jueves, 16 de febrero de 2012

La tibieza de autoridades favorece que la Iglesia reincida en violar la ley: expertos

El pronunciamiento de católicos viola la Constitución, el Cofipe y otras leyes, coinciden

La tibieza de autoridades favorece que la Iglesia reincida en violar la ley: expertos
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Gustavo Madero, líder del Partido Acción Nacional, entregó la plataforma electoral 2012-2018 del blanquiazul a Leonardo Valdés, consejero presidente del IFEFoto Carlos Cisneros
Ariane Díaz y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Jueves 16 de febrero de 2012, p. 18

El llamado de la Iglesia católica a votar por alternativas políticas que promuevan el modelo tradicional de familia y respeten el derecho a la vida desde la concepción hasta su fin natural vulnera los artículos 24 y 130 de la Constitución, el 353 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) y el 29 de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, señalaron especialistas en derecho y asuntos religiosos.

Apuntaron que se trata de una conducta reiterada ante la cual las autoridades correspondientes han sido tibias y omisas y exigieron una sanción a los ministros de culto que incurran en estas faltas.

César Astudillo, miembro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explicó que el artículo 353 del Cofipe señala que en lugares de culto y públicos o a través de medios de comunicación, los ministros religiosos no pueden inducir a la abstención o a votar por un partido o candidato.

El llamado de la Iglesia católica no fue un discurso pronunciado en un templo, sino que se trata de “un documento bien preparado y pensado para tener una amplia difusión entre los seguidores de una determinada religión. En ese sentido puede preverse que existe toda la intencionalidad de inducir a no votar por un determinado partido político.

Los ministros de culto tienen libertad de expresión, pero en el contexto democrático de nuestro país ese derecho es acotado y no puede ser como el del resto de los ciudadanos, pues su opinión (de los jerarcas católicos) tiene más peso que la de cualquier ciudadano.

Indicó que también hay una violación constitucional, debido a que el precepto vulnerado del Cofipe tiene gran parte de su base en los artículos 24 y 130 de la Constitución. Existe libertad para que cada persona profese la creencia que le parezca mejor. Lo que la legislación no permite es que los asuntos de la fe interfieran en los públicos.

Bernardo Barranco, especialista en temas religiosos, detalló que el exhorto de Rivera Carrera es una violación implícita a dichas leyes porque trata de inducir el voto. No dijeron directamente estar contra candidatos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), pero plantearon tal conjunto de criterios que excluyeron a aquellos partidos o candidatos que puedan tener propuestas en torno al aborto, la eutanasia y nuevos modelos de pareja.

Llamó al Instituto Federal Electoral (IFE) y la Secretaría de Gobernación a aplicar la ley con firmeza para romper el círculo vicioso –generado por la intervención de la Iglesia católica en temas políticos– en el que hay una provocación; reacción mediática, política y académica, y la autoproclamación de Rivera Carrera como mártir de la fe.

Toca a los partidos que se sientan agredidos presentar una denuncia, en tanto que a las autoridades ejercer su responsabilidad ante este tipo de acciones. La omisión y tibieza con que éstas se han conducido ante llamados similares de la jerarquía católica ha dado pie a que la Iglesia dé rienda suelta a (la expresión de) sus posturas.

Gabriela Juárez, presidenta del Observatorio Eclesial, consideró que la Iglesia oficial está en su derecho de promover ciertos valores pero no en un periodo electoral. Sí, hay una manipulación partidista y no todos los católicos estamos de acuerdo con su postura; muchos estamos en favor del derecho de la mujer a decidir y a la libertad sexual.

Por su parte, Lourdes Enríquez, asesora jurídica del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM, señaló que el llamado del cardenal Rivera es una ilegalidad que atenta contra la Constitución y el Cofipe

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