Deshonestidad

Denise Maerker Atando cabos 17 de agosto de 2009
Deshonestidad
No se puede reclamar la injusticia del proceso que se le ha seguido a Jacinta, ni cuestionar la absurda condena que paga Ignacio del Valle, el líder de Atenco en Almoloya, sin por lo mismo celebrar que la Suprema Corte de Justicia haya excarcelado a 21 indígenas que esperaban condena desde hace 11 años por la matanza de Acteal. Dicho de otro modo, no nos podemos quejar de las invenciones de la Procuraduría de Justicia en unos casos y aceptarla en otros, según nos parezca adecuado y correcto políticamente.
Y sin embargo, han sido legión los que en estos últimos días han hecho exactamente eso. Hermann Bellinghausen, por ejemplo, escribió ayer en La Jornada que: “El defensor y activista de los derechos humanos Michael Chamberlin con años de experiencia en las comunidades indígenas de Chiapas, señala sobre los paramilitares priístas: A pesar de la liberación no dejan de ser culpables… [y añade] que las deficiencias en la investigación de los hechos de Acteal por parte de las procuradurías federal y estatal, la pérdida de evidencia, la modificación de la escena del crimen, la invención de pruebas y las faltas al debido proceso son la coartada perfecta para que hoy la Corte deje libres a los responsables materiales de la masacre”. ¿Coartada? ¿Si la autoridad que acusa lo hizo todo mal, qué los hace culpables entonces? El argumento es el siguiente: en Chiapas hace 12 años el estado animaba y promovía una estrategia de contrainsurgencia que incluía la preparación, adiestramiento y equipamiento de comunidades antizapatistas de la zona. Los excarcelados pertenecían a una de esas comunidades y estaban enfrentados con las víctimas. Aceptando punto por punto lo anterior, de qué sirve este contexto para dilucidar la efectiva participación de Juan o Pedro y su responsabilidad concreta en la matanza? Existen efectivamente testimonios de sobrevivientes y de familiares de los muertos en contra de los acusados. Pero ningún testimonio puede ser suficiente, ni el del afi supuestamente secuestrado por Jacinta ni el de un sobreviviente de Acteal. Se necesitan pruebas, periciales y científicas.
—Ellos saben quiénes fueron, se conocen muy bien —me dijo convencido y dolido por la liberación, un conocedor de la zona. Pero eso no es suficiente, no en un sistema que pretende juzgar al individuo y no echar culpas colectivas. Es deshonestidad pura demandar un justo procedimiento sólo si el acusado es alguien en cuya inocencia se cree y considerar al contrario que es prescindible y un mero tecnicismo cuando damos por sentada su culpabilidad.