martes, 24 de mayo de 2011

Firma gobierno de Colima acuerdo contra la discriminación

  • Incluye vigilancia sobre aplicación de tratados firmados en materia de derechos humanos
  • Redacción NotieSe
    México DF, mayo 19 de 2011.

    Autoridades del gobierno del estado de Colima firmaron el pasado martes, el Acuerdo Estatal por la Igualdad y contra la Discriminación, que incluye la realización de acciones para evitar la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

    El acuerdo fue firmado por el gobernador del Partido Revolucionario Institucional, Mario Anguiano Moreno a través de un representante, y por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Rafael García Rincón, la presidenta del Congreso estatal, Armida Núñez García, la titular del DIF de Colima, Alma Delia Arreola de Anguiano, y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Roberto Chapula de la Mora.

    La firma se plasmó en el Salón Gobernadores de Palacio de Gobierno ante la presencia de los alcaldes de los 10 municipios que conforman la entidad, representantes de organizaciones civiles de la población de la diversidad sexual, y del subdirector de Vinculación y Medidas Compensatorias del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Jean Philibert Molowa N’Djou.

    El evento se dio en el marco de una serie de acciones culturales y deportivas para conmemorar el Día Internacional de Lucha contra la Homofobia, que incluyó la conferencia “La transfobia: otra forma de discriminación y violencia”, impartida por la escritora transexual Hazel Gloria Davenport Fentanes, ante alumnos de las carreras de Ciencia Política, Medicina, Administración y Psicología, de la Universidad de Colima, así como la realización de una marcha para conmemorar la efeméride.

    Entre las acciones plasmadas en el acuerdo están la integración de una red interinstitucional sobre diversidad sexual, a través de la cual se conocerán y evaluarán los programas institucionales en la materia, con metas específicas a corto, mediano y largo plazo.

    El acuerdo prevé la presentación de un informe anual al Poder Ejecutivo local por conducto de la dirección general de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Social de Colima.

    Asimismo, incluye la vigilancia de la aplicación de tratados internacionales suscritos por el gobierno mexicano y por el de Colima en materia de discriminación y derechos humanos.

    Entrevistada al término del evento, la directora general de Desarrollo Humano de la Secretaría de Desarrollo Social de Colima, María Elena González de la Torre, señaló que el acuerdo responde a una deuda con grupos históricamente relegados y discriminados por la sociedad.

    Resaltó la importancia de establecer vínculos fuertes con organizaciones de la sociedad civil colimenses vinculadas con los derechos de la población no heterosexual para incluir propuestas de organizaciones civiles y definir estrategias conjuntas en demandas específicas.

    “La importancia de este acuerdo es generar políticas públicas que abarquen no sólo la orientación sexual sino también la identidad de género, con lo que se extenderán a la población travesti, transgenerica y transexual de la entidad”.

    La funcionaria informó que se han dado reuniones con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para coordinar acciones contra la represión que reportan mujeres transgénero del puerto Manzanillo, quienes señalan abusos policiacos amparados en el bando municipal.

    Recordó que la entidad cuenta con la “Ley que Previene, Combate y Elimina la Discriminación” desde 2008, y que en su artículo 17 aborda el derecho a la no discriminación de la población no heterosexual, por lo que se procederá conforme a dicho instrumento legal.

    Esta ley contempla penas por conductas discriminatorias hacia la población lésbico, gay, bisexual, transgénero como multas de hasta mil 100 días de salario mínimo, misma que se dobla en caso de reincidencia y clausura temporal o permanente de establecimientos, además de revocación de la autorización, permisos o licencias para la operación de establecimientos, instalaciones y negocios comerciales o servicios al públicos, y arrestos administrativos hasta por 36 horas.

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