El presidente Felipe Calderón anunció siete puntos para ser más eficaces
en el respeto a los derechos humanos en la nueva
etapa de su lucha contra la delincuencia, los cuales incluyen buscar acotar el fuero militar y evitar la confrontación, con el fin de proteger a activistas y candidatos en las elecciones de 2012.
La declaración del Presidente se da en el contexto de la pugna con el PRI por la supuesta intromisión del narcotráfico en los comicios y dos semanas después de haber sido demandado ante la Corte Penal Internacional por la presunta comisión de delitos de lesa humanidad en el contexto de la guerra contra la delincuencia, que ha dejado unos 50 mil muertos.
Acciones repudiadas y castigadas
Al igual que el día anterior, el Ejecutivo admitió que las fuerzas armadas han cometido violaciones a los derechos humanos inadmisibles, repudiadas y castigadas
por el Estado mexicano, pero no sistemáticas ni producto de una política institucional.
Con esa declaración pareció dar un viraje en el discurso sostenido en los últimos cinco años, que ha negado o minimizado esas violaciones.
Calderón aprovechó la entrega del Premio Nacional de Derechos Humanos y la presencia del ombudsman nacional, Raúl Plascencia, para anunciar que irá mucho más a fondo
en la protección de estas garantías en siete frentes
.
Como parte de su plan, dio instrucciones a la Procuraduría General de la República (PGR) y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de explorar mecanismos para que en los casos de integrantes de las fuerzas armadas acusados de cometer violaciones a los derechos humanos, y con apego a la ley, se transfiera o decline la competencia militar a favor del Ministerio Público y jueces civiles.
El Presidente recordó en varias ocasiones que ha enviado iniciativas de ley al Congreso vinculadas al tema de los derechos humanos, aún pendientes de resolución. Una de ellas propone reformar la jurisdicción y el fuero militar, para que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan delitos de desaparición forzada de personas, violación o tortura, sean juzgados por tribunales civiles, no por militares.
Agregó que además la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió criterios que amplían los alcances de la restricción a la jurisdicción militar, con base, también, en interpretaciones de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto ocurrió a partir del caso de Rosendo Radilla, víctima de desaparición forzada en 1974, durante la guerra sucia.
En otro punto, declaró: lamento profundamente que ninguno de los tres órdenes de gobierno
haya sido capaz de contener la escalada de agresión y violencia contra activistas, periodistas y, también, candidatos y autoridades constitucionales
.
Prometió que el gobierno federal pondrá mayor interés en ese asunto y reiteró su llamado a gobierno y sociedad a no callar y, en todo caso, unir fuerzas, en lugar de confrontarlas, para garantizar la labor de organizaciones sociales, comunicadores, partidos políticos y ciudadanos en la vida pública, por el bien de la democracia.
Para lo anterior, pidió a las autoridades electorales que exploren mecanismos que protejan a candidatos y activistas en los procesos electorales, particularmente en los que se avecinan.
Otro aspecto consiste en asegurarse de que la participación de las fuerzas armadas, la Policía Federal y la Procuraduría General de la República en la lucha por la seguridad se apegue a la legalidad y a los derechos humanos.
Prometió actualizar protocolos y directivas para el uso legítimo de la fuerza
, en relación con detenciones y puestas a disposición de la autoridad –sea agente del Ministerio Público o juez– en la preservación de las evidencias y la cadena de custodia en la comisión de delitos.
Para proteger a las víctimas de la violencia ordenó a la Secretaría de Gobernación que se coordine con diversos organismos para actualizar plenamente el registro de ADN de fallecidos y personas no localizadas en el país.
Llamó a los gobiernos estatales y sus procuradurías de justicia a cumplir con su obligación de preservar evidencias, identificar y registrar las personas fallecidas o no localizadas cuando inician las averiguaciones previas. Anunció que enviará al Legislativo una iniciativa de ley para fortalecer la recién creada Procuraduría Social de Atención a Víctimas de la Violencia.
En otra directriz, prometió tener más entendimiento con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y estar abierto al escrutinio de los organismos internacionales.
Ofreció cumplir plenamente con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y convocó a los gobiernos estatales y municipales a hacer lo propio.
Por último, indicó que el gobierno federal intensificará su esfuerzo de capacitación a los servidores públicos en materia de derechos humanos
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