miércoles, 13 de noviembre de 2013

CARTONES DE LA JORNADA






Lento avance de AL en declaratoria “Prevenir con Educación”

  • El documento fue firmado por las naciones de la región para mejorar educación sexual de la juventud y prevenir nuevas infecciones de VIH
  • La fecha límite para su consecución es el año 2015
  • Rocío Sánchez-enviada
    Aguascalientes, Ags.noviembre 05 de 2013.
    A dos años de que termine el plazo para cumplir con las metas planteadas en la Declaración Ministerial “Prevenir con Educación”, enfocada a proveer educación sexual integral a jóvenes de América Latina, en la región sólo se ha avanzado 58 por ciento, informó José Aguilar Gil, coordinador de la Red Democracia y Sexualidad (Demysex). 
    Al participar en el IX Congreso Nacional de Educación Sexual y Sexología, que se realizó en esta ciudad, Aguilar Gil recordó que la declaración fue firmada por todos los ministros de Salud y Educación de Latinoamérica, en el marco de la celebración de la XVII Conferencia Internacional sobre Sida en la ciudad de México, en 2008. 
    En el documento se estipulan como metas principales reducir en 75 por ciento el número de escuelas que actualmente no imparten la educación integral de la sexualidad (EIS) y disminuir en 50 por ciento la cantidad de adolescentes y jóvenes que carecen de cobertura de servicios de salud para atender sus necesidades de salud sexual y reproductiva. Esto tiene como fecha límite el año 2015. 
    De los 19 países evaluados, el que más ha avanzado es Cuba, al cubrir 99 por ciento de las metas, y el que menos lo ha hecho es Bolivia, con 24 por ciento. México se ubica en un nivel medio de progreso, con 68 por ciento. Los otros incluidos en el estudio son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. 
    Los criterios de evaluación, puntualizó Aguilar Gil, fueron que las instancias gubernamentales de cada país tuvieran destinado un presupuesto específico para estas acciones, y algunas entrevistas realizadas a funcionarios públicos acerca del tema. No se verificó si las acciones han sido implementadas en la realidad o cómo se ha hecho. 
    Del dicho al hecho 
    La Declaración Ministerial fue la culminación de los esfuerzos de las organizaciones civiles mexicanas para brindar una educación sexual de calidad, dijo el activista. No obstante, subrayó que se trata de una herramienta: “es un medio, no un fin; debe servir para exigir que el estado cumpla con su compromiso”. 
    Sin embargo, en aquel momento quedó sólo como un acto político. “Luego de una semana de terminado el encuentro sobre sida ya nadie hablaba de eso”. En el caso de México, era necesario que los secretarios de Salud y Educación informaran a los secretarios estatales sobre la existencia de este documento, pero no lo hicieron. Ante esto, algunas organizaciones civiles se dieron a la tarea de impulsar su cumplimiento. 
    A cinco años de la firma de la declaración, la Coalición Mesoamericana para la Educación Integral en Sexualidad, conformada por más de 50 organizaciones no gubernamentales de los países revisados, ha hecho la medición del avance. 
    El principal elemento de la declaración es la EIS, que debe incluir siete componentes: género, salud sexual y reproductiva, ciudadanía sexual, placer, violencia, diversidad y relaciones. De éstos, precisó Aguilar, el placer no está incluido en ningún currículo educativo. Más aún, en dos países ni siquiera se habla de métodos anticonceptivos en las escuelas. 
    Si se revisa por sector, en conjunto los ministerios de Educación han avanzado 49 por ciento en cumplir la declaración, mientras que los ministerios de Salud van más adelante, con 66 por ciento. 
    Cabe destacar que sólo cinco países han invertido una adecuada cantidad de recursos económicos para alcanzar los objetivos, no sólo provenientes de sus arcas oficiales, sino también de algunas financiadoras particulares.
    Notas relacionadas:

    http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=1547

    http://www.notiese.org/notiese.php?ctn_id=3104

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    No mejoró condiciones de salud el Seguro Popular, evalúa Coneval

    No mejoró condiciones de salud el Seguro Popular, evalúa Coneval
    El informe apunta que si se busca que el programa sea pilar de la protección social universal debe asegurarse que los fondos transferidos a entidades se apliquen a infraestructura y personal
    Angélica Enciso L.
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 40
    El Seguro Popular, la acción pública más emblemática y financiada del pasado sexenio, no tuvo efectos en las condiciones de salud de la población, tiene una mala distribución de personal médico y los usuarios deben esperar largo tiempo para obtener atención ambulatoria, señala el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval).
    En la evaluación de desempeño del programa 2012-2013, apunta que hay una brecha entre lo que dicen las publicaciones oficiales del programa y la percepción del público, sobre todo en el acceso efectivo al servicio y la calidad de la atención. Entre los resultados de la evaluación destaca que hubo efectos en la reducción de gastos catastróficos y mayor probabilidad de uso de los servicios de salud de la población afiliada.
    El documento refiere que aunque en 2012 se utilizó el concepto de universalidad voluntaria, que sugiere que la población sin seguridad social puede afiliarse al Seguro Popular, hay quienes se afiliarían o se mantendrían en el programa si el proceso fuera más sencillo y si los servicios cumplieran con la norma. La población no afiliada no carece de acceso sólo por preferir los servicios privados, sino por deficiencias en el acceso y la atención. Explica que este programa –que en 2012 tuvo un presupuesto ejercido de 64 mil millones de pesos– tiene como principal objetivo garantizar el acceso a servicios de salud a la población que carece de seguridad social y evitar que realice gastos catastróficos por atender problemas de salud. Con la inscripción al seguro se cuenta con un conjunto de intervenciones de salud y los estados son los responsables a escala local de la afiliación, la administración de los recursos, la supervisión de los prestadores de servicios y de sus pagos.
    Afiliación de 51,8 millones de personas hasta 2011
    El informe apunta que si se busca que el programa se convierta en un pilar de la protección social universal, es necesario que aplique mecanismos eficaces de seguimiento del gasto que aseguren que los fondos transferidos a los estados, y el financiamiento estatal comprometido, se apliquen a la infraestructura y al personal.
    También señala que la cantidad de recursos existentes no es el factor determinante en la calidad de los servicios, sino la forma como se utilizan y operan.
    Se aprecia una distribución inadecuada del personal médico, ya sea por zona geográfica, cargas de trabajo y horarios de atención. El mecanismo de acreditación de las unidades médicas es insuficiente para asegurar la calidad de la atención.
    Refiere que 97 por ciento de los usuarios expresaron satisfacción, aunque se reportaron tiempos prolongados de espera para recibir la atención ambulatoria. Sumado a esto, menos de la mitad de los beneficiarios recibieron información sobre sus derechos en el momento de su inscripción.
    Agrega que el Seguro Popular hasta 2011 tenía una afiliación de 51.8 millones de personas, y la cobertura universal todavía está en proceso, debido a que fue estimada con los nuevos datos de proyecciones del Coneval

    No serán procesados jueces que desprotejan derechos humanos

    No serán procesados jueces que desprotejan derechos humanos
    Jesús Aranda
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 42
    Después de una intensa discusión que se resolvió por un voto (seis a cinco), el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró ayer la puerta a una propuesta innovadora: la posibilidad de que los jueces de amparo fueran procesados por no cumplir con su obligación de aplicar los criterios jurídicos, nacionales e internacionales, más favorables para proteger los derechos humanos del justiciable.
    La decisión se adoptó pese al llamado del ministro presidente, Juan N. Silva Meza, a no cerrarse a la posibilidad de que el pleno abandonara una vieja jurisprudencia de la propia Corte, la cual establece que sonagravios inoperantes (es decir, que no proceden bajo ninguna forma) las demandas contra jueces por violación a las garantías individuales.
    Y ante el nuevo paradigma constitucional y la aplicación de tratados internacionales en materia de derechos humanos, Silva Meza argumentó, como si estuviera ante los magistrados de un tribunal que tuvieran en sus manos un asunto de este tipo: “No lo deseches a priori, analízalo en tanto que ahora ésta es tu obligación…, no desestimes esta clase de argumentos, estúdialos todos y resuelve lo que tengas que resolver”.
    Al fijar su postura sobre la propuesta de sustitución de jurisprudencia presentada por el magistrado José Manuel de Alba, Olga Sánchez Cordero sostuvo que el juzgador de amparo no puede sustraerse de un eventual análisissobre la presunta violación a los derechos humanos de una persona, toda vez que lo que prima es la protección de los derechos de la persona.
    Es decir, se debe privilegiar la protección y reparación de los derechos humanos por encima de cualquier cuestión formal que impidan su adecuada defensa, subrayó.
    Jorge Pardo Rebolledo, quien votó contra el cambio de jurisprudencia junto con Margarita Luna Ramos, José Ramón Cossío, Alberto Gelacio Pérez Dayán, Fernando Franco y Luis María Morales, aseveró que si se pudiera alegar que las resoluciones de un juez de distrito son violatorias de garantías individuales, se estaría dando un trato extra lógico al juez de distrito, porque se le consideraría una autoridad responsable y estarían siendo sometidas a control constitucional las argumentaciones y las decisiones de ese juez federal, en el ámbito de un juicio de amparo

    Rechazo al maíz transgénico, asunto de economía social y herencia cultural

    Rechazo al maíz transgénico, asunto de economía social y herencia cultural
    Matilde Pérez y Angélica Enciso
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 43
    La protección biológica de las 60 razas de maíz criollo del país no puede separarse de la diversidad cultural, pues el grano contribuyó al crecimiento de una cosmogonía, de las más variadas formas de expresión estética y de la organización social, dijo Cristina Barros ante los integrantes del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) reunidos en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la UNAM.
    En la preaudiencia científica Cultivos transgénicos: el caso de México con énfasis en el maíz, la investigadora independiente advirtió que la oposición a la siembra comercial de maíz transgénico no es un asunto de romanticismo sino la defensa de una economía social y de una herencia cultural.
    Ante estudiantes y más de una veintena de científicos e investigadores que participarán hasta el jueves en la preaudiencia, Barros sostuvo que apuntalar la biotecnología como elprogreso y la solución al hambre, es un mito. Es ceder a cinco empresas trasnacionales la semilla que ahora está en manos de miles de campesinos; es aceptar una dictadura alimentaria.
    Antonio Turrent, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias y presidente de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (Ucss), asentó que de las 8 millones de hectáreas destinadas a la siembra de maíz, la mitad son sembradas con semillas de las 60 razas nativas.Más de 300 generaciones de habitantes mesoamericanos realizaron esa selección y ahora los campesinos producen un cuatro de billón de ellas y siembran 72 billones de granos al año.
    ¿Se puede sacrificar la biodiversidad del maíz por el desarrollo?, lanzó al público tras destacar que con el cereal se realizan más de 600 preparados alimenticios.
    Andrés Carrasco, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, habló del aumento de abortos, cáncer y malformaciones, entre otras enfermedades, en las provincias de Córdoba y Santa Fe, Argentina, por el uso de glifosato en los cultivos de soya y maíz transgénicos. En 2011, dijo, fueron aprobadas 10 nuevas semillas con herbicidas e insecticidas apilados en ellas. La sociedad necesita científicos que, basados en sus saberes, le digan a Monsanto que miente; no puede seguir legitimando esto, acotó.
    En otro foro, Octavio Rosas, de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales expuso que en el país hay 70 casos documentados de violencia contra el maíz en alrededor de mil comunidades y 140 casos de devastación ambiental, los cuales se presentarán en las audiencias temáticas del TPP que se realizarán del 15 al 21 de noviembre en la ciudad de México.
    El reservorio genético del maíz está en riesgo por las solicitudes de cultivo comercial que realizan trasnacionales, señaló Verónica Villa, de la Red en Defensa del Maíz. Si se autoriza el cultivo de maíz transgénico sólo será en beneficio de tres o cuatro empresas, Monsanto entre ellas, la cual busca sembrar más de 10 millones de hectáreas

    En aras de ser escuchados, ciudadanos presentan proyecto de reforma del DF

    En aras de ser escuchados, ciudadanos presentan proyecto de reforma del DF
    Pertenecen a organizaciones sociales, académicas y partidistas
    Demandan abrir la discusión
    Raúl Llanos
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 38
    Representantes de organizaciones sociales, académicas y partidistas presentarán este miércoles su propuesta de reforma política para el Distrito Federal, en un intento por que los legisladores federales y las autoridades capitalinas los escuchen y tomen en cuenta sus propuestas.
    De acuerdo con Nicolás González, del Movimiento Urbano Popular (MUP), el planteamiento que hoy se haga público será entregado a las Cámaras de Senado y de Diputados, a la Asamblea Legislativa y al Gobierno del Distrito Federal. Se prevé que vaya acompañado de muchas firmas de ciudadanos.
    Comentó en entrevista que entre los que acompañarán la presentación de la iniciativa están, entre otros, Enrique González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero y coordinador de posgrado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Benito Mirón Lince, ex secretario de Trabajo de esta ciudad; el ex diputado local Arturo López Cándido y Ulises Lara, representante del movimiento #132Académicos-UNAM.
    Lo que pretendemos con ese planteamiento de reforma política es que tanto las autoridades capitalinas como los legisladores locales y federales conozcan cuál es el sentir de una parte de los ciudadanos, que son fundamentalmente de los comités por la Reforma Política Democrática, y consideramos que en algunas cuestiones estaremos coincidiendo con la propuesta que formuló el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera.
    No queremos, dijo Nicolás González, que se nos haga a un lado, que no se nos escuche; queremos también aportar en ese esfuerzo democrático y no que todo quede entre los 11 (personajes) ilustres que convocó Mancera, en alusión al Consejo Consultivo para la Reforma Política del Distrito Federal, que instaló el mandatario local en abril pasado, entre los que están Ifigenia Martínez, Rosalinda de León, Bernardo Bátiz, Elisur Arteaga Nava, Raúl Carrancá, Miguel Concha y José Agustín Ortiz Pinchetti, entre otros.
    Para el representante del MUP, no se puede circunscribir un asunto tan importante como es elaborar una reforma política para el Distrito Federal a 11 personas, por más genios o sabios que sean; ese trabajo debe abrirse a la discusión en los territorios, en los barrios, en las delegaciones, apuntó.
    Más adelante, detalló que la iniciativa que formalizarán este día es producto de una serie de foros que han realizado desde hace varios meses en diversos puntos de esta capital

    Tipifica Sonora el delito de feminicidio

    Tipifica Sonora el delito de feminicidio
    Ulises Gutiérrez Ruelas
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 35
    Hermosillo, Son., 12 denoviembre.
    Los 33 diputados del Congreso de Sonora aprobaron la tarde de este martes tipificar el feminicidio como crimen grave, y castigarlo con penas de 30 a 60 años de cárcel.
    Sonora es el estado número 28 en incluir este ilícito en su Código Penal.
    Durante la sesión del pleno, que duró poco más de cuatro horas, los legisladores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) votaron por unanimidad en favor de la iniciativa que el diputado José Lorenzo Villegas, del Panal, presentó el 7 de mayo.
    Al final de la sesión, Silvia Núñez Esquer, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio,dijo que el proceso legislativo fuecardiaco. No sabíamos qué resultaría hasta que votaron. La redacción original del dictamen no era adecuada, pero con las reservas parece que sí; al menos quedó con los estándares que pedíamos.
    Entre las reservas incluidas en el dictamen está una propuesta del diputado Carlos Navarro López, del PRD, quien pidió fijar un plazo no mayor a seis meses para modificar el Código Penal, de tal forma que se incluyan protocolos de investigación con perspectiva de género, para lo cual habrá que capacitar al personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado

    Ordenan reponer elección por discriminación a mujeres

    Ordenan reponer elección por discriminación a mujeres
    Jorge A. Pérez Alfonso
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 35
    Oaxaca, Oax., 12 de noviembre.
    La Dirección de Sistemas Normativos Internos del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO), ordenó reponer la elección de autoridades municipales en San Bartolo Coyotepec, pues en la votación por usos y costumbres, efectuada el 20 de octubre, se impidió a una mujer competir por una regiduría.
    La representante de las mujeres de San Bartolo, Abigaíl Vasconcelos Castellanos, informó que, en respuesta a una queja, el IEEPCO determinó que el 24 de noviembre se lleve a cabo una nueva asamblea.
    Vasconcelos Castellanos dijo que las vecinas de San Bartolo Coyotepec podrán proponerse para alguno de los 12 cargos del municipio.
    Recordó que el 20 de octubre, durante la asamblea comunitaria y después de la elección de presidente y síndico municipales, una mujer fue postulada para una regiduría; sin embargo, un grupo de topiles (policías en el régimen de usos y costumbres), dijeron que las mujeres no deben ser elegidas.
    Su excusa, explicó Vasconcelos, fue que las mujeres no pueden realizar las mismas tareas que un hombre, como apagar un incendio o capturar a un delincuente. Las participantes abandonaron la reunión y luego buscaron al edil y a su cabildo, pero éstos se negaron a reponer la asamblea, con el argumento de que las nuevas autoridades ya habían sido electas. Por ello, las mujeres acudieron al IEEPCO y la Dirección de Sistemas Normativos Internos, que dirige Gloria Zafra, determinó proteger los derechos políticos de las quejosas.
    Vasconcelos agregó que las mujeres de San Bartolo también demandaron una disculpa pública de los topiles. Uno de ellos, Luis Alberto Agustín –quien fue electo regidor de obras–, se retractó

    Investigan a regidora priísta de Guadalajara

    Investigan a regidora priísta de Guadalajara
    Mauricio Ferrer
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 35
    Guadalajara, Jal., La regidora priísta Elisa Ayón Hernández se separó ayer de su cargo, mientras se le investiga por grabaciones que la fracción de Movimiento Ciudadano (MC) en el ayuntamiento de Guadalajara divulgó la semana pasada, en las cuales la edil advierte a empleados de la dirección de panteones que ella manda en esa área y pide dinero a comerciantes establecidos a cambio de retirar a vendedores ambulantes del centro de esta capital. MC presentó ayer una nueva grabación, en la cual Antonio Santos, dirigente de comerciantes ambulantes, asegura que éstos pagaron a funcionarios municipales hasta 1.6 millones de pesos a cambio de poder laborar

    Señala negligencia en hospital de Colima

    Señala negligencia en hospital de Colima
    Juan Carlos Flores Carrillo
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 36
    Colima, Col., La diputada panista Yulenny Cortés acusó ayer de negligencia a personal del Hospital Regional Universitario de esta capital, por diagnosticar erróneamente VIH/sida a un bebé de un mes de edad, el cual murió sin que se conociera la causa. En tribuna, indicó que, entre otras irregularidades, se pidió al padre –colaborador de la legisladora– una unidad de sangre tipo A positivo y al día siguiente una tipo O positivo

    Ola de asaltos en Naucalpan: regidores

    Ola de asaltos en Naucalpan: regidores
    Silvia Chávez González
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 36
    Naucalpan. Méx., Grupos armados han cometido desde hace dos meses asaltos a restaurantes y plazas comerciales en esta demarcación, aseguraron regidores del Partido Acción Nacional (PAN). Reprocharon al alcalde David Sánchez Guevara su falta de interés en impulsar una estrategia integral de combate a la inseguridad. Una muestra de ello, según los panistas, es que después de la renuncia de dos directores de la policía municipal, no se ha nombrado encargado de la corporación. De acuerdo con el regidor Hugo Gálvez, los ladrones que operan en Naucalpan actúan en grupos de alrededor de 15 personas, portan armas de fuego y se desplazan en al menos seis vehículos

    Busca EU limitar acceso a Internet en el Pacífico

    Busca EU limitar acceso a Internet en el Pacífico
    Se obligará a proveedores a suprimir contenidos
    México, incluido en el proyecto; la meta: controlar la propiedad intelectual
    Los principales portales cibernéticos se oponen a esa iniciativa
    Foto
    Las controversias por la difusión de contenidos con derecho de autor en Internet serán dirimidas por un panel internacional, cuyas decisiones deberán ser acatadas por los países que suscriban el acuerdo, aun si contraviene las leyes locales, revela el documento filtrado por Wikileaks a La Jornada Foto Cristina Rodríguez
    Miriam Posada García, Tania Molina Ramírez y Roberto González Amador
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 2
    El gobierno mexicano negocia un acuerdo de alcance multinacional que, de acuerdo con organizaciones civiles, limita la libertad de acceso a Internet y obliga a los proveedores del servicio a suprimir contenidos cuando un autor considere que la difusión transgrede sus derechos de propiedad intelectual.
    El conjunto de compromisos considera la aplicación de sanciones contra aquellos proveedores que no realicen esas tareas de fiscalización, revela un documento secreto que recoge los acuerdos a que han llegado hasta ahora varios países y que Wikileaksentregó a organizaciones y medios en el mundo, entre ellos La Jornada, en exclusiva para México.
    Cuando ocurra una disputa por difusión de contenidos con derecho de autor en Internet, la controversia será dirimida por un panel internacional cuyas decisiones deberán ser acatadas por los países que suscriban dicho acuerdo, aun si contraviene sus legislaciones locales, según el más reciente borrador del capítulo Propiedad intelectual que una docena de gobiernos, entre ellos el de México, negocian en el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés).
    Convenio sin transparencia
    La negociación de este acuerdo, en el caso de México, no ha ido acompañada de un debate público sobre sus alcances, a diferencia de lo que ocurrió hace dos décadas, cuando se discutió la incorporación del país al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
    Los alcances del TTP en cuanto a la regulación de Internet, tienen como antecedente en México el compromiso contraido por el gobierno cuando en 2012 firmó el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (Acta), para revisar y, en su caso, modificar las leyes de Propiedad Industrial, Federal de Derecho de Autor y Aduanera.
    Las revelaciones sobre la negociación que realizan 12 países en el contexto del TPP confirma que la administración de Estados Unidos busca obtener reglas comerciales que limitarían la libertad de Internet a lo largo de la región Asia Pacífico, comentó Public Citizen, una de las principales organizaciones de defensa de consumidores en Estados Unidos, respecto del documento filtrado por Wikileaks a La Jornada.
    Los proveedores de servicios de Internet tendrán que cooperar con los dueños de los derechos de autor para impedir la piratería, y tendrán que acatar sus solicitudes de bajar contenido, en caso de que prospere ese capítulo del TPP, dijo a este diario Burcu Kilic, experto en temas de propiedad intelectual de Public Citizen.
    En la negociación del TPP participan los gobiernos de 12 países de la región del Pacífico, cuyas economías generan 35 por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial.
    Las negociaciones abarcan agricultura, servicios, compras de gobierno, regulación y controversias, entre otras áreas. El documento entregado a La Jornada sólo incluye el estado actual de la negociación en el tema de propiedad intelectual.
    De acuerdo con el borrador, incorporar el tema de los derechos de propiedad intelectual al TPP busca dar más “relevancia al papel de la propiedad intelectual en promover el desarrollo económico y social, particularmente respecto de la nueva economía digital, innovación tecnológica, transferencia y el intercambio de tecnología y comercio”.
    La regulación de la propiedad intelectual en el TPP, según el documento, pretende reducir las barreras al comercio y la inversión a partir de promover una integración económica más profunda mediante una efectiva y adecuada creación, utilización, protección y legislación de los derechos de propiedad intelectual, tomando en cuenta los diferentes niveles de desarrollo económico, así como la capacidad y las diferencias de los sistemas legales nacionales.
    Mientras no hay información respecto del nivel de conocimiento que el público y los congresos de los países tienen sobre el alcance de la reglamentación del uso en Internet planteada en el TPP, por lo menos 600 compañías estadunidenses, incluidas de tecnología, farmacéuticas y de alimentos, tienen acceso al proceso de negociación y brindan consejos sobre las políticas, aseguró Burcu Kilic.
    El borrador que recoge el proceso de negociación de los 12 gobiernos establece que los países deberán limitar la disponibilidad o establecer acciones contra los proveedores de servicio de Internet (PSI) que permitan que circulen por sus redes contenidos que infrinjan los derechos de autor, o derechos relacionados, que hayan sido subidos a la red por otras personas y sobre los cuales el autor haya reclamado los derechos.
    La regla negociada en el TPP se aplicaría a contenido protegido por derecho de autor en los casos en que el PSI lo transmita, lo hospede en su red o lo conserve en sus sistemas. El documento señala que habría incentivos legales para que los PSI acaten estos procedimientos o acciones contra los PSI que no lo hagan. Según el borrador, el gobierno canadiense propuso incluso que sean removidos los materiales o que se limite el acceso al contenido.
    Otra de las restricciones contenidas en el borrador es que ninguno de los países que participen en el TPP puede permitir la retransmisión de señales de televisión abierta por cable o satelital mediante Internet sin autorización del o los propietarios de los contenidos.
    Claudio Ruiz, presidente de la organización chilena Derechos Digitales, explicó que estas medidas crean nuevos derechos que en la esfera internacional no han tenido consenso durante los 15 años recientes, como es el uso de contenidos. Se aumentan los plazos de protección en materia de derechos de autor hasta casi duplicar los estándares internacionales y crea nuevos derechos que no existen en ningún instrumento de propiedad intelectual, que pueden significar serias desventajas para el acceso al conocimiento y la cultura.
    Propuesta controvertida
    El borrador recoge la propuesta de los gobiernos de Estados Unidos, Australia, Singapur, Nueva Zelanda y Perú para que se creen los mecanismos legales que permitan una acción efectiva contra cualquier violación a los derechos de autor considerados en el documento, incluidas acciones expeditas para prevenirlas, así como la posibilidad de imponer sanciones penales y civiles. A esta propuesta se oponen Brunei, Vietnam, Canadá y México.
    El texto incluye propuestas inspiradas por Hollywood y la industria de la música para limitar la libertad de Internet y el acceso a materiales educativos, con la finalidad de forzar a los proveedores de Internet a actuar como quienes vigilan los derechos de autor y cortan a la gente el acceso a Internet, dijo Burcu Kilic.
    Estas propuestas no son populares en el mundo y han llevado a una parálisis en la negociación. Será muy difícil que concluya, porque hay más de cien diferencias entre los negociadores.
    Las propuestas contenidas en el borrador avanzan en la dirección que llevaba la llamada Ley para detener la piratería en línea, conocida como SOPA, afirmó Claudio Ruiz a La Jornada.
    Las siglas SOPA hacen referencia a una iniciativa que surgió en el Congreso de Estados Unidos en 2011 y que tenía como finalidad expandir al mundo las atribuciones de la ley estadunidenses para combatir el tráfico de contenidos con derechos de autor y bienes falsificados a través de Internet.
    El documento filtrado es el capítulo relacionado con Propiedad intelectual y fue producido y distribuido en agosto de este año, luego de la 19 ronda de negociaciones en Bandar Seri Begawan, Brunei. Los ocho medios y organizaciones a los cuales Wikileaks entregó el material son: La Jornada; Fairfax (Australia);CIPER Derechos Digitales (Chile);New Zealand Herald (Nueva Zelanda),Knowledge Ecology International,McClatchy y Public Citizen (Estados Unidos)
    Ver más información en el sitio dedicado a Wikileaks en La Jornada.
    Enlaces:

    SG: no habrá desfile el 20 de noviembre

    SG: no habrá desfile el 20 de noviembre
    Georgina Saldierna, Víctor Ballinas y Jesús Aranda
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 9
    El titular de la Secretaría de Gobernación (SG), Miguel Ángel Osorio Chong, confirmó que no habrá desfile el 20 de noviembre con motivo del aniversario 103 de la Revolución Mexicana.
    Entrevistado en el Senado, adonde acudió a un homenaje al Ejército Mexicano, explicó que el gobierno federal no tenía prevista la realización de esta parada, y por tanto no se puede decir que se haya cancelado.
    Sin embargo, fuentes castrenses reconocieron que sí estaba prevista la realización de un desfile deportivo-militar, y que la decisión de cancelar el acto fue tomada recientemente.
    Los informantes no quisieron reconocer que la decisión fue motivada por el plantón que tienen los maestros disidentes en los alrededores del Monumento a la Revolución.
    Comentaron que el acto central para conmemorar el aniversario de la Revolución se desarrollará en el Campo Marte, en donde tendrá lugar la entrega de condecoraciones y ascensos a elementos del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México.
    Cabe señalar que en 2011 y 2012 sí hubo desfiles deportivo-militares en la ciudad de México, con una presencia mayoritaria de elementos de las fuerzas armadas y algunos deportistas de élite, junto con los ganadores del Premio Nacional del Deporte.
    Incluso el año pasado el desfile incluyó una parada aérea

    Ambición por los hidrocarburos de México, origen del espionaje de EU: académicos

    Ambición por los hidrocarburos de México, origen del espionaje de EU: académicos
    La reforma energética es la suma de 30 años de recetas neoliberales impuestas, señalan
    Elizabeth Velasco C.
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 12
    La privatización del sector energético responde a los intereses del gobierno de Estados Unidos, que por razones de seguridad nacional requiere garantizar su abastecimiento de petróleo, gas y agua en el transcurso de esta primera mitad del siglo XXI, plantearon Josefina Morales y Carlos Fazio, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como José Antonio Almazán, representante de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, y Jesús Ramírez, del comité ejecutivo del Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
    Durante su participación en el foro Las reformas peñistas en su laberinto, organizado por La Jornada y Casa Lamm, coincidieron en señalar que la reforma energética de Enrique Peña Nieto es la suma de 30 años de reformas neoliberales, impuestas desde la campaña presidencial de Ronald Reagany que ya han provocado a México una guerra de despojo de sus recursos estratégicos y de las conquistas sociales heredadas de la Revolución Mexicana.
    Los panelistas señalaron que el país se ha enredado cada vez más en ellaberinto imperialista de Estados Unidos.
    Evaluaron desde los acontecimientos de los años 70, cuando Estados Unidos perdía autonomía energética y México se comprometía con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y otros instrumentos del imperialismo, hasta los recientes hechos de espionaje de los sistemas de inteligencia estadunidenses al gobierno de Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto cuando era candidato presidencial.
    Mercado energético del norte
    Fazio planteó que la consolidación de un mercado energético del norte, con México, Estados Unidos y Canadá, remata en la reforma energética, a punto de ser aprobada por PRI y PAN.
    “El interés por los hidrocarburos de parte de las trasnacionales estadunidenses tiene que ver con un proyecto que arrancó antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y pasa por el Plan Puebla-Panamá (PPP), la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y la Iniciativa Mérida.
    “Se trata de un cuadrilátero creado como un espacio territorial de América del Norte, creado por Estados Unidos, México y Canadá, y se trata de la energía; la del petróleo, el gas natural, el gas shale y el agua, en su parte continental, y en particular (la estrategia) va por el petróleo que está en el Golfo de México, tanto de la cuenca de Sabinas como la de Burgos, en la frontera con Tamaulipas”.
    Fazio definió que ese tesoro que hay en aguas profundas es motivo del espionaje de Estados Unidos al gobierno de Felipe Calderón y a Peña Nieto cuando era candidato presidencial, porque los hidrocarburos son el eje de la disputa que se da entre las trasnacionales petroleras anglosajonas, a las cuales Peña ha prometido dar certeza jurídica con la modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución

    El jefe del Ejecutivo recibió 152 regalos en 14 meses, revela informe

    El jefe del Ejecutivo recibió 152 regalos en 14 meses, revela informe
    Karina Avilés
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 14
    Del primero de diciembre de 2012 al 13 de febrero de este año el titular del Ejecutivo, Enrique Peña Nieto, recibió 152 regalos –con un costo que la Presidencia no reveló. Los obsequios van de un escudo nacional en ámbar que le envió el ex gobernador de Chiapas Juan Sabines a una caja con gomitas que le mandó la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga.
    De acuerdo con el recurso 1882/13 interpuesto ante el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) –cuya información es pública y está disponible en la página del órgano colegiado–, el mandatario recibió presentes de diversos tipos. Los más comunes son: botellas de vino y de champaña, así como libros.
    En la lista de quienes enviaron los regalos están secretarios de Estado, gobernadores, políticos y empresarios. Por ejemplo, el mandatario de Puebla, Rafael Moreno Valle, le mandó una caja de juego de té de talavera y bolsas de café; el de Oaxaca, Gabino Cué, unacaja de madera con fotografía de tortuga enmarcada, un libro sobre la tortuga golfina y tres figuras de barro negro; el de Morelos, Graco Ramírez, unarcón con viandas típicas.
    Algunos obsequios que excedieron el precio que puede recibir un servidor público y que por consiguiente fueron enviados a la Secretaría de la Función Pública (SFP) son: un mueble-cantina con diversas botellas de Juan Carlos Tapia Vargas, prominente empresario de la rama de la fabricación de estructuras de acero, y una escultura de bronce y un baúl de madera con diversas botellasque mandó el presidente del consejo directivo del Centro Libanés, Jaime Tame Chávez.
    El senador perredista Armando Ríos Piter regaló a Peña Nieto una botella de mezcal, el líder del sindicato petrolero, Carlos Romero Deschamps, una rosca de reyes, y el ex secretario de Educación Pública Reyes Tamez Guerra unos buñuelos. Incluso, hasta una Biblia le llegó al mandatario de Felipe Ramírez Mote.
    Del total de los obsequios, 127 fueron aceptados por el Presidente y 25 fueron enviados a la SFP por rebasar el límite estipulado por la ley, la cual señala que un servidor público puede aceptar donaciones de bienes o servicios siempre y cuando su valor neto anual no exceda 10 veces el salario mínimo.
    La Presidencia ratificó la inexistencia de información sobre el costo de esos objetos, lo cual fue confirmado por el órgano colegiado, según se desprende del recurso turnado al presidente del Ifai, Gerardo Laveaga. Sin embargo, el solicitante manifestó su inconformidad al argumentar que lo anterior resultacontradictorio, debido a que estimar el costo de aquellos regalos que no se aceptan por sobrepasar el límite de costo se debió calcular un valor aproximado.
    Inicialmente, la dependencia se había negado a proporcionar los nombres de las personas vinculadas con los obsequios que dieron al Ejecutivo, al señalar que entregar esa relación revelaría datos personales protegidos por diversas leyes.
    El órgano colegiado enfatizó que no aprecia cómo el vínculo entre el remitente y el regalo per se revelaría información respecto de la intimidad de las personas que dieron los obsequios. Por ello, la Presidencia entregó este listado

    Sube el costo de nuevo avión presidencial

    Sube el costo de nuevo avión presidencial
    Jesús Aranda
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 14
    El costo del nuevo avión presidencial se incrementó en más de 239 millones de pesos en sólo un año, al pasar de 6 mil 308 millones a 6 mil 547.
    De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2014, solicitado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el Boeing 787 que sustituirá el TP 01 tenía previsto dicho costo en el presupuesto de 2013, pero finalmente tendrá un valor superior.
    En el rubro Adquisición de una aeronave de transporte estratégico para uso presidencial y del Estado Mayor, con la clave 09, se explica que el total que se erogará será de 6 mil 547 millones 379 mil 439 pesos (en un plan de arrendamiento a 15 años), y que para el próximo ejercicio fiscal se destinarán 211 millones 533 mil 955 para abonar al contrato.
    Además, los seis helicópteros ejecutivos Agusta Westland AW109sp que adquirió la Sedena para destinarlos al Estado Mayor Presidencial también tendrán un costo mayor al presupuestado.
    Hace unos días la Sedena entregó a la Secretaría de Hacienda un informe sobre el costo-beneficio de las aeronaves en relación con la flota actual de helicópteros que transportan al Presidente y a su comitiva en viajes nacionales.
    Seis aeronaves
    En ese documento se afirma que el costo total de las seis aeronaves será de 776 millones 646 mil 248 pesos, a pagar en dos años; sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de 2014 se explica que el costo de los aparatos será de 808 millones 56 mil 61 pesos, y que para el año próximo se destinarán 12 millones 547 mil 590 pesos para su pago. El presupuesto no ofrece mayores detalles al respecto.
    Actualmente, el Estado Mayor Presidencial cuenta con ocho helicópteros para la flota presidencial:, dos Puma SA330JM de 1981 y 1978, un Súper Puma AS332L de 1983, tres súper Puma AS332L1 de 1987, 1991 y 1993, y dos EC-225 LP de 2008 y 2009.
    En el informe, fechado este mes, la Sedena afirmó que la flota presidencial es considerada obsoleta, porque cuenta con una vida útil superior a 30 años.
    El precio total del avión que utilizará el Presidente es mayor al de los aviones para transporte militar (Hércules C-130J-30 y C-295) que comprará la Sedena para destinarlos a la Fuerza Aérea Mexicana.
    Estos aviones, cuya adquisición también está prevista en el Presupuesto de 2014, tienen capacidad para transportar hasta 90 elementos o 20 toneladas de carga

    Pedirá López Obrador al gobernador de Guerrero liberar a policías comunitarios

    Pedirá López Obrador al gobernador de Guerrero liberar a policías comunitarios
    Lamenta ejecuciones de líderes sociales en el estado; no estamos en la época de Figueroa, señala
    Foto
    El dirigente de Morena, durante su visita al municipio guerrerense de TixtlaFoto La Jornada
    Sergio Ocampo Arista
    Corresponsal
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 15
    Tixtla, Gro., 12 de noviembre.
    Andrés Manuel López Obrador anunció que intervendrá ante el gobierno del estado para solicitar la liberación de los integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) que fueron recluidos de manera reciente. Asimismo, para que el gobernador Ángel Aguirre Rivero reciba este miércoles a una comisión de damnificados de Tixtla que demandan la construcción de un canal para evitar inundaciones de la laguna Negra.
    El dirigente del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) sostuvo la mañana de este martes una reunión en el barrio El Santuario con damnificados de Tixtla, quienes llevan 57 días sin poder regresar a sus casas, las cuales quedaron inundadas a raíz del paso de la tormenta tropical Manuel la noche del 15 de septiembre pasado.
    Allí, mencionó que se enteró de que el ex gobernador de Veracruz Miguel Alemán Velasco formará parte del comité para la reconstrucción de Guerrero. Advirtió: Desde Morena vamos a estar vigilando que se cumplan los compromisos de ese fideicomiso y para que no se roben el dinero.
    Subrayó que, si es necesario,solicitamos públicamente una entrevista con el gobernador, en la que yo esté, para plantear el asunto, y se comprometió a que el diputado federal Ricardo Monreal visitará el municipio para escuchar las demandas de los ciudadanos y se pedirá que se incluya una partida económica en el presupuesto de 2014 para mejorar la situación de Tixtla y apoyar los planes de reconstrucción de los habitantes.
    Al terminar la reunión, realizada en el atrio de la iglesia de El Santuario, el ex candidato presidencial llevó a cabo un recorrido por las calles, pero policías comunitarios, entre ellos Rosario Cano, coordinadora en Haumuxtitlán de la CRAC-PC, lo interceptaron para informarle sobre sus compañeros presos y le demandaron un pronunciamiento en favor del pueblo y de las causas justas.
    Arturo Campos, promotor de la Casa de Justicia de El Paraíso, municipio de Ayutla de los Libres, le dijo que el delito de Gonzalo (Molina) fue ayudar a los damnificados.
    El ex jefe de Gobierno del Distrito Federal les respondió: Estoy en favor de ustedes. Así de claro. Ahora que venga el diputado (federal) Ricardo Monreal, le voy a pedir que hable con ustedes para que les ayude en los trámites, sobre todo para la liberación de los compañeros.
    Acerca de la violencia en Guerrero, luego de los asesinatos de dirigentes sociales, entre ellos el de Luis Olivares, líder campesino en Coyuca de Benítez,ejecutado el domingo pasado, expresó: “Es muy lamentable que se siga asesinando a dirigentes sociales en Guerrero.
    “Es algo reprobable que debe atender el gobernador. Vamos a hacerle llegar el planteamiento, el reclamo, por la pérdida de vidas en Guerrero. Son muchos ya los dirigentes sociales asesinados en el estado.
    “En Guerrero no debe haber represión ni en ningún lado, pero menos aquí. Hacemos un llamado al gobernador para que se detenga la represión y que se responsabilice de dar protección a todos los luchadores sociales; que se cuide la vida de todos los guerrerenses y, de manera especial, de los dirigentes sociales.
    No estamos en la época de (Rubén) Figueroa, o no queremos estar en ella. Se supone que ya hemos avanzado y que, mínimo, se deben garantizar los derechos humanos, el derecho a la vida, aseveró

    Debe México indagar con rigor el destino de desaparecidos: HRW

    Debe México indagar con rigor el destino de desaparecidos: HRW
    Fernando Camacho Servín
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 16
    El gobierno de México debe asegurar que el proceso para crear una base nacional de datos sobre desaparecidos sea exhaustivo, eficiente y transparente, con base en investigaciones rigurosas mediante las cuales se logre determinar el paradero de las víctimas, señaló Human Rights Watch (HRW).
    En un comunicado, la organización de derechos humanos recordó ayer que en febrero de este año el gobierno federal anunció que estaba revisando una base de datos de más de 26 mil personas denunciadas como desaparecidas o extraviadas, dada a conocer por la Procuraduría General de la República.
    Sin embargo, las propias autoridades admitieron que muchos de los nombres registrados en dicha base de datos probablemente serían eliminados. La lista original, indicó HRW, presenta problemas significativos, como incongruencias y datos incompletos, y no incluye los nombres de numerosas personas cuya desaparición ha sido denunciada.
    El gobierno de Peña Nieto dio un paso importante al reconocer la magnitud de la crisis de los desaparecidos. Ahora tiene que cumplir su promesa de elaborar un registro confiable y completo, que deberá ser complementado con investigaciones serias para buscar a los desaparecidos y llevar a los responsables ante la justicia, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch.
    En su informe Los desaparecidos de México: el persistente costo de una crisis ignorada, el colectivo documentó que miembros de las fuerzas de seguridad mexicanas participaron en desapariciones forzadas cometidas de manera generalizada en el contexto de la guerra contra el narcotráfico ordenada por el entonces presidente Felipe Calderón, entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012.
    Además de lo anterior, la investigación de los casos estuvo marcada por una grave falta de diligencia o directamente por la ausencia absoluta de medidas en este sentido, advierte.
    En muchos casos, los funcionarios desperdiciaron tiempo crucial al indicar a los familiares que debían esperar varios días para poder radicar la denuncia sobre desaparición; les sugerían que ellos mismos intentaran recabar evidencias y señalaron sin fundamento que las víctimas estaban vinculadas con la delincuencia organizada.
    En los asuntos en que las autoridades iniciaron investigaciones, con frecuencia no adoptaron medidas básicas, como entrevistar a testigos. De igual manera, HRW comprobó que uno de los factores que obstaculizan la búsqueda de los desaparecidos y la identificación de los responsables es la falta de coordinación entre las distintas autoridades y la no existencia de un sistema nacional que permita buscar información sobre el tema, alertar a la policía o hacer búsquedas en hospitales, cárceles y otras instituciones

    Ante la inseguridad, falta a los obispos ser menos timoratos frente al gobierno: Vera

    Ante la inseguridad, falta a los obispos ser menos timoratos frente al gobierno: Vera
    No nos hemos organizado en el clima de violencia que vive el país, critica el prelado de Saltillo
    A. Enciso y C. Gómez
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 17
    Ante la inseguridad que se vive en el país, a los obispos les ha faltado ser menos timoratos frente a los gobernantes, sostuvo el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.
    Este planteamiento de inmediato fue rechazado por el secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Eugenio Lira Rugarcía, quien dijo que algunos, como Miguel Patiño, de Apatzingán, han mostrado valentía.
    Alrededor del mediodía, tras la conferencia de prensa donde se anunciaron las audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos, Vera López dijo que debe haber más planeación entre los jerarcas católicos, y citó el caso de los colombianos, “quienes se organizaron muy bien en la época en que la violencia era muy cruda. Nosotros no lo hemos hecho.
    Debemos preguntarnos como Iglesia dónde hemos estado, por qué tenemos tanta corrupción. Debemos preguntarnos cómo hemos evangelizado. Hemos estado encerrados en los templos sin salir a ver la realidad; nos hemos quedado en un estrato de población ya convertida y hemos dejado a la gente que necesita atención, señaló.
    En lo que va del sexenio actual dijo, las cosas no han mejorado, y hay un asunto muy grave, que es su misma elección, en la que hubo denuncias sobre los mecanismos que siguió el dinero de su campaña; revelan que había métodos clásicos de lavado de dinero, como son las tarjetas Monex. Asimismo, advirtió que la situación de violencia en el país es indiscutible: veamos al pueblo, lo está diciendo, y a gritos; es evidente.
    Tras estas declaraciones, en el contexto de la 96 asamblea plenaria de la CEM, Lira Rugarcía señaló a La Jornada: si leemos lo que han publicado la CEM y varios obispos de 2000 a la fecha, han sido muy claros (en denunciar la inseguridad). Los obispos han recordado la situación que vive nuestro país, han advertido sobre algunos riesgos y han sabido ser voz de los que no la tienen para denunciar violencia, corrupción.
    Insistió en que los jerarcas católicos han hecho una clara defensa de las personas y la invitación a vivir en un estado de derecho que haga posible la paz para todos. Durante la asamblea plenaria tuve la oportunidad de felicitar a monseñor Miguel Patiño por su valentía y claridad, que no es nueva; desde los años 80 él había sacado cartas y comunicados respecto de la situación compleja que se vivía en Apatzingán, dijo.
    Subrayó que Patiñó ha demostrado que está del lado de la gente, e hizo hincapié en que a los obispos les preocupa el bien de la población

    Autoriza juez arraigo por 40 días a 20 policías de Vista Hermosa, Michoacán

    Autoriza juez arraigo por 40 días a 20 policías de Vista Hermosa, Michoacán
    Gustavo Castillo García
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 18
    La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) obtuvo autorización de un juez federal para mantener bajo arraigo a 20 policías municipales de Vista Hermosa, Michoacán, por estar relacionados con el homicidio de cuatro agentes federales.
    La Procuraduría General de la República (PGR) dejó en libertad a otros cinco policías que habían sido detenidos por los mismos cargos, pero podrían ser reaprehendidos si se descubriera que tienen nexos con grupos del crimen organizado o que también colaboraron en los asesinatos de los cuatro agentes, por esa razón abandonaron las instalaciones de la Seido bajo las reservas de ley.
    En tanto, el Ministerio Público Federal establecerá los grados de participación que tuvieron los 20 policías municipales en los homicidios de los cuatro agentes federales, dos de ellos asesinados en 2011 y los otros dos hace unas semanas.
    De acuerdo con información obtenida de la PGR, los 20 elementos que quedaron bajo arraigo reconocieron que colaboran con el cártel Jalisco Nueva Generación y que además de realizar acciones en el municipio donde prestan sus servicios, a dos de los agentes federales los entregaron ya en tierras jaliscienses.
    Los agentes municipales estuvieron en calidad de detenidos 96 horas y ahora permanecerán bajo arraigo durante 40 días, tiempo en el que la PGR integrará el expediente en el que los pondrá a disposición de un juez federal

    Establece el gobierno estadunidense nuevas reglas para envíos monetarios

    Establece el gobierno estadunidense nuevas reglas para envíos monetarios
    Ciro Pérez
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 19
    A partir del próximo lunes, el gobierno de Estados Unidos aplicará nuevas regulaciones al envío de remesas que protegen estas transacciones de lavado de dinero y fraudes. Garantizan además el acceso a los usuarios de información sobre tasa de cambio, tarifas e impuestos que se aplican a sus transferencias, así como la cantidad exacta que será recibida por los beneficiarios. Estos cambios los impone la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés).
    Se prevé que a finales de 2013 México ocupe el cuarto lugar como receptor de remesas en el mundo, rebasando los 22 mil 438 millones de dólares que los mexicanos recibieron del exterior en 2012.
    El principal objetivo de las nuevas medidas, informó la CFPB, será ofrecer más información y protección a los usuarios de los servicios de transferencias internacionales de dinero. Las nuevas reglas son candados a las empresas de transferencias de fondos y a la participación del narcotráfico o el crimen organizado para el envío de fondos ilegales.
    La información es gratuita y de no estar satisfechos con la transacción, los consumidores tendrán hasta 30 minutos para cancelar la transferencia sin costo.
    Además, si algún usuario comete un error en la transferencia de remesas y lo informa a tiempo, la empresa está obligada a investigar el problema y notificar al consumidor de los resultados de la investigación en 90 días. De proceder, el consumidor obtendría un rembolso o puede optar por enviar nuevamente dicha transferencia.
    De acuerdo con la CFPB, estas modificaciones responden a la necesidad que tienen en su mayoría usuarios extranjeros que requieren enviar a sus respectivos países o a un tercero diversas cantidades de efectivo.
    En el caso de México, la mayor parte de estas transferencias provienen de trabajadores del campo o del área de servicios, muchos de ellos sin conocimiento pleno del idioma inglés, lo que les dificulta exigir un buen servicio o reclamar cuando se sienten engañados

    Aprueba el Senado cambios a la ley de la CNDH; investigará violación de garantías

    Aprueba el Senado cambios a la ley de la CNDH; investigará violación de garantías
    Los servidores públicos declararán ante senadores por incumplimiento de una recomendación
    Víctor Ballinas y Georgina Saldierna
     
    Periódico La Jornada
    Miércoles 13 de noviembre de 2013, p. 21
    El pleno del Senado aprobó con ocho modificaciones las reformas a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que le remitió la Cámara de Diputados, para facultar a ese organismo a investigar hechos que constituyan graves violaciones de derechos humanos, cuando así lo juzgue conveniente el Ejecutivo federal, y lo solicite mediante la Consejería Jurídica alguna de las cámaras del Congreso, el gobernador de un estado, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, o alguna de las legislaturas estatales.
    Con esta reforma, se indicó en el pleno, se armoniza la ley secundaria con la reforma constitucional en la materia aprobada en junio de 2011. El cambio de fondo que realizó el Senado a la minuta de la colegisladora fue el de establecer en el artículo 77 que una vez que el presidente de la CNDH determine el inicio de una investigación por violaciones graves, el Consejo Consultivo deberá ser informado de inmediato.
    La Cámara de Diputados había precisado en ese artículo quecorresponde al presidente de la CNDH la facultad de decidir, mediante acuerdo fundado y motivado si ha lugar o no a ejercer la facultad de investigación. La determinación será informada al Consejo Consultivo y, de inmediato, al ente legitimado que haya instado su ejercicio.
    En el artículo 82, el Senado precisó que cuando la autoridad o servidor público no hiciera públicas las razones para no aceptar o cumplir una recomendación, o dichas razones no estuvieran suficientemente fundadas y motivadas, el presidente de la CNDH podrá solicitar a la Cámara de Senadores o, en sus recesos, a la Comisión Permanente que llame a comparecer ante sí a la autoridad o al servidor público, mismo que quedará obligado a hacerlo personalmente, salvo el caso a que se refiere el artículo 81, a efecto de explicar el motivo de su negativa.
    Con 102 votos, el pleno del Senado aprobó los cambios a la minuta y la devolvió a la Cámara de Diputados. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Angélica de la Peña, informó en tribuna que los cambios realizados por el Senado fueron acordados con los diputados, para que una vez que reciban de regreso la minuta la dictaminen y la aprueben