martes, 21 de diciembre de 2010

Manifestación por reparto equitativo de recursos contra sida y otros males

Manifestación por reparto equitativo de recursos contra sida y otros males

Sólo ha dado 16 millones de dólares, que no se ven reflejados: AHF

Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 41

En demanda de una distribución equitativa de los recursos del Fondo Global de Lucha contra el Sida, Tuberculosis y Malaria, integrantes de la AIDS Healthcare Foundation (AHF) llevaron a cabo una manifestación.

Patricia Campos, jefa de la oficina para América Latina de la agrupación, señaló que el Fondo reparte el dinero en función de la magnitud de la epidemia y no con un enfoque preventivo; como ésta es pequeña en los países latinoamericanos, no nos tocan recursos. Piensan que debemos esperar a estar como África, llenos de casos de sida. Eso no es prevención, apuntó

Hoy 2.8 millones de personas están recibiendo tratamiento contra el VIH, lo que salva vidas gracias al soporte financiero que provee el Fondo. Lamentablemente, los impresionantes resultados en el tratamiento de VIH logrados hasta ahora en entornos con recursos limitados están en peligro, aseguró la activista.

Los manifestantes se apostaron a las puertas de la embajada de China en México debido al mal uso que ha hecho del Fondo Global, toda vez que ha recibido casi mil millones de dólares y sólo ha contribuido con 16 millones (de dólares), y el impacto en la salud no se ve reflejado. La AHF dirige protestas simultáneas en todo el mundo para protestar en contra de China.

Campos explicó que un reclamos fundamentales en la pasada reunión de la junta directiva del Fondo Global, que se realizó en Sofía, Bulgaria, la semana pasada, versó sobre los criterios para la asignación de los fondos, porque a los países que no tienen infraestructura les está tocando menos y a un país como China, segunda potencia económica mundial, le han dado una cantidad exorbitante de dinero.

La responsable en México de la AHF aseveró que ese monto se debería redistribuir entre las naciones que no son potencias económicas y que necesitan infraestructura sanitaria para atender los tres problemas (sida, tuberculosis y malaria) de manera integral, sobre todo el binomio sida-tuberculosis, que en América Latina es la causa número uno de mortalidad, asociada a cuestiones de pobreza e inequidad

Al país le urge una legislación laboral para sus jóvenes: Alonso Lujambio

Al país le urge una legislación laboral para sus jóvenes: Alonso Lujambio

Ese proyecto, que ha sido tan cuestionado, se traducirá en la inserción laboral de la juventud con salario, prestaciones y seguridad jurídica, si se aprueba en el Congreso, destacó

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La ceremonia tuvo lugar en el salón Hispanoamericano, en la sede de la Secretaría de Educación Pública, en el Centro Histórico de la ciudad de México. El galardón es el máximo reconocimiento público que otorga el gobierno federal a jóvenes mexicanos de 12 a 29 años de edadFoto Guillermo Sologuren
Karina Avilés
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 41

El país necesita urgentemente una legislación laboral para sus jóvenes porque la norma vigente no permite romper el círculo vicioso, perverso de que los empleadores no contratan a los integrantes de este sector al argumentar que carecen de experiencia, insistió el secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio Irazábal.

Durante la entrega del Premio Nacional de la Juventud, edición Bicentenario, a 17 jóvenes que se distinguieron por su logros académicos, así como por sus actividades de beneficio social, el funcionario defendió la iniciativa de ley en materia laboral promovida por el gobierno de Felipe Calderón.

Según Lujambio Irazábal, este proyecto, que ha sido ampliamente cuestionado, entre otras cosas porque promueve la flexibilización del trabajo con la finalidad de apoyar a las empresas, se traducirá en la inserción laboral de los jóvenes con salario, prestaciones y seguridad jurídica si se aprueba en el Congreso.

En el salón Hispanoamericano del edificio sede de la dependencia, expuso que los jóvenes no encuentran trabajo porque no tienen experiencia, y no tienen experiencia porque no encuentran trabajo. Esto es un círculo vicioso que tenemos que romper, precisamente mediante una legislación laboral que redistribuya las oportunidades.

En entrevista posterior, la directora general del Instituto Mexicano de la Juventud, Priscila Vera, señaló que generalmente la tasa de desempleo juvenil es del doble en comparación a la de desempleo abierta, que es de 5.5.

Añadió que si bien esta generación de jóvenes es la más educada y la que tiene menos tasas de mortalidad, enfrenta una ley laboral que no permite empleos de medio tiempo.

El proyecto considera el trabajo condicionado, esto es, una capacitación, apuntó. Y si al término del entrenamiento los jóvenes cumplen con los requerimientos, el empleador los contrata.

Asimismo, agregó que la iniciativa promueve los contratos temporales o de medio tiempo, pero lo más importante es que no se ponga la barrera de que no se les ofrece empleo porque no tienen experiencia.

Priscila Vera consideró que el Estado no ha declinado en su responsabilidad de ofrecer oportunidades educativas, laborales, sociales y culturales al sector juvenil.

En el mismo tenor, el titular de la Secretaría de Educación Pública expresó que los jóvenes no están solos porque el gobierno de Calderón actúa en todos los frentes en favor de ellos y además los escucha y respalda sus proyectos

Rechazada, solicitud del banco vaticano para liberar 23 millones de euros

Rechazada, solicitud del banco vaticano para liberar 23 millones de euros
Dpa
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 42

Roma, 20 de diciembre. La juez instructora de un caso contra el banco vaticano IOR rechazó hoy una solicitud para liberar los 23 millones de euros (30.3 millones de dólares) depositados por la institución en una cuenta de un banco italiano, que seguirán incautados por sospechas de lavado de dinero.

El presidente del Instituto de Obras Religiosas (IOR), Ettore Gotti Tedeshi, y su director general, Paolo Cipriani, son acusados de haber violado las prescripciones para impedir el lavado de dinero y son investigados desde hace tres meses.

Gotti Tedeshi fue llamado por la justicia en 2009 para aclarar escándalos en los que se vio implicado el banco de forma reiterada.

La juez instructora confirmó la incautación de fondos al considerar que al momento no se presentaron elementos nuevos al caso. Hasta ahora sigue siendo imposible para las autoridades italianas determinar y probar qué clientes del OIR son receptores de transferencias y cheques, y su identificación sólo puede realizarse a través del banco.

El punto de partida de la investigación es una transferencia de 20 millones de euros a JP Morgan en Frankfurt, que detectó la autoridad de vigilancia del banco central italiano.

El Vaticano reaccionó con perplejidad y sorpresa a las sospechas de lavado de dinero. Su portavoz Federico Lombardi negó la implicación de la actual cúpula del banco en negocios sucios e indicó que el IOR se somete a la jurisprudencia vaticana.

La cúpula del banco está trabajando para implementar procedimientos internos con la finalidad de lograr mayor transparencia internacional, ahora también con vistas a nuevas normas contra el lavado de dinero.

El instituto monetario del Vaticano se vio implicado en varias ocasiones en negocios dudosos. En 2009, por ejemplo, se informó de investigaciones similares por conexiones de cuentas poco claras del IOR con el gran banco UniCredit

Pese a considerarlo fascista legisladores aprueban el dictamen sobre adicciones

Pese a considerarlo fascista legisladores aprueban el dictamen sobre adicciones
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El titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Martí Batres, señaló ayer que las modificaciones a la Ley de Justicia Cívica son contrarias a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal. En la imagen, personas en situación de calle en la colonia JuárezFoto Guillermo Sologuren
Bertha Teresa Ramírez y Raúl Llanos
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 36

El tema de las adicciones dividió al grupo mayoritario del PRD en la Asamblea Legislativa. Luego de que junto con la oposición aprobó la ley contra las adicciones y la nueva ley contra la discriminación, se presentó –y se avaló– una reforma a la Ley de Justicia Cívica para que se sancione con arresto inconmutable hasta por 36 horas a las personas que sean sorprendidas ingiriendo drogas en la vía pública de esta ciudad.

Valentina Batres, de la corriente perredista Izquierda Social, recriminó a su compañero de bancada Julio César Moreno, de Nueva Izquierda, por estar criminalizando la pobreza con ese tipo de sanciones, a las cuales calificó de fascistas.

Moreno Rivera reviró las críticas al manifestar que se estaba creando un falso debate, pues las modificaciones eran en el ámbito estrictamente administrativo y no penal; sin embargo, no pudo convencer a muchos de los diputados y el dictamen de cambios a la Ley de Justicia Cívica se aprobó con 24 votos de 66 posibles, pues 10 legisladores, tanto del PRD como del PT, votaron en contra, y se manifestaron tres abstenciones.

Antes, el pleno de la ALDF aprobó por unanimidad la nueva Ley para la Atención Integral del Consumo de Sustancias Sicoactivas del Distrito Federal, que crea un instituto especializado en esa materia y que será el responsable de definir las políticas integrales en cuanto a la atención y prevención de adicciones.

Por otra parte, el secretario de Desarrollo Social del Distrito Federal, Martí Batres, consideró preocupantes las modificaciones planteadas por la ALDF a la Ley de Justicia Cívica con el fin de imponer arresto inconmutable de 20 a 36 horas a las personas que consuman, ingieran, inhalen o aspiren sustancias sicotrópicas, enervantes o tóxicas en lugares públicos.

Los adolescentes que viven en las calles de la ciudad en su inmensa mayoría tienen algún tipo de adicción; si se les aplicara una sanción como la que se propone esas personas estarían permanentemente bajo arresto, por lo que las modificaciones planteadas a la ley deben ser de otro tipo, indicó.

Hacer las reformas tal como se plantean obligaría a las autoridades a arrestar a cientos de jóvenes, tal vez miles, y se les mantendría en los separos, lo que es completamente absurdo e impráctico y suscitaría la extorsión, pues es irrealizable tener bajo arresto a miles de jóvenes en los separos.

Batres señaló que las modificaciones son contrarias a la Ley de las y los Jóvenes del Distrito Federal, la cual señala que el gobierno capitalino debe crear, promover y apoyar por todos los medios a su alcance iniciativas para que los jóvenes tengan las oportunidades y posibilidades de contar con una vida digna.

Los vagoneros hacen su agosto en Navidad

La carencia de recursos ha llevado a cientos de personas a acudir al comercio informal para comprar sus regalos de Navidad. Tan sólo los vagoneros hacen su agosto en los trenes del Metro con la venta de muñecas tipo Barbie en 30 pesos, juego de desarmadores y libros en 20, cuentos para colorear con crayolas de regalo y discos de los hits del momento en 10 pesos.

El incremento de policías y remisión a los juzgados cívicos de 78 mil 645 vendedores durante este año no impide que desde las 8 horas, cuando la mayoría de la gente se dirige a sus oficinas, se introduzca en grupos de dos o tres a un vagón para ofrecer su mercancía y hacer de esta Navidad, un hermoso recuerdo, pues lo que importa es la acción, no el regalo, dicen.

Muchos de los usuarios adquieren sus productos, aun cuando saben que no funcionará por mucho tiempo, las canciones no son las mismas que traen en la portada o no tocan, pero es a lo poco que podemos acceder estas fiestas decembrinas, sin trabajo, con deudas y un montón de chamacos que darles de comer, comentaron Elisa, Luisa y María

Afirma Adelfo Regino Montes que dejó cargo en Oaxaca por respeto a la ley

Oaxaca, Oax., 20 de diciembre. El ex secretario de Asuntos Indígenas de la administración estatal, Adelfo Regino Montes, afirmó que dimitió al cargo por su compromiso de respetar la ley y porque carece de título de licenciado en Derecho, aunque consideró que ese documento no lo habría hecho más ni menos competente para esa responsabilidad.

El ex asesor del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) dijo que durante gran parte de su vida se ha dedicado a buscar la modificación de leyes profundamente injustas y discriminatorias en México, y muy claramente en Oaxaca.

Sostuvo que dichas normas no sólo implican una injusticia profunda al dar trato igual a los desiguales, sino que también persiste el rechazo a nuestra diversidad cultural y la resistencia a toda forma civilizada de coexistir en armonía, mediante un régimen pluralista e intercultural.

Expuso que estos principios se aplican claramente a la certificación profesional, pues por una parte la mayoría de los indígenas oaxaqueños no tienen muchas posibilidades de acceder a educación profesional, y por otra padece la opresión continua de quienes poseen todo tipo de diplomas pero carecen de los conocimientos sobre la compleja realidad de las etnias y de su aspiración a una vida digna y justa.

En casi todos los campos hay excelentes profesionistas sin título y muchos títulos sin profesionista, personas que usan la certificación oficial de los estudios como pasaporte para hacer prevalecer su ignorancia e incompetencia, señaló.

Destacó que no busca justificarse y que sólo necesita cumplir trámites, pero no hay ninguna universidad donde se hayan incorporado temas indígenas al plan de estudios

Falla la CIDH contra México en caso de campesinos ecologistas

Falla la CIDH contra México en caso de campesinos ecologistas
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 17

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado mexicano por la violación de derechos humanos de los campesinos ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, quienes fueron detenidos por militares en 1999, y denunciaron haber sido torturados y condenados bajo cargos de posesión de armas y drogas por su oposición a la tala ilegal de bosques en Guerrero.

El fallo, que ayer hizo público la CIDH, con sede en San José de Costa Rica, subraya que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, por los tratos crueles, inhumanos y degradantes inflingidos a los señores Montiel y Cabrera.

La sentencia –que consta de 134 cuartillas– destaca que el Estado mexicano es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial reconocidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, al haberse sometido el conocimiento de las alegadas torturas a la jurisdicción penal militar, en perjuicio de los señores Cabrera y Montiel.

De igual forma, la CIDH sostiene que el Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal de los campesinos ecologistas, además de que ha incumplido la obligación de investigar los alegados actos de tortura.

Precisa la sentencia que el Estado ha incumplido su obligación ante la Convención Americana de Derechos Humanos al extender la competencia del fuero castrense a delitos que no tienen relación con la disciplina militar o con bienes jurídicos propios del ámbito castrense.

Las resolución ordena al Estado mexicano reformar el Código de Justicia Militar para que las violaciones a los derechos humanos cometidas por militares, todas sin excepción, no nada más las relativas a violación sexual, desaparición forzada o tortura, sean sometidas a las autoridades civiles.

Además, la CIDH ordenó al Estado pagar una indemnización de 20 mil dólares a cada uno de los afectados y en un plazo razonable, conducir eficazmente la investigación penal de los hechos del presente caso, en particular por los alegados actos de tortura y determinar las eventuales responsabilidades penales, y en su caso, aplicar efectivamente las sanciones.

Los campesinos ecologistas fueron detenidos en 1999, y en 2001 fueron dejados en libertad por el entonces presidente Vicente Fox, quien argumentó que por su condición de salud no pueden seguir purgando su condena.

El Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (Cejil) y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 25 de octubre de 2001, argumentando que Cabrera y Montiel fueron sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes mientras se encontraban detenidos y bajo custodio de miembros del Ejército Mexicano, por su falta de presentación sin demora ante un juez u otro funcionario, ya que los militares los detuvieron ilegalmente por cinco días antes de entregarlos a las autoridades correspondientes.

Ayer, Luis Arriaga, director del Centro Pro, y el Cejil, destacaron que la resolución es vinculante e inapelable. Deben darse desde ahora los pasos necesarios para cumplir las medidas señaladas en la sentencia.

Destacaron, entre otras, investigar en la justicia ordinaria las torturas sufridas por Cabrera y Montiel; indemnizar a las víctimas por los daños sufridos, cubrir los tratamientos médicos y sicológicos; fortalecer el registro de personas detenidas con el fin de evitar abusos y reformar el Código de Justicia Militar.

Arriaga destacó la importancia de que la Corte Interamericana haya señalado que la reforma al Código de Justicia Militar aplica no sólo para casos de tortura, violación sexual o desaparición forzada de personas, sino a todas las violaciones de derechos humanos

CIDH: aún no se ha identificado a todos los responsables de la masacre de Acteal

CIDH: aún no se ha identificado a todos los responsables de la masacre de Acteal
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de diciembre. A unos días de que se cumpla el décimo tercer aniversario de la masacre de 45 indígenas en la comunidad de Acteal, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó el informe de admisibilidad del caso y consideró que 13 años es un lapso suficientemente extenso como para aplicar la excepción al agotamiento de los recursos domésticos.

La CIDH dijo en el informe que además aún no habrían sido identificados y sancionados todos los responsables materiales e intelectuales de la masacre, ni se habría reparado justa y equitativamente a las presuntas víctimas.

Consideró que a más de 12 años de ocurrida la masacre de Acteal, aún están siendo realizadas diversas diligencias de investigación, a efectos de determinar responsabilidades.

El 22 de diciembre de 1997, presuntos paramilitares asesinaron a 21 mujeres, 15 niños y nueve hombres cuando se encontraban en ayuno y oración en Acteal, municipio de Chenalhó, a 70 kilómetros de San Cristóbal.

En marzo de 2005, la CIDH recibió una denuncia, presentada por la organización de la sociedad civil Las Abejas –a la cual pertenecían las víctimas– y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), en la que se alega la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en la masacre.

Por considerar que no se habían agotado los recursos internos, fue hasta hace unos meses que el organismo internacional acordó admitir la denuncia para investigar los hechos.

La CIDH destacó que en sus comunicaciones, México no niega los hechos de la masacre del 22 de diciembre de 1997, pero señala que habría sido ejecutada por un grupo civil armado, integrado por miembros de otras comunidades del municipio de Chenalhó y simpatizantes del entonces presidente municipal de ese lugar (Jacinto Arias Pérez), que habrían actuado en venganza de un homicidio que, días antes de la masacre, habrían cometido algunos integrantes de Las Abejas.

Añadió que una vez que el caso fue admitido, la comisión concluye que corresponde analizar en la etapa del fondo los alegatos relacionados con el deber de prevención, protección y respuesta respecto a los presuntos hechos y, en este sentido, también analizará los procesos judiciales con el fin de establecer si el Estado brindó la protección y garantías necesarias bajo la Convención Americana dentro de un tiempo razonable.

Subrayó que la comisión concluye que tiene competencia para conocer la denuncia presentada por los peticionarios y que la solicitud es admisible, de conformidad con los artículos 46 y 47 de la convención, por la presunta violación de los artículos 4, 5, 8, 19 y 25, en conexión con el artículo 1.1 del mismo convenio.

No obstante, decidió declarar inadmisible la petición en cuanto se refiere a la presunta violación del artículo 17 de la Convención Americana, relativa a la obligación del Estado de proteger a la familia.

El Frayba manifestó que el informe de la CIDH confirma el valor y prueba de los testimonios de los familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre de Acteal. Añadió que la documentación presentada por ese organismo confirma la responsabilidad, por acción y omisión, del Estado mexicano por la masacre de Acteal y la sucesiva denegación de justicia, dejando en impunidad este crimen de lesa humanidad

Persisten las amenazas a defensores de los derechos humanos en Chiapas

Persisten las amenazas a defensores de los derechos humanos en Chiapas
Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Martes 21 de diciembre de 2010, p. 18

San Cristóbal de las Casas, Chis., 20 de diciembre. Se siguen acumulando denuncias de amenazas, allanamientos y hostigamientos a defensores de derechos humanos que laboran en las regiones indígenas de Chiapas.

Ahora, mientras el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC) denunció agresiones contra colaboradores suyos, de manera casi simultánea pobladores choles del municipio de Tumbalá informaron que la activista Claudia Díaz Moreno recibió amenazas y ha sido objeto de hostigamiento policiaco por órdenes de la delegada de la secretaría de Gobierno, Ana del Carmen Valdivieso, y la presidenta municipal Mercedes Guadalupe Solís Sánchez, perteneciente al PAN y Paz y Justicia, especifican.

El CDHFBC dio a conocer que Julio César Pérez Ruiz, del comité de ex presos políticos Voces Inocentes, y el médico José Alejandro Meza, de la Red de Personal Médico y de Salud Mental para la Atención a Sobrevivientes de Tortura, colaboradores externos del Frayba, fueron objeto de vigilancia y hostigamiento en hechos diferentes ocurridos en la ciudad.

Pérez Ruiz, quien visita las cárceles para documentar la situación de las personas privadas de su libertad, ha sido perseguido y fotografiado ostensiblemente en las calles y otros espacios, como la facultad de derecho, donde estudia.

Por su parte, Meza ha sufrido allanamientos en su vehículo y su domicilio. El pasado día 7 encontró su carro abierto y una nota amenazante dirigida a él. A las dos y media de la mañana del día 10 recibió una llamada: Hola doctor, oiga está muy bonita su casa, pero se ve que como que casi nunca está, su plantita está muy seca y tiene mucho desorden, qué es eso de tener todos los libros en su mesa, y le comenzó a dar los títulos.

Hostigamiento

Al regresar a su domicilio, Meza (quien además capacita a promotores de salud en Mitzitón y Acteal) encontró en su cama documentos e informes referente a su actividad como defensor y sus colaboraciones médicas con el Frayba; de su computadora fueron sustraídos expedientes clínicos y peritajes realizados a sobrevivientes de tortura. Los intrusos no sustrajeron ningún objeto de valor.

El CDHFBC subraya que estos nuevos acontecimientos se dan en el contexto de recientes amenazas de muerte a la activista Margarita Martínez, de Comitán, y a integrantes del propio centro.

En tanto, el Comité de Derechos Humanos de Base Digna Ochoa, de la zona Norte, transmitió testimonios de los pobladores del barrio La Independencia (Tumbalá) sobre presiones de la alcaldesa Solís Sánchez para atravesar un drenaje por sus calles hasta su planta de tratamiento. Los indígenas manifiestan que la planta sólo se construyó con capacidad para dar servicio al barrio. La gente no está de acuerdo porque nunca se contempló así.

El 16 de diciembre, la delegada de gobierno y el ingeniero Francisco Zavaleta, de la constructora del drenaje en los barrios Deportiva y Calzada Villa Nueva, mandaron llamar al juez rural de La Independencia, Francisco Velasco Álvaro; con él llegó la monitora Rosa Claudia Díaz Moreno. Allí se encontraban más de 30 personas de otros barrios, agentes municipales y estatales con armas largas, y un vehículo con policías ministeriales.

La delegada Valdivieso pretendió obligar al juez rural a firmar la autorización sin consultar a sus representados; éste se negó. Díaz Moreno cuestionó a la funcionaria por violar los derechos de la gente, y ésta ordenó fotografiarla y tomar nota de ella. El Comité Digna Ochoa se dice preocupado y exige al gobierno de Chiapas el cese de hostigamientos y amenazas

Casi 50% de los jornaleros migrantes en México son menores de edad

Pese a que casi la mitad de la población jornalera migrante en México es menor de edad (2 millones de los 4.2 estimados) y que uno de cada cuatro menores abandona la escuela para incorporarse al trabajo, las difíciles condiciones de vida por las que atraviesan no son consignadas por los medios de comunicación, reportó el segundo informe del observatorio de medios de la Agencia Mexicana de Noticias por los Derechos de la Infancia.

Según el documento, en el periodo de 2009 a 2010 sólo se publicaron 54 textos en torno al trabajo infantil y, de ellos, sólo 33 se refieren al trabajo infantil agrícola.

Los accidentes en los campos agrícolas y las dobles y triples jornadas que llevan a cabo niñas, niños y adolescentes se quedan en la invisibilidad social y mediática.

El trabajo agrícola emplea niñas y niños, en el que, según cifras, hay más varones, aunque las niñas realizan, además de ese trabajo, labores domésticas en su hogar y cuidado de sus hermanos menores.

Sin embargo, dichas situaciones no son reflejadas en los medios de comunicación y cuando se llega a abordar el trabajo de las y los jornaleros agrícolas, sólo se visualizan las condiciones del campo.

Según la Encuesta Nacional de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, otro rasgo característico del trabajo infantil agrícola para los menores de entre 12 y 17 años es el predominio de adolescentes hombres (80 por ciento) sobre adolescentes mujeres (20 por ciento), patrón que se ha mantenido sin cambios entre 1998 y 2004.

El informe refiere que los medios tampoco abundan en la información relacionada con los accidentes que sufren los menores en los campos agrícolas.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan ha documentado casos de niñas y niños que han perdido la vida o alguna extremidad durante sus labores agrícolas.

Explotación en el hogar

Asimismo, tampoco se hace referencia a las condiciones de la infancia que realiza labores domésticas en hogares de terceros, considerada una de las peores formas de trabajo infantil, pues no sólo padecen exclusión social y sobrexplotación, con jornadas de hasta 15 horas, sino también se exponen al peligro constante de embarazos por violación de sus empleadores, así como a la pérdida de identidad y autoestima

CARTONES DE LA JORNADA



lunes, 20 de diciembre de 2010

El mecanismo REDD+ pone en riesgo garantías de indígenas

El mecanismo REDD+ pone en riesgo garantías de indígenas

Con esto se estaría introduciendo a los bosques en el mercado de carbono, señalan

Angélica Enciso L.
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 40

Con el aval al mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación plus (REDD+) que dieron las naciones en la pasada Conferencia de las Partes (COP) de cambio climático se ponen en riesgo los derechos humanos de las comunidades indígenas y se introduce a los bosques en el mercado de carbono, advierten organizaciones.

Este fue una de las decisiones que se preveía fueran acordadas dentro de un paquete de decisiones que incluye la intención de países desarrollados de dar financiamiento después de 2020.

Bolivia, la única nación que al final discrepó de los acuerdos, advirtió que estos permiten elevar la temperatura global en más de 4 grados, a niveles desastrosos para la humanidad. Recientes reportes científicos muestran que 300 mil personas ya están muriendo cada año por los desastres relacionados con el cambio climático. Este texto amenaza con el aumento de muertes anuales a un millón.

En cuanto al REDD+, esta nación planteó que los bosques no deben verse como un mercado de carbono, con el cual las naciones industrializadas dan recursos a los que están en desarrollo para que estos bajen emisiones, pero las primeras se adjudican las disminuciones en sus metas nacionales.

En cambio, Bolivia propuso que se financien planes nacionales de países en desarrollo para preservar los bosques, pero no para ver cuántas toneladas de carbono capturan y a partir de ello emitir bonos de carbono que entrarían a un mercado internacional.

En el texto final en cuanto al REDD+ se señala que los gobiernos acordaron fomentar la acción para frenar las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal en los países en desarrollo con soporte tecnológico y financiamiento.

El REDD+ no asegura la conservación de los bosques y se les ve solamente como instrumentos para almacenar carbono, señaló Amigos de la Tierra internacional. Tampoco garantizan los derechos de los pueblos indígenas ni aseguran la protección de los bosques naturales, busca permitir a los países ricos utilizar créditos de carbono de los bosques para escapar a sus obligaciones de reducción de emisiones.

Ahfi Wahyu Hidayat, de la organización Amigos de la Tierra Indonesia, detalló que mil 600 millones de personas en el mundo viven de los bosques, entre ellas 60 millones de pueblos indígenas dependen por completo de ellos para su sustento, alimentación, medicina y materiales de construcción. Incluir a los bosques en los mercados de carbono puede provocar acaparamiento de tierra.

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Grupos ambientalistas señalan que incluir los bosques en los mercados de carbono podría generar acaparamiento de la tierra. La imagen corresponde a la pasada cumbre sobre clima en CancúnFoto Carlos Ramos Mamahua

Tom Goltooth, director de la Red Ambiental Indígena de Estados Unidos, consideró en entrevista que REDD no da garantías sobre derechos humanos, además de que no es una solución para mitigar el cambio climático, ya que la ciencia ha aportado pocos estudios acerca de que la captura de carbono del bosque compense las emisiones industriales.

Ahora la pregunta es quienes serán los dueños de los árboles, los que invierten o quienes viven allí. El riesgo para los derechos humanos es el desalojo de la tierra, la privatización por las corporaciones, restricciones a la gente indígena de su territorio para su cultura y alimentación, señaló.

Para organizaciones mexicanas agrupadas en la campaña Las Comunidades Cuentan Más pidieron que se dé un proceso de difusión, información y consulta para hacer valer de manera plena y efectiva la participación de las comunidades y ejidos, a partir del derecho de consentimiento previo, libre e informado en todo proceso y decisión concerniente al desarrollo, planeación e implementación de la política REDD+ en México

Sobre el Protocolo de Kyoto, que establece las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero de los países desarrollados, el único acuerdo fue que las naciones aceptan continuar con las negociaciones con el propósito de completar su trabajo y asegurar que no hay brecha alguna entre el primer periodo de compromisos y el segundo del tratado.

Esto brinda una plataforma para abandonar el Protocolo de Kyoto, para remplazarlo con un sistema débil de promesa y examen como legado del Acuerdo de Copenhague, que conduciría a un calentamiento devastador de cinco grados centígrados, advirtió Amigos de la Tierra Internacional.

En cuanto al establecimiento de un Fondo Mundial para el Clima, sólo se planteó la intención de recaudar 100 mil millones de dólares en fondos a largo plazo para 2020, se acordó un proceso para diseñar un fondo verde para el clima bajo la Conferencia de las Partes que cuente con una junta con igual representación de los países en desarrollo y desarrollados.

Para esta organización esta propuesta no va de acuerdo con la equidad ni la necesidad. Los países ricos deben cumplir con sus obligaciones de brindar suficientes fondos públicos a naciones en desarrollo para que puedan desarrollarse en forma limpia y se adapten a los impactos del cambio climático, que ya sufren

En el Metro, un suicidio cada 10 días: Francisco Bojórquez

En el Metro, un suicidio cada 10 días: Francisco Bojórquez

Este año 24 personas alcanzaron ese propósito

La cifra, menor a los 30 casos anuales reportados en los tres periodos anteriores

El monitoreo constante impidió que se consumaran 35, asegura

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Un día normal en horas pico en el Sistema de Transporte Colectivo MetroFoto Víctor Camacho
Laura Gómez
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 36

Problemas económicos, familiares o sentimentales, así como sufrir alguna enfermedad grave llevaron a 24 personas a suicidarse en las instalaciones del Metro este año, es decir, una cada 10 días, en promedio. Otras 40 fueron rescatadas, gracias al monitoreo de las cámaras de video vigilancia y atención oportuna de los empleados de seguridad y policía auxiliar, informó Francisco Bojórquez Hernández, director del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Sin embargo, el número de personas que alcanzaron su propósito es menor al registrado en los tres años anteriores, cuando sumaron 30 en cada periodo. Esperamos que no crezca en estas semanas, pues las condiciones por las que atraviesan no son para menos y es la única salida que tienen, de acuerdo con algunos mensajes póstumos que traen consigo, comentó.

Bojórquez dijo que se va a redoblar la vigilancia con 150 policías de tren y andén, quienes se concentran en las estaciones con mayor incidencia de suicidios, principalmente de Pino Suárez a Taxqueña, de la línea 2; de Indios Verdes a Ciudad Universitaria, de la 3; de Pantitlán a Politécnico, de la 5, y de Garibaldi a Constitución de 1917, de la 8, precisó.

El funcionario explicó en entrevista que los casos más recientes ocurrieron en las estaciones División del Norte, de la línea 3, y Consulado y Misterios, de la línea 5, el mismo día, un sábado, lo cual fue extraordinario ya que esas personas eligieron las denominadas horas valle (de menor demanda), entre las 12 y las 18 horas, y rebasaban los 45 años de edad.

Hace unos días, recordó, se tuvo el caso de un joven de 17 años, pero son más los adultos: 70 por ciento hombres y 30 por ciento mujeres, quienes encuentran en el suicidio una puerta falsa a los problemas que los aquejan, ya sea económicos, familiares, de noviazgo, de salud o depresión.

El monitoreo de las 175 estaciones, con el apoyo de 3 mil 404 cámaras de videovigilancia, 3 mil 285 elementos distribuidos en las 18 horas de funcionamiento del Metro, la instalación de 21 centros de monitoreo y un sistema de radiocomunicación denominado Tetra en las líneas 2 y B, con 50 radios portátiles y 10 bases, impidió que otras 35 personas se arrojaran al paso de los convoyes.

La detección de una persona que pasa varios minutos deambulando por el andén, nerviosismo o rebasar continuamente la línea amarilla al aparecer el tren en el túnel nos lleva a sospechar y personal adscrito a la estación de inmediato aborda a ese pasajero, pues ha desarrollado una sensibilidad especial en estos casos e impedido un mayor número de suicidios, comentó.

La posibilidad de que el tren alcance a frenar, al arrojarse una persona a su paso, es imposible, aun en las horas de menor demanda, cuando el número de pasajeros se reduce un promedio de 30 por ciento –unas mil–, pues la velocidad a la que circula es de 70 kilómetros por hora y pesa varias toneladas. Este año sólo cinco la libraron de morir al quedar entre los durmientes y no tocar la barra guía, que está energizada, pero son los menos y quedan con varios golpes.

Sin embargo, los conductores de los trenes son retirados del servicio y sometidos a tratamiento sicológico, pues el choque (emocional) es muy fuerte, más cuando sabes que la persona no sobrevivió, pero trabajamos en eso y hoy día tenemos avances importantes, afirmó Bojórquez Hernández

Confía titular de Educación en que la ALDF aprobará el presupuesto de $5 mil millones

Confía titular de Educación en que la ALDF aprobará el presupuesto de $5 mil millones

Lo que se necesitan son más becarios, no más sicarios, asegura Mario Delgado Carrillo

Laura Gómez Flores
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 39

El secretario de Educación, Mario Delgado Carrillo, confió que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobará los cinco mil millones de pesos solicitados para el sector educativo, a fin de garantizar el apoyo económico a 120 mil niños talento y 200 mil jóvenes de Prepa Sí, continuar con la expansión de aulas digitales, tres nuevas preparatorias y ampliar la cobertura en más de cinco mil espacios para totalizar 20 mil en bachillerato a distancia.

Al término de la ceremonia de premiación de la carrera Prepa Sí Bicentenario 10K señaló que la inversión en educación es la más inteligente, es la única vía para que nuestro país disminuya los niveles de inseguridad que padece, de que los jóvenes no se vayan por la puerta falsa. El mejor ejemplo es la ciudad con este programa. Por ello, no tenemos los niveles de violencia que hay en el resto del país.

Hoy, destacó, la oferta que se tiene en preparatoria es de cobertura universal. Cualquiera de los 400 mil jóvenes en edad de estudiar este nivel tienen la oportunidad de hacerlo, ya sea mediante sistema presencial, bachillerato a distancia, educación digital o en las instituciones públicas, y lograr que sus sueños se cumplan, pues este país lo que necesita es más becarios, no más sicarios.

El funcionario confió en que los diputados respaldarán su solicitud presupuestal. Estamos seguros de que van a compartir con el gobierno de que la educación es la mejor inversión, para ofrecer a nuestros jóvenes un mejor futuro, sobre todo, cuando hemos abatido dramáticamente los niveles de deserción, de alrededor de 50 por ciento a menos de seis por ciento. Y logrado que siete de cada 10 estudiantes terminen en tiempo sus estudios.

Se trata, dijo, de una política pública que debería ser nacional. En lugar de aumentar los recursos para seguridad, para comprar armas o balas, debe invertirse en darle oportunidad a los jóvenes mediante una beca, afirmó Delgado Carrillo, y resaltó que para mejorar la calidad de la educación básica tomaremos las medidas que tengamos que tomar, pues no podemos seguir estancados en el rendimiento que tienen nuestros niños.

Los libros de salud y nutrición elaborados por las autoridades capitalinas no coinciden con la agenda nacional, pero nosotros queremos ir más rápido, que nuestros niños tengan acceso a la tecnología, que vivan sanos, que tengan una materia de salud, en prevención de adicciones y hagan deporte. Esas son nuestras metas y estamos trabajando en ellas, indicó.

Por su parte, becarios de Prepa Sí que participaron en la cuarta carrera de 10 kilómetros, expresaron su malestar por los constantes retrasos en los depósitos mensuales de sus becas, de entre 500 y 700 pesos al mes, cuando muchos no tenemos cómo sobrellevarla, comentaron Óscar Caltenco y Lucía González, quienes ganaron el primer lugar en las ramas varonil y femenil, respectivamente. En este último caso, el funcionario bromeó y le preguntó si sus calificaciones no habían bajado, pero ya no tocó el tem

La violencia familiar se revierte contra los hombres en Yucatán

La violencia familiar se revierte contra los hombres en Yucatán

En cinco años se han integrado 258 espedientes; sólo dos mujeres fueron consignadas, pero las liberaron por falta de pruebas

Excepciones, quienes usan artes marciales para agredir: instructor

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Clase de defensa personal en el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar de Mérida, Yucatán. La institución ha reportado un aumento del número de quejas de hombres que dicen ser agredidos por esposas, concubinas, hijas y otras mujeres; sin embargo, el instructor David Rosales rechaza que estos ataques se relacionen con la enseñanza de las artes marcialesFoto Luis A. Boffil
Luis A. Boffil Gómez
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 34

Mérida, Yuc., 19 de diciembre. Jorge, como solía hacerlo de cinco a seis días por semana, llegó ebrio a su casa en la colonia San José Tecoh y pidió a gritos a su esposa Angélica que le sirviera de comer.

Su compañera desde hace 18 años, con la que procreó dos hijos, le sirvió un plato con carne, frijoles y tortillas. ¡Siempre la misma comida! ¿No te doy lo suficiente para que compres alguna cosa mejor?, reclamó Jorge.

¡Si no te emborracharas a diario tendríamos más dinero para comprar mejor comida!, replicó la mujer.

Envalentonado por el alcohol, Jorge se levantó de la mesa y se abalanzó sobre su esposa para darle una tunda como las que le había propinado por años, pero en esta ocasión él fue quien se dobló de dolor y cayó.

Angélica le dio una patada en los testículos. Jorge no sabía que meses antes su compañera había empezado a tomar cursos de defensa personal, que el Centro Integral de Atención a la Violencia Intrafamiliar (Ciavi), dependiente del ayuntamiento de Mérida, ofrece de manera gratuita. El Ciavi apoya a mujeres y a varones víctimas de agresión.

El caso de Jorge y Angélica, en que el golpeador se convirtió en golpeado, es uno de tantos registrados en agencias ministeriales. El número de varones que denuncian a esposas, concubinas y otras mujeres por presuntas agresiones va en aumento.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) tiene 258 expedientes de hombres que denunciaron maltrato físico y sicológico de sus esposas y concubinas entre 2005 y junio de 2010; en 140 casos ya se emitió sentencia y sólo dos mujeres fueron remitidas a los jueces, pero salieron libres por falta de pruebas.

Los juzgados mantienen abiertos 118 casos de maltrato contra hombres, pero según los tribunales los afectados no volvieron para ratificar las denuncias.

En 2005 se documentaron 56 casos; en 2006, 44; en 2007, 61; en 2008, 51; en 2009, 38, y hasta junio de 2010 sumaban ocho. La PGJE considera que muchos no son reportadas porque los agredidos sienten vergüenza.

Jorge lo pensó mucho antes de presentar una denuncia por violencia intrafamiliar ante el Ministerio Público y lo hizo en febrero de 2009. El expediente 2340/2009 señala que acusó a Angélica de maltrato y golpes a pesar de que aportaba puntualmente dinero para la manutención familiar.

“Angélica cambió de actitud y ahora ya no para de gritarme y golpearme. En diciembre de 2008 llegué a casa después de trabajar (es contratista de obras), y ella me empezó a gritar porque necesitaba más dinero. Le dije que no tenía más. De la nada agarró un candado de acero, me lo aventó a la quijada y después se me fue encima a golpes hasta sangrarme.

Me fui de la casa. Al otro día me llamó por celular y me pidió que regresara porque estaba arrepentida. Acepté, pero con temor; por unos días estuvimos bien, pero después resurgió su carácter violento. Por todo me golpeaba. Ya no soporté más y volví a irme. En febrero de 2009 fue a buscarme a la vivienda que yo rentaba y me agarró a patadas y golpes. Me gritaba que ya era karateca. Ese mismo mes presenté la denuncia en el Ministerio Público.

–¿Qué sientes ahora?

–¡Tengo miedo! Aunque no la he vuelto a ver desde hace meses, en ocasiones me envía amenazas con amigos. Dice que me va a romper la madre si no vuelvo.

Alicia Canto Alcocer, directora del Ciavi, informó que de cada 100 quejas por agresiones que atiende ese organismo, al menos cinco o seis son de hombres, a quienes también ofrece atención sicológica, médica y jurídica.

Canto Alcocer reconoció que el número de mujeres yucatecas que han pasado de la defensa a la agresión contra sus compañeros ha ido en aumento.

El instructor de artes marciales David Rosales ofrece en el Ciavi cursos de técnicas de combate y respuesta rápida y contundente ante situaciones de violencia intrafamiliar.

No todas las mujeres que aprendieron a defenderse con artes marciales en el Ciavi son ahora violentas con sus parejas. Esas son excepciones. Queremos que las mujeres se defiendan, no que agredan, dijo

Estallido en ducto de Pemex deja 28 muertos y 53 heridos

Miles de vecinos de San Martín tuvieron que huir hacia otros estados

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Al menos 115 casas de San Martín Texmelucan resultaron dañadas por el estallidoFoto Víctor Camacho
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Vecinos tuvieron que ayudar a los bomberos y elementos de Protección Civil en el traslado de los 53 lesionadosFoto Reuters
La Jornada de Oriente, Mónica Camacho y Martín Hernández
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 4

Puebla, Pue., 19 de diciembre. Al menos 28 muertos y 53 heridos, 115 viviendas afectadas y daños aún incuantificables a la infraestructura urbana a lo largo de kilómetro y medio de las márgenes del río Atoyac fue el saldo que dejó en el municipio poblano de San Martín Texmelucan el estallido de un ducto de 30 pulgadas de Petróleos Mexicanos (Pemex), informaron autoridades federales y estatales.

Entre los muertos, 13 eran menores de edad. La conflagración ocurrida la madrugada de este domingo dejó en ruinas a 32 viviendas y causó pánico entre miles de habitantes de la cabecera municipal, que huyeron inmediatamente hacia la capital poblana y localidades vecinas de Tlaxcala, Hidalgo y el estado de México.

Según las investigaciones iniciales, el primer estallido se suscitó en una toma clandestina del ducto de petróleo crudo ubicada en la unidad habitacional San Damián, mientras las explosiones posteriores obedecieron a que el hidrocarburo se derramó hacia el Atoyac, donde halló un punto de ignición y extendió el fuego a casas, negocios y oficinas asentados a lo largo kilómetro y medio, aproximadamente.

Según los vecinos, el estallido inicial se oyó a cinco kilómetros de distancia, pero las llamaradas eran visibles desde más lejos, y el denso humo negro cubrió rápidamente la región, hasta abarcar municipios como Atlixco, Huejotzingo, San Juan Cuautlancingo, San Andrés Cholula y la capital poblana.

Una vecina de Vista Alta mencionó que el río Atoyac parecía impregnado de chapopote, y eran aproximadamente las 8 horas cuando el olor a combustible quemado ya inundaba el sur de la ciudad de Puebla, cuando desde dos horas antes había iniciado la movilización de bomberos, personal de Protección Civil, ambulancias y elementos del Ejército hacia la zona del siniestro.

El gobierno del Distrito Federal envió 38 bomberos, 10 asistentes de Protección Civil, 10 carros-tanque, tres carros-bomba y otros tres vehículos con agua ligera para respaldar las tareas de auxilio y protección. Los esfuerzos conjuntos fueron insuficientes y los vecinos debieron participar en el rescate de heridos y el retiro de cilindros de gas.

Por las explosiones en registros y atarjeas que produjo el petróleo filtrado al drenaje se temía un mayor desastre, pero los bomberos vertieron inhibidores de fuego y explosividad en la red de aguas negras para conjurar la amenaza.

A esa hora el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, se comunicó con el gobernador del estado, Mario Marín Torres, para realizar una primera evaluación. Luego la presencia militar aumentó, y los efectivos desplegados bloquearon los accesos a la cabecera municipal.

La central camionera de Puebla suspendió las corridas hacia San Martín, pero el aeropuerto Hermanos Serdán mantuvo sus actividades a pesar de la nube negra en el cielo. El tráfico en la carretera federal Texmelucan-Huejotzingo se reanudó a las 9:30, y a esa hora comenzó el retorno de quienes abandonaron sus hogares.

Entre llamaradas, árboles calcinados y casas destruidas el riesgo de más explosiones era latente, mientras los periodistas transitaban sin mayor problema por el área restringida, lo mismo que civiles en busca de familiares.

La radio local interrumpió su programación dominical para ofrecer los primeros reportes del incendio –que fue controla a las 10 de la mañana–, y el secretario de Gobernación estatal, Valentín Meneses, dio a conocer que 10 de los muertos eran miembros de una familia.

Cinco fotógrafos que llegaron de inmediato al área del desastre se introdujeron a una vivienda calcinada, sin que el personal de Protección Civil presente lo evitara

Cambios de liderazgo y divisiones marcaron a los cárteles en 2010

Cambios de liderazgo y divisiones marcaron a los cárteles en 2010

El grupo delictivo sinaloense, el de los Beltrán Leyva, el de Acapulco y La Familia Michoacana, entre los afectados

Capos ultimados en operativos, traiciones y nuevos acuerdos completan el panorama

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Las bandas de narcotraficantes no han disminuido su actividad y mantienen presencia en casi todo el país. En la imagen, quema de mariguana cerca de Culiacán, SinaloaFoto Reuters /Archivo
Gustavo Castillo García
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 9

Por primera vez en casi una década el cártel de Sinaloa enfrenta la pérdida de uno de sus verdaderos líderes, Ignacio Coronel Villarreal, y la sociedad de conveniencia con La Familia Michoacana provocó la escisión de Los Valencia. Pero el caso de esa organización no es único, ya que en los pasados 12 meses el panorama de los grupos dedicados al tráfico de drogas en México ha sufrido transformaciones.

De acuerdo con funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional, el cártel de los Beltrán Leyva, que también se conoce como cártel del Pacífico Sur, se dividió tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, y la facción de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, dio origen al Cártel Independiente de Acapulco (Cida). Actualmente los Beltrán Leyva han reducido su presencia ante la pérdida de sus principales operadores: La Barbie y Sergio Villarreal, El Grande.

La información obtenida refiere que esta organización sostiene disputas con el cártel de Sinaloa, grupo del que formaran parte como operadores financieros y de trasiego de drogas, así como jefes de sicarios hasta 2008, cuando supuestamente El Chapo Guzmán entregó a las autoridades a Alfredo Beltrán, El Mochomo. Los estados donde el grupo sinaloense y los Beltrán Leyva se disputan las plazas son Morelos, Sinaloa, Guerrero y Durango.

En tanto, La Familia Michoacana perdió a su ideólogo y líder principal, Nazario Moreno González, El Chayo, el pasado 9 de diciembre, y la organización comenzó su restructura colocando a Jesús El Chango Méndez al frente y como segundo a Servando Gómez Martínez, La Tuta.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el asedio al que está sometida esta organización en su principal bastión, Michoacán –con énfasis en la zona de Apatzingán–, ha provocado que algunos de sus territorios hayan comenzado a ser ocupados por otros grupos rivales como el Cida y Los Zetas.

Por otra parte, el cártel del Golfo vive una recomposición tras la muerte en noviembre pasado de Ezequiel Cárdenas Guillén, Tony Tormenta, ocurrida en la ciudad de Matamoros, y Los Zetas han ampliado sus posiciones en Tamaulipas.

La organización tiene una dirigencia compartida entre Jorge Eduardo Costilla, El Coss, y los hermanos Mario y Homero Cárdenas Guillén.

Respecto de estas recomposiciones y la situación que vive el cártel sinaloense, el procurador general de la República, Arturo Chávez Chávez, dijo en días pasados: “En lo que se refiere al cártel de Sinaloa, efectivamente ese grupo ha sufrido bajas muy importantes, entre ellas la de Ignacio Coronel, en Guadalajara, y lo que sabemos es que eso produce escisiones y hay un grupo delictivo identificado con el que fue el cártel del Milenio, de Los Valencia, que no está de acuerdo en la forma como está evolucionando la organización delictiva y consecuentemente está entrando en conflicto con ella.

“Entonces, la definición… yo no tengo información de que esté concluida, de quién se queda en lugar de Ignacio Coronel... lo que sí es evidente es que hay pugnas internas dentro de ese cártel e insisto en que esto genera que se incremente la violencia en esa entidad, pero también desde luego un debilitamiento importante en lo que es la estructura criminal.”

Asimismo, el procurador apuntó que las autoridades mexicanas han dado seguimiento a los señalamientos que ha realizado el arzobispo de Durango, Héctor González, en torno a Joaquín El Chapo Guzmán Loera:

Desde luego que cada información que se tiene se analiza primero, luego se pasa a ver si tiene visos de credibilidad y posteriormente se realizan operativos buscando detener al delincuente; las manifestaciones del señor arzobispo han sido analizadas y han motivado una serie de operaciones sobre este particular, que desafortunadamente no han tenido éxito.

Por lo que hace al Cártel Independiente de Acapulco (Cida), del cual las autoridades federales no han dado a conocer ningún diagnóstico, fue creado por Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, antes de ser capturado en agosto de este año en Lerma, estado de México. Carlos Montemayor González, El Charro, suegro de La Barbie, se convirtió en en líder del grupo criminal, sin embargo, sus cómplices lo traicionaron y actualmente se desconoce quienes son sus líderes

Iglesia: en las protestas hay dinero de por medio

Iglesia: en las protestas hay dinero de por medio
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El cardenal Norberto Rivera en la misa de ayer en CatedralFoto María Meléndrez
Ariane Díaz
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 14

La Arquidiócesis Primada de México aseguró que detrás de las manifestaciones espontáneas en apoyo a La Familia michoacana hay presiones de los mismos criminales hacia la sociedad, intimidándola para que pida la salida de las fuerzas federales del orden.

En el editorial del semanario Desde la fe, la Iglesia se refiere a las recientes movilizaciones en Michoacán, especialmente en Apatzingán, en las que decenas de personas pedían la salida de la entidad de las fuerzas armadas y la Policía Federal.

Agregó que “desafortunadamente hay dinero de por medio, que compra voluntades de algunos ciudadanos y que corrompe constantemente a muchas autoridades. Ese es el verdadero poder de los narcotraficantes para manejar la situación de muchas comunidades.

Nadie, con un poco de sentido común, puede creer que la ciudadanía en general esté apoyando a los delincuentes y, por ende, la violencia que ésta provoca.

Afirma que nadie puede pensar que los delincuentes tienen una base social que esté alentando sus actividades ilícitas, aunque, asegura, sin duda existen autoridades y policías corruptos que hacen posible sus movimientos.

No obstante, no hemos llegado a la decadencia moral de una sociedad que esté de acuerdo con los criminales y reclame a las fuerzas del orden, aseveró. Somos una sociedad con ideales nobles y con deseos de un verdadero desarrollo.

El texto, titulado La delincuencia no tiene apoyo social, subraya los llamados de los jerarcas de la Iglesia católica a los delincuentes para que dejen sus actividades ilícitas, que afectan la estabilidad del Estado y el desarrollo del país.

Asimismo, “la Iglesia ha expresado de manera oficial y constante su apoyo a la decisión política de enfrentar –incluso con las fuerzas armadas– al poder de los criminales, pero al mismo tiempo ha señalado que hace falta una estrategia de mayor trascendencia que vaya más allá de la represión: hace falta un mayor esfuerzo del Estado y la sociedad para que todos los jóvenes tengan acceso a la educación media y superior; hace falta una mejor política para favorecer el empleo y el desarrollo”.

El arzobispo de Chihuahua, Constancio Miranda Weckmann, en su mensaje navideño llamó a sus fieles a buscar, por todos los medios, la reconciliación y el perdón como alternativa a la inseguridad y la violencia

Buscan reformar arraigo para evitar denuncias por violaciones de derechos

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, el panista Felipe González, presentó una iniciativa de ley para reformar el arraigo con la finalidad de evitar las denuncias por violaciones a los derechos humanos. La modificación que propone es que para otorgar el arraigo, la autoridad deberá escuchar al inculpado, a petición del Ministerio Público, tratándose de delitos de delincuencia organizada.

La decisión de haber llevado a la Constitución la figura del arraigo, obedece, a decir del senador, a la escalada de violencia desatada por la delincuencia organizada para inhibir la acción de las fuerzas de seguridad en su contra.

Al entrar en vigor el decreto que hizo constitucional el arraigo, su aplicación estaba dentro de los parámetros normales, ya que el porcentaje de consignaciones a que da lugar su implementación cae dentro de lo que se considera normal: 90 por ciento. Esta tasa de consignaciones demuestra que la medida fue acertada, señaló.

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó durante los Diálogos por la Seguridad, que encabezó recientemente el presidente Felipe Calderón, que la figura del arraigo hace más eficiente el trabajo de esta dependencia.

En esa ocasión, refirió el senador, la PGR dijo que del total de arraigos obtenidos por la dependencia 90 por ciento es consignado ante un juez; de éstos se libra orden de aprehensión a 90 por ciento, y de esa cifra al menos a 90 por ciento le es dictado acto de sujeción a proceso.

No obstante, precisó que ha habido denuncias de ciudadanos que fueron arraigados y sostienen que les fueron violados sus derechos. Un caso, subrayó, es el de los funcionarios de Michoacán, quienes prácticamente han salido libres en su totalidad.

Sostuvo que es prudente conservar y mantener esta herramienta para el combate a la delincuencia organizada, pero debe modificarse con la finalidad de que los indiciados cuenten con derecho a ser escuchados por el juez, condición sin la cual el órgano judicial no puede resolver la solicitud de arraigo del agente del Ministerio Público.

La decisión de legalizar el arraigo está dando resultados a la PGR, ya que de enero a junio de este año se dictaron un total de 13 mil 70 sentencias condenatorias en materia federal, de un universo de 22 mil 951 averiguaciones previas consignadas en el mismo lapso al Poder Judicial.

Ello significa que en seis de cada 10 averiguaciones consignadas se dictó sentencia. Todavía hay mucho que mejorar, pero el indicador muestra una tendencia positiva en los años recientes, concluyó

El precio del maíz en México, a merced de mercados mundiales y especuladores

El precio del maíz en México, a merced de mercados mundiales y especuladores

Exigen campesinos castigo a acaparadores, terminar con monopolios y apoyar a agricultores

Matilde Pérez U.
Periódico La Jornada
Lunes 20 de diciembre de 2010, p. 21

El maíz, materia prima para la tortilla, se encuentra sujeta a los vaivenes del mercado.

En el ámbito internacional la caída mundial de 12 por ciento en la producción (se calcula una cosecha de 130 millones de toneladas), provocó en los últimos dos meses un incremento de 60 por ciento en las cotizaciones en la bolsa de granos de Chicago.

En México, la producción de maíz se elevó 20 por ciento. Al cierre de este año habrá 24.5 millones de toneladas, suficientes para cubrir la demanda interna de 14 millones de toneladas para el consumo humano, según reportes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

Por estar sujeto al mercado internacional, el precio del grano mexicano también se elevó. Los productores aseguran que las empresas comercializadoras se resisten a pagar ese incremento, en tanto los molineros afirman que erogan hasta 3 mil 600 pesos por la tonelada de maíz.

Producción nacional, al alza

Durante la primera década de este siglo, la producción de maíz tuvo una tasa media anual de crecimiento de 3.3 por ciento. En el ciclo otoño invierno, 80 por ciento de la superficie sembrada se concentra en Sinaloa, Veracruz, Chiapas, Tamaulipas y Oaxaca, y de dichas entidades, la primera se ha puesto a la cabeza como el aportador de 25 por ciento de la producción, gracias a que ha logrado obtener hasta 14 toneladas por hectárea, frente a un promedio nacional de 2.8, según datos de Sagarpa.

Dicho rendimiento, insisten diversas organizaciones de agricultores, pueden duplicarse e incluso triplicarse sin que ello implique elevar los costos de producción e inversiones, ni recurrir a complicados esquemas tecnológicos y operativos. El abasto del grano no puede verse sólo desde la perspectiva del mercado, no se pueden seguir corriendo riesgos de desabasto, pero tampoco pagar los costos de la voracidad de los especuladores sin importar su tamaño.

Alonso Campos, productor sinaloense e integrante del Consejo Estatal del Sistema Producto Maíz, advirtió: Si seguimos en manos de unos cuantos el país se pondrá de cabeza; es momento de que se revalore la importancia de la agricultura, castigue a los acaparadores, termine con los monopolios y favorezca a los pequeños y medianos agricultores, a quienes se les paga a 2 mil 900 pesos la tonelada de maíz, aunque los precios internacionales rebasan los 3 mil pesos.

Menciona que administradores de las empresas que firmaron con campesinos contratos para la compra de las siembras les avisaron que ahora serán ellos quienes carguen con los costos financieros y de almacenaje; mientras que las erogaciones por internación –que pagan las empresas– han bajado en los últimos cinco años, ya que pasaron de 45 a 20 dólares.

En Sinaloa, dijo, hay grano blanco en las bodegas y los productores están batallando para que les paguen el precio internacional. Las empresas son insaciables, no han comprado ni un kilo de maíz de este año.

Apoyos mal dirigidos

Federico Ovalle Vaquera, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, sostuvo que el programa de apoyo al ingreso objetivo y a la comercialización beneficia principalmente a las grandes empresas, pues compran, venden y procesan granos, dentro de las categorías de seguros, almacenamiento, mercados de futuros, transporte, subsidios a la exportación, granos forrajeros para ganaderos y agricultura contractual.

Para 2011, dicho programa tiene asignado un presupuesto de 10 mil 376 millones de pesos, monto que va fundamentalmente a las empresas trasnacionales.

La mayoría de los 3 millones de productores de maíz –que siembran 8 millones de hectáreas y representan 55 por ciento de la población que se dedica a actividades agropecuarias– continúan en condiciones de pobreza y marginación, sin embargo han realizado esfuerzos para lograr mayores rendimientos, expuso la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México.

Si el manejo de cosecha y pos cosecha se realizara de manera más eficiente, al menos 3 millones de toneladas del grano, que son actualmente mermas, podrían incorporarse al consumo humano; el volumen aumentaría en 5 millones de toneladas si se mejorara el sistema de riego en 800 mil hectáreas, agregó.

Manuel Martínez de Leo, director en jefe de Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (ASERCA), aseguró que hay suficiente maíz, incluso para cubrir el abasto hasta enero de 2012.

Este año tuvimos menos importaciones de maíz (amarillo) para el sector pecuario, lo que nos da el abasto y una estabilidad para poder funcionar con la oferta del grano para la tortilla sin llegar a tener incrementos abruptos.

Afirmó que hay estabilidad de los precios. “Esperamos que se sigan manteniendo, independientemente de lo que pudiera pasar por las cosechas en otros países; esperamos tener contratadas todas la producción nacional de otoño–invierno, básicamente a finales de enero, y eso nos va a dar una estabilidad durante todo 2011”

CARTONES DE LA JORNADA




domingo, 19 de diciembre de 2010

Fijan el nuevo minisalario en $59.80 para el área "A"; se incrementa 4.1%

Fijan el nuevo minisalario en $59.80 para el área A; se incrementa 4.1%

Entra en vigor el primero de enero; busca preservar la planta productiva, los empleos y parar la inflación

Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 37

Representantes obreros, patronales y del gobierno acordaron, por unanimidad, aumentar 4.1 por ciento el salario mínimo, que regirá a partir del primero de enero próximo.

La medida representa, en promedio, un incremento de 2 pesos con 30 centavos para los trabajadores que ganan este sueldo.

Los empleados que viven en entidades clasificadas en el área A pasarán de 57.56 a 59.80 pesos al día; en la B el cambio será de 55.84 a 58.10 pesos, y en la C pasará de 54.47 a 56.75 pesos al día.

La resolución del consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CNSM) se tomó con base en tres premisas: preservar la planta productiva, los empleos y evitar presiones inflacionarias adicionales. Con lo anterior –afirman los enviados de los organismos sindicales y patronales que tienen desde hace varias décadas un asiento en el consejo de la CNSM– se alienta además la inversión.

En promedio, el salario mínimo para 2011 será de 58 pesos con 22 centavos al día.

De acuerdo con cifras oficiales, perciben este pago alrededor de 410 mil trabajadores inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social; el salario mínimo se ha convertido en un indicador con el que se fijan multas y pagos. En casi la mitad de las 261 leyes federales, este sueldo es un factor de indexación.

Sin embargo, especialistas en la materia calculan que muchos más (algunos estudios señalan que son más de un millón) perciben el minisalario.

No alcanza para un boleto del Metro o dos bolillos

Para estos trabajadores, que se ocupan en el sector formal o informal de la economía, el aumento de 4.1 por ciento (equivalente a 2 pesos con 30 centavos, promedio) no es suficiente para comprar, por ejemplo, un boleto del Metro (cuyo costo es de tres pesos) o para dos bolillos (el costo unitario de este producto de la canasta básica es de un peso con 50 centavos).

Tampoco alcanzaría para un viaje en autobús del transporte público de la ciudad de México (cinco pesos) y mucho menos para un litro de leche, producto que está por encima de los 10 pesos. El avance a este indicador está lejos de ser suficiente para comprar productos de la canasta básica como el huevo, que vale 20 pesos el kilo.

El diputado federal Mario di Costanzo advirtió que el salario mínimo requería un aumento de 5.6 por ciento para recuperar lo que perdió en 2010; para restablecer el poder de compra perdido en el sexenio, el avance tendría que ser de 45 por ciento.

El legislador explicó que 42 productos de la canasta básica tuvieron aumento de 5.59 por ciento en 2010 y, de 2006 a la fecha, el aumento fue de 72 por ciento al pasar de 812 a mil 400 pesos.

Al inicio de este sexenio, el salario mínimo, zona A, era de 48.67 pesos y en 2010 se ubica en 57.46 pesos al día, es decir, durante la presente administración ha avanzado poco menos de 10 pesos.

En días pasados, la Organización Internacional del Trabajo alertó acerca de la constante pérdida del poder adquisitivo del salario en México”, con incrementos menores a países como Nicaragua y Bolivia.

El artículo 123 constitucional señala que el salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación obligatoria de los hijos.

La resolución del consejo asegura que los ajustes no serán ni piso ni techo para las revisiones contractuales y que la generación de empleos debe ser objetivo prioritario para los gobiernos, al igual que la baja en la inflación, las políticas fiscales ordenadas y demás objetivos macroeconómicos.

Los integrantes del consejo, se agrega en el boletín oficial difundido por la Secretaría del Trabajo, consideraron prudente resolver con objetividad y responsabilidad la presente fijación salarial.

El presidente de la CNSM, Basilio González, dijo que el incremento compensa parcialmente la pérdida del poder adquisitivo. El argumento del funcionario es que el aumento para el salario mínimo que rigió en 2010 fue de 4.85 por ciento y, al cierre del mismo, la inflación concluirá en el rango de 4.4 por ciento.

Entonces, señaló, “la ganancia ha sido pequeña (…) Nuevamente estamos fijando este incremento con la perspectiva de que la inflación concluya por debajo del nivel esperado para 2011 (3.1 por ciento)”, señaló en conferencia de prensa.

En tanto, José Luis Carazo, representante del sector obrero en la CNSM, avaló que lo importante es no provocar –con un incremento mayor– un efecto negativo en la inflación, que terminarían pagando los trabajadores, aunque insistió en que el reto es fortalecer el mercado interno.

A su vez, Tomás Natividad, representante del sector patronal en esta comisión, subrayó que otorgar un incremento no sustentado en las previsiones y resultados de la productividad tiene elevados impactos negativos en la inflación.

La zona geográfica A, cuyo salario mínimo será en el año 2011 de 59.80 pesos diarios, incluye el Distrito Federal y su área metropolitana, así como los estados Baja California y Baja California Sur y las ciudades de Acapulco, Guerrero; Ciudad Juárez, Chihuahua; Nogales, Sonora; Matamoros, Tamaulipas, y Coatzacoalcos, Veracruz, entre otras.

El área geográfica B (58.10 pesos diarios) incluye a Guadalajara, Jalisco; Monterrey, Nuevo León; Hermosillo, Sonora; Tampico, Tamaulipas, y Poza Rica, Veracruz, por mencionar algunos.

En el área C (56.75 pesos diarios) se incluye, por ejemplo, Aguascalientes, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, Durango, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, así como municipios específicos de ocho entidades

Jóvenes mexicanos, incapaces para encarar la realidad: INEE

Jóvenes mexicanos, incapaces para encarar la realidad: INEE
Laura Poy Solano
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 38

De acuerdo con los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés) 2009, México enfrenta aún mucho por hacer para asegurar que los jóvenes sean capaces de analizar, razonar y comunicarse de manera satisfactoria al plantear, resolver e interpretar problemas en diversas situaciones del mundo real, subraya un análisis del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE).

Al evaluar los resultados de la prueba, que se aplica cada tres años con énfasis en un área diferente –que incluye lectura, matemáticas y ciencia–, asegura que prevalece un porcentaje alto de estudiantes en los niveles más bajos de desempeño lector, y pequeño en los niveles más altos.

En el primer caso, señala, es inadmisible, pues los adolescentes que se ubiquen en los últimos niveles de desempeño tendrán enormes dificultades para continuar aprendiendo a lo largo de su vida y para constituirse en participantes eficaces y productivos en la sociedad actual.

Advierte que al contar con pocos jóvenes en niveles de desempeño elevados con habilidades para tareas de alta complejidad cognitiva o científica, significa que en el futuro próximo no habrá suficientes especialistas de alto nivel, capaces de dirigir la vida científica, cultural y económica del país.

De acuerdo con los resultados de PISA 2009, México alcanzó un promedio de 425 puntos en lectura, 419 en matemáticas y 416 en ciencias, con un global de 422 puntos. Las entidades con mejores resultados fueron el Distrito Federal, Nuevo León, Chihuahua y Aguascalientes.

Sin embargo, el INEE destaca que, pese a los resultados, no es sencillo obtener cambios importantes, ni siquiera en una década, pues no basta aumentar la cantidad de recursos financieros dedicados a la educación, deben modificarse prácticas escolares arraigadas y, lo que es quizá más difícil, patrones culturales que prevalecen en las sociedades.

En competencia lectora PISA revela que México tiene en los niveles insuficientes a 36.6 por ciento de los jóvenes evaluados, quienes no pueden acceder a estudios superiores ni desarrollar actividades que exige la vida en la sociedad del conocimiento, mientras 33 por ciento está en el nivel mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea, y sólo 5.7 por ciento pueden realizar actividades de alta complejidad cognitiva.

En matemáticas, sólo 5 por ciento de los estudiantes alcanzan niveles altos; le sigue 44 por ciento en niveles intermedios, y en 51 por ciento en los más bajos

Piden ONG vetar la Ley de Gestación Subrogada

Integrantes de varias organizaciones de la sociedad civil se reunieron con el jefe de Gobierno del DF, Marcelo Ebrard, a quien solicitaron no publicar la Ley de Gestación Subrogada, que regula el préstamo de úteros a parejas o mujeres con problemas de infertilidad, aprobada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), porque no se consideró a las parejas del mismo sexo.

La directora del Instituto de las Mujeres del DF, Martha Lucía Micher, detalló que agrupaciones como GIRE, SIPAM y Consorcio para el Diálogo, se reunieron en días pasados con el mandatario para manifestar sus inquietudes sobre el dictamen aprobado en el órgano legislativo.

Aseguró que no se trata de una oposición a la norma, sino de aclarar dudas en torno a términos que se utilizaron, algunas sobre cuestiones de redacción y otras que tienen que ver con la forma. Por ejemplo, agregó, una de las preocupaciones es que sólo se beneficie a parejas heterosexuales.

Esa es una inquietud que tienen las organizaciones y es importante aclararla, apuntó, tras señalar que se está elaborando una serie de observaciones junto con la Consejería Jurídica.

De hecho, señaló, dicha instancia ya tiene las propuestas de modificación que presentaron las organizaciones de la sociedad civil. Se nos atravesó el presupuesto y otros temas de la agenda legislativa y apenas estamos en el proceso de análisis de lo que ellas están solicitando, refirió

Desaparecidos, 190 centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, tras asalto a tren

Desaparecidos, 190 centroamericanos en el Istmo de Tehuantepec, tras asalto a tren
Octavio Vélez y Agustín Galo
Corresponsales
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 32

Oaxaca, Oax., 18 de diciembre. Aproximadamente 190 centroamericanos se encuentran desaparecidos en el Istmo de Tehuantepec después de ser asaltado el tren en el que se desplazaban entre Arriaga, Chiapas, y Ciudad Ixtepec, Oaxaca, informó Alejandro Solalinde Guerra, coordinador diocesano de la Movilidad Humana Pastoral de Migrantes de la Diócesis de Tehuantepec.

El sacerdote dijo que unos 300 migrantes subieron al ferrocarril la noche del jueves pasado en Arriaga, pero alrededor de las 24 horas policías federales, soldados del Ejército Mexicano y agentes del Instituto Nacional de Migración treparon para tratar de detenerlos.

Muchos extranjeros se tiraron desde el tren en movimiento pero 92 fueron detenidos, golpeados y llevados por los policías y agentes del INM, señaló. Los que no fueron detenidos subieron de nuevo al tren, entre ellos mujeres y niños, pero media hora después fueron asaltados por unos 10 hombres vestidos de negro.

Los sujetos, quienes llevaban armas de fuego, saltaron al tren, dispararon y empezaron a gritar que todos tenían que sacar su dinero; presuntamente secuestraron a muchos, asentó.

Precisó que sólo 15 centroamericanos pudieron llegar a la Capilla-Albergue Hermanos en el Camino, en Ciudad Ixtepec, donde denunciaron los hechos. Uno se fracturó una pierna, indicó.

Solalinde Guerra dijo que se desconoce el destino de los demás migrantes. Pueden estar en el monte, secuestrados, heridos o muertos por los asaltantes, señaló.

Dos ataques en una semana

Solalinde Guerra informó que en la última semana hubo otro secuestro masivo de guatemaltecos y hondureños. Entrevistado al término de la ceremonia por el Día Internacional del Migrante, explicó que un primer ataque ocurrió el martes, cuando los pasajeros de un camión con número 418, que cubría la ruta Tapachula-Juchitán, fueron agredidos luego de pasar por Santo Domingo Zanatepec.

Según las personas que lograron huir “hay señas de que fueron judiciales estatales. A los secuestrados se los llevaron en una pick up blanca, sin placas.

Además la forma de sujetar a los migrantes es típica: con la mano izquierda los levantan del cinturón para que pierdan el equilibrio y con la derecha los sujetan del cuello. Así los someten, esa es una técnica policiaca, afirmó

Gobierno, cómplice de feminicidios: ONG

El asesinato de la activista chi-huahuense Marisela Escobedo Ortiz es sólo la punta del iceberg de un fenómeno mucho mayor de violencia contra las mujeres, que ha ido creciendo en todo el país por la falta de compromiso de los gobiernos para detenerlo, lo cual ha dado lugar a una grave impunidad, advirtieron miembros de organismos de derechos humanos.

Juan Carlos Gutiérrez, director general de la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, afirmó que este caso deja claro el silencio cómplice del gobierno federal ante los feminicidios y la forma en que algunos casos de violencia reciben más atención que otros.

Dan prioridad a algunas personas, hay un trato diferenciado, y eso me preocupa mucho, porque se demuestra que no todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos son importantes para el gobierno, por lo cual son ignoradas y maltratadas por el Poder Judicial, como ocurrió en el caso de Escobedo Ortiz.

Gutiérrez calificó lo ocurrido de crimen de Estado, ya que la actuación negligente y débil de las autoridades, agregó, dio pie a la comisión de un nuevo asesinato.

Ésta es la punta del iceberg de una situación gravísima. Nosotros debemos seguir trabajando para lograr que el gobierno asuma un compromiso claro en derechos humanos, afirmó.

Gloria Ramírez, presidente de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, señaló que el asesinato de Marisela Escobedo provoca un sentimiento de impotencia e indignación por vivir en un país de ingobernabilidad, donde siguen cometiendo agravios contra las mujeres y nadie da la cara por ello.

Entrevistada durante la manifestación del pasado viernes frente a la Secretaría de Gobernación, Ramírez expresó su coraje porque la respuesta de las autoridades ante las demandas de justicia de la población es enviar granaderos.

Estamos llegando a una situación de Estado fallido, que no es capaz de garantizar los derechos de las mujeres, ni las bases fundamentales de la legalidad, la justicia y la seguridad pública. Esto es un crimen de Estado, a los tres niveles de gobierno, y no tenemos otra puerta que la justicia internacional, aseveró.

El dirigente del PAN, Gustavo Madero, exigió a las autoridades de Chihuahua que proporcionen seguridad a los familiares de Marisela Escobedo, tras conocer las agresiones que han sufrido los deudos de ésta.

En un comunicado, pidió a los gobiernos estatal y municipal de Chihuahua efectividad en las investigaciones del caso y consideró inapropiada la declaración que hizo el fiscal de que no se puede asegurar que las agresiones a los familiares de Escobedo estén relacionados con su muerte

Por violencia, sube demanda de atención sicológica a niños

En el último año, las solicitudes de atención sicológica a menores que han sufrido actos de violencia de manera directa o indirecta se incrementó hasta 20 por ciento, informó el coordinador de la carrera de Sicología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Enrique Anchondo.

En entrevista, el especialista dijo que en algunos casos el impacto en los menores puede ocasionar que a futuro presenten problemas de aprendizaje y conducta, por lo que es recomendable que reciban atención lo más pronto posible.

Si no reciben ayuda especializada, los menores que han sido testigos de actos violentos podrían repetir esos patrones de conducta, es decir, tener un comportamiento delictivo en el futuro.

Dijo que aunque algunos no necesariamente han estado expuestos de manera directa a la violencia, el simple hecho de escuchar balaceras cerca de su hogar o escuela también les afecta.

Explicó que las principales manifestaciones que se dan en los menores son trastornos de conducta y aprendizaje, así como aislamiento, insomnio, temor y falta de apetito.

Huérfanos y abandonados

Por su parte, Teresa Almada, directora del Centro de Asesoría y Promoción Juvenil, AC (Casa), que se dedica a la promoción y desarrollo integral de los niños, niñas y jóvenes en comunidades marginales de Ciudad Juárez, señaló que ante la guerra del gobierno contra el crimen organizado, los principales afectados han sido los menores, pues según las cifras, desde hace tres años más de 10 mil infantes de dicha localidad están en situación de abandono, orfandad y pobreza, debido a que uno o ambos padres fueron asesinados.

Los menores han vivido la violencia de diferentes formas: algunos han sido testigos de balaceras, asesinatos e incluso han presenciado la muerte de algunos de sus familiares. Los casos más dramáticos son los de las víctimas colaterales, cuando los menores han sufrido heridas o han sido asesinados al momento de que sus padres fueron rafagueados por integrantes del crimen organizado, incluso hay situaciones donde bebés recibieron disparos.

Sin embargo –comentó–, no son los únicos casos. “Por ejemplo, hace algunos meses encontramos a un par de pequeños de dos y tres años que deambulaban por la calle, ya que su mamá había sido ejecutada. Hay situaciones similares donde los niños son abandonados en los colegios porque sus padres no regresaron, pues fueron asesinados”

Hoy, treinta años de buscar a la poeta y feminista Alaíde Foppa

Hoy, treinta años de buscar a la poeta y feminista Alaíde Foppa

La lucha de organizaciones sociales creó condiciones para procesar reclamos de deudos

Infatigables, los hijos de la escritora, Julio, Laura y Silvia Solórzano, saben que el camino para que se esclarezca el caso aún es largo y enfrentarán un aparato de justicia débil y permeable a la corrupción

Foto
Alaíde FoppaFoto Imagen tomada del libro de Gilda Salinas editado por Grijalbo
Blanche Petrich
Periódico La Jornada
Domingo 19 de diciembre de 2010, p. 12

A 30 años de la desaparición de la poeta y feminista guatemalteca Alaíde Foppa, sus hijos todavía la buscan y no cejan en exigir justicia y esclarecimiento. Lo hacen sin el menor rastro de desaliento, a juzgar por las palabras de su hijo Julio Solórzano, quien asegura tener todas las esperanzas puestas en el habeas corpus que interpusieron él y sus hermanas Laura y Silvia ante la Suprema Corte de Justicia en ciudad de Guatemala el pasado 24 de noviembre.

En este país centroamericano, que padeció el periodo de guerra sucia más prolongado y cruento del siglo XX en América Latina, con 200 mil asesinatos políticos y 45 mil desapariciones forzadas en 36 años (entre 1960 y 1996, firma de los acuerdos de paz), hay al menos tres casos resueltos, con los perpetradores detenidos y sentenciados. (A diferencia de lo que ocurre en México, con 2 mil desaparecidos en el periodo de la guerra sucia, pero ni un caso resuelto).

Se trata de los casos del sindicalista Fernando García (quien fue esposo de la fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo Nineth García) y las masacres de Ejuta y Chimaltenango. Son tres situaciones que crean jurisprudencia y a nosotros nos abren una vía para poder juzgar a los responsables de la desaparición de mi madre, no sólo de los autores materiales, sino hasta arriba en la cadena de mando.

En las tres décadas transcurridas desde aquel mediodía del 19 de diciembre de 1980, cuando el vehículo en que viajaba Alaíde Foppa fue interceptado camino al mercado de La Quemada, en el centro de Guatemala, y secuestrados la escritora y su chofer, Leocadio Actún Chiroy, la lucha por la justicia pasó por muchas etapas.

Primero fueron las campañas de denuncia internacionales. En esos años, durante la dictadura, nadie buscaba a nadie en Guatemala. Ir a los cementerios a buscar restos de desaparecidos era la actividad más peligrosa, recuerda Solórzano. En México se hizo un gran trabajo de solidaridad. Incluso el canciller Jorge Castañeda de la Rosa organizó un comité de notables (con Jorge Carpizo, Juan José Bremer y Leopoldo Zea, entre otros) que debían viajar a Guatemala en el avión presidencial para buscarla. Pero una amenaza del gobierno y la falta de indicios de que Alaíde Foppa estuviera viva hicieron suspender la operación.

Alaíde Foppa, hija de un diplomático, educada en Europa, era crítica de arte, dirigía espacios de estudios de la mujer en la UNAM, fundó la emblemática revista Fem y era poeta leída y reconocida. Fue esposa de Alfonso Solórzano, comunista refugiado en México y madre de cinco brillantes hijos, tres de los cuales se remontaron a las montañas guatemaltecas en las filas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). Pero era además una mujer con un claro compromiso con la defensa de los derechos humanos de su país, aclara Solórzano.

Ese fue un año fatídico para la familia. En junio de 1980 Alaíde recibe un mensaje del EGP informándole que Juan Pablo, su hijo menor, de 27 años, había caído en combate en El Quiché. Al mes su esposo es atropellado en la avenida Insurgentes. En diciembre ella viaja a su país y es desaparecida. En junio del año siguiente cae un segundo hijo, Mario. Sobrevivió en la guerrilla Silvia, quien era médica y actualmente reside en Ecuador. Y los otros dos, Laura, bailarina, y Julio (el mayor, quien es hijo del ex presidente Juan José Arévalo y fue adoptado por Solórzano), promotor cultural, viven en Guatemala.

Los tres formaron un clan que nunca dejó de buscar justicia. Esfuerzos hicimos muchos, pero nunca ante la ley guatemalteca. Esta es la primera vez que se nos presenta una oportunidad concreta, explica Julio en entrevista.

Antes recurrieron, junto con la premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, a la Audiencia Nacional de España. En 1996 el arresto y pedido de extradición del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres me abrió los ojos sobre las posibilidades de las vías legales extraterritoriales. El proceso internacional del tribunal español contra los genocidas guatemaltecos (que se encontraron ahí con lo que quizá sea la más nítida caracterización de lo que es un genocidio en toda forma) avanzó hasta que en 1999 se expidieron órdenes de arresto contra siete militares guatemaltecos involucrados en estas violaciones masivas. Dos de ellos, del alto mando del dictador Romeo Lucas García (general Aníbal Guevara y coronel Germán Chupina), tuvieron arresto domiciliario, hasta que en 2007 un decreto constitucional de la Corte guatemalteca desconoció los juicios de tribunales extranjeros y los militares fueron liberados.

Hubo otro esfuerzo más que abortó de último momento. Contratando detectives y siguiendo pistas casi novelescas, los Solórzano lograron localizar, en Tlalnepantla, a quien fue ministro de Gobierno del régimen de Lucas, Donaldo Álvarez, plenamente identificado como responsable de la desaparición de Alaíde Foppa, la quema de la embajada de España con medio centenar de personas incineradas vivas y la masacre de Panzós, entre otros crímenes de lesa humanidad. Con la mayor confidencialidad, la Audiencia Nacional envió a México la orden de aprehensión y en medio del trámite el entonces septuagenario represor logró fugarse. Sabemos que las estructuras policiales y militares de México y Guatemala, que fueron cómplices durante la guerra, siguen manteniendo intactas sus relaciones, aunque ahora en todas las variables posibles del crimen organizado, sostiene Solórzano. Donaldo vivió en Tlalnepantla, en una dirección conocida por el gobierno mexicano, durante más de 20 años.

Hoy en Guatemala, asegura Solórzano, hay nuevos elementos que dan otro horizonte a los cientos de miles de reclamos de justicia pendientes. Uno de ellos fue la apertura del Archivo Histórico de la Policía Nacional, hace algunos años, con más de 80 millones de documentos que registran una radiografía del modus operandi represivo del régimen durante décadas. El acceso a esos archivos ha permitido reconstruir varios delitos. El otro elemento es el Instituto de Antropología Forense más grande de América Latina.

Esto abre condiciones sin precedente para investigar el pasado, no por obra y gracia del presidente Álvaro Colom, sino como fruto de la lucha de décadas de las organizaciones sociales.

Con esas herramientas a la mano empezaron a fines del año pasado las excavaciones de fosas comunes, ya no sólo en las comunidades rurales, donde la ubicación de masacrados es más fácil, sino en la misma capital. “Ahí estuvimos los familiares de cientos de desaparecidos cuando se abrió la fosa del cementerio de La Verbena. Era un cilindro de 15 metros de diámetro y 10 de profundidad. Cuando se destapó, con esa revoltura indescriptible de huesos, cráneos, ropa, zapatos, lentes… de seres humanos, ascendió un aullido de llanto y dolor que nunca voy a olvidar.”

El trayecto será largo. Lo saben los hijos. Y enfrentamos además un aparato de procuración de justicia débil, escaso y muy permeable a la corrupción. Pero con todo, nunca antes hubo un momento tan propicio como éste, concluye el hijo de Alaíde Foppa