Piden senadores a la Corte resolver pronto la controversia sobre la ley de víctimas

Piden senadores a la Corte resolver pronto la controversia sobre la ley de víctimas

Andrea Becerril

 

Periódico La Jornada
Lunes 17 de septiembre de 2012, p. 19

La fracción del PRD en el Senado solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolver de manera prioritaria la controversia constitucional que el presidente Felipe Calderón interpuso en torno a la Ley General de Víctimas, toda vez que debido a ese recurso la legislación está congelada.

Benjamín Robles Montoya comentó que su bancada pugnará por que el Senado en pleno rechace la nueva Ley de Víctimas que Calderón presentó el mes pasado, toda vez que es una incongruencia que lo haya hecho cuando en la Corte se revisa un recurso que él mismo promovió.

A su juicio, el Senado debe defender la Ley General de Víctimas que ya fue promulgada e insistir en que la Corte se pronuncie ya al respecto.

Explicó que es un tema prioritario para el grupo parlamentario del PRD, toda vez que la ley que el Congreso aprobó el pasado 30 de abril fue impulsada por los representantes de las víctimas, entre ellos el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y no puede tirarse a la basura, para dar paso a una nueva iniciativa de menor alcance.

Recordó que la Ley General de Víctimas fue aprobada por unanimidad, primero en el Senado el pasado 25 de abril y después por la Cámara de Diputados, el 30 de ese mismo mes. Dijo que, al concluir el plazo legal para que Calderón la vetara o la promulgara, el entonces presidente del Senado, José González Morfín, solicitó al secretario de Gobernación, el pasado 29 de junio, la inmediata publicación de ese ordenamiento.

Sin embargo, el Ejecutivo federal vetó la ley el primero de julio y nueve días después presentó la controversia constitucional ante la Suprema Corte, la cual debe decidir quién tiene la razón.

Robles Montoya insistió en que la Corte debe dar celeridad al proceso, toda vez que es fundamental que la ley entre en vigor y se obligue al Estado a asumir su responsabilidad frente a quienes han padecido el embate del crimen organizado o de las fuerzas policiales y militares que participan en la estrategia de seguridad establecida por Felipe Calderón