Tras una sesión del Curso Internacional de Alta Formación. Mecanismos e Instrumentos para la Prevención y Defensa contra la Discriminación, Ricardo Bucio manifestó su desacuerdo con la postura del ISSSTE que pide al Conapred no apoyar a los matrimonios no heterosexuales que esperan ser afiliados, ya que “ habríamos esperado la aceptación de los términos de la resolución y el comienzo de acciones para abrir el registro de derechohabientes de forma indiscriminada”.
Para el titular del Conapred, la resolución emitida es “clara” porque está fundamentada en el campo jurídico, y motivada por hechos discriminatorios. Por esta razón, agregó, debe haber una interpretación de la ley del ISSSTE conforme a la reforma constitucional en materia de derechos humanos y al principio pro persona, lo cual arroja que los integrantes de estas parejas se puedan afiliar.
Añadió que esta medida no debe ser sólo implementada por el ISSSTE, sino en todas las instituciones de seguridad social del país, incluido el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), que rechazó la Resolución por Disposición 2/2011 con los mismos argumentos, pues en todo el territorio nacional se debe afiliar a los integrantes de parejas del mismo sexo por lo que es necesario reformar las políticas internas del IMSS.
Sobre las parejas ya afiliadas al IMSS y al ISSSTE, Bucio Mújica comentó que ambas instituciones han tenido que acatar la medida debido a que son actos judiciales, pero se han negado a interpretar la ley, lo cual permitiría un mayor número de registros.
Para el funcionario, la reforma constitucional obliga a modificar muchas legislaciones estatales y la federal pues hay muchas normas que no respetan el principio pro persona.
De esta manera, el Conapred espera una nueva respuesta por parte del ISSSTE y el IMSS, en la que se deje atrás la visión formalista y legalista, para ceñirse a la perspectiva de derechos humanos.
Mientras tanto, aseguró el funcionario, el Conapred está en proceso de elaborar una agenda legislativa sobre la no discriminación , en la que se establezca una relación de pendientes que existen en materia legal que deben crearse o fortalecerse para que todos los ciudadanos accedan a sus derechos sin ser discriminados, entre ellos, la comunidad de la diversidad sexual.
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