Senado aprueba reformas contra la trata de personas

El Senado aprobó reformas a los artículos 19, 20 y 73 de la Constitución con el fin de dar una respuesta efectiva y contundente al problema de la trata de personas.

Las reformas a los artículos 19 y 20 incorporan a la trata de personas a los delitos en los cuales el juez debe ordenar oficiosamente la prisión preventiva cuando el imputado esté siendo procesado, así como para incluir dentro de los derechos de las víctimas y ofendidos por el delito de trata de personas el resguardo de su identidad y datos personales.

La modificación al artículo 73 faculta al Congreso a expedir una ley general en trata de personas para contar con un marco jurídico adecuado, que establezca como mínimo los tipos penales y sus sanciones, la distribución de competencias y las formas de coordinación entre la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios, así como legislar en materia de delincuencia organizada.

Se indica en el dictamen que si bien ya existe una ley en la materia, es necesario que los tres órdenes de gobierno, en una relación armónica, de recíproca complementación y de idéntica responsabilidad, puedan dar mejores resultados.

En tribuna, Ricardo Monreal destacó que aunque México ya formaba parte desde hace casi un siglo de la tradición jurídica internacional que recoge el flagelo de la trata de personas (...) no fue hasta el 27 de marzo de 2007 cuando se publicó una reforma al Código Penal Federal vinculada con la trata de personas, en el título octavo, denominado delitos contra el libre desarrollo de la personalidad.

En noviembre de ese año, se publicaron, abundó, en el Diario Oficial de la Federación la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Pero lo que es todavía más sorprendente es que la necesaria reforma para actualizar nuestro marco constitucional se esté presentando cuatro años más tarde, cuando era impostergable.

Esos tres artículos incorporan el término trata de personas; lo que hace la reforma es adecuar el marco constitucional y hacerla vigente en razón de los compromisos internacionales