miércoles, 27 de noviembre de 2013

Alerta de Género, sólo a asociaciones "legalmente reconocidas": ONG

Alerta de Género, sólo a asociaciones legalmente reconocidas: ONG
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de noviembre de 2013, p. 41
Contrario a lo que establece la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, respecto de que un grupo de mujeres agraviadas o una asociación civil puede requerir el mecanismo de Alerta de Género, el nuevo reglamento de esa leycondiciona a que sólo las asociaciones civiles legalmente reconocidas puedan solicitarlo.
Pero ello no es lo más grave, sino que ahora se judicializa el procedimiento, porque las afectadas o las asociaciones civiles tienen que probar que se requiere ese mecanismo por estar en riesgo la vida de una o varias mujeres en una escuela, calle, colonia o localidad, lo cual resulta absolutamente contrario al espíritu de dicha alerta, que pretende actuar de forma preventiva e inmediata.
“Más delicado es que ese mecanismo no se despolitizó, porque siguen siendo las autoridades federales (el Instituto Nacional de las Mujeres, Gobernación –por conducto de Conavim– y el Instituto de las Mujeres local) las que deciden si se avala su aplicación.
Lo anterior advirtió Ángeles López, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez (CdhVD), uno de los más activos de Guanajuato, donde este año “se duplicó el número defeminicidios”, y por lo cual han requerido en varios ocasiones la declaratoria de Alerta de Género sin éxito.
En entrevista con La Jornada,destacó que los cambios lo único que provocarán es desmovilizar a la sociedad civil que se siente decepcionada con la aprobación del nuevo reglamento, para cuyas modificaciones se requirió de un trabajo de meses entre el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (al que pertenece CdhVD) con el Inmujeres y la Secretaría de Gobernación.
Según López, el procedimiento para la declaratoria de Alerta de Género del nuevo reglamento sigue siendo un mecanismo burocrático, de voto entre autoridades federales y locales; que complejiza el trámite y el procedimiento, además de ser excluyente, porque niega el derecho de las víctimas a participar; es, en suma, un gatopardismo

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