A tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifió la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas de gestación, se ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, lo que demuestra la necesidad de pomulgar legislaciones iguales en el resto del país.
Tal fue la demanda que planteó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), durante un acto político-cultural realizado ayer frente al Hemiciclo a Juárez, donde reiteró la necesidad de defender el estado laico y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Luego de presentar una obra de teatro en el que la Maga libertaria hizo un recorrido por los 40 años de lucha feminista para garantizar la potestad de las mujeres sobre su sexualidad y maternidad –en contra de los designios de la Iglesia y otros grupos conservadores–, las activistas refrendaron su exigencia de que el aborto se despenalice en todo el país, y no sólo en la capital.
Nadxieelii Carranco, integrante de Ddeser en el estado de Morelos, subrayó que el aborto es un problema de salud pública y llamó a las mujeres a ganar poder y exigir sus derechos, sobre todo en los 17 estados que aprobaron reformas antiabortistas en respuesta a la despenalización de dicha práctica en la ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007.
Esa ola de criminalización, señaló, ha provocado que miles de mujeres de los estados de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Morelos, entre otros, acudan a la capital del país a practicarse abortos seguros, lo que las vuelve ciudadanas de segunda
en sus entidades de origen, donde se les considera menos importantes que un óvulo fecundado
.
Ruth Miranda, activista de la Red en el estado de México –de donde proviene 22 por ciento de las mujeres que abortan en el DF–, lamentó que los límites territoriales signifiquen también límites de derechos, y por ello exigió la homologación en todo el país de las leyes que permiten la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.
Por su parte, Julia Cervantes, de Querétaro, denunció que en casi todo el país los derechos de un óvulo fecundado pesan más que los de mujeres concretas con vidas concretas, y advirtió que mientras el gobierno mexicano no brinde educación sexual laica y científica, no promueva una relación equitativa entre hombres y mujeres ni garantice un abasto suficiente de anticonceptivos, miles de mujeres seguirán abortando, porque no somos máquinas de reproducción
.
Natali Hernández, de Puebla, alertó que según datos del Consejo Nacional de Población, en dicha entidad han muerto casi 22 mil mujeres entre 2000 y 2006 por abortos mal practicados, y en la actualidad hay 30 personas con procesos legales en contra por interrumpir su embarazo –la mayoría provenientes de municipios marginados–, entre ellas una niña de 12 años.
Adriana Jiménez, coordinadora nacional de Ddeser, reconoció al gobierno de la ciudad de Méxicofue retirada la mayor parte de los elementos federalesque custodiaban el recinto. Sostuvo que con este apoyo sí existirán las condiciones de seguridad adecuadas para recibir las reliquias y a la feligresía que acudirá a visitarlas a la Catedral, a partir del próximo 5 de septiembre y hasta el 8 de eses mes. En entrevista el litigante señaló que
sin dar una explicaciónconcreta de los
40 elementos federalesque resguardaban la Catedral y el sagrario, sólo dejaron
11 que eran insuficientes, sobre todo ahora que se traerán las reliquiasde Juan Pablo. Apuntó que el ofrecimiento de Manuel Mondragón, jefe de la policía capitalina, es que
se va a hacer cargo de la seguridad, tanto adentro como afuera y estamos contentos por eso. A partir del domingo van a estar presentes elementos de la SSP local. En cuanto al itinerario de las reliquias, hoy a las 8 de la mañana serán trasladadas desde la nunciatura apostólica hacia la Basílica de Guadalupe. A las 9 horas el cardenal Norberto Rivera Carrera presidirá la misa con el tema La familia y la vida humana en Juan Pablo II.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) emprendió acciones legales contra las dos mujeres que en aparente estado de ebriedad agredieron verbal y físicamente a dos elementos de la corporación el domingo pasado en calles de Polanco, delegación Miguel Hidalgo, informó el titular de la corporación Manuel Mondragón.
En un video titulado Las ladies de Polanco, que un usuario exhibió en el portal web YouTube, se escucha cómo una de las mujeres, que por la tarde de ayer fue identificada como Azalia Ojeda, ex integrante del programa Big Brother, le gritaba al policía Chinga tu madre, pinche asalariado de mierda
, entre otros insultos y empujones.
Mondragón reprobó las agresiones de la ciudadanía contra los uniformados cuando éstos cumplen con su deber y afirmó que los elementos a su cargo se comportaron adecuadamente para evitar una confrontación mayor debido al grado de agresividad de las detenidas.
Sin embargo, Azalia se justificó en su cuenta de Twitter. Solo me defendí xq nos pidieron dinero nos bajaron del coche con pistola en mano disque catearon mi camioneta... Y se robaron mi cartera!!!! En fin el q nada debe nada teme YO solo me defendí
.
Mondragón negó que hubiera algún robo y aseguró que las personas exhibidas tratarán de defenderse tras arremeter de esa forma contra los elementos de la SSP-DF.
Fuentes de la policía capitalina informaron que el vehículo de las mujeres fue detenido cuando fue detectado mientras circulaba en zigzag.
La denuncia presentada ante la procuraduría local fue por los delitos de resistencia de particulares y ultrajes a la autoridad, los cuales, señaló el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Luis Genaro Vázquez, no son graves, por lo que las implicadas podrían evitar ir a prisión.
Mientras, la Consejería Jurídica capitalina señaló que las dos mujeres incurrieron en diversas faltas administrativas contempladas en la Ley de Cultura Cívica del DF y del Reglamento de Tránsito Metropolitano, como atentar contra la dignidad de los individuos
, agredir físicamente sin causar lesiones e insultos a la autoridad, por los cuales podrían ser acreedoras a una multa hasta de 3 mil pesos.
La dependencia informó que está a la espera de que se identifique oficialmente a las agresoras y se les presente ante un juez cívico para aplicar las sanciones correspondientes, para lo cual el juzgador tiene un plazo de seis meses.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuestionó la actuación de los efectivos policiacos involucrados, quienes, afirmó, debieron remitir a las agresoras al Ministerio Público, y no hacerlo refleja la falta de capacitación de los uniformados en estas situaciones.
Asesinan a funcionario de Grupo Radio Centro
Un hombre identificado como gerente general de ventas de anuncios publicitarios de Grupo Radio Centro fue asesinado la mañana de ayer de varios tiros sobre calzada Del Hueso, en la colonia Girasoles. Los hechos ocurrieron cuando el hombre, de 38 años de edad, circulaba en su camioneta y fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta que le dieron alcance antes del cruce con División del Norte, donde le dispararon. Hasta el momento una de las principales líneas de investigación de la procuraduría capitalina es el robo. Fueron encontrados casquillos percutidos de un arma 9 milímetros. Uno de los impactos atravesó la ventanilla del conductor. Los homicidas lograron huir.
Consigan otros dos casos de feminicidio
La PGJDF consignó dos nuevos casos de feminicidio, con los que suman cinco desde que se tipificó dicha figura en la ciudad de México, hace un mes. En ambos homicidios, ocurridos en las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, los asesinos resultaron ser las parejas sentimentales de las víctimas, informó en conferencia de prensa el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Luis Genaro Vázquez Rodríguez. En el primer caso, Jorge Antonio Meléndez Jiménez ultimó a su novia a puñaladas luego de que ésta dio por terminada la relación. Mientras, Josué Alejandro Contreras Carrillo confeso haber matado a su novia después de una discusión y abandonó el cadáver a un costado de la carretera federal Toluca-México. Vázquez Rodríguez estuvo acompañado de la directora del Inmujeres-DF, Martha Lucía Mícher, quien destacó que en estos homicidios la PGJDF realiza una investigación con visión de género, lo cual demuestra el compromiso del Gobierno de DF de atacar la violencia contra las mujeres, a diferencia de entidadesp
como el estado de México, donde, dijo, se ocultan 922 homicidios de género.
Mancera pide a Coparmex red contra el delito
El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, exhortó a la Coparmex DF a conformar una red de prevención del delito con el propósito de combatir la incidencia delictiva contra ese gremio y fortalecer los mecanismos de seguridad al interior de las empresas. Ante miembros de dicha organización, el funcionario resaltó la necesidad de que las empresas cuenten con sistemas de videovigilancia, así como verificar el estatus legal de todos los elementos de seguridad que tienen contratados, lo cual permitirá inhibir la incidencia delictiva y agilizar las investigaciones cuando sean víctimas de un ilícitoSi se les da a elegir entre libertad y seguridad, los adolescentes se inclinan por la segunda
Consideran válido que fuerzas de seguridad maten a criminales, aunque puedan ser detenidos
Jóvenes de entre 15 y 19 años de edad constituyen la mayoría de las personas que se manifestaron por la tortura y hasta la pena de muerte para combatir la delincuencia organizada, según la encuesta aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre cultura constitucional. En tanto, la población de mayor edad expresó su desacuerdo por el empleo de esas medidas.
Así lo muestran los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la máxima casa de estudios, que se aplicó a 2 mil 208 personas de 15 años en adelante en todo el país.
Uno de los indicadores revela que si se les da a elegir entre libertad y seguridad, los jóvenes se inclinan por la segunda.
Otros resultados del sondeo muestran que en gran parte de la juventud entrevistada hay una inclinación por el combate de la violencia con la violencia.
La encuesta –aplicada en mayo de este año– señala que son los jóvenes de 15 a 19 años quienes en su mayoría consideraron válido que las fuerzas de seguridad maten a integrantes de la delincuencia organizada, aun cuando exista la posibilidad de detenerlos para presentarlos ante instancias de procuración de justicia.
Algunas de las conclusiones revelan que casi 30 por ciento de los encuestados se manifestó en favor de esas medidas, la mayoría (36.6 por ciento) jóvenes en ese rango de edad. En cambio, 50 por ciento de total de la muestra dijo estar en desacuerdo.
En términos generales, casi 25 por ciento de los encuestados expresó su acuerdo con que se torture a personas detenidas por pertenecer a grupos criminales, como un método para obtener información, y destaca que gran parte (aunque no se precisa el porcentaje) de quienes apoyaron esta fórmula también son jóvenes. En tanto, tanto 40 por ciento –sobre todo mayores de edad– está en contra de esa medida.
La mayoría de las personas que participó en el sondeo y que se declaró en favor de la pena de muerte está en ese rango de edad (15 a 19 años). Aunque 70 por ciento de los encuestados no apoya ese castigo.
Cincuenta por ciento del total de los entrevistados está en desacuerdo en que la única manera de combatir la violencia sea con el empleo de métodos violentos. Pero entre los sectores que se manifestaron de acuerdo (25 por ciento) aparecen una vez más los jóvenes.
Los resultados de la investigación, coordinada por Julia Flores, responsable del área de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ, asientan que los jóvenes y las mujeres son quienes más desconfianza muestran en sus comunidades. Además, las personas de 15 a 34 años consideran que en México los postulados de la Constitución no se cumplen nada
.
Asimismo, la mayoría del 70 por ciento que apoyó que se convoque a un constituyente para redactar una nueva Carta Magna, son personas de entre 15 y 34 años, muchas de ellas con licenciatura y que habitan en la zona norte del país.
En general, casi 55 por ciento de los encuestados coincidió en que es posible combatir la violencia sin violar los derechos humanos, contra 30 por ciento que señaló lo contrario, entre ellos aparecen personas de 15 a 34 años.
Los jóvenes ocupan una gran parte del 50 por ciento de los entrevistados que dijo que no son de su interés los asuntos que discuten diputados y senadores en el Congreso de la Unión.
Dos de cada 10 personas señalaron que es deseable violar la ley sin ser sorprendidos y la mayoría de quienes coincidieron en esta idea son jóvenes de entre 25 y 29 años.
A la pregunta de si el gobierno debería cerrar o conceder permisos a los bares sin licencia, más de la mitad de los entrevistados afirmó que deben ser clausurados, aunque un tercio –entre ellos los más jóvenes– se pronunció por que se les otorguen permisos.
Para obtener los resultados se dividió al país en cuatro regiones: norte, sur, centro y centro occidente, y el cuestionario se aplicó en las viviendas.
Este estudio fue dado a conocer el martes y entre sus principales conclusiones destaca que más de la mitad de los encuestados consideró que la situación actual del país empeorará para 2012. Asimismo, las universidades públicas son las instituciones que más confianza generan entre los ciudadanos, seguidas por los maestros y el Ejército, mientras que los diputados, partidos políticos y policías se situaron en los últimos sitios de confianzaRocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sostuvo que es preocupante
la cantidad de asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua y señaló que solicitará información respecto de cuál ha sido la clasificación que se ha hecho de los decesos, con la finalidad de identificar las razones de esos crímenes y dilucidar si son producto de la violencia de género o ligados a actividades del crimen organizado.
Por separado, la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez, afirmó que hay fenómenos que nos están rebasando
y consideró que en el norte del país se presenta una “combinación entre los efectos del crimen organizado y una situación muy compleja, como los feminicidios”.
Entrevistada al concluir la presentación de los resultados de un monitoreo sobre la publicidad del gobierno federal, la presidenta del Inmujeres llamó a no atribuir de entrada estos crímenes a la acción del crimen organizado y a la estrategia desplegada por el gobierno federal en su contra, aunque reconoció que “hay mayor participación de mujeres en el narcotráfico; sí, es cierto, los narcotraficantes ya no tienen código de ética, cada muerte de una mujer debe ser investigada individualmente para conocer la razón por la cual fue asesinada.
“Dada la situación de Ciudad Juárez, me gustaría tener más datos. No me atrevo a decir si es el narco, violencia de género o familiar. Voy a solicitar la clasificación que han hecho de estos asesinatos”, comentó al ser consultada sobre si se debe emitir una alerta para Chihuahua, donde han sido asesinadas 222 mujeres este año –cifra reconocida el martes pasado por el procurador de justicia del estado, Carlos Manuel Salas–.
Insistió: no debemos generalizar que es por cuestiones de narcotráfico, sólo podremos asegurarlo cuando tengamos en camino no sólo la averiguación previa sino la investigación
, y descartó que la lucha contra el crimen organizado deba frenarse por las afectaciones que ha provocado.
Es tan grave el narcotráfico como la trata de personas o el secuestro; no podemos detenerla (la lucha), pero debemos tener mejores policías, más protección y seguridad ciudadana, mayor información a las mujeres y acceso a la justicia e investigación. El miedo que tenemos en algún momento debe desaparecer.
Entrevistada tras participar en la firma de un acuerdo para la instalación de una sede del IPN en Pachuca, Hidalgo, Bustamante Díez aseveró: si enseñamos a las mujeres a cuidarse más, a valorarse y respetarse ellas mismas, además de que puedan conocer medidas de seguridad ante las condiciones de violencia, podremos dar un pasito en materia de protección
.
La procuradora general de la República, Marisela Morales, reconoció que es necesario poner al día
la estrategia en contra de la trata de personas, y admitió que en 2009 la dependencia a su cargo únicamente inició dos procesos penales en contra de ese delito, mientras que de 2010 a la fecha la cifra se elevó a 32.
Por su parte, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que en los pasados tres años se han realizado 18 operativos contra la trata, en los que han sido rescatadas 156 víctimas (entre éstas 68 menores), y que derivaron en 134 consignaciones penales y 17 inmuebles sujetos a procedimiento de extinción de dominio. Además, han sido sentenciados 26 sujetos por este ilícito.
Ambos procuradores señalaron lo anterior durante la inauguración del seminario denominado Combate y sanción de la trata de personas en México en el ámbito federal, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Procuraduría General de la República (PGR), el cual se desarrollará en varias sesiones con la participación de juzgadores federales, agentes federales del Ministerio Público y especialistas en el tema.
Por su parte, la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que el éxito en la lucha contra la impunidad de los delitos de trata de personas pasa por conjugar una investigación adecuadamente integrada
, sustentada en los métodos más modernos de acreditación y prueba de los hechos, pero también basada en la aplicación de normas nacionales e internacionales que permitan romper los paradigmas que en muchos casos impiden el combate eficaz de este delito.
Sánchez Cordero recordó que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), México carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para medir el delito de trata de personas, a pesar de que es un país de tránsito, de destino y de origen para la trata humana, lo cual evidencia que somos una de las redes de esta forma de esclavitud moderna: la esclavitud del siglo XXI
.
Por ello, subrayó, es ineludible nuestra responsabilidad de combatir decididamente esta grave violación a la integridad de las personas atacando este delito de incalculables dimensiones personales y sociales
.
En el acto, realizado en la sede alterna de la Suprema Corte, Mancera añadió que, con los resultados obtenidos, en el Distrito Federal estamos tratando de saldar una cuenta que tenemos pendiente con todas las víctimas del delito de trata de personas
. Agregó que para combatir efectivamente este ilícito se deben conjuntar los esfuerzos de la sociedad, del gobierno y de los juzgadores.
El procurador capitalino se manifestó también por la aprobación de una nueva ley en la materia que distinga el delito de trata del de explotación, y que tipifique las diversas formas de explotación a que son sujetas las víctimas, como es la pornografía infantil.
La procuradora Morales, por su lado, señaló que la trata de personas es un delito deleznable
, porque afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente las mujeres y los menores de edad, quienes son usados en una odiosa actividad
en la que no pueden decidir sobre su cuerpo ni ocupación, y que en la mayoría de los casos deja en las víctimas daños físicos y morales que son imposibles de reparar.
Culiacán, Sin., 24 de agosto. Un comando privó de la libertad al periodista Humberto Millán Salazar, director del periódico virtual A Discusión y conductor de los noticieros locales de Radio Fórmula en Culiacán, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La dependencia reportó que hombres armados interceptaron al periodista este miércoles a las seis horas, cuando circulaba cerca de su casa en una camioneta tipo Suburban acompañado de un hermano y al parecer se dirigía a la estación de radio donde labora. Cuando los sujetos lo abordaron, Millán Salazar pidió que dejaran ir a su hermano, a lo cual finalmente accedieron.
El comunicador fue jefe de prensa durante parte de la administración del ex gobernador Renato Vega Alvarado.
También fue director del semanario A Discusión, que circuló en esta entidad antes de convertirse en un medio en Internet, y coordinó un programa en Radio UAS, del mismo nombre, hasta antes de que concluyera el mandato del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.
Durante la mañana, una veintena de periodistas realizó un plantón fuera de las instalaciones de la PGJE en esta capital, en demanda de la liberación de Millán y de que las autoridades agilicen las investigaciones y detengan a los responsables.
Los inconformes fueron atendidos por el procurador Marco Higuera Gómez y el director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.
En una audiencia con Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, y Enrique Feregrino, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, Bersahí Osuna, abogado cercano al periodista, dijo que el único motivo por el que levantaron a Millán fue por su confrontación con la administración del ex gobernador Jesús Aguilar, la cual concluyó en diciembre pasado, y la actual, encabezada por Mario López Valdez, Malova.
La única razón que aquí nos tiene reunidos es su desempeño periodístico, su análisis político y su confrontación con los poderes políticos de la administración anterior y de la actual. Quiero pedir que no nos entreguen gato por liebre, y quisiera ver realmente que este gobierno indagará a todos los que han sido de una u otra manera enemigos declarados de Humberto Millán. Suplico que hagan lo posible por regresarlo sano y salvo con su familia y sus amigos
, expresó.
José Alfredo Beltrán, presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, de la que Millán es miembro, pidió al gobierno de Malova rescatar con vida al reportero, investigar los hechos y permitir el libre ejercicio de la profesión.
Vargas Landeros aseguró que furon cerradas las salidas de la ciudad y se pidió apoyo al Ejército, la PGR y la Policía Ministerial, que iniciaron un operativo para localizar a Millán Salazar.
Mientras, Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, condenó el plagio e indicó que el caso es atendido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, en Sinaloa han sido asesinados dos periodistas, y cuatro medios informativos han sufrido atentados y amenazas, generalmente relacionados con el narcotráfico.
Óscar Rivera, quien era vocero del área de seguridad del gobierno estatal, fue ejecutado en septiembre de 2007, y José Luis Romero, del noticiero de radio Línea Directa, fue encontrado sin vida, con lesiones de bala y huellas de tortura en enero de 2010En medio de insultos xenófobos, siete centroamericanos fueron agredidos y robados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique, Tabasco, denunció Tomás González Castillo, director del albergue para migrantes La 72.
El religioso lamentó que este tipo de ataques sean parte de la vida cotidiana en la zona, por la criminalización que han hecho las autoridades de los trabajadores indocumentados.
Vía telefónica, González explicó que la mañana de ayer un grupo de seis hondureños y un nicaragüense llegaron al albergue que dirige, luego de ser perseguidos por agentes migratorios desde la comunidad de La Ceiba –cercana a la frontera con Guatemala– hasta Tenosique, donde finalmente los detuvo, los golpeó y les robó sus pertenencias.
Es urgente, señaló, que se presente cuanto antes el reglamento de la nueva Ley de Migración, donde se incluyan protocolos de respeto a los derechos humanos de los indocumentados.
A su vez, Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, detalló que los agredidos llegaron descalzos y asustados no sólo por el robo, sino también por el carácter xenófobo del mismo, ya que fueron calificados por los agentes deperros muertos de hambre
La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), Jacqueline Peschard, adelantó a este diario que, para evitar el desvío de recursos en los procesos electorales, signará convenios con las dependencias federales, sobre todo con las que transfieren recursos a los estados, con el fin de que informen dónde están y cómo se gastan.
En entrevista, dijo que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos es responsabilidad tanto del gobierno federal como de los estatales.
En momentos en que se vierten acusaciones mutuas entre PAN y PRI por la falta de transparencia en el manejo de recursos federales y estatales, Peschard advirtió que los dineros del erario entregados a las entidades deben ser rastreados
por las dependencias responsables que integran el Poder Ejecutivo federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal como ordenó el Congreso.
“La Cámara de Diputados dijo (al gobierno federal): ‘si tú das los recursos, tú rastreas que estén bien utilizados’. Es decir, el que da, rastrea y así involucra a los otros”, declaró Peschard.
La comisionada dijo que, además, el gobierno federal debe reportar al Congreso qué se hace con los recursos asignados a las entidades federativas. El Ifai, dijo, ha demandado a las dependencias gubernamentales que el ejercicio de los recursos del erario sea transparentado en sus portales electrónicos.
Aparte, la comisionada María Marván sostuvo que la falta de transparencia en el país es intencional, no es casualidad.
Reconoció que no hay sanciones que pongan fin a quienes incumplen las obligaciones de transparencia, de allí que no haya consecuencias cuando se viola la ley en la materia.
Entre los factores que inciden en la falta de transparencia, dijo, está la ausencia de una política pública y una estrategia de gestión de la información en la administración pública federalLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer el derecho de las radios comunitarias y asociaciones civiles sin fines de lucro, a recibir publicidad oficial de las dependencias del gobierno federal, según sea el caso.
Lo anterior, al dejar sin efecto el oficio DGCS/DCE/1000/09 de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, mediante el cual la dependencia excluyó a la radio comunitaria Mie Nillu Mazateco de la difusión de publicidad oficial para el año fiscal 2010.
Los ministros determinaron que la decisión de la dependencia es violatoria de los derechos de igualdad, acceso a la información, libertad de expresión y derecho a la información al dar un trato diferenciado a una radio comunitaria con el argumento de de que no tenía alcance nacional, sólo regional.
En este contexto, indicaron que la intención de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos de difundir sus mensajes en estaciones de radio de alcance nacional para que se identifiquen con el público objetivo y, en consecuencia, garanticen un alto impacto
, es violatoria de diversos derechos constitucionales.
En su demanda, la radio comunitaria sostuvo que la decisión de la Secretaría de Salud de excluirla de las campañas de difusión violentaba el derecho de los habitantes de la comunidad de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, a recibir información en materia de salud y de la labor que lleva a cabo la dependencia en esa zona del país.
En la sentencia, la Corte consideró que no es válido el argumento de la dependencia de no incluir a la radiodifusora en su esquema de comunicación social, en razón de que no existe ninguna ley que impida que las radios comunitarias reciban aportaciones para llevar a cabo su labor sin fines de lucro.
Al respecto, la sentencia elaborada por Olga Sánchez Cordero, que contó con el respaldo de sus compañeros de sala, indica que si el Estado no promueve el desarrollo de los valores que dan vida a la radio comunitaria
viola los derechos de las etnias al negarles el acceso a servicios primordiales del Estado en materia de salud.
Directora general de Regularización Territorial de Distrito Federal, diputada federal a la 56 Legislatura y presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, entre algunos de los cargos que entre la academia y el servicio público desempeñó a lo largo de su vida, la antropóloga Carlota Botey Estapé falleció la mañana de ayer. De gira por Baja California, Andrés Manuel López Obrador expresó vía Twitter: Lamento el fallecimiento de Carlota Botey, mujer de principios, luchadora social incansable. Mi más sincero pésame a familiares y amigos
.
Y así la recuerdan sus amigos, por su fortaleza, integridad, congruencia, valentía, inquebrantable voluntad, infinita tolerancia e incorruptible honradez.
Botey Estapé dejó de pertenecer al Partido de la Revolución Democrática el 5 de octubre de 2004, como lo consignó en una carta dirigida a la directora de este diario, Carmen Lira Saade:
“Cuando el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estaba decidiendo la candidatura de Maricarmen Ramírez e iban hablando los distintos representantes de las famosas corrientes de expresión, la Nueva Izquierda (los chuchos), la Izquierda Democrática Nacional (los bejaranos) y el Foro Nuevo Sol (los amalios), me vino a la mente la figura de una gran mujer, la combatiente comunista tlaxcalteca Natalia Teniza, quien estuvo en la toma de tierras, en las luchas sindicales y en todo lo que fuera lucha social, siempre al lado de las necesidades de su pueblo.
“En esos momentos y bajo la memoria de esos recuerdos me di cuenta, incluso con mucho dolor de por medio, que el PRD ya no tiene identidad, que ya había claudicado y dejado de lado su propio historial de luchas.
Es por ello que me separo del PRD, no sin trasmitirles a muchos de mis compañeros, en especial a los del Movimiento de Bases Insurgentes (Mobi), a Raúl Álvarez Garín y Gerardo Fernández Noroña, y a Martha Sánchez, del Movimiento de Migrantes, que seguramente nos encontraremos en otras luchas y en otras circunstancias para retomar las nobles causas que dieron origen al PRD. Estoy segura de que nos encontraremos de nuevo, más temprano que tarde
.
Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y presidenta del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, Carlota Botey también se desempeñó como directora general de Promoción Agraria y directora del Programa de Organización de Productores en Tlaxcala.
Su cuerpo fue velado ayer por la tarde en la funeraria García López, de la calle General Prim
