Leonardo Bastida Aguilar
“Las acciones de las instituciones gubernamentales no son suficientes para combatir la discriminación”, señaló Ricardo Bucio Mújica, presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) durante la inauguración del Encuentro Iberoamericano “Discriminación, Desigualdad Social y Exclusión”.
El titular del Conapred señaló que la igualdad establecida en las leyes no se ha traducido en igualdad de oportunidades debido a que grupos sociales como las personas con capacidades diferentes, adultos mayores, indígenas y miembros de la comunidad de la diversidad sexual, carecen de acceso a empleos formales, educación y muchos otros servicios debido a su condición.
Argumentó que los informes siempre señalan a estos grupos como los más discriminados y excluidos de la sociedad carentes de acceso a las oportunidades y a la democracia.
“Diferencias no es lo mismo que desigualdades”, indicó Bucio Mújica al explicar que en los estudios sobre desigualdad social y exclusión se debe tomar en cuenta a la discriminación.
En entrevista mencionó que debido a la antigüedad de los datos sobre discriminación en México, elaborados en 2005, se desarrollará una segunda encuesta al respecto, la cual tendrá un alcance nacional, y servirá para hacer un comparativo con los datos obtenidos hace cinco años.
Por su parte, Juan González Mijares, director adjunto de Política Internacional sobre Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, advirtió que se han escrito un gran número de tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano para prevenir la discriminación, pero que no se han traducido en mecanismos efectivos para combatirla.
Ellis S. Juan, representante en México del Banco Interamericano de Desarrollo, señaló que la raza, la etnia y el género son los principales motivos de discriminación en América Latina, región del mundo que posee los más altos índices de discriminación.
Añadió que esta discriminación se observa en la poca movilidad social que tienen estos grupos como consecuencia de su falta de acceso a empleos bien remunerados, y en mucho de los casos, formales.
A su vez, Roberto Max Henderson, jefe de la Unidad de Planeación y Relaciones Internacionales de la Secretaría de Desarrollo Social, comentó que según la Encuesta Nacional sobre Discriminación, elaborada hace un lustro, nueve de cada 10 personas discriminadas en México pertenecen a la comunidad de la diversidad sexual, son personas con discapacidad o indígenas, lo cual impide que estos grupos accedan a oportunidades que otros sectores de la sociedad sí tienen.
Este encuentro continuará mañana con el análisis de las políticas públicas y las acciones gubernamentales en la prevención de la discriminación y la defensa del derecho a la no discriminación.
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