

Información del Consejo Nacional contra las Adicciones y de la Encuesta Nacional de Adicciones revela que el Distrito Federal es una de las ciudades con mayores consumos de mariguana, inhalables y cocaína, detallaron ayer los diputados locales del PAN Carlos Alberto Flores y Guillermo Huerta Ling.
En conferencia de prensa, los legisladores mencionaron que, según esas instituciones, en 1998 se estimaba que existían en la ciudad 2.5 millones de personas adictas a alguna sustancia prohibida, cifra que se elevó a 3.6 millones en 2002, y para que 2008 se ubicó en 4.5 millones.
De acuerdo con Huerta Ling, ese cáncer social
crece cada día más, sobre todo en colonias populares, y los esfuerzos de las autoridades capitalinas han resultado insuficientes para detener ese fenómeno social que, por el momento, está por arriba de la media nacional.
Carlos Alberto Flores añadió que la Encuesta de consumo de alcohol, tabaco y otras drogas en la ciudad de México, que elaboran el Instituto Nacional de Siquiatría y la Secretaría de Educación Pública, muestra que el consumo de drogas ha tenido una tendencia al alza sobre todo entre jóvenes, pues pasó de 14 por ciento en 2006 a 18.3 por ciento de ellos en 2009.
Aunado a ello, citó que 18.25 por ciento de los estudiantes de nivel medio y medio superior han consumido algún estupefaciente, lo que equivale a 176 mil adolescentes, considerando que la matrícula total de alumnos en esos niveles es de 964 mil jóvenes.
Frente a esa situación, pidieron al jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard, que investigue y persiga el delito de narcomenudeo, pues una reforma constitucional de 2009 otorgó esa facultad a las autoridades locales.
Precisamente, un grupo de jóvenes de Tlalpan ofreció la mañana de ayer una conferencia en la sala de prensa del consejo, en la que propuso reformas a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal para que este sector de la población tenga más facultades para decidir sobre las políticas públicas relacionadas con él.
Acompañados del diputado local del PRD, Guillermo Sánchez, y del director general de Desarrollo Social de Tlalpan, Carlos Hernández, los adolescentes señalaron que, sin opciones para desarrollarse adecuadamente, son presas fáciles de las drogas y la delincuenciaLa asistencia de niñas, niños y jóvenes víctimas de la trata de personas y violencia sexual a la Cámara de Diputados generó controversia en la sesión plenaria, cuando ingresaron al balcón de invitados mientras se desarrollaba la sesión ordinaria.
Algunos de los menores fueron víctimas de abuso por Jean Succar Kuri, quien purga condena en una cárcel de Quintana Roo y sobre el cual pesa una demanda para que sea enviado a un penal federal de máxima seguridad.
Los 10 menores fueron presentados por la diputada Rosi Orozco, del PAN, quien ponderó la urgencia de impulsar la cultura de la denuncia sobre trata de personas y violencia sexual: Mi anhelo es que las víctimas denuncien; este tema no debe politizarse, porque aquellos que toman la decisión de hacer público su caso están sirviendo a la sociedad para que este flagelo no se repita
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Sin embargo, la presencia de siete niñas y tres niños en el pleno fue reprobada por diputados de PRI, PRD y PVEM. El ecologista Alberto Ezeta argumentó que llevar a esas jóvenes víctimas de abuso y trata al pleno camaral representa un circo
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La sesión ordinaria estaba por concluir cuando los infantes ingresaron al balcón de invitados con el rostro cubierto con un antifaz, con la finalidad de permanecer en el anonimato.
Este hecho provocó el rechazo de varios legisladores, entre ellos el vicecoordinador de la bancada del PRI, José Ramón Martell, y el perredista Emilio Serrano, quienes reprocharon a la diputada Orozco el uso político que daba al tema de la denuncia sobre trata de personas y abuso sexual.
Le reclamaron que eso tiene nombre y es lucrar
con el dolor de las víctimas.
El encono subió de tono y los priístas sugirieron al presidente de la mesa directiva, Jorge Carlos Ramírez Marín –quien se dirigía a saludar a los niños al balcón de invitados–, que no lo hiciera, porque eso representaba una manipulación de menores.
Más tarde, la diputada Orozco dijo que estaba afligida porque nunca consideró que el tema se politizara.No pensé que se tomara así. Debemos promover la cultura de la denuncia y que de algo sirva el esfuerzo que hacen estas personas para que la mayoría conozca sus casos y se eviten más hechos de violencia contra mujeres y niños, señal
El Senado aprobó reformas a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución con el fin de dar una respuesta efectiva y contundente al problema de la trata de personas
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Las reformas a los artículos 19 y 20 incorporan a la trata de personas a los delitos en los cuales el juez debe ordenar oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, así como para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de trata de personas el resguardo de su identidad y datos personales
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La modificación al artículo 73 faculta al Congreso a expedir una ley general en trata de personas para contar con un marco jurídico adecuado, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como legislar en materia de delincuencia organizada
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Se indica en el dictamen que si bien ya existe una ley en la materia, es necesario que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad, puedan dar mejores resultados.
En tribuna, Ricardo Monreal destacó que aunque México ya formaba parte desde hace casi un siglo de la tradición jurídica internacional que recoge el flagelo de la trata de personas (...) no fue hasta el 27 de marzo de 2007 cuando se publicó una reforma al Código Penal Federal vinculada con la trata de personas, en el título octavo, denominado delitos contra el libre desarrollo de la personalidad
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En noviembre de ese año, se publicaron, abundó, en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
Pero lo que es todavía más sorprendente es que la necesaria reforma para actualizar nuestro marco constitucional se esté presentando cuatro años más tarde, cuando era impostergable.
trata de personas; lo que hace la reforma es adecuar el marco constitucional y hacerla vigente en razón de los compromisos internacionales
Debido a la falta de verdadera voluntad política
del gobierno de México para avanzar en la discusión de la agenda de los derechos humanos, más de un centenar de organizaciones civiles declinaron la invitación que las secretarías de Gobernación (SG) y Relaciones Exteriores (SRE) les hicieron para reunirse hoy.
En una carta dirigida a Juan Manuel Gómez Robledo Verduzco, subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, y Felipe de Jesús Zamora Castro, subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de Gobernación, los colectivos, entre los que se encuentran los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria y Miguel Agustín Pro Juárez, así como la Red Todos los Derechos para Todos, notificaron que no asistirían a la cita, en la cual se discutirían diversos temas sobre garantías individuales.
En primer lugar –explicaron en la misiva–, un número importante de las organizaciones firmantes no fueron invitadas a la reunión, pese a que muchas de ellas participaron en las recientes audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la visita del grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, y en el segundo informe de México ante el Comité de protección de los trabajadores migratorios y de sus familiares.
Además –señalan–, nunca recibieron respuesta oficial a los llamados para discutir el establecimiento de un mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, pese a que realizaron múltiples invitaciones a las autoridades.
“Conociendo de antemano su posición, consideramos que el ejercicio de ‘intercambiar opiniones’, cuando no existen diálogo auténtico y acciones concretas que den muestra de una verdadera voluntad política para avanzar en estos temas, puede resultar estéril”, señalaron las organizaciones.
Entre los elementos para sustentar dicha afirmación –explicaron– se encuentra el hecho de que el gobierno mexicano no ha impulsado de verdad la reforma constitucional en materia de derechos humanos y se ha negado a debatir la eliminación de la figura del arraigo, pese a los señalamientos de Naciones Unidas y de la CIDH en ese sentido.
Por otro lado –dicen–, las autoridades han hecho caso omiso de las críticas fundadas contra la actual estrategia de seguridad pública, al insistir en que no hay otra alternativa
, y no han admitido que en el país hay un fenómeno grave de desapariciones forzadas.
Al respecto, partimos de un hecho para nosotros innegable: México padece un patrón sistemático de violaciones graves a los derechos humanos, y si ello no se reconoce, no hay posibilidades de un diálogo constructivo, afirmaro
Piden al gobierno que retire solicitud de interpretación al fallo del organismo internacional
Siete meses después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictara sentencia contra el Estado mexicano por la violación por militares de las indígenas guerrerenses Valentina Rosendo e Inés Fernández, las instituciones del país han demostrado su total falta de voluntad política para cumplirla.
Denunció lo anterior la propia Inés, acompañada por activistas de organizaciones sociales y derechos humanos, quienes exigieron que el gobierno retire su solicitud de interpretación a la sentencia, ya que ésta implica un cuestionamiento a la misma y una muestra de que sigue respaldando al Ejército a pesar de sus abusos.
En conferencia de prensa, Fernández reiteró su exigencia de que las autoridades cumplan de forma íntegra la sentencia de la CIDH, luego de que terminara sin mayores avances una mesa de negociación que las organizaciones civiles iniciaron el pasado 15 de marzo con representantes de la Secretaría de Gobernación.
“Tuve que venir hasta la casa del gobierno federal para pedirle que cumpla con su obligación y que no se lleve 10 años en hacerlo, sino que sea lo antes posible. No quiero ver a los guachos (soldados) en mi comunidad ni en mi casa; lo que necesitamos son obras, médicos, escuelas, y que garanticen la seguridad de todos los ciudadanos”, señaló.
Fue necesario recurrir a la justicia interamericana porque las autoridades del país sólo cumplen con sus amigos, no con el pueblo
, en vista de lo cual –dijo– insistirá en el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH, con la ayuda y acompañamiento de las organizaciones solidarias con su causa.
Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM), coincidió en exigir el cumplimiento expedito de la sentencia; consideró que si las amenazas contra los activistas de dicho grupo no han cesado, es porque se han empeñado en decir la verdad sobre la situación de derechos humanos en el país.
Por su parte, Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, exigió que el gobierno mexicano retire la solicitud de interpretación a la sentencia de la CIDH, pues significa un grave cuestionamiento a dicho organismo y una suerte de espaldarazo al Ejército, a pesar de sus crímenes de lesa humanidad.
Raúl Vera, obispo de Saltillo, hizo un reconocimiento al valor de ambas mujeres al denunciar a las fuerzas armadas, y lo contrastó con el cinismo, la irresponsabilidad y la corrupción
tanto de las autoridades como de los grupos criminales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aceptó revisar el caso de los trabajadores que quedaron sepultados en la mina Pasta de Conchos desde febrero de 2006, y dio al gobierno mexicano como plazo para presentar observaciones hasta el 15 de abril, informó el senador panista Ricardo García Cervantes.
La organización Familia Pasta de Conchos notificó lo anterior al legislador, presidente del capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC), quien desde hace meses ha insistido en que el Presidente de la República reciba y atienda a los familiares de los mineros fallecidos.
En entrevista, García Cervantes manifestó que hay una mesa de diálogo en la Secretaría de Gobernación, pero desgraciadamente no puedo informar de un gran avance, ya que el ritmo que lleva es demasiado lento. Afortunadamente, se sigue valorando la posibilidad de que el Estado mexicano inicie acciones para restablecer las condiciones no sólo de acceso para el rescate de los cuerpos de los trabajadores, sino de una atención integral
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Sin embargo –subrayó–, el tiempo comienza a agotarse, el plazo que tiene el Estado mexicano para responder el informe es el día 15 de este mes, y a partir de ahí empiezan a correr plazos que pudieran suspenderse si en el ámbito interno se realizan gestiones y se toman las decisiones que corresponden a la autoridad
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Destacó: Me queda claro que el subsecretario de Gobernación, Juan Carlos Gutiérrez, está haciendo un esfuerzo, pero la respuesta ya no está en su ámbito. La voluntad política tienen que expresarla el secretario de Gobernación o el propio Presidente de la República
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García Cervantes manifestó que el caso llegó a la CIDH porque a nivel local no ha habido ni el interés ni la voluntad para atender y resolver este problema. No es nada vergonzoso ni denigrante para un Estado que se recurra a las instancias internacionales, pero sí es una señal de que las locales no resuelven
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El senador del blanquiazul abundó que si para el próximo 15 de abril la Secretaría de Gobernación no responde favorablemente a la cita que los familiares de los mineros solicitaron con el presidente Felipe Calderón, entonces un grupo de senadores intentaremos hacer una gestión directa con él
.
Por su parte, Carlos Rodríguez, integrante del Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), afirmó que el anuncio de la CIDH es de gran importancia, porque significa la eventual llegada del caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya ha emitido cinco sentencias en contra del Estado mexicano.
“Los argumentos del gobierno se han acabado, y está a un paso de hacer el ridículo a escala internacional. Anteayer, La Jornada dio a conocer que Francia buscó en un radio de 10 mil kilómetros cuadrados los cadáveres del avión accidentado en 2009 frente a las costas de Brasil, y los encontró. Es increíble que México siga sosteniendo que buscar a los mineros es peligroso, cuando sabe que los restos están en un espacio mucho menor, y ya no hay problemas con el gas metano”, dijo.
Con información de Fernando Camacho
Guillermo Montalvo Fuentes Foto: Luis Méndez México DF, abril 05 de 2011. Coordinado por la Asociación Mexicana del Derecho a la Información (AMEDI), esta mañana se inauguró el Encuentro Nacional por la Diversidad y Calidad en los Medios de Comunicación. Analizar la centralidad y desempeño de los principales medios de comunicación en el desarrollo democrático del país, hablar sobre la cada vez menos pasividad de televidentes, radioescuchas y lectores ante los medios, así como pronunciarse a favor de reformas o políticas públicas en el campo de las telecomunicaciones y la calidad en los contenidos, son algunos de los objetivos de este ciclo de conferencias y mesas de trabajo que concluirá mañana alrededor de las 13:00 horas. En el acto inaugural participaron Aimée Vega Montiel, coordinadora del encuentro, Carlos Sotelo, presidente de la Comisión de Radio y Televisión en el Senado de la República, Inti Muñoz Santini, director general del fideicomiso “Centro Histórico” de la Ciudad de México” y Beatriz Solís Leree, coordinadora del Comité Académico de la AMEDI. Durante el evento se habló particularmente del control que el duopolio televisivo, integrado por Televisa y Televisión Azteca, ejerce sobre buena parte de la clase política, lo cual, según dijo Vega Montiel, impide renovar la legislación en la materia. Al respecto, Sotelo García indicó que si bien son muchos los diputados y senadores que no están “conectados” ni están al tanto de la necesidad que tienen los mexicanos de un modelo de comunicación con mejor calidad en contenidos, “no todo el Congreso está capturado por los poderes fácticos”. El senador del Partido de la Revolución Democrática lamentó la poca presencia de legisladores en este tipo de actividades, sin embargo manifestó su interés porque los resultados del encuentro “ayuden a entender la necesidad de una reforma en materia de radiodifusión y telecomunicaciones”. El evento fue inaugurado cerca de las 11:00 horas, por Beatriz Solís, quien recordó la importancia de construir medios de comunicación más diversos y plurales, para lo cual, la sociedad tiene que ser un “actor principal”. La clausura será mañana y estará a cargo de Raúl Trejo Delarbre, presidente de la AMEDI, la periodista Carmen Aristegui y el actor Daniel Giménez Cacho, quienes darán un mensaje y harán la relatoría del evento. |
Según cifras oficiales, los jóvenes que no trabajan ni estudian ascienden a 7.5 millones
El fenómeno de los jóvenes que ni estudian ni trabajan (ninis) es uno de los principales problemas que enfrenta el país, por lo que debe ser visto y resuelto como una emergencia nacional. Ante ello, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) anunció que en breve dará inicio, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a un programa de apoyo a ese sector de la población.
La finalidad es construir una sociedad más justa y equitativa, en la que se garantice el acceso de los jóvenes a sus derechos, en particular a la educación.
Durante la presentación del libro Derecho penal, especialidad y orgullo universitario, el rector de la UNAM, José Narro Robles, y el jefe de Gobierno capitalino, Marcelo Ebrard, coincidieron en afirmar que es ampliando la cobertura en educación media superior y superior, así como disminuyendo la desigualdad lo que podrá contrarrestar el número de ninis (que de acuerdo con cifras oficiales es de 7.5 millones).
En la Antigua Escuela de Jurisprudencia, Narro aseveró que aunque muchos no lo quieran ver, se trata de un tema que debe preocupar a la nación. Indicó que si bien es cierto que una sociedad debe fundarse sobre varios derechos, entre ellos el penal, uno de los principales es el derecho a la educación.
Los graves problemas sociales, económicos y de otra naturaleza que afectan a las sociedades contemporáneas, o que han afectado a lo largo de la vida a estos grupos humanos, deben voltear a ver a la educación como una fórmula para encontrar soluciones y salidas.
El rector advirtió que está más que documentado que desigualdad, pobreza, ignorancia, desempleo, falta de expectativas y esperanza, en particular en los grupos de jóvenes, influyen en la conducta de los individuos en la sociedad, por lo que el país debe contrarrestar esos problemas.
Explicó que en los próximos días, autoridades del GDF y de la máxima casa de estudios se reunirán para analizar cómo operar y en qué consistirá el programa de apoyo a ninis.
Más tarde, señaló en entrevista que en educación no se pueden esperar resultados inmediatos a un año o para la siguiente elección.
Celebró que el martes,el subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, Rodolfo Tuirán, reconoció que es posible duplicar la cobertura en educación superior en 10 años (hoy es de 30 por ciento) y rebasar 80 por ciento para 2030. Eso es pensar en la posibilidad real de que México ingrese a la sociedad del conocimiento. Hacer otra cosa es equivocarse y fallar a las generaciones no sólo del futuro, sino a los jóvenes y niños de hoy. A ellos tenemos que dar esperanzas y hechos concretos para que puedan formarse, prepararse y después trabajar.
Durante la presentación de la obra Derecho penal, especialidad y orgullo universitario, el jefe del GDF señaló que la desigualdad y los ninis son dos grandes problemas del país, y es precisamente colocando a la educación en el centro de la agenda nacional y con el acceso a la educación media superior y superior, como se podrán abatir.
Ebrard aplaudió que el rector José Narro sea una voz crítica. Tiene una visión legítima y autorizada para hacerlo.
Y la UNAM, destacó, es la primera institución que está presente ante todo llamado que tenga que ver con el bien público, como ahora será el programa de apoyo a ninis.
La desigualdad en México se está agudizando, no hay visos en ninguna de las cifras oficiales de que se esté superando, sino lo contrario.Agregó que en ocho años el gobierno de izquierda de Brasil redujo la pobreza en 21 millones de personas, mientras hoy en México tenemos 5 millones de personas más en pobreza alimentaria.
¿Cómo podríamos aspirar a tener un país diferente, que no esté caracterizado por la violencia y la desesperanza, si la mitad de los jóvenes que deberían estar en la escuela están en la calle?, lamentó Marcelo Ebrard
Con el aval de todos los grupos políticos, el Senado ratificó en comisiones la minuta por la que se tipifica como delito la publicación en medios de comunicación escritos y electrónicos, de anuncios o publicidad que promuevan la trata de personas.
Los integrantes de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda avalaron en sus términos la minuta de la Cámara de Diputados por la que se reforma la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.
El senador Pedro Joaquín Coldwell, del PRI, detalló que se sancionará a la persona que contrate publicidad o anuncios y al medio de comunicación que divulgue mensajes que ofrezcan servicios que impliquen explotación sexual, laboral, esclavitud y prácticas análogas.
La pena es similar a la que se aplica por trata de personas: de nueve a 18 años de prisión. La minuta se presentará hoy al plenoEl poeta clama justicia por el homicidio de su hijo y 6 personas
Da de plazo el día 13 para que Adame y Calderón hallen a los asesinos
Cuernavaca, Mor., 6 de abril. Más de 40 mil personas vestidas de blanco salieron a las calles para exigir al presidente Felipe Calderón y al gobernador Marco Antonio Adame Castillo parar la violencia, la inseguridad y que vuelva la paz, la justicia y la dignidad a Morelos y a México.
El poeta Javier Francisco Sicilia, en los discursos que pronunció frente a la 24 Zona Militar, ante la Procuraduría General de Justicia de la entidad y en el zócalo, exigió justicia para el asesinato de su hijo, Juan Francisco, y otras seis personas, quienes fueron encontrados sin vida en un automóvil el pasado lunes 28 de marzo. Además pidió frenar la ola de asesinatos, que regresen los militares a sus cuarteles y que dejen de llamar a las víctimas daños colaterales
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Afirmó que efectuará un plantón permanente en el zócalo de Cuernavaca, donde se colocó una ofrenda floral en memoria de su hijo, y emplazó al gobernador y a Calderón para que frente al pueblo de Morelos presenten ante la justicia a los asesinos de Juan Francisco y a sus cómplices el próximo miércoles.
La mayoría de ciudadanos portaron pancartas en las que plasmaron su hartazgo por la violencia e inseguridad en que viven millones de mexicanos y manifestaron que esta marcha nunca en la historia se había dado, por lo que insistieron que esta entidad será la punta de lanza para llevar a cabo un movimiento nacional.
En su primer discurso dijo: “A las fuerzas armadas de México: ustedes han sido siempre los custodios de la nación. Nunca los habíamos querido fuera de sus cuarteles más que para repeler una invasión extranjera o para ayudarnos como lo han hecho siempre en las catástrofes naturales. Ahora los han sacado a las calles para combatir lo que a los policías pertenece. No los queríamos allí, pero ahí los han puesto, provocando con ello una escalada en la violencia, al incitar al crimen organizado a enfrentarse a ustedes con armas más poderosas.
Son ya cuatro años de guerra, y lejos de disminuir, el consumo y tráfico de drogas ha aumentado; lejos de sentirnos seguros, nos sentimos con miedo y coraje ante la impotencia de verlos pelear en nuestras calles. Les exigimos como ciudadanos de esta patria que defienden y custodian todos los días, que no permitan que en sus filas aniden el crimen y crezca la complicidad. Muchos de los asesinos que hoy dañan a la nación de manera terrible en nuestros hijos e hijas, provienen de la deserción de sus filas
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En este lugar fue cuando la voz de Sicilia tembló. Los militares que estaban dentro de la zona militar miraban, algunos evasivos, otros con tristeza. Les recordó que llevamos
a nuestras espaldas 40 mil muertos, casi el mismo río de gente que esta tarde salió a gritar ¡Ni un muerto más!
En la Procuraduría General de Justicia de la entidad y a la Procuraduría General de la República (PGR) indicó que estas dependencias llevan cargando 40 mil muertes sin que se esclarezcan y menos que se hagan justicia, por omisión, comisión o complicidad. Señor procurador de Morelos, miembros de los Ministerios Públicos, cumplan con la justicia que no han procurado y que hoy les reclamamos. Sólo así tendrán de nuevo nuestra confianza y sabremos que no nos encontramos solos e inermes
, indicó.
En el zócalo señaló que hasta antes de la muerte de su hijo y otras seis personas, “esos muertos eran simples cifras, simples abstracciones, bajas colaterales o criminales, ‘escorias’, como estúpidamente se les ha llamado. A partir de hoy esas cifras son lo que siempre han sido y deberían de ser: vidas humanas segadas y familias destrozadas, dolor que día a día se va acumulando en los corazones de este país”.
Reconoció que entre todos hemos solapado la corrupción de las instituciones y el desgarramiento del tejido social, con la mezquindad de los pleitos y los intereses políticos que sólo buscan enriquecerse con la desgracia, el temor y la simulación”.
Si son ineficientes deben irse
Dijo que hasta hoy sólo le han informado que han identificado a dos de los asesinos, que se han girado órdenes de aprehesión contra ellos; pero aún permanecen libres y que desconocen los móviles de este asesinato irracional. Esto no basta, por eso he decidido quedarme aquí en plantón en esta plaza, delante de las ofrendas que han levantado por nuestros hijos, junto con todos aquellos que quieran acompañarme, y en una oración, hasta el miércoles 13 de abril, último plazo que le damos al gobierno de Marco Adame y a Felipe Calderón para que presenten ante la justicia a los asesinos de nuestros hijos
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Expresó que los gobernantes deben entender que son nuestros representantes y que si son inútiles e ineficientes deben irse, sean del partido que sean y de la ideología que sean. Un gobierno, como nos los enseñó Gandhi, sólo existe porque lo aceptamos. Si les retiramos nuestro apoyo, ¿qué sería de él?”
Advirtió que si no presentan a los verdaderos responsables de la muerte de estos jóvenes convocarán a una marcha en el Distrito Federal para exigir la renuncia de Marco Antonio Adame y un alto a la absurda guerra de Calderón contra el narcotráfico. Afirmó que urge devolverle la dignidad a esta nación y combatir la violencia con educación, cultura, poesía y empleo.
Julio, amigo de Juan Francisco, compuso y cantó una canción en memoria de los jóvenes ahora muertos, lo que provocó el llanto de Sicilia, la madre del joven, Socorro, y sus compañeros que llevaban puesta una playera con el rostro de Juanelo, como lo llamaba su padre. Otro joven recitó un poema y una niña cantó y dijo que ojalá los ideales de Emiliano Zapata revivan en los corazones de los morelenses.
Al paso del contingente, varios jóvenes se tiraban al piso y pintaban su silueta en el pavimento para que quedaran plasmadas. Cientos de personas aplaudieron la marcha mientras los participantes recorrían las avenidas principales de esta ciudad. Durante el mitin también participaron los padres de los otros jóvenes asesinados en aquel multihomicidio: Luis, Julio, Gabriel y JesúsLa Coordinadora de Mujeres en Resistencia, reunida en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, para analizar la situación de violencia en nuestras comunidades
, denunció graves amenazas de muerte y agresión
contra Rosa Díaz Gómez, adherente de la otra campaña en la comunidad Jotolá, municipio de Chilón. Amenazas más preocupantes aun porque este 31 de marzo fueron liberados sus agresores Juan Cruz Méndez, Medardo Cruz Méndez, Alfonso Cruz Cruz, Eleuterio Cruz Cruz y Melecio Cruz Guzmán”, bajo fianza, por un juez de Ocosingo.
Nuestra compañera se encuentra con el temor fundado de ser nuevamente agredida
. Recuerdan que el 24 de marzo de 2010, Díaz Gómez fue atacada por un grupo conocido como los Cruz Méndez
. Ese día rodearon su casa y la apedrearon. Golpeaban la casa de manera agresiva y violenta con machetes, rompieron las ventanas y la cerradura de la puerta, lograron entrar y destruyeron todo lo que había
.
Individuos identificados como Juan, Jerónimo, Medardo y Tello apuntaron con sus armas a Rosa y comenzaron a golpearla en cara, brazos, piernas, espalda, costillas, abdomen y estómago, dejándola gravemente herida
. La agresión habría sido por estar organizada y luchar por sus derechos, principalmente a la tierra
. A pesar de una denuncia penal por los hechos, no se le ha garantizado el acceso a la justicia
.
La coordinadora de mujeres responsabiliza al mal gobierno
de lo que pueda pasar a Rosa, ya que en vez de buscar una solución al problema, lo que ha hecho es administrarlo para sacar provecho sin importarle la vida y la seguridad de nuestras compañeras
de Jotolá. Exigieron que realmente se castigue a los responsables
, recién liberados, y se garanticen la vida y la integridad de la mujer tzeltal, poniendo fin al hostigamiento
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Pascual Sánchez Pérez, comisariado ejidal de Jotolá, ha empezado a actuar contra ella para despojarla de su tierra, ejecutando las ideas de los excarcelados que antes se mencionaron
.
Por su parte, los presos de San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña, denunciaron malos tratos en la cárcel de Playas de Catazajá: En primer lugar nos tienen secuestrados desde el 2 de febrero por defender nuestras tierras
. Demandaron su liberación, ya que estamos cansados del maltrato
. Sostienen que se les dan alimentos una vez al día, recibimos muy poca agua, y hemos enfermado por las malas comidas y no proporcionan ningún medicamento
. Las autoridades carcelarias impiden además que los familiares pasen alimentos para ellos, y humillan a los visitantes, haciéndoles quitar las ropas
al revisarlos.
Desde el ejido de San Sebastián, la comunidad demandó alto a la represión contra la otra campaña
, retiro de los policías instalados en el ejido, y respeto a la autonomía en el control y la conservación de nuestros recursos naturales”. Rechazaron el proyecto del neoliberalismo en Agua Azul
y urgieron al gobierno a liberar a sus cinco compañeros presos políticos
.
En tanto, al concluir las jornadas internacionales 5 días por los 5 presos de Bachajón
, se reportaron acciones públicas en Barcelona y Bilbao; en ambas ciudades fueron entregadas a los cónsules de México cartas en las que se exige la liberación de Mariano Demeza Silvano, Domingo Pérez Álvaro, Domingo García Gómez, Juan Aguilar Guzmán y Jerónimo Guzmán Méndez, y el cese al hostigamiento contra las comunidades de la otra campaña en Chiapas.
del caso de los presos por defender sus tierras y territorios del proyecto corredor turístico Centro Integralmente Planificado Palenque-Agua Azul, impulsado por el gobierno e inversionistas privados. Acciones simi- lares se realizaron en Calcuta, India, Madrid, España, y diversas ciudades británica
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) dijo que tras varias reuniones con la Secretaría de Gobernación no recibieron ninguna propuesta de solución al conflicto derivado de la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), por lo que enfocarán sus peticiones al Congreso de la Unión. Les dijimos que están muy buenos el café y las galletas, pero esta mesa (en Gobernación) solo será para la gestoría, no para obtener una respuesta
, señaló Martín Esparza, secretario general del SME.
Leonardo Bastida Aguilar México DF, abril 04 de 2011. Con una efectividad de 70 por ciento “en la cura” de pacientes con hepatitis C sin tratamiento previo, y en un 66 por ciento, en pacientes con tratamientos previos, pero sin éxito, científicos encabezados por Fred Poodard, Jefe del Departamento de Hepatología del Centro Médico de Los Ángeles Sinai-Cendars, lograron incrementar la efectividad de los tratamientos contra la enfermedad en más de 50 por ciento, tras el suministro de tres medicamentos, en lugar de dos, como es el método tradicional, explicaron en la última edición del New England Journal of Medicine. Rafael Esteban Mur, Jefe de Hepatología del Hospital Vall d'Hebron, Barcelona, España, explicó en videoconferencia, durante su participación en el Congreso Internacional de la Asociación Europea para el Estudio del Hígado, celebrado en Berlín, Alemania, que con el uso del boceprevir en los tratamientos, se logró reducir el tiempo de medicación a casi la mitad, es decir, de un año a entre seis y ocho meses. De acuerdo con el especialista, los resultados publicados en el New England Journal of Medicine, muestran quela combinación de boceprevir con interferon y ribavarina tiene una efectividad de entre 73 y 79 por ciento en la “cura” de la hepatitis, en contraste con 34 por ciento que se lograba mediante el suministro de interferon y ribavarina. El estudio, con el cual el fármaco aprobó la Fase III de investigación (es decir que ya se probó en humanos) se aplicó a mil 500 pacientes, afroamericanos y de raza blanca, diferenciados por su color de piel ante las complicaciones genéticas propias de su raza. El fármaco se probó en pacientes con el genotipo 1 del virus, el más común en Norteamérica y Europa occidental, con el fin de lograr una respuesta virológica sostenida, que permitirá al paciente tener un estatus de indetectable. De acuerdo con Esteban Mur, la inclusión del boceprevir en el esquema tradicional del tratamiento, produce un incremento tres veces mayor en la respuesta virológica sostenida, debido a que es un agente antiviral de acción directa, ya que al ser un inhibidor de la proteasa –molécula que impide la replicación de un virus en la célula- tiene acción directa sobre el virus de hepatitis C. Sobre los efectos adversos que podría provocar el fármaco, el investigador señaló que se puede incrementar el grado de anemia transitoria que padecen muchos pacientes con hepatitis C, pero esta se puede controlar con la disminución de las dosis. Otro padecimiento, añadió, es la alteración en la percepción del sabor de las cosas, situación que es transitoria durante el tratamiento. A su vez, el médico español indicó que debido a los altos índices de coinfecciones de VIH y hepatitis C, se ha comenzado a trabajar en estudios para demostrar que el uso de boceprevir no causaría modificaciones a los esquemas de antirretrovirales utilizados por personas con VIH. Por otra parte, reconoció que aún falta realizar las pruebas pediátricas y aprobar la Fase 4 (estudio más amplio de seguimiento a determinado grupo con el fin de experimentación para que el producto esté disponible en el mercado). Javier Báez-Villaseñor, gerente médico de Merck Sharp and Dome, en México, señaló que entre uno y dos por ciento del total de la población calculada en 112 millones de personas, es decir, cerca de dos millones de mexicanos padecen hepatitis C, la cual, es muy común que culmine en una hepatitis crónica o se desarrolle una falla hepática o cáncer hepático. Para el ex funcionario del Consejo Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, lo más preocupante es que entre 65 y 70 por ciento de las personas que padece este mal, no lo sabe, debido a que es una enfermedad asintomática. Añadió que la aprobación de la Fase III de este proyecto representa “un gran avance” en el tratamiento del mal hepático, ya que hace 20 años, cuando se identificó al virus, se implementó un primer tratamiento con un éxito de 6 por ciento, y hoy en día podemos hablar de un 70 por ciento en los genotipos 1 y 4, y de un 90 por ciento, en los genotipos 2 y 3. Recalcó que lo más importante es concientizar a la población de que la hepatitis C “es un mal curable”. La hepatitis C La hepatitis C es una enfermedad del hígado en la que este se inflama. Su principal vía de transmisión es la sexual o por sangre. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, más de 170 millones de personas en el mundo padecen la enfermedad. Entre 65 y 70 por ciento desconoce tenerla. Su inadecuado tratamiento puede derivar en cirrosis o cáncer de hígado. |
Guillermo Montalvo Fuentes Atripla, tres ARV en una pastilla México DF, abril 01 de 2011. Nadie debería morir por VIH/sida, sin embargo, la falta de educación médica en la población mexicana obstaculiza el diagnóstico y el éxito de la terapia antirretroviral en los pacientes seropositivos, señaló Jaime Andrade, Jefe de la Unidad de VIH en el Hospital Civil de Guadalajara. A pesar de que el VIH/sida pasó de ser una enfermedad mortal a una crónica no curable, y de que hay en el mercado 26 opciones de fármacos antirretrovirales, la gente muere todavía por el virus, dijo el experto, por lo que sugirió una estrategia integral que incluya prevención, pruebas de detección temprana y autocontrol de la enfermedad por parte de quienes viven con VIH/sida. Educación sexual desde la primaria, uso de condón y geles microbicidas, así como terapia pre y pos exposición y tratamiento antirretroviral oportuno, son los elementos que Andrade recordó como parte de una estrategia integral para combatir la epidemia. Para el experto, no conocer las alternativas médicas existentes que se pueden utilizar, hace que las personas no se protejan del virus o no se traten adecuadamente, lo cual se traduce, para el último caso, en la utilización de medicamentos que merman su calidad de vida. Sobre este punto, estimó que en México, 30 por ciento de los pacientes abandona su terapia antirretroviral debido al agotamiento causado por los esquemas complicados de tratamiento, caracterizados por dosis con varias pastillas y restricciones alimenticias. A partir de 1987, cuando aparecen los primeros antirretrovirales, el paciente seropositivo tenía que ingerir 25 pastillas al día, sin embargo, actualmente el promedio oscila entre 2 y 8, lo que depende del plan utilizado, sin embargo, Andrade mencionó que este año se contará con un medicamento que reduce la cantidad a sólo 1 pastilla por día. Atripla: antirretroviral de esquema simplificado, tres fármacos en uno Mejor calidad de vida y mayor adherencia al tratamiento son los principales beneficios que Atripla ofrecerá a partir de este año a las personas seropositivas, aseguró Patricia Villalobos, gerente médica de los laboratorios Stendhal. Se trata de un medicamento para controlar el VIH en adultos, que reúne tres fármacos antirretrovirales en una pastilla: efavirenz, emtricitabina y tenofovir disoproxil fumarato. Debido a que su tiempo de eficacia es de 48 horas, al olvidar ocasionalmente tomar una pastilla, “el paciente no tendrá riesgo de desarrollar resistencia al virus, bastará con que retome el tratamiento cuanto antes”. Atripla ya cuenta con la aprobación y el registro de la Secretaría de Salud federal, por lo que este año se podrá encontrar tanto en el cuadro básico del Sector Salud como en el privado, donde el frasco con 30 pastillas, tendrá un costo de 13 mil pesos. |
Miembros de organizaciones civiles que apoyan el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio acudieron al Senado a reiterar las demandas de esa agrupación, a 22 meses del incendio en la guardería ABC de Hermosillo, donde murieron 49 menores y 70 más resultaron heridos.
Abraham Fraijo, único padre de familia presente, y Daniel Gershenson, de Al Consumidor, deseaban entregar una carta a Manlio Fabio Beltrones, presidente de la mesa directiva, y a los coordinadores de todas las fracciones parlamentarias, en la cual exigen que se retome la solicitud de aprobar la Ley General de Servicios de Cuidado, Aprendizaje y Desarrollo Integral Infantil. Sin embargo, por encontrarse éstos ausentes, la entregaron a los legisladores del Partido de la Revolución Democrática.
La iniciativa fue presentada el pasado 30 de noviembre y elaborada con propuestas de especialistas y padres de las víctimas. Actualmente está en proceso de dictamen en las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Desarrollo Social.
Fraijo, padre de Emilia Fraijo Navarro, de tres años de edad y fallecida en el incendio, subrayó que los senadores tienen un deber con los ciudadanos. Se les está poniendo en charola de plata
un instrumento legal para evitar que suceda nuevamente un accidente como el de la guardería ABC, afirmó. No tienen pretexto para decir que no, para hacerse los ciegos; ya son 22 meses en los que no ha sucedido nada
, denunció.
El senador perredista Francisco Javier Castellón, quien presentó la iniciativa, indicó que los presidentes de las comisiones mencionadas se comprometieron a que la ley saldrá durante este periodo de sesiones.
Afuera del recinto legislativo, en Xicoténcatl, los manifestantes llevaron a cabo el acto denominado 49 banderas por el 5 de junio, una más por cada niño fallecido y una por los que resultaron heridos en la tragedia del 5 de junio de 2009.
La actividad formó parte de las acciones llamadas 22 meses, 24 niños, 25 niñas, cero justicia: dos jornadas por los niños y las niñas pequeñas en México, las cuales incluyen un foro de análisis sobre primera infancia, que se realizará este jueves y cuyas conclusiones presentarán a los senadores ese mismo día.
Trascendió que Fraijo, madres de jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua, y Olga Reyes Salazar encabezarán este miércoles en Cuernavaca, Morelos, la marcha convocada por el poeta Javier Sicilia en contra de la violencia que se vive en el paísGonzález Placencia rechaza la propuesta de Javier Sicilia de pactar con el crimen organizado
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) presentará un documento en el que pedirá al gobierno federal que revise su estrategia de combate al crimen organizado y que cambie las acciones para evitar la muerte de personas ajenas al conflicto.
El presidente del organismo, Luis González Placencia, señaló que el próximo viernes dicho documento será puesto a consideración de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, integrada por las comisiones estatales y nacional, encargadas de velar por el respeto a las garantías individuales, en una reunión que sostendrán en el estado de Campeche, con el propósito de que se sumen a ese planteamiento.
En entrevista, González Placencia se manifestó contra la posibilidad de pactar con los grupos de la delincuencia organizada, como pidió el poeta Javier Sicilia, aunque dijo estar de acuerdo en el llamado a que esas bandas vuelvan a sus códigos de ética
para no afectar a inocentes.
Agregó que el planteamiento de pactar con la delincuencia organizada es muestra de la desesperación
de los ciudadanos por la violencia, que ya les afecta directamente. Es hartazgo lo que se ve en la gente, porque esta guerra que ha emprendido el Estado mexicano contra los grupos de narcotraficantes tiene en medio a los ciudadanos
, subrayó.
Se trata de un reclamo ciudadano absolutamente legítimo, abundó, que debe leerse en términos de que la gente quiere vivir en paz, lo cual implica, por una parte, la disminución paulatina de la violencia, y por otra que se señale a los responsables de las muertes de personas que no tienen nada que ver con esa lucha
.
El ombudsman capitalino resaltó que la lucha emprendida por las autoridades federales no ha terminado con las drogas ni ha disminuido el poder de las bandas criminales. Por el contrario, se ha incrementado el número de fallecimientos de personas inocentes a manos del Ejército y de las fuerzas policiales; de ahí que sea necesario replantear la estrategia, expresó.
En torno a la investigación que lleva a cabo la CDHDF por el motín ocurrido el pasado 18 de marzo en el Reclusorio Sur, González Placencia comentó que una de las líneas de la indagatoria tiene que ver con la presunta existencia de estructuras dedicadas a la venta y distribución de drogas en el penal, que permiten la generación de mercados ilegales y de hechos de violencia, como los ocurridos ese viernes, en que decenas de internos protestaron por la falta de drogasEl representante del Alto Comisionado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos en México, Javier Hernández Valencia, señaló que el Gobierno del Distrito Federal ha dado resultados importantes en el respeto de las garantías individuales no sólo a nivel nacional, sino internacional.
Muestra de ello, expresó durante el segundo ciclo de conferencias y mesas redondas sobre temas de actualidad en derechos humanos, que se realizó en la sede del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad, es el programa en la materia, que desde hace más de dos años se aplica en la capital del país, el cual contempla la realización de programas y la instrumentación de recursos financieros con perspectiva de garantías básicas.
Al señalar que este trabajo pone al Distrito Federal a la vanguardia
, destacó que la ciudad de Wonju, Corea del Sur, donde se llevará a cabo en dos meses la Conferencia mundial de urbes por los derechos humanos, ha manifestado interés por implementar un programa basado en la experiencia de la ciudad de México.
Al señalar que el programa de derechos humanos del Distrito Federal está entrando a una etapa de madurez, en la que la rendición de cuentas empieza a tomar cada vez mayor peso, Hernández Valencia comentó que, ante el interés de dicha ciudad coreana por repetir la experiencia, se han tendido puentes para que el gobierno capitalino pueda presentar los resultados de su plan.
Asimismo, destacó que el TSJ se haya dado a la tarea de presentar y difundir el programa a los demás tribunales del país, con el fin de que los lineamientos y objetivos que corresponden al tribunal de la ciudad pudieran ser implementados en los órganos judiciales estatales, como en el caso del Tribunal de Justicia de Chihuahua, con el que ya se acordaron comisiones de trabajo en ese sentidoCuernavaca, Mor., 5 de abril. Integrantes de la Red por la Paz y la Justicia anunciaron que este miércoles se efectuarán 28 marchas en el país para exigir a las autoridades que pongan alto a la impunidad –a raíz del asesinato de Juan Francisco Sicilia, hijo del escritor Javier Sicilia, y de otras seis personas–, además de que se realizarán manifestaciones en ocho países en repudio a la violencia en México.
Demandaron al titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Morelos, Pedro Luis Benítez, y al gobernador panista Marco Antonio Adame, detener a los responsables del asesinato de estas personas, cuyos cuerpos fueron hallados en un vehículo abandonado en el fraccionamiento Las Brisas, municipio de Temixco, el pasado 28 de marzo.
El promotor cultural Rocato, uno de los que acompañó a Javier Sicilia, colaborador de la revista Proceso y de La Jornada, a la reunión que sostuvo con el procurador y el mandatario estatal el sábado pasado, dijo que acordaron no dar a conocer avances de las pesquisas para no entorpecerlas.
Indicó que en la reunión se acordó que el procurador no divulgaría información del caso; sin embargo, Benítez Vélez filtró a diputados locales y dirigentes estatales de partidos políticos que ex militares y soldados en activo habrían sido los responsables del multihomicidio.
José Martínez Cruz, otro de los promotores de la marcha, solicitó un informe sobre las investigaciones y que especifiquen si son militares, policías estatales o ministeriales los presuntos asesinos de Juan Francisco. Que la investigación sea a fondo, que no haya ocultamiento de resultados. Sabemos lo que significa el secreto, que no pueden trascender datos específicos porque eso hace que la gente involucrada pueda eludir la acción de la justicia.
Ambos activistas confiaron en que las autoridades den a conocer los nombres y la detención de los responsables, sean o no militares o policías, y recordaron que Javier Sicilia emplazó a las autoridades morelenses y federales a dar resultados de las investigaciones el miércoles 6 de abril.
“Desde que el Ejército y los marinos aumentaron su presencia en Morelos hay más muertos y se ha comprobado que dónde hay más militares hay más ejecutados: ahí está Chihuahua de ejemplo”, anotaron.
Advirtieron que si no hay resultados del multihomicidio analizan trasladar las manifestaciones a la residencia oficial de Los Pinos para exigir al presidente Felipe Calderón que acabe con la guerra que inició sin el consenso de los mexicanos.
Por su parte, la PGJE de Morelos indicó que solicitó la colaboración de la Dirección General de Asuntos Policiacos Internacionales (Interpol) para cercar
fronteras y terminales marítimas, aeroportuarias y terrestres, con la finalidad de impedir que salgan del país los responsables del multihomicidio, con base en las órdenes de aprehensión obsequiadas a las autoridades federales y estatales para la detención de los presuntos homicidas de siete personas encontradas sin vida en un vehículo en la calle Tampico del fraccionamiento Las Brisas, del municipio de Temixco
.
En Cuernavaca, la marcha partirá en la glorieta de La Paloma de la Paz –ubicada al norte de la capital–, a las cinco de la tarde, y culminará con un mitin en el zócalo, donde desde el pasado lunes se colocó una ofrenda floral en memoria de Juan Francisco y sus amigos.
Además se efectuarán manifestaciones en varias ciudades de Sinaloa, Chihuahua, Veracruz, Hidalgo, Puebla, Michoacán, Colima, Coahuila, Guanajuato, Baja California, Jalisco, Nuevo León, Querétaro, Yucatán, Aguascalientes, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tamaulipas, estado de México, Durango, Oaxaca, Chiapas y TlaxcalaLas 5 mil 300 personas reportadas como extraviadas y los casi 9 mil cadáveres sin identificar de los que informó el sábado pasado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) podrían estar relacionados con el fenómeno de las desapariciones forzadas, ya que dichas cifras corresponden al sexenio actual, cuando se desencadenó la guerra
contra el crimen organizado.
Advirtieron lo anterior activistas de derechos humanos, quienes consideraron que ante la falta de una base de datos confiable al respecto, muchos de los cuerpos no identificados podrían ser de casos de desaparición.
Andrés Díaz, integrante del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, señaló que la descalificación del gobierno mexicano al informe preliminar del grupo de trabajo de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre desaparición forzada es una señal negativa, pero “al menos cada vez queda más claro que el fenómeno existe y es de suma gravedad.
Por otro lado, el hecho de encontrar 9 mil cuerpos sin identificar sigue indicando que hay un acto de desaparición. La ONU dice que hay que tener una base de datos al respecto, y si hay tantos cadáveres en esta situación, podría tratarse de desapariciones ya denunciadas
, afirmó.
Sergio Méndez Silva, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, apuntó que aunque la CNDH no lo dice de forma clara, se entiende que la cifra de extraviados y muertos se produce en el contexto de la guerra
contra el narco, periodo en el que, según Naciones Unidas, la presencia del Ejército en las calles hizo aumentar el número de desapariciones forzadas.
En tanto, en Monterrey, la organización civil Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos hizo saber a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos su preocupación por más de 200 casos de desapariciones forzadas en Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
De forma paralela, el colectivo Justicia para Nuestras Hijas informó que un total de 59 mujeres y niñas desaparecieron en 2010 en Ciudad Juárez, y 48 más en el resto del estado de Chihuahua, según datos de la Fiscalía General de la entidad.
107 mujeres que desaparecieron durante 2010 continúan sin ser localizadas, de las cuales 71 (66 por ciento) son menores de edad, advirtió la organización en su página web
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) confirmó en San Cristóbal de las Casas que Jerónimo Guzmán Méndez, Juan Aguilar Guzmán, Domingo Pérez Álvaro y Domingo García Gómez, campesinos tzeltales de San Sebastián Bachajón (Chiapas), adherentes de la otra campaña, son presos políticos, ya que según la documentación recabada, el 2 de febrero no se encontraban en el lugar de los hechos
. Esto es, el día que la caseta ejidal de acceso turístico fue asaltada por un grupo oficialista, con anuencia de la policía estatal y el Ejército federal.
Los indígenas fueron detenidos al día siguiente, junto con otros 113 ejidatarios que serían liberados en pocos días. En los interrogatorios, la Procuraduría General de Justicia del Estado no proporcionó a los indígenas traductores calificados y se les hizo firmar declaraciones sin explicaciones de las acusaciones, en violación al derecho al debido proceso y las garantías judiciales
.
El Frayba apunta: Los supuestos testigos contra los presos políticos participaron en el desalojo violento de la caseta el día 2. Según los testimonios, iban con armas de fuego
. El grupo era encabezado por Carmen Aguilar Gómez, quien según testigos, desde hace varios meses había tenido diversas reuniones con el secretario de Gobierno Noé Castañón León
.
Y cita testimonios de los inculpados que prueban que no cometieron los delitos que les imputan. Domingo Pérez Álvaro refiere que ese día fue a Ocosingo para solicitar ayuda y evitar que los ejidatarios cayeran “en la provocación con la gente de Goyito” (dirigente oficialista). Allí encontró a Carlos Solórzano Arcea, subsecretario de Gobierno, quien se comunicó con el secretario de Gobierno, y le avisó que ahí estaba con él
.
Domingo García Gómez asegura que esa fecha no acudió al lugar de la agresión contra sus compañeros porque estaba en mi cafetal con mi hijo Domingo y su esposa
. Fue avisado de una reunión en la caseta, pero teníamos acuerdo de terminar nuestro corte de café, por eso le dije a mi hijo que no viniera a la reunión
.
Juan Aguilar Guzmán sostiene que ni siquiera se dio cuenta de lo que había sucedido “porque me habían comisionado de ir al caracol zapatista con la junta de buen gobierno, y ya era noche cuando regresé a mi casa”. Gerónimo Guzmán Méndez expone: “Salí de mi casa en Kakate’el a las seis de la mañana con mi camioneta, donde los llevé a ocho personas a Chilón”. Al regreso “estaba tapada la carretera (por los oficialistas) y por miedo a que dañen mi carro lo llevé a Sacj’ún”, donde sigue. Fui llegando a las ocho de la noche en el crucero de Agua Azul
.
A Mariano Demeza Silvano (de 17 años) le imputan los mismos delitos (atentados contra la paz y la integridad corporal y patrimonio del estado) de los 113 detenidos inicialmente. El Frayba consideró que existe un castigo excesivo contra un menor
: tampoco tuvo traductor especializado y se le obligó a firmar una declaración donde se le imputan delitos que no cometió
.
De acuerdo con la denuncia, los presos están privados arbitrariamente de su libertad
. De esta manera “el gobierno del estado los presiona para que participen en la ‘Mesa de diálogo y concertación del centro ecoturistico Agua Azul’”, y cedan así la administración de la caseta. Además, no se tomaron en cuenta pruebas y testigos a favor de los detenidos, sujetos a hostigamiento y chantaje
de funcionarios estatales “que condicionan su libertad al ‘diálogo’ y la entrega de territorio”.
libertad inmediatade los cinco presos de Bachajón, el Frayba demandó
una investigación imparcial, inmediata, seria y exhaustiva para dar con los autores materiales del asesinato de Marcos García Moreno y las lesiones a Tomás Pérez Deara. También, que cese el hostigamiento a los pueblos mediante estrategias para imponer a comunidades y organizaciones
condiciones y proyectos gubernamentales a cambio del control de sus recursos naturales