Mujeres organizadas repudian feminicidios

Exigen el establecimiento de alertas de violencia de género en Jalisco Rechazan en Baja California prisión para mujeres que deciden abortar Guillermo Montalvo Fuentes Campaña a favor de la erradicación de la violencia contra las mujeres. México DF, enero 25 de 2011. Debido al incremento de feminicidios registrados en México en los últimos años, el colectivo ¡Queremos seguir vivas!, integrado por organizaciones civiles de Jalisco, realizaron el pasado viernes un acto de protesta, en la Plaza de las Armas en Guadalajara, para exigir la erradicación de la violencia contra las mujeres y niñas de todo el país. Como parte del evento se colocaron altares con veladoras y flores, además de que se montaron 81 zapatos con historias de vida de mujeres asesinadas en el estado. Patricia Ortega, vocera de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Jalisco (Ddeser), y que forma parte de este colectivo, aseguró que esta actividad fue el arranque de una campaña que próximamente realizarán con el objetivo de visibilizar el problema del feminicidio. “Ha sido complicado establecer una coyuntura para la aprobación de la alerta de género en el estado –gobernado por Emilio González Márquez, del Partido Acción Nacional (PAN)-, sin embargo, es importante hacer este tipo de pronunciamientos para que se le considere una medida urgente”. A pesar de que hace tres años en Jalisco entró en vigor una ley que permite a mujeres y niñas tener acceso a una vida libre de violencia, las cifras en este sentido siguen en aumento, pues según un informe sobre feminicidio en este estado, realizado por el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer AC (Cladem) y el Observatorio Nacional del Feminicidio, el número de mujeres asesinadas ha pasado de 40 en 1997, a 81 en 2010. La petición que el pasado viernes hizo el colectivo “Queremos seguir vivas” para establecer alertas de género en Jalisco, se suma a otras iniciativas que han solicitado lo mismo en el transcurso de este mes, tal como sucedió en Chihuahua, Hidalgo y el estado de México. Con respecto a la negativa por parte del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de establecer la alerta de género en el estado de México, Leticia Cuevas, vocera de Ddeser México, señaló que esta situación atendió a razones políticas, las cuales sólo evidenciaron que “antes del bienestar de las mujeres, de evitar que sigan muriendo, están las decisiones de conveniencia”. La activista dijo a esta agencia: “Fue una no declaración completamente política, pues aun cuando se trata de uno de los estados en los que más violencia contra la mujer existe, después de Chihuahua, en la votación más de veinte institutos de mujeres estatales, cuyas titulares están afiliadas al Partido Revolucionario Institucional, (PRI) optaron por no aprobar la alerta de género, todo para no hacer quedar mal al gobernador Enrique Peña Nieto”. Subrayó que este tipo de situaciones no tienen por qué frenar a las mujeres en la lucha por sus derechos, pues aseguró, es la única manera en la que se puede hacer frente a la “irresponsabilidad del Estado para resolver el problema”. Algunas otras organizaciones que forman parte del colectivo y que participaron en el acto son Agenda Feminista Jalisco, Centro de la Diversidad y los Derechos Sexuales AC y el Cladem México. Violentan derechos reproductivos de mujeres de Baja California Luego de que el pasado jueves, en Baja California, fuera sentenciada a 23 años de cárcel una mujer que sufrió en 2008 un aborto espontáneo, distintas organizaciones civiles de la entidad manifestaron vía electrónica su rechazo y exigieron al gobernador José Guadalupe Osuna Millán, del PAN, la liberación inmediata de la joven. De acuerdo con el comunicado difundido por las activistas, desde el 26 de diciembre de 2008 se aprobó la reforma a la Constitución del estado para proteger la vida desde la concepción, sin embargo, aseguran que esta reforma está “cargada de dogmatismo y de ignorancia”, por lo que ha dado pie a que las autoridades “misóginas” encarcelen a las mujeres que deciden sobre su cuerpo, sus derechos sexuales y reproductivos. Por otro lado, también señalaron que la reforma al artículo 7 constitucional de Baja California no es sólo una violación a los derechos fundamentales de las mujeres, sino que las deja con un estatus jurídico reducido al de “incubadora”, al no permitir la interrupción legal del embarazo y penalizar a quien lo hace. Con respecto a esta situación, Leticia Cuevas explicó que más que una condena jurídica, lo que se da en estos casos es una condena social, pues realmente no está bien tipificado el aborto como delito. “En general las penas por aborto no son tan altas, sin embargo las autoridades lo que hacen es sentenciar a las mujeres por cualquier otra cosa, con lo que les dan penas de muchos años de cárcel”, concluyó