domingo, 19 de diciembre de 2010

Podría quedar impune un feminicidio en comunidad chol, alertan activistas

Podría quedar impune un feminicidio en comunidad chol, alertan activistas

Jesús Salazar es responsable del crimen y violación de la maestra Bárbara Guzmán, afirman

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Integrantes de comités indígenas de derechos humanos alertan sobre la posibilidad de que el asesino de una meaestra de la comunidad quede en libertadFoto Víctor Camacho
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis. 18 de diciembre. Comités indígenas comunitarios de derechos humanos en la región chol, del norte del estado, alertaron contra la posibilidad de que quede impune un feminicidio cometido el pasado 16 de septiembre en la colonia Fray Bartolomé, en Salto de Agua.

Los defensores indígenas piden que se ejecute la sentencia penal en contra de Jesús Salazar de la Cruz como culpable y responsable de la comisión del delito de asesinato y violación, en agravio de la maestra Bárbara Guzmán Arcos.

La mujer asesinada, maestra respetada en la región, era originaria del ejido Actiepa Yochib, de la cultura chol, de condición pobre, y que con mucho esfuerzo y sacrificio había logrado superarse y obtener una profesión.

Argumentan: es injusto que el asesino quede en libertad, además representa un peligro que personas sin escrúpulos perjudiquen la tranquilidad y paz de nuestro pueblo.

Justicia plena, exigen

Por todo ello, los comités comunitarios de derechos humanos exigen que el juicio penal contra Salazar de la Cruz se lleve conforme a la ley, y se haga justicia a la familia de la maestra. No sería la primera vez que los jueces liberen a violadores y asesinos plenamente identificados.

El 6 de noviembre del presente año, apuntan, los comités de derechos humanos de la zona chol estuvimos reunidos en el municipio de Palenque para atender este caso, del expediente 32/2010.

Desde entonces demandan una sentencia conforme a derecho por los delitos de asesinato y violación culposa. También, que las autoridades del Ministerio Público de Salto de Agua actúen honestamente, realicen su trabajo inmediato y (realicen) la presentación de pruebas fehacientes ante el juez mixto de primera instancia.

En resumen, lo que los defensores indígenas exigen es que las autoridades encargadas de administrar y aplicar la justicia lo hagan conforme a derecho. Nada más.

Finalmente, los y las comités (como se presentan explícitamente) solicitan que se les mantenga informados sobre las acciones efectuadas en las instituciones que les corresponde atender estos hechos

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