpan, Carlos Hernández, los adolescentes señalaron que, sin opciones para desarrollarse adecuadamente, son presas fáciles de las drogas y la delincuenciaPRI, PRD y PVEM deploran la asistencia de niños en debate sobre trata de personas
La asistencia de niñas, niños y jóvenes víctimas de la trata de personas y violencia sexual a la Cámara de Diputados generó controversia en la sesión plenaria, cuando ingresaron al balcón de invitados mientras se desarrollaba la sesión ordinaria.
Algunos de los menores fueron víctimas de abuso por Jean Succar Kuri, quien purga condena en una cárcel de Quintana Roo y sobre el cual pesa una demanda para que sea enviado a un penal federal de máxima seguridad.
Los 10 menores fueron presentados por la diputada Rosi Orozco, del PAN, quien ponderó la urgencia de impulsar la cultura de la denuncia sobre trata de personas y violencia sexual: Mi anhelo es que las víctimas denuncien; este tema no debe politizarse, porque aquellos que toman la decisión de hacer público su caso están sirviendo a la sociedad para que este flagelo no se repita
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Sin embargo, la presencia de siete niñas y tres niños en el pleno fue reprobada por diputados de PRI, PRD y PVEM. El ecologista Alberto Ezeta argumentó que llevar a esas jóvenes víctimas de abuso y trata al pleno camaral representa un circo
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La sesión ordinaria estaba por concluir cuando los infantes ingresaron al balcón de invitados con el rostro cubierto con un antifaz, con la finalidad de permanecer en el anonimato.
Este hecho provocó el rechazo de varios legisladores, entre ellos el vicecoordinador de la bancada del PRI, José Ramón Martell, y el perredista Emilio Serrano, quienes reprocharon a la diputada Orozco el uso político que daba al tema de la denuncia sobre trata de personas y abuso sexual.
Le reclamaron que eso tiene nombre y es lucrar
con el dolor de las víctimas.
El encono subió de tono y los priístas sugirieron al presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín –quien se dirigía a saludar a los niños al balcón de invitados–, que no lo hiciera, porque eso representaba una manipulación de menores.
Más tarde, la diputada Orozco dijo que estaba afligida porque nunca consideró que el tema se politizara.No pensé que se tomara así. Debemos promover la cultura de la denuncia y que de algo sirva el esfuerzo que hacen estas personas para que la mayoría conozca sus casos y se eviten más hechos de violencia contra mujeres y niños, señal
Senado aprueba reformas contra la trata de personas
El Senado aprobó reformas a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución con el fin de dar una respuesta efectiva y contundente al problema de la trata de personas
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Las reformas a los artículos 19 y 20 incorporan a la trata de personas a los delitos en los cuales el juez debe ordenar oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, así como para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de trata de personas el resguardo de su identidad y datos personales
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La modificación al artículo 73 faculta al Congreso a expedir una ley general en trata de personas para contar con un marco jurídico adecuado, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como legislar en materia de delincuencia organizada
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Se indica en el dictamen que si bien ya existe una ley en la materia, es necesario que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad, puedan dar mejores resultados.
En tribuna, Ricardo Monreal destacó que aunque México ya formaba parte desde hace casi un siglo de la tradición jurídica internacional que recoge el flagelo de la trata de personas (...) no fue hasta el 27 de marzo de 2007 cuando se publicó una reforma al Código Penal Federal vinculada con la trata de personas, en el título octavo, denominado delitos contra el libre desarrollo de la personalidad
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En noviembre de ese año, se publicaron, abundó, en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Pero lo que es todavía más sorprendente es que la necesaria reforma para actualizar nuestro marco constitucional se esté presentando cuatro años más tarde, cuando era impostergable.
trata de personas; lo que hace la reforma es adecuar el marco constitucional y hacerla vigente en razón de los compromisos internacionales
Declinan más de 100 ONG asistir a reunión convocada por la cancillería y Gobernación
Debido a la falta de verdadera voluntad política
del gobierno de México para avanzar en la discusión de la agenda de los derechos humanos, más de un centenar de organizaciones civiles declinaron la invitación que las secretarías de Gobernación (SG) y Relaciones Exteriores (SRE) les hicieron para reunirse hoy.
En una carta dirigida a Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, los colectivos, entre los que se encuentran los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, así como la Red Todos los Derechos para Todos, notificaron que no asistirían a la cita, en la cual se discutirían diversos temas sobre garantías individuales.
En primer lugar –explicaron en la misiva–, un número importante de las organizaciones firmantes no fueron invitadas a la reunión, pese a que muchas de ellas participaron en las recientes audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la visita del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y en el segundo informe de México ante el Comité de protección de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Además –señalan–, nunca recibieron respuesta oficial a los llamados para discutir el establecimiento de un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pese a que realizaron múltiples invitaciones a las autoridades.
“Conociendo de antemano su posición, consideramos que el ejercicio de ‘intercambiar opiniones’, cuando no existen diálogo auténtico y acciones concretas que den muestra de una verdadera voluntad política para avanzar en estos temas, puede resultar estéril”, señalaron las organizaciones.
Entre los elementos para sustentar dicha afirmación –explicaron– se encuentra el hecho de que el gobierno mexicano no ha impulsado de verdad la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se ha negado a debatir la eliminación de la figura del arraigo, pese a los señalamientos de Naciones Unidas y de la CIDH en ese sentido.
Por otro lado –dicen–, las autoridades han hecho caso omiso de las críticas fundadas contra la actual estrategia de seguridad pública, al insistir en que no hay otra alternativa
, y no han admitido que en el país hay un fenómeno grave de desapariciones forzadas.
Al respecto, partimos de un hecho para nosotros innegable: México padece un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos, y si ello no se reconoce, no hay posibilidades de un diálogo constructivo, afirmaro
Indígenas violadas por soldados exigen al Estado cumplir sentencia de la CIDH
Piden al gobierno que retire solicitud de interpretación al fallo del organismo internacional

Viernes 8 de abril de 2011, p. 19
Siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el Estado mexicano por la violación por militares de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo e Inés Fernández, las instituciones del país han demostrado su total falta de voluntad política para cumplirla.
Denunció lo anterior la propia Inés, acompañada por activistas de organizaciones sociales y derechos humanos, quienes exigieron que el gobierno retire su solicitud de interpretación a la sentencia, ya que ésta implica un cuestionamiento a la misma y una muestra de que sigue respaldando al Ejército a pesar de sus abusos.
En conferencia de prensa, Fernández reiteró su exigencia de que las autoridades cumplan de forma íntegra la sentencia de la CIDH, luego de que terminara sin mayores avances una mesa de negociación que las organizaciones civiles iniciaron el pasado 15 de marzo con representantes de la Secretaría de Gobernación.
“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación y que no se lleve 10 años en hacerlo, sino que sea lo antes posible. No quiero ver a los guachos (soldados) en mi comunidad ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló.
Fue necesario recurrir a la justicia interamericana porque las autoridades del país sólo cumplen con sus amigos, no con el pueblo
, en vista de lo cual –dijo– insistirá en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH, con la ayuda y acompañamiento de las organizaciones solidarias con su causa.
Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidió en exigir el cumplimiento expedito de la sentencia; consideró que si las amenazas contra los activistas de dicho grupo no han cesado, es porque se han empeñado en decir la verdad sobre la situación de derechos humanos en el país.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que el gobierno mexicano retire la solicitud de interpretación a la sentencia de la CIDH, pues significa un grave cuestionamiento a dicho organismo y una suerte de espaldarazo al Ejército, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.
Raúl Vera, obispo de Saltillo, hizo un reconocimiento al valor de ambas mujeres al denunciar a las fuerzas armadas, y lo contrastó con el cinismo, la irresponsabilidad y la corrupción
tanto de las autoridades como de los grupos criminales.
Ultimátum de la corte interamericana en caso de mineros de Pasta de Conchos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar el caso de los trabajadores que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos desde febrero de 2006, y dio al gobierno mexicano como plazo para presentar observaciones hasta el 15 de abril, informó el senador panista Ricardo García Cervantes.
La organización Familia Pasta de Conchos notificó lo anterior al legislador, presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), quien desde hace meses ha insistido en que el Presidente de la República reciba y atienda a los familiares de los mineros fallecidos.
En entrevista, García Cervantes manifestó que hay una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero desgraciadamente no puedo informar de un gran avance, ya que el ritmo que lleva es demasiado lento. Afortunadamente, se sigue valorando la posibilidad de que el Estado mexicano inicie acciones para restablecer las condiciones no sólo de acceso para el rescate de los cuerpos de los trabajadores, sino de una atención integral
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Sin embargo –subrayó–, el tiempo comienza a agotarse, el plazo que tiene el Estado mexicano para responder el informe es el día 15 de este mes, y a partir de ahí empiezan a correr plazos que pudieran suspenderse si en el ámbito interno se realizan gestiones y se toman las decisiones que corresponden a la autoridad
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Destacó: Me queda claro que el subsecretario de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, está haciendo un esfuerzo, pero la respuesta ya no está en su ámbito. La voluntad política tienen que expresarla el secretario de Gobernación o el propio Presidente de la República
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García Cervantes manifestó que el caso llegó a la CIDH porque a nivel local no ha habido ni el interés ni la voluntad para atender y resolver este problema. No es nada vergonzoso ni denigrante para un Estado que se recurra a las instancias internacionales, pero sí es una señal de que las locales no resuelven
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El senador del blanquiazul abundó que si para el próximo 15 de abril la Secretaría de Gobernación no responde favorablemente a la cita que los familiares de los mineros solicitaron con el presidente Felipe Calderón, entonces un grupo de senadores intentaremos hacer una gestión directa con él
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Por su parte, Carlos Rodríguez, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), afirmó que el anuncio de la CIDH es de gran importancia, porque significa la eventual llegada del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido cinco sentencias en contra del Estado mexicano.
“Los argumentos del gobierno se han acabado, y está a un paso de hacer el ridículo a escala internacional. Anteayer, La Jornada dio a conocer que Francia buscó en un radio de 10 mil kilómetros cuadrados los cadáveres del avión accidentado en 2009 frente a las costas de Brasil, y los encontró. Es increíble que México siga sosteniendo que buscar a los mineros es peligroso, cuando sabe que los restos están en un espacio mucho menor, y ya no hay problemas con el gas metano”, dijo.
Con información de Fernando Camacho