Gobiernos de Chiapas y federal amagan la integridad de pueblos indígenas: ONG

San Cristóbal de las Casas, Chis., 11 de diciembre. Una veintena de centros y organismos defensores de los derechos humanos emitieron un pronunciamiento donde manifiestan haber constatado las amenazas que tanto el gobierno de Chiapas como el gobierno federal y empresas particulares constituyen para la integridad de los territorios de pueblos indígenas y campesinos, y de sus formas de vida.

Reunidos en el Foro Regional por la Defensa de los Derechos Humanos en esta ciudad para discutir los problemas y los desafíos de la vigencia de dichas garantías en la región, organismos independientes de todo el estado concluyeron que la vida de las comunidades indígenas y campesinas enfrenta varias amenazas frente al deterioro y despojo de los territorios y sus bienes naturales, generando mayor pobreza y rompimiento del tejido social, que se traduce en una creciente emigración y descontento.

Diagnosticaron que las políticas restrictivas de migración generan en nuestra frontera sur y hacia el norte del país condiciones de graves violaciones a derechos fundamentales, atentando contra la vida, la integridad física y la libertad de personas transmigrantes por parte de agentes estatales o grupos criminales solapados por los primeros.

La protesta social derivada del descontento y la indignación son fuertemente reprimidas por las fuerzas de seguridad o por la vía judicial, particularmente contra defensoras de derechos humanos.

Los organismos se pronunciaron especialmente contra el programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada plus (REDD+), impulsado por los gobiernos chiapaneco y el federal, porque implica la mercantilización y privatización de un bien común, como es el aire puro, y porque se ha instrumentado como parte de la estrategia de despojo territorial y despojo social en la selva Lacandona, que implica el desalojo y la reubicación forzosa de 40 comunidades indígenas.

Expresaron preocupación por la latente reactivación de la mina en Chicomuselo, concesionada a una firma canadiense, que según rumores habría sido traspasada a una empresa de capital chino. La operación de la mina ya afectó el ambiente de las comunidades aledañas, sin respetar su derecho a la consulta. El pronunciamiento se suma a las organizaciones locales que exigen la cancelación de los permisos de explotación.

Importantes centros de Chiapas como Frayba, Fray Matías de Córdova, Oralia Morales, Digna Ochoa y Melel Xolobal, demandaron detener la construcción de ciudades rurales porque afectan las formas tradicionales de producción y de vida de la población local, además de no aportar al mejoramiento en el acceso a servicios como ha sido pretextado. Expresaron preocupación por que la reubicación sea una forma velada de desplazamiento forzado en favor de intereses económicos ajenos a las comunidades. Citan la anunciada construcción de una quinta presa sobre el río Grijalva en Copainalá, de una ciudad rural en el mismo municipio, y otra en Ixhuatán, donde se han denunciado prospecciones mineras.

Manifestaron solidaridad “con la lucha por la tierra ancestral de los hermanos zoques en la región de los Chimalapas, e hicieron votos por que las comunidades hoy enfrentadas por los gobiernos de Chiapas y Oaxaca encuentren acuerdos de convivencia pacífica. Asimismo se sumaron a la exigencia de tarifas justas ante los cobros irracionales e injustificados de la Comisión Federal de Electricidad.

En particular, denunciaron “el terrible deterioro ecológico de los pantanos de Centla, hogar de nuestros hermanos mayas chontales, cuyas tradiciones culturales ligadas a la madre tierra se han visto afectadas por la explotación descuidada de Petróleos Mexicanos y el manejo hidráulico del gobierno de Tabasco y la Comisión Nacional del Agua, que desvían el líquido de Villahermosa hacia los pantanos, obligando a sus pobladores a vivir inundados desde hace cinco años