La ley antiaborto de Guanajuato, que da condición de persona a un óvulo fecundado, fue objeto de 167 solicitudes de amparo tramitadas por mujeres, informó Ángeles López García, directora del Centro de Derechos Humanos Victoria Diez.
Entrevistada en León, Guanajuato, López García recordó que el 10 de julio pasado venció el plazo para tramitar juicios de amparo contra la modificación al artículo primero de la Constitución local. Agregó que si el Poder Judicial federal emite los amparos, la ley antiaborto no tendrá efectos en las mujeres que los solicitaron, además que se demostrará que la reforma viola los derechos femeninos, y es inconstitucional.
Entre protestas de grupos promotores de los derechos de la mujer, los 23 diputados del PAN, dos del PRI y una del PT en el Congreso de Guanajuato aprobaron el 8 de mayo la reforma al artículo primero de la Constitución de esa entidad, que define como persona “a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.
La reforma entró en vigor el 29 de mayo y con ella el gobierno panista de Guanajuato se escuda para no aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que obliga al personal del sistema de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia, e informar sobre las opciones para interrumpir un embarazo en caso de violación.
Apuntó, igualmente, que el 20 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres determinó no declarar una alerta de género en Guanajuato, como lo solicitaron organizaciones feministas con una solicitud de agravio comparado.
La activista consideró “incongruente” que el director jurídico y de derechos humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, argumentara que es inconstitucional el agravio comparado, cuando él fue asesor jurídico de la Presidencia de la República cuando ésta envió al Congreso de la Unión la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Mientras, en la ciudad de México, la diputada federal perredista Maricela Contreras Julián expresó su repudio a la negativa del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a emitir la alerta de género, lo que, según su visión, evidencia “una actitud de cerrazón que debilita los instrumentos de defensa que tenemos las mujeres de este país cuando nos sentimos agraviadas”.
Entrevistada en León, Guanajuato, López García recordó que el 10 de julio pasado venció el plazo para tramitar juicios de amparo contra la modificación al artículo primero de la Constitución local. Agregó que si el Poder Judicial federal emite los amparos, la ley antiaborto no tendrá efectos en las mujeres que los solicitaron, además que se demostrará que la reforma viola los derechos femeninos, y es inconstitucional.
Entre protestas de grupos promotores de los derechos de la mujer, los 23 diputados del PAN, dos del PRI y una del PT en el Congreso de Guanajuato aprobaron el 8 de mayo la reforma al artículo primero de la Constitución de esa entidad, que define como persona “a todo ser humano desde su concepción hasta su muerte natural. El Estado le garantizará el pleno goce y ejercicio de todos sus derechos”.
La reforma entró en vigor el 29 de mayo y con ella el gobierno panista de Guanajuato se escuda para no aplicar la Norma Oficial Mexicana 046 sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres, que obliga al personal del sistema de salud a proporcionar métodos anticonceptivos de emergencia, e informar sobre las opciones para interrumpir un embarazo en caso de violación.
Apuntó, igualmente, que el 20 de julio, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres determinó no declarar una alerta de género en Guanajuato, como lo solicitaron organizaciones feministas con una solicitud de agravio comparado.
La activista consideró “incongruente” que el director jurídico y de derechos humanos de Gobernación, Daniel Cabeza de Vaca, argumentara que es inconstitucional el agravio comparado, cuando él fue asesor jurídico de la Presidencia de la República cuando ésta envió al Congreso de la Unión la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Mientras, en la ciudad de México, la diputada federal perredista Maricela Contreras Julián expresó su repudio a la negativa del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, a emitir la alerta de género, lo que, según su visión, evidencia “una actitud de cerrazón que debilita los instrumentos de defensa que tenemos las mujeres de este país cuando nos sentimos agraviadas”.
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