sábado, 3 de marzo de 2012
Anuncia la Iglesia católica que realizará talleres de ciudadanía
Carolina Gómez MenaPeriódico La JornadaSábado 3 de marzo de 2012, p. 14La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) confirmó que con motivo de las elecciones federales del próximo primero de julio instará a la ciudadanía a participar en el proceso, tal como lo hizo para los comicios de 2006, pues considera que esta es la mejor manera de contribuir a solucionar los problemas que aquejan a la sociedad.Manuel Corral Martín, asesor de la presidencia de la CEM, señaló en entrevista que dicha exhortación a involucrarse no es una intromisión de la Iglesia católica en la política partidista, sino un llamado a cumplir con un derecho y una obligación ciudadanas.Indicó que este exhorto, que se acompañará con la realización de “talleres de ciudadanía”, se realizará en el contexto de la 93 asamblea plenaria de obispos que se celebrará del 16 al 20 de abril y que tiene como tema central la familia. En dicha reunión episcopal los jerarcas harán una reflexión sobre las comunidades cristianas en torno a diferentes temas que atañen a la sociedad, como “la construcción de redes sociales, la reconstrucción del tejido social, los valores, la educación desde la familia y la problemática que enfrenta, desde la perspectiva cristiana”.Corral Martín precisó que “los representantes no deben ser elegidos por minorías, de ahí la importancia de la participación; tienen que ser las mayorías las que se manifiesten” y añadió que habrá “talleres en las parroquias”.El sacerdote sostuvo que la participación ciudadana debe tener como cimiento la “toma de conciencia”, además de “contar con las herramientas para discernir” qué es lo que más conviene al país y a las personas.Cabe destacar que Hugo Valdemar Romero, director de comunicación social de la arquidiócesis de México, señaló la semana pasada que la Iglesia católica “siempre ha llamado a los fieles a ejercer este derecho y obligación ciudadana” y precisó que en ese contexto se dieron las orientaciones que emitió el cardenal Norberto Rivera Carrera el 14 de febrero. En esa ocasión, Valdemar Romero, adelantó que la CEM también exhortaría a participar en el proceso comicial.Sobre los boletos para los actos que encabezará el papa Benedicto XVI en su estancia en México, Corral Martín llamó a la feligresía a “no dejarse engañar con la venta de entradas, porque –insistió– éstas serán gratuitas y repartidas directamente por las parroquias a partir del 12 de marzo; no deben hacer caso de gente sin escrúpulos que quiere lucrar”.Condenó cualquier tipo de negocio que se haga con motivo de la visita del pontífice a México y exhortó a la autoridades a “castigar” cualquier tipo de abuso. Esta semana por medio de un comunicado conjunto de la CEM y la Profeco, remarcaron que los pases de acceso a la misa que oficiará el Papa en el Parque Bicentenario de León serán gratuitos
Tras la Independencia, se buscó gobierno basado en la religión: Connaughton
Fernando Camacho ServínPeriódico La JornadaSábado 3 de marzo de 2012, p. 16Durante la guerra de Independencia en México hubo un fuerte rompimiento en el seno de la Iglesia católica entre insurgentes y realistas, pero ninguno de los dos bandos quería dar pie a un Estado no confesional, pues creían de forma romántica que la religión era una especie de “cimiento neutro” de la sociedad mexicana.Así lo afirmó el académico Brian Connaughton, durante la tercera sesión de la cátedra Religión, sociedad y Estado laico, coordinada por la Universidad Autónoma Metropolitana, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Universitario Cultural (CUC) y el Centro de Estudios Sociales Antonio Gramsci.Durante su charla, el historiador hizo un recuento de las condiciones que generaron la guerra civil en México a principios del siglo XIX, la cual sin proponérselo sentó las bases del laicismo en el Estado moderno.La rispidez que se produjo antes, durante y después del movimiento independentista entre los partidarios de una Iglesia apegada a la corona española, y aquellos que militaron de forma activa en la insurgencia, contrastaba con el deseo íntimo de los dos grupos de crear un gobierno nacional basado en la religión, elemento al que consideraban un factor de unidad para todos los mexicanos.Aun teniendo ese común denominador, y al margen del resultado de la lucha, fue en ese entonces cuando se sistematizaron las primeras ideas que dieron lugar al Estado laico, concepto basado en el liberalismo democrático que implica el reconocimiento a la diversidad, y pone freno a la imposición de los valores religiosos de un solo grupo.Algunos clérigos de aquella época, recordó, expresaron por primera vez los fundamentos de una “religiosidad crítica”, en la cual advertían que “eran tan peligroso no creer, como creer demasiado”.Se produjo entonces una desacralización de la labor de los sacerdotes, y el surgimiento de una idea que antes hubiera sido impensable: la separación entre Iglesia y Estado, que otorga más libertades a ambos sectores, no menos.Estos conceptos empezaron a cristalizar en propuestas políticas definitivas luego de la invasión estadunidense de 1848, en donde el país perdió más de la mitad de su territorio, dejando la sensación de que la situación de México ya era insostenible.La cátedra Religión, sociedad y Estado laico se realiza todos los jueves a las 19 horas en el CUC, hasta el 31 de mayo. En la próxima sesión, el 8 de marzo, el ponente será Francisco Piñón Gaytán
Confían senadores de PRD y PT en que diputados rechacen el alza en la cuota al Fondo
Andrea BecerrilPeriódico La JornadaSábado 3 de marzo de 2012, p. 18Senadores de PRD y PT que votaron en contra del incremento de cuotas al Fondo Monetario Internacional (FMI), aprobado el pasado jueves, advirtieron que la reforma aún debe pasar por la Cámara de Diputados y ojalá ahí haya un análisis a fondo y se rechace.El petista Ricardo Monreal y la perredista Yeidckol Polevnsky recalcaron que aprobar que México aporte 175 mil millones de pesos a ese organismo internacional es un grave error, ya que el país atraviesa por una severa crisis económica y de seguridad, como para destinar esa cantidad millonaria, que va destinada al rescate de países ricos.Respecto a la discusión que se dio en el Senado la víspera, en la que las bancadas de izquierda se dividieron e incluso el perredista Silvano Aureoles invocó a Andrés Manuel López Obrador para pedir el voto a favor de aumentar la aportación al FMI, Monreal recalcó que el precandidato presidencial nada tiene que ver en ello.“Se trata de una carga lacerante para la población mexicana, de la que es responsable el Senado y lo será también la Cámara de Diputados, en caso de que lo avale”.Monreal lamentó que en su afán de aprobar a toda prisa la iniciativa de Calderón, que faculta al Banco de México para elevar en 145 por ciento la cuota al FMI, los grupos parlamentarios de PRI y PAN avalaron un dictamen con errores.Se trata de un dictamen que las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos Primera, que presiden el panista José Isabel Trejo y el priísta Rogelio Rueda, elaboraron el pasado 15 de diciembre de 2011, el mismo día que la iniciativa llegó al Senado.Trejo pretendía que se votara también ese, que era el último día de la legislatura, pero el PRI se opuso y quedó en primera lectura. Los cabildeos del gobernador del Banco de México lograron convencer finalmente a los del tricolor, que ayer, junto con parte del PRD y de Movimiento Ciudadano, la aprobaron.El dictamen que votaron, sin embargo, tiene fecha del 14 de diciembre, es decir, un día antes de que la iniciativa de Calderón llegó al Senado.Con todo y el error, la minuta ya pasó a la Cámara de Diputados. En el Senado pasó con 70 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Junto con priístas, panistas y verdes, votaron los perredistas Carlos Navarrete, Silvano Aureoles, José Luis García Zalvidea, Antonio Mejía Haro y Rubén Velázquez, además de Ericel Gómez Nucamendi y Eugenio Govea, de Movimiento Ciudadano.
En México la justicia es una quimera, afirma Édgar Cortez
Ariane DíazPeriódico La JornadaSábado 3 de marzo de 2012, p. 19Hace poco más de 37 años, cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz (el padre, José de Jesús, y cuatro de sus hijos: Amafer, Armando, Solón y Venustiano) fueron detenidos, torturados y desaparecidos por el Ejército Mexicano y la entonces Dirección Federal de Seguridad en Tarejero, comunidad purépecha de Michoacán.La historia de los cinco activistas, el contexto en el cual se dieron las desapariciones y la lucha de sus familiares por conocer su paradero y obtener justicia está plasmada en el libro Mártires de la democracia, escrito por Abdallán Guzmán Cruz y Julio Pimentel Ramírez, presentado el pasado jueves en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).Édgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Imdhd), apunta en la introducción del libro que en México “aún nos aguarda un largo camino para acceder plenamente a la justicia en estos casos, pues el entramado institucional está diseñado para asegurar la impunidad y que la justicia sea una quimera”.En entrevista, José Rosario Marroquín, director del Centro Prodh, comentó que “uno podría cambiar nombres y fechas a la hora de la descripción de las desapariciones y estaría leyendo una historia actual”.Subrayó que a lo largo de las últimas cuatro décadas ha cambiado el motivo de persecución pero se mantienen las estructuras políticas y de funcionamiento de los cuerpos policiales y militares que cometen atropellos contra los activistas.Así, durante la llamada guerra sucia se atacaba al comunismo, en la década de los noventa el pretexto era la violencia en la ciudad de México y hoy es la lucha contra la delincuencia organizada.Recordó que ante la nula disposición de las autoridades para investigar las desapariciones forzadas y, por ende, la falta de sanción de abusos cometidos por cuerpos policiacos, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos han retomado algunos casos concretos para presentarlos ante instancias internacionales en busca de justicia.Por lo que toca a la familia Guzmán Cruz, su caso está ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2006.El texto –realizado con el apoyo de la Fundación Diego Lucero, el Centro Prodh y el Imdhd– se compone por un capítulo de contexto histórico; otro sobre la familia Guzmán Cruz y uno más dedicado a la narración de las detenciones de los cinco miembros de esa familia y tres personas más.Luego sigue un capítulo por cada uno de los desaparecidos de la familia Guzmán Cruz; otro para el hermano de las víctimas, autor del libro y preso político, Abdallán Guzmán Cruz; uno más dedicado a la madre y viuda de los activistas, Salud Cruz Jiménez, y por último, el recuento de la travesía de la familia por acceder a la justicia
Realizan Encuentro sobre Memoria Histórica contra la violencia de Estado
Rechazan “la propagación del miedo para contener nuestras legítimas formas de resistencia”Hermann BellinghausenPeriódico La JornadaSábado 3 de marzo de 2012, p. 20“Ante la urgente situación y la coyuntura que estamos viviendo a escalas mundial, regional y local, vimos la necesidad de encontrarnos para dialogar como protagonistas de nuestra propia vida e historia, como actoresde cambio”, declararon más de 40 organizaciones comunitarias y civiles luego de reunirse los días 28 y 29 de febrero en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el Encuentro sobre Memoria Histórica, con la intención de explorar alternativas contra “la violencia de Estado”.Determinaron “afianzar” la construcción de alternativas en movimiento “que frenen y transformen las condiciones estructurales y sistémicas que han desatado la violencia de Estado y otras violencias entrelazadas”: la estructural (pobreza, hambre, enfermedades, exclusión, marginación, discriminación, desplazamiento forzado, migración forzada y asesinatos, entre otros); de género (misoginia, discriminación, racismo, hostigamiento sexual, tortura, feminicidios, violación sexual, trata de personas, entre otras), y sistémica (explotación laboral, trabajo forzado, despojo territorial, devastación ecológica, condicionamiento en la participación política, entre otros).Los participantes coincidieron en rechazar la militarización, el paramilitarismo, la guerra de baja intensidad, la contrainsurgencia “y la subordinación a los supuestos imperativos de ‘seguridad nacional’, ‘libre comercio’, luchas ‘antiterrorista’ o ‘antidrogas’, y sus efectos en el control territorial y poblacional”.De manera particular, las organizaciones se comprometieron “con la lucha de la sociedad civil Las Abejas por la verdad, justicia, reparación y no repetición, y contra el persistente festín de impunidad reflejado en la liberación de seis autores materiales más de la masacre de Acteal, y la falta de procesamiento de sus autores intelectuales, que ha provocado el cinismo de Ernesto Zedillo en el ámbito internacional, con la protección del gobierno de Calderón y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.Denunciaron las “formas silenciosas” de violencia de Estado, la “propagación del miedo para contener nuestras legítimas formas de resistencia”, y dijeron apostar “a la defensa de territorio y vida contra megaproyectos y el despojo territorial, como en Centla (Tabasco) y Cerro de la Tortuga (Morelos), que enfrentan la destrucción de flora, fauna y medio ambiente, o bien Tila, San Sebastián Bachajón y comunidades de Montes Azules, a quienes “se les pretende despojar de sus tierras legítimas”.Insistieron “en la lucha por la autonomía y la justicia comunitaria”, la democracia participativa y directa, la seguridad, la reconstrucción territorial contra la violencia de Estado “y la concreción de los Acuerdos de San Andrés, a 16 años de su firma”, hoy “una ley vigente para los pueblos que luchan”, por lo que saludaron a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional “por su ejercicio del derecho a la resistencia y la autonomía”.Se manifestaron contra las desapariciones forzadas en Coahuila y el este del país, resultado de la guerra declarada por el gobierno federal, la militarización del territorio y más de 60 mil muertos. Reivindicaron los derechos “a la libre movilidad (migrar o no migrar, ni ser desplazado); a la hospitalidad, refugio, asilo, santuario, y asistencia humanitaria de migrantes”. Al respecto, rechazan los retrocesos legales reflejados en nuevas leyes de Migración, Refugio, Trata de Personas y sus reglamentos y en la nueva ley para la atención y protección de la población desplazada internamente en Chiapas.A nivel chiapaneco firman el pronunciamiento Amnistía Internacional, Centro de Derechos de la Mujer, Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Comité de Defensa de la Libertad Indígena Xinich, Las Abejas, comités de derechos humanos j’Canan Lum y Oralia Morales, ejidos de Jotolá, Tila y San Sebastián Bachajón, adherentes de la otra campaña. También: Colectivo Actoras de Cambio (Guatemala), Frente Sindical Campesino de Tabasco, comunidad Cherán (Michoacán), Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos (Coahuila), Equipo Indignación (Yucatán), Maderas del Pueblo del Sureste, Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, y Refugio la 72-Centro de Derechos Humanos Usumacinta, entre otros
Resumen de Noticias en el #tiraderodelbote 3-Marzo-12
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viernes, 2 de marzo de 2012
Amenazan con desalojar tres poblados indígenas ubicados en la selva Lacandona
Hermann BellinghausenPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 20Nuevos desalojos de comunidades indígenas podrían estar en puerta en Montes Azules, la reserva de la biosfera ubicada en la selva Lacandona de Chiapas.San Gregorio, Ranchería Corozal y Nuevo Salvador Allende, poblaciones asentadas en la cuenca del río Negro, recibieron esta semana la amenaza de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de que serán “reubicadas”. Después de un largo periodo de “diálogo”, mediante una Mesa de Atención a la Zona Lacandona, la comisión negó “categóricamente” su regularización.Eso implicó una ruptura de las negociaciones entre los representantes indígenas y las autoridades. La propia Conanp y el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chiapas, Ricardo Frías, amenazaron con el desalojo inminente a estos poblados, que las autoridades insisten en llamar “asentamientos irregulares”, si bien tienen –como es el caso de San Gregorio– más de tres décadas de antigüedad.El eventual desalojo ocurriría pese a que la denominada comunidad lacandona, propietaria formal de las alrededor de 600 mil hectáreas de Montes Azules, había acordado anteriormente que permitiría la estancia de estos pobladores. No obstante, la Conanp argumentó este martes una “solicitud de representantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona de regularizar los tres asentamientos humanos irregulares”.En su argumentación dirigida a los medios de comunicación, el organismo gubernamental asevera que “las únicas actividades permitidas” en la reserva de la biosfera son (en este orden) “turismo, investigación científica y tecnológica, y aprovechamiento controlado en las que, sin proceder al desmonte, se aprovechen la selva y sus recursos naturales”. Para ello se remite al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1978, que declaró el establecimiento de la reserva, sobreponiéndose a un decreto anterior, lo que ha dado origen a múltiples conflictos y confusiones al paso de los años.En el último encuentro entre funcionarios e indígenas también estuvieron representantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente (ARIC-I), para quienes el diálogo con las autoridades “quedó roto” y dijeron temer un desalojo.Otros argumentos de Conanp y Semarnat se refieren a que “la zona es considerada una de las reservas con una generación de riqueza biológica y recursos hídricos más importantes del país”, y, “de igual forma, patrimonio natural de la humanidad, reconocida por la Unesco dentro del Programa del Hombre y la Biosfera ”.Añaden “la preminencia de la región” como prestadora de los debatibles “servicios ambientales”, así como una afirmación novedosa: “otro aspecto relevante lo constituyen las características del suelo de la zona, al ser considerado de alto riesgo para asentamientos humanos ante los fenómenos meteorológicos”.Finalmente, y como parte de la mesa de diálogo, la Conanp dice ofrecer “apoyo para la reubicación de los tres grupos involucrados en dichos asentamientos”, como parte de la fallida mesa de diálogo, en la cual participaban también la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Chiapas.
Condena el Senado la agresión contra legisladores del PRD en penal de Chiapas
Víctor Ballinas y Andrea BecerrilPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 20La mesa directiva del Senado condenó “enérgicamente” las agresiones sufridas el pasado miércoles por los legisladores perredistas Rubén Velázquez López, José Luis Máximo García Zalvidea, Carlos Sotelo y Leonel Godoy, en la entrada del penal El Amate, cuando visitaron al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y anunció que se mantendrá atenta a las investigaciones del caso.Asimismo, expresó su rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad física de las senadoras y los senadores.El tema fue llevado a tribuna por García Zalvidea, quien denunció que “de manera violenta, una turba trató de impedir la visita al penal. Los agresores no procedieron de manera espontánea, estaban perfectamente dirigidos por instigadores profesionales que actuaron a ciencia y paciencia de las fuerzas de seguridad pública de Chiapas.“Fue posible identificar a Francisco Madariaga de la Cruz, actual funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado, adscrito al fiscal de Asuntos Relevantes, Adolfo Chacón, encargado precisamente de integrar diversas denuncias contra Salazar.“También se identificó –añadió el senador– a Andrés Álvarez Rodríguez, quien se ostenta como líder de la denominada Unión de Comunidades Productivas La Casita, de reconocida cercanía política con el actual gobernador.”Aseveró: “queremos evidenciar las condiciones terribles al interior del centro de reclusión referido. Ni los animales se comen los alimentos que se proporcionan a los internos, porque se enfermarían”. Y propuso un punto de acuerdo para que “el Senado condene enérgicamente las agresiones de que fueron objeto los cuatro legisladores del PRD y que se inste al gobernador de Chiapas a que ordene una investigación al respecto”.El coordinador de la bancada del PVEM, Arturo Escobar, criticó que los perredistas hayan visitado a Salazar Mendiguchía. “¿Cómo esperaban que se les recibiera en ese penal, absolutamente sobrepoblado? Salazar es un ex gobernador odiado en Chiapas”.El tema dividió incluso al PRI y al PVEM, pese a que son aliados electorales en esa entidad. Carlos Jiménez Macías cuestionó a Escobar. “Está justificando que se agreda a los legisladores. Como parlamentarios no debemos permitir que a nadie le ocurra”, dijo.
Parcial acatamiento de México a orden de la CIDH sobre Campo Algodonero: ONG
Fernando Camacho ServínPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 21La sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra México por el caso del llamado Campo Algodonero –que involucra la falta de acción gubernamental en el asesinato de ocho mujeres en Ciudad Juárez en 2001–, se ha cumplido únicamente en sus aspectos más superficiales, pero en aquellos que involucran el acceso real de las víctimas a la justicia, incluyendo el castigo de los responsables del crimen, sigue habiendo una actitud de simulación e indolencia, afirmaron activistas de derechos humanos.David Peña, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), recordó que a principios de 2012 un grupo de colectivos cercano al caso elaboró un informe sobre el nivel de cumplimiento de las autoridades a la resolución de la justicia interamericana –dos años después de que ésta fuera dada a conocer– y llegó a la conclusión de que se trata de una actuación parcial e insuficiente.“Sí publicó la sentencia, aunque falta que se haga en el portal del gobierno de Chihuahua, y ya se entregaron las indemnizaciones económicas, pero en la parte de la justicia, la sanción a los responsables de los feminicidios, no se ha avanzado nada, porque ningún funcionario ha sido sancionado hasta ahora”, lamentó.Uno de los hechos más preocupantes al respecto –dijo– es que las autoridades estatales, “con total cerrazón”, ya informaron que no van a redirigir el sentido de sus investigaciones, aunque la CIDH ya les haya advertido que fueron mal integradas y no tienen perspectiva de género.“También sigue pendiente la creación del banco de datos de mujeres y niñas desaparecidas. Han realizado una serie de acciones legales sin consultar a las víctimas ni a las organizaciones sociales. Es un cumplimiento deficiente y parcial, y en el caso del gobierno de Chihuahua, hay total indolencia. Ya ni siquiera cuida las formas”, deploró.En tanto, Karla Michel Salas, abogada de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, coincidió en que el Estado mexicano sólo ha puesto en marcha una política de simulación, en la cual las autoridades destacan que ya ofrecieron una disculpa pública a los familiares de las víctimas –el 7 de noviembre de 2011, en Ciudad Juárez–, aun cuando a dicho acto sólo asistieron funcionarios de segundo nivel.“Todo el proceso de cumplimiento de la sentencia debería ser público, para que nos demos cuenta de lo que están haciendo, pero la política gubernamental de poca transparencia nos demuestra que, en realidad, en todo momento han pretendido minimizar la violencia contra las mujeres”, aseveró.
Resumen de Noticias en el #tiraderodelbote 2-Marzo-12 (Matutino)
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Más de 3 días después de la fuga de El Coqueto, la PGJEM pide ayuda
Bloquean PRI y aliados acuerdo para llamar a comparecer al procurador
">Ombudsman estatal inicia queja por negligencia de policías
">Padres de víctimas sospechan espionaje del gobierno
Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de México muestran la foto de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, violador confeso de ocho mujeres y asesino de siete">Foto Mario Antonio Núñez López
Israel Dávila y Silvia Chávez
Corresponsales
Periódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 34
Toluca, Méx., 1º de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) giró oficios de colaboración a sus homólogas de estados circunvecinos para que cooperen en la búsqueda del violador y feminicida serial César Armando Liborio Legorreta, alias El Coqueto.
Más de 72 horas después de que Liborio Legorreta se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, no hay pistas sobre su paradero, aunque se ha intensificado su búsqueda en el sur de la entidad y en municipios conurbados con el Distrito Federal.
Fuentes de la PGJEM indicaron que ésta pidió apoyo a las procuradurías del Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Explicaron que unos 60 elementos del grupo de élite de la dependencia –cuya principal función es ubicar a miembros del crimen organizado– buscan al violador y homicida confeso.
Día y noche, policías vigilan una veintena de domicilios de familiares y amigos de El Coqueto. Además, este jueves agentes ministeriales del estado colocaron en el paradero de la glorieta de Valle Dorado, en Tlalnepantla, y en parabuses del Periférico Norte, en la zona conurbada con el Distrito Federal, carteles con la fotografía de Liborio Legorretay la leyenda “se busca”. Patrullas de la Secretaría de seguridad Ciudadana estatal también portan los anuncios.
El miércoles, el titular de la PGJE, Alfredo Castillo Cervantes, ofreció un millón de pesos a quien proporcione información que lleve a la reaprehensión del chofer de microbús acusado de violar a ocho mujeres y asesinar a siete de ellas.
El gobernador Eruviel Ávila informó en su cuenta de Twitter que ha hablado con familiares de las víctimas de El Coqueto, a las que prometió “hacer justicia y recapturar al prófugo, que será castigado con todo el peso de la ley”. También ofreció “sancionar a policías que permitieron la huida”.
En el Congreso local, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exigió al mandatario priísta dar un ultimátum de una semana o 15 días a Castillo Cervantes, para que reaprehenda al criminal.
Durante la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones, el PRD y el Partido Acción Nacional buscaron infructuosamente que se discutiera el asunto, se enviara un exhorto al mandatario y se aprobara un acuerdo para citar a comparecer al procurador.
El PRI y sus aliados, que son mayoría, no avalaron la propuesta, con el argumento de que la sesión era solemne y sólo fue citada para la apertura del periodo.
En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que inició una queja de oficio por la fuga de César Armando Librado Legorreta, por omisión y negligencia.
Por separado, Teresa Ulloa, presidenta de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que padres de las jóvenes ultimadas por El Coqueto sospechan que la PGJEM intervino sus líneas telefónicas.
Agregó que a la conferencia de prensa que madres de las víctimas ofrecieron el martes en el Distrito Federal acudieron dos agentes ministeriales del estado de México que se hicieron pasar por reporteros.
">Ombudsman estatal inicia queja por negligencia de policías
">Padres de víctimas sospechan espionaje del gobierno
Patrullas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de México muestran la foto de César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, violador confeso de ocho mujeres y asesino de siete">Foto Mario Antonio Núñez López
Israel Dávila y Silvia Chávez
Corresponsales
Periódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 34
Toluca, Méx., 1º de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) giró oficios de colaboración a sus homólogas de estados circunvecinos para que cooperen en la búsqueda del violador y feminicida serial César Armando Liborio Legorreta, alias El Coqueto.
Más de 72 horas después de que Liborio Legorreta se fugó de las instalaciones de la Subprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, no hay pistas sobre su paradero, aunque se ha intensificado su búsqueda en el sur de la entidad y en municipios conurbados con el Distrito Federal.
Fuentes de la PGJEM indicaron que ésta pidió apoyo a las procuradurías del Distrito Federal, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Michoacán, Morelos y Guerrero.
Explicaron que unos 60 elementos del grupo de élite de la dependencia –cuya principal función es ubicar a miembros del crimen organizado– buscan al violador y homicida confeso.
Día y noche, policías vigilan una veintena de domicilios de familiares y amigos de El Coqueto. Además, este jueves agentes ministeriales del estado colocaron en el paradero de la glorieta de Valle Dorado, en Tlalnepantla, y en parabuses del Periférico Norte, en la zona conurbada con el Distrito Federal, carteles con la fotografía de Liborio Legorretay la leyenda “se busca”. Patrullas de la Secretaría de seguridad Ciudadana estatal también portan los anuncios.
El miércoles, el titular de la PGJE, Alfredo Castillo Cervantes, ofreció un millón de pesos a quien proporcione información que lleve a la reaprehensión del chofer de microbús acusado de violar a ocho mujeres y asesinar a siete de ellas.
El gobernador Eruviel Ávila informó en su cuenta de Twitter que ha hablado con familiares de las víctimas de El Coqueto, a las que prometió “hacer justicia y recapturar al prófugo, que será castigado con todo el peso de la ley”. También ofreció “sancionar a policías que permitieron la huida”.
En el Congreso local, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática exigió al mandatario priísta dar un ultimátum de una semana o 15 días a Castillo Cervantes, para que reaprehenda al criminal.
Durante la sesión de apertura del periodo ordinario de sesiones, el PRD y el Partido Acción Nacional buscaron infructuosamente que se discutiera el asunto, se enviara un exhorto al mandatario y se aprobara un acuerdo para citar a comparecer al procurador.
El PRI y sus aliados, que son mayoría, no avalaron la propuesta, con el argumento de que la sesión era solemne y sólo fue citada para la apertura del periodo.
En tanto, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos informó que inició una queja de oficio por la fuga de César Armando Librado Legorreta, por omisión y negligencia.
Por separado, Teresa Ulloa, presidenta de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, dijo que padres de las jóvenes ultimadas por El Coqueto sospechan que la PGJEM intervino sus líneas telefónicas.
Agregó que a la conferencia de prensa que madres de las víctimas ofrecieron el martes en el Distrito Federal acudieron dos agentes ministeriales del estado de México que se hicieron pasar por reporteros.
jueves, 1 de marzo de 2012
Serias desventajas educativas en niños de los barrios pobres: Unicef
En su reporte anual señala que 43% de los menores que habitan el planeta viven en zonas urbanas, por lo que prevé que hacia el año 2050, siete de cada 10 residirán en alguna ciudad
Laura Poy Solano
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que las condiciones de pobreza, desnutrición y marginación social que enfrentan millones de niños y adolescentes que habitan zonas urbanas en el planeta generan serias desventajas educativas. Estima que al menos 200 millones de menores de cinco años no alcanzan su potencial de desarrollo cognitivo, mientras 67 millones en edad de cursar la educación primaria no acuden a las aulas. De ellos, 53 por ciento son niñas.
En su reporte anual sobre el Estado mundial de la infancia 2012: las niñas y los niños en un mundo urbano, que en esta ocasión está dedicado a la vida de los menores de 19 años en las ciudades del planeta, destaca que los niños que crecen en medio de la pobreza no acceden a la educación, sobre todo en zonas donde hay pocas escuelas públicas o no hay, por lo que “no es raro que las familias tengan que decidir entre pagar para que sus hijos asistan a escuelas privadas sobrepobladas y de mala calidad, o retirarlos definitivamente”.
En cuanto a la escolarización en zonas urbanas pobres señala que entre los principales factores que atentan contra la calidad de la educación está el “hacinamiento en las aulas y falta de instalaciones apropiadas”, incluso, el acceso a sanitarios en buen estado.
Advierte que no basta garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo, considerados, junto con el incremento de la matrícula, como los principales factores que definen la calidad de la educación, pues muchos de los jóvenes de escasos recursos que logran concluir su formación “no ven recompensados con trabajos satisfactorios sus esfuerzos por educarse”.
Demasiados jóvenes en el mundo entero, alerta Unicef, “se hallan ociosos, sin estudio ni trabajo”.
El organismo internacional destaca que casi la mitad (43 por ciento) de los niños que habitan el planeta –estimados en mil 200 millones menores de 19 años– viven en zonas urbanas, por lo que se prevé que para el año 2050, siete de cada 10 personas será un residente urbano.
Cada año se incrementa en 60 millones el número de habitantes urbanos en todo el mundo, aunque en su mayoría se trata de población en países de bajos y medianos ingresos, los cuales están modificando rápidamente su composición de zonas rurales a urbanas.
Por ello, alerta la Unicef, los retos que enfrentan los niños y adolescentes para acceder a una vida de calidad, que incluya su derecho a la salud y educación, es cada vez más complejo.
Agrega que pese a que los menores urbanos tienen más posibilidades de escolizarse que sus pares que habitan en zonas rurales y apartadas, las desigualdades socioeconómicas que persisten en las urbes “también socavan profundamente el derecho de los niños a la educación”.
Subraya que pese a los esfuerzos para alcanzar el acceso universal a la educación primaria, en muchas naciones, incluso donde el acceso a este nivel educativo es gratuito, los costos adicionales que deben afrontar las familias, como compra de uniformes o materiales escolares, “muchas veces impide que los niños estudien”.
Los grupos más vulnerables a estas condiciones son los menores que viven o trabajan en las calles, niños migrantes, hijos de refugiados o desplazados dentro de su propio país.
“Hay evidencia de que el desplazamiento altera gravemente la educación de los niños y, de nuevo, los más afectados son los ya marginados a causa de la pobreza, el género, el origen étnico u otros factores”, pues los niños de familias con bajos ingresos que habitan en barrios pobres de las ciudades “se encuentran entre quienes menos probabilidades tienen de asistir a la escuela
Laura Poy Solano
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) advierte que las condiciones de pobreza, desnutrición y marginación social que enfrentan millones de niños y adolescentes que habitan zonas urbanas en el planeta generan serias desventajas educativas. Estima que al menos 200 millones de menores de cinco años no alcanzan su potencial de desarrollo cognitivo, mientras 67 millones en edad de cursar la educación primaria no acuden a las aulas. De ellos, 53 por ciento son niñas.
En su reporte anual sobre el Estado mundial de la infancia 2012: las niñas y los niños en un mundo urbano, que en esta ocasión está dedicado a la vida de los menores de 19 años en las ciudades del planeta, destaca que los niños que crecen en medio de la pobreza no acceden a la educación, sobre todo en zonas donde hay pocas escuelas públicas o no hay, por lo que “no es raro que las familias tengan que decidir entre pagar para que sus hijos asistan a escuelas privadas sobrepobladas y de mala calidad, o retirarlos definitivamente”.
En cuanto a la escolarización en zonas urbanas pobres señala que entre los principales factores que atentan contra la calidad de la educación está el “hacinamiento en las aulas y falta de instalaciones apropiadas”, incluso, el acceso a sanitarios en buen estado.
Advierte que no basta garantizar el acceso y permanencia en el sistema educativo, considerados, junto con el incremento de la matrícula, como los principales factores que definen la calidad de la educación, pues muchos de los jóvenes de escasos recursos que logran concluir su formación “no ven recompensados con trabajos satisfactorios sus esfuerzos por educarse”.
Demasiados jóvenes en el mundo entero, alerta Unicef, “se hallan ociosos, sin estudio ni trabajo”.
El organismo internacional destaca que casi la mitad (43 por ciento) de los niños que habitan el planeta –estimados en mil 200 millones menores de 19 años– viven en zonas urbanas, por lo que se prevé que para el año 2050, siete de cada 10 personas será un residente urbano.
Cada año se incrementa en 60 millones el número de habitantes urbanos en todo el mundo, aunque en su mayoría se trata de población en países de bajos y medianos ingresos, los cuales están modificando rápidamente su composición de zonas rurales a urbanas.
Por ello, alerta la Unicef, los retos que enfrentan los niños y adolescentes para acceder a una vida de calidad, que incluya su derecho a la salud y educación, es cada vez más complejo.
Agrega que pese a que los menores urbanos tienen más posibilidades de escolizarse que sus pares que habitan en zonas rurales y apartadas, las desigualdades socioeconómicas que persisten en las urbes “también socavan profundamente el derecho de los niños a la educación”.
Subraya que pese a los esfuerzos para alcanzar el acceso universal a la educación primaria, en muchas naciones, incluso donde el acceso a este nivel educativo es gratuito, los costos adicionales que deben afrontar las familias, como compra de uniformes o materiales escolares, “muchas veces impide que los niños estudien”.
Los grupos más vulnerables a estas condiciones son los menores que viven o trabajan en las calles, niños migrantes, hijos de refugiados o desplazados dentro de su propio país.
“Hay evidencia de que el desplazamiento altera gravemente la educación de los niños y, de nuevo, los más afectados son los ya marginados a causa de la pobreza, el género, el origen étnico u otros factores”, pues los niños de familias con bajos ingresos que habitan en barrios pobres de las ciudades “se encuentran entre quienes menos probabilidades tienen de asistir a la escuela
Pocos recursos y mal dirigidos en los servicios de poblaciones indígenas
Ariane Díaz
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
Los resultados del proyecto Incidencia de la sociedad civil a favor de la educación y la salud con calidad y equidad en México: Chiapas, Guerrero e Hidalgo, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y Oxfam México, revelan que uno de los principales problemas es la falta de acceso de las poblaciones indígenas a ambos servicios, así como “la visión homogeneizante de lo que es la salud y la educación, que no considera las cosmovisiones propias de las comunidades; por tanto, la calidad y cantidad de esos servicios son deficientes”, señaló Israel Guadarrama, responsable del proyecto.
En entrevista, expuso que en materia de salud y educación hay pocos recursos y mal dirigidos. “Hay ausentismo de maestros, falta de currícula adecuada a los territorios, y tampoco hay médicos que hablen lenguas indígenas, lo que es un signo de exclusión”.
El proyecto se llevó a cabo de noviembre de 2009 a febrero de este año (con un presupuesto de 4.9 millones de pesos) con el propósito de fortalecer la capacidad de las organizaciones civiles y líderes comunitarios en esos tres estados, quienes fueron capacitados en el reconocimiento de sus derechos, “porque para exigir, hay que estar bien informado”.
Resultado del trabajo en 18 municipios de los tres estados, hoy las comunidades participan de manera activa y organizada en la demanda de construcción de infraestructura educativa y sanitaria acorde con sus necesidades.
El foco de atención prioritario son mujeres, jóvenes e indígenas, expuestos a mayor exclusión y grado de vulnerabilidad. Mediante “el ejercicio de sus derechos civiles y políticos pueden buscar mejoras de vida en esas comunidades”, dijo Guadarrama.
Entre los resultados puntuales, destaca que en Hidalgo se identificó la inexistencia de universidades interculturales y que en la actualidad hay un acuerdo con el secretario de Educación para construir una institución de esas características en dicha entidad.
En Chiapas, se logró que los líderes comunitarios puedan echar mano de los recursos legales de transparencia y acceso a la información para dar seguimiento a las demandas que interpongan.
En Guerrero, hubo diálogo con la Secretaría de la Mujer para concretar los programas a escala municipal
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 43
Los resultados del proyecto Incidencia de la sociedad civil a favor de la educación y la salud con calidad y equidad en México: Chiapas, Guerrero e Hidalgo, auspiciado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Democracia y Oxfam México, revelan que uno de los principales problemas es la falta de acceso de las poblaciones indígenas a ambos servicios, así como “la visión homogeneizante de lo que es la salud y la educación, que no considera las cosmovisiones propias de las comunidades; por tanto, la calidad y cantidad de esos servicios son deficientes”, señaló Israel Guadarrama, responsable del proyecto.
En entrevista, expuso que en materia de salud y educación hay pocos recursos y mal dirigidos. “Hay ausentismo de maestros, falta de currícula adecuada a los territorios, y tampoco hay médicos que hablen lenguas indígenas, lo que es un signo de exclusión”.
El proyecto se llevó a cabo de noviembre de 2009 a febrero de este año (con un presupuesto de 4.9 millones de pesos) con el propósito de fortalecer la capacidad de las organizaciones civiles y líderes comunitarios en esos tres estados, quienes fueron capacitados en el reconocimiento de sus derechos, “porque para exigir, hay que estar bien informado”.
Resultado del trabajo en 18 municipios de los tres estados, hoy las comunidades participan de manera activa y organizada en la demanda de construcción de infraestructura educativa y sanitaria acorde con sus necesidades.
El foco de atención prioritario son mujeres, jóvenes e indígenas, expuestos a mayor exclusión y grado de vulnerabilidad. Mediante “el ejercicio de sus derechos civiles y políticos pueden buscar mejoras de vida en esas comunidades”, dijo Guadarrama.
Entre los resultados puntuales, destaca que en Hidalgo se identificó la inexistencia de universidades interculturales y que en la actualidad hay un acuerdo con el secretario de Educación para construir una institución de esas características en dicha entidad.
En Chiapas, se logró que los líderes comunitarios puedan echar mano de los recursos legales de transparencia y acceso a la información para dar seguimiento a las demandas que interpongan.
En Guerrero, hubo diálogo con la Secretaría de la Mujer para concretar los programas a escala municipal
Senadores dictaminarán para garantizar a usuarios acceso sin trabas a Internet
No se aprobará una iniciativa que quiera controlar la libertad de expresión: Castro Trenti
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 44
Las principales fuerzas políticas en el Senado se comprometieron a tener listo antes de finales de marzo el dictamen en materia de Internet neutral que permita a usuarios el libre acceso a la red.
Durante una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Francisco Javier Castellón (PRD), con especialistas, dijo que la llamada “neutralidad” implica reformar el artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, iniciativa de su autoría que ya está en el Senado.
La propuesta de reforma del perredista al artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones “es para que los concesionarios que ofrezcan el servicio de Internet garanticen el libre acceso para consultar, transmitir u ofrecer cualquier contenido lícito. Se busca establecer un principio de neutralidad en Internet, para evitar que esté sujeto a candados y restricciones sobre el flujo de información”.
Fernando Castro Trenti (PRI), presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, así como Juan Bueno Torio (PAN) coincidieron en señalar que deben legislar de inmediato.
Castro Trenti agregó que “de ninguna manera se puede restringir la libertad de expresión, es decir, no puede ser el ánimo regulatorio un elemento prosustancial de la restricción. Quien esté pensando en eso no va a tener una legislación.
“Nosotros estimamos que la libertad de expresión es elemento básico de un país y de ninguna manera vamos a aprobar una iniciativa que con el concepto de neutralidad quiera controlar, orientar, condicionar o hacer una trepanación intelectiva de la sociedad mexicana. Eso no lo podemos permitir”, aseguró.
Por su parte, Bueno Torio propuso “crear un grupo de trabajo para que enriquezca la iniciativa o nos ayude a construir una nueva propuesta de iniciativa de ley que atienda las necesidades reales del sector”.
Destacó que “la neutralidad de la red” se discute desde hace mucho tiempo en diversos foros, por lo que es prioritario buscar una regulación que dé solución a este problema, buscando que no se coarte la libertad de expresión y ayude a ampliar la cobertura del servicio en todo el país, ya que “Internet es una red, una autopista importantísima para generar desarrollo y crecimiento en el país”.
Fernando Carrrillo, director de regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidió trato diferencial para las redes móviles, pues la exigencia de neutralidad no se puede implementar del mismo modo que en la fija.
Al dar la bienvenida a la iniciativa del Senado, el funcionario señaló que “se debe empezar a abrir el camino a la neutralidad de la red y dar pasos seguros hacia ese objetivo, además de permitir que se desarrollen estudios para alcanzar una regulación o legislación más específica”.
Marco Antonio Galván, representante de Teléfonos de México, rechazó que el tráfico de datos de sus clientes Infinitum, recibido o generado en Internet, sea manipulado, censurado, impedido, desviado o retrasado en función del contenido del origen o destino de la comunicación.
Añadió que se debe incluir en el debate el derecho del usuario a disfrutar de todos los servicios que su concesionario le pueda proveer, sin barreras artificiales.
Salma Jalife, de Observatel, y Emilio Saldaña, de la Asociación Mexicana de Software Libre, pidieron ampliar la cobertura de Internet
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 44
Las principales fuerzas políticas en el Senado se comprometieron a tener listo antes de finales de marzo el dictamen en materia de Internet neutral que permita a usuarios el libre acceso a la red.
Durante una reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, presidida por Francisco Javier Castellón (PRD), con especialistas, dijo que la llamada “neutralidad” implica reformar el artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, iniciativa de su autoría que ya está en el Senado.
La propuesta de reforma del perredista al artículo 144 de la Ley Federal de Telecomunicaciones “es para que los concesionarios que ofrezcan el servicio de Internet garanticen el libre acceso para consultar, transmitir u ofrecer cualquier contenido lícito. Se busca establecer un principio de neutralidad en Internet, para evitar que esté sujeto a candados y restricciones sobre el flujo de información”.
Fernando Castro Trenti (PRI), presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes, así como Juan Bueno Torio (PAN) coincidieron en señalar que deben legislar de inmediato.
Castro Trenti agregó que “de ninguna manera se puede restringir la libertad de expresión, es decir, no puede ser el ánimo regulatorio un elemento prosustancial de la restricción. Quien esté pensando en eso no va a tener una legislación.
“Nosotros estimamos que la libertad de expresión es elemento básico de un país y de ninguna manera vamos a aprobar una iniciativa que con el concepto de neutralidad quiera controlar, orientar, condicionar o hacer una trepanación intelectiva de la sociedad mexicana. Eso no lo podemos permitir”, aseguró.
Por su parte, Bueno Torio propuso “crear un grupo de trabajo para que enriquezca la iniciativa o nos ayude a construir una nueva propuesta de iniciativa de ley que atienda las necesidades reales del sector”.
Destacó que “la neutralidad de la red” se discute desde hace mucho tiempo en diversos foros, por lo que es prioritario buscar una regulación que dé solución a este problema, buscando que no se coarte la libertad de expresión y ayude a ampliar la cobertura del servicio en todo el país, ya que “Internet es una red, una autopista importantísima para generar desarrollo y crecimiento en el país”.
Fernando Carrrillo, director de regulación de la Comisión Federal de Telecomunicaciones pidió trato diferencial para las redes móviles, pues la exigencia de neutralidad no se puede implementar del mismo modo que en la fija.
Al dar la bienvenida a la iniciativa del Senado, el funcionario señaló que “se debe empezar a abrir el camino a la neutralidad de la red y dar pasos seguros hacia ese objetivo, además de permitir que se desarrollen estudios para alcanzar una regulación o legislación más específica”.
Marco Antonio Galván, representante de Teléfonos de México, rechazó que el tráfico de datos de sus clientes Infinitum, recibido o generado en Internet, sea manipulado, censurado, impedido, desviado o retrasado en función del contenido del origen o destino de la comunicación.
Añadió que se debe incluir en el debate el derecho del usuario a disfrutar de todos los servicios que su concesionario le pueda proveer, sin barreras artificiales.
Salma Jalife, de Observatel, y Emilio Saldaña, de la Asociación Mexicana de Software Libre, pidieron ampliar la cobertura de Internet
Discotecas, restaurantes y bares deben contar con espacio para fumadores: SCJN
La estrategia pro salud no debe traducirse en prohibición absoluta, sino en restricciones
Jesús Aranda
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 45
Las discotecas, restaurantes y bares están obligados a contar con espacios 100 por ciento para fumadores, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual también estableció que es constitucional el hecho de que la ley obligue a los propietarios, administradores o responsables de esos establecimientos a hacer cumplir la ley antitabaco.
Así lo determinaron la segunda y primera salas de la SCJN al resolver sendos amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco.
En el primer asunto, el demandante aseguraba que en México “la mayoría de las personas son adictas al tabaco”, por lo que el trato diferenciado para fumadores y no fumadores discrimina a éstos, “quienes sólo podrán fumar en zonas exclusivas”.
La primera sala de la Corte consideró que la estrategia anti tabaco y pro salud que impulsan las autoridades, no debe traducirse en una prohibición absoluta de tabaco, sino en la introducción de restricciones, como son los espacios exclusivos para fumar.
En el otro caso, la segunda sala negó el amparo al Grupo Primera María (propietario de la cadena Carlos’n Charlie’s) en contra de los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, los ministros destacaron que el objetivo de la legislación es proteger el derecho a la salud de las personas no fumadoras, y por ello se fijaron los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar.
Y es que el quejoso argumentó que era inconstitucional la obligación prevista en la ley para que los administradores de esos establecimientos hicieran cumplir la ley antitabaco.
Afirmaba el demandante que era ilegal que la ley obligue a los encargados de estos establecimientos: pedir al cliente que deje de fumar y apague su cigarro, puro o pipa; que si el cliente no hace caso, exigirle que se retire del espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco y se traslade a la zona exclusiva para fumadores, y que si opone resistencia, se le niegue el servicio y, en su caso, se llame a la autoridad correspondiente.
También sostenía que la ley impugnada se traducía en “un trabajo personal prohibido por el artículo quinto constitucional, al obligarlo a cumplir con el procedimiento referido para evitar que los clientes fumen en sitios prohibidos”.
Los ministros avalaron la disposición prevista en la Ley General de Control del Tabaco que faculta a la autoridad a determinar los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar
Jesús Aranda
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 45
Las discotecas, restaurantes y bares están obligados a contar con espacios 100 por ciento para fumadores, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la cual también estableció que es constitucional el hecho de que la ley obligue a los propietarios, administradores o responsables de esos establecimientos a hacer cumplir la ley antitabaco.
Así lo determinaron la segunda y primera salas de la SCJN al resolver sendos amparos en contra de la Ley General para el Control del Tabaco.
En el primer asunto, el demandante aseguraba que en México “la mayoría de las personas son adictas al tabaco”, por lo que el trato diferenciado para fumadores y no fumadores discrimina a éstos, “quienes sólo podrán fumar en zonas exclusivas”.
La primera sala de la Corte consideró que la estrategia anti tabaco y pro salud que impulsan las autoridades, no debe traducirse en una prohibición absoluta de tabaco, sino en la introducción de restricciones, como son los espacios exclusivos para fumar.
En el otro caso, la segunda sala negó el amparo al Grupo Primera María (propietario de la cadena Carlos’n Charlie’s) en contra de los artículos 53 y 62 del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, los ministros destacaron que el objetivo de la legislación es proteger el derecho a la salud de las personas no fumadoras, y por ello se fijaron los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar.
Y es que el quejoso argumentó que era inconstitucional la obligación prevista en la ley para que los administradores de esos establecimientos hicieran cumplir la ley antitabaco.
Afirmaba el demandante que era ilegal que la ley obligue a los encargados de estos establecimientos: pedir al cliente que deje de fumar y apague su cigarro, puro o pipa; que si el cliente no hace caso, exigirle que se retire del espacio 100 por ciento libre de humo de tabaco y se traslade a la zona exclusiva para fumadores, y que si opone resistencia, se le niegue el servicio y, en su caso, se llame a la autoridad correspondiente.
También sostenía que la ley impugnada se traducía en “un trabajo personal prohibido por el artículo quinto constitucional, al obligarlo a cumplir con el procedimiento referido para evitar que los clientes fumen en sitios prohibidos”.
Los ministros avalaron la disposición prevista en la Ley General de Control del Tabaco que faculta a la autoridad a determinar los porcentajes que corresponden a las áreas de fumar y de no fumar
Solicitará Senado a CNDH informe de recomendaciones emitidas en 2004
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 46
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas., 29 de febrero. A propuesta del senador del Partido Verde Ecologista de México Arturo Escobar y Vega, el Senado solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informar cuál es el estado que guardan las recomendaciones emitidas por dicha Comisión en 2004 por la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas.
“Entiendo que hay que buscar y apelar para que siempre el debido proceso se lleve a cabo en todos los procesos penales; pero, segundo, que también la CNDH pueda informarnos cuál es el estado que guardan estas recomendaciones emitidas en 2004 tras la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas”, manifestó el legislador.
Enfatizó, asimismo, que el objetivo de esta solicitud es que esta soberanía pueda encontrar elementos adicionales “para saber qué sucedió en esos trágicos eventos de 2004 con la muerte de estos recién nacidos y que en su momento también fue materia de recomendación por la CNDH”.
“Yo creo”, señaló Escobar y Vega, “que independientemente que cualquier mexicano o mexicana estarían absolutamente de acuerdo en que todos los procesos penales se lleven de conformidad al debido proceso, no puedo dejar se subrayar que éste es un tema de absoluto escándalo por la forma en que se gobernó Chiapas del año 2000 a 2006.”
Recordó que este asunto deriva en las investigaciones en contra de Pablo Salazar por la muerte de más de 35 bebés recién nacidos, y que esas muertes motivaron varias recomendaciones de la CNDH, así como investigaciones y, finalmente, el obsequio de órdenes de aprehensión, incluso una en contra del ex gobernador
Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas., 29 de febrero. A propuesta del senador del Partido Verde Ecologista de México Arturo Escobar y Vega, el Senado solicitará a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informar cuál es el estado que guardan las recomendaciones emitidas por dicha Comisión en 2004 por la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas.
“Entiendo que hay que buscar y apelar para que siempre el debido proceso se lleve a cabo en todos los procesos penales; pero, segundo, que también la CNDH pueda informarnos cuál es el estado que guardan estas recomendaciones emitidas en 2004 tras la muerte de 35 recién nacidos en el Hospital de Comitán, Chiapas”, manifestó el legislador.
Enfatizó, asimismo, que el objetivo de esta solicitud es que esta soberanía pueda encontrar elementos adicionales “para saber qué sucedió en esos trágicos eventos de 2004 con la muerte de estos recién nacidos y que en su momento también fue materia de recomendación por la CNDH”.
“Yo creo”, señaló Escobar y Vega, “que independientemente que cualquier mexicano o mexicana estarían absolutamente de acuerdo en que todos los procesos penales se lleven de conformidad al debido proceso, no puedo dejar se subrayar que éste es un tema de absoluto escándalo por la forma en que se gobernó Chiapas del año 2000 a 2006.”
Recordó que este asunto deriva en las investigaciones en contra de Pablo Salazar por la muerte de más de 35 bebés recién nacidos, y que esas muertes motivaron varias recomendaciones de la CNDH, así como investigaciones y, finalmente, el obsequio de órdenes de aprehensión, incluso una en contra del ex gobernador
Médicos, sin capacidad para prevenir males
César Arellano
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 47
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, aseguró que mientras las personas no cambien los hábitos de consumo y costumbres que afectan su salud, “difícilmente podremos tener prevención” de padecimientos, pues entre las principales causas de muerte están ligadas los males cardiovasculares vinculadas por obesidad e hipertensión.
Al participar en la mesa redonda ¿Cómo convertir al país en un líder de prevención de enfermedades y promoción de la salud?, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario dijo que para lograr mayor efectividad en la prevención de males se deben generar entornos saludables. “Crear sitios para que la gente pueda hacer ejercicio... hay que buscar este cambio de entornos. Está la escuela, el trabajo y la familia, donde se debe prevenir.
“Estudios demuestran que si sacas al niño obeso del entorno familiar, baja de peso, pero si lo regresas a ese entorno, vuelve a subir.” Afirmó que “el peor” agente de prevención “es el médico”, pues no está capacitado para prevenir. “Nos entrenan para acciones curativas, esa la realidad.
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 47
El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Pablo Kuri, aseguró que mientras las personas no cambien los hábitos de consumo y costumbres que afectan su salud, “difícilmente podremos tener prevención” de padecimientos, pues entre las principales causas de muerte están ligadas los males cardiovasculares vinculadas por obesidad e hipertensión.
Al participar en la mesa redonda ¿Cómo convertir al país en un líder de prevención de enfermedades y promoción de la salud?, organizado por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), el funcionario dijo que para lograr mayor efectividad en la prevención de males se deben generar entornos saludables. “Crear sitios para que la gente pueda hacer ejercicio... hay que buscar este cambio de entornos. Está la escuela, el trabajo y la familia, donde se debe prevenir.
“Estudios demuestran que si sacas al niño obeso del entorno familiar, baja de peso, pero si lo regresas a ese entorno, vuelve a subir.” Afirmó que “el peor” agente de prevención “es el médico”, pues no está capacitado para prevenir. “Nos entrenan para acciones curativas, esa la realidad.
Cierran cuatro escuelas públicas; eran un riesgo: Educación del DF
Cierran cuatro escuelas públicas; eran un riesgo: Educación del DF
">En años recientes se han destinado esfuerzos y muchos recursos, pero sólo son paliativos, dice
">Se hará un diagnóstico estructural y de instalaciones a planteles
">Tres mil alumnos afectados
Rocío González
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 38
Ante el riesgo que representaban para la seguridad de los alumnos, cuatro escuelas públicas de la ciudad de México con marcado deterioro fueron cerradas, por lo que cerca de 3 mil estudiantes reciben sus clases en aulas provisionales o en inmuebles prestados, reveló Carlos Sainz Luna, director general del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
Al término de la firma de un convenio de colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para dotar de mobiliario nuevo a las escuelas públicas, el servidor público detalló que más de 40 por ciento de la infraestructura educativa de la ciudad tiene antigüedad de 40 años, por lo que registra diferentes niveles de deterioro y requiere ser atendida.
En entrevista, explicó que a partir de una revisión de los planteles por el gobierno capitalino y la Secretaría de Educación Pública se identificó que cuatro escuelas –Romero Fuentes, en Iztapalapa; Casa del Voceador, en Venustiano Carranza; Cristóbal Colón, en Milpa Alta, y 126, en Tláhuac– no estaban en condiciones de seguir operando, por lo que se determinó su cierre, para su reparación.
Anteponer seguridad
“Hablamos de que unos 3 mil niños están en aulas provisionales o albergados, como en el caso de los de Casa del Voceador, en la escuela Estado de Israel, que no queda lejos de su red social”, apuntó.
El tema del deterioro de planteles escolares no es nuevo. Alumnos y maestros de la escuela primaria Jose María Lafragua, de Iztapalapa, protestaron en marzo de 2011 frente a Palacio Nacional y en noviembre de ese mismo año en el entronque de los Ejes 5 y 6 Sur (esta imagen) en demanda de mobiliario">Foto Jesús Villaseca
Sainz Luna adelantó que para tener certeza de la situación que impera en cada una de las escuelas públicas la institución a su cargo hará un diagnóstico estructural y de la instalación eléctrica para conocer si la integridad de los planteles no ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.
“En tres meses se hará ese diagnóstico y cuando lo tengamos haremos una puntual integración de los recursos que se tienen para evitar gastar en aspirinas si lo que se requiere es una cirugía mayor”, declaró.
En cuanto al mobiliario, detalló que el año pasado se invirtieron 280 millones de pesos y se cambió en 380 escuelas, pero reconoció que sólo se trata de alrededor de uno por ciento del total de los planteles escolares. “Es un buen esfuerzo y mucho dinero, pero sólo es un paliativo, nos falta mucho por hacer”, apuntó.
Lo grave, agregó, es que para este año sólo se cuenta con un presupuesto de 130 millones de pesos, aun cuando se hizo una solicitud de 6 mil millones, “cantidad que ni en nuestros mejores sueños logramos”.
Ayer la ALDF aportó 5 millones 580 mil pesos para renovar el mobiliario de 10 escuelas de cuatro delegaciones políticas, con lo que se beneficiará a 4 mil estudiantes de planteles públicos de nivel básico, que fueron seleccionados con base en la antigüedad de su mobiliario, que en algunos casos es de 30 años
">En años recientes se han destinado esfuerzos y muchos recursos, pero sólo son paliativos, dice
">Se hará un diagnóstico estructural y de instalaciones a planteles
">Tres mil alumnos afectados
Rocío González
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 38
Ante el riesgo que representaban para la seguridad de los alumnos, cuatro escuelas públicas de la ciudad de México con marcado deterioro fueron cerradas, por lo que cerca de 3 mil estudiantes reciben sus clases en aulas provisionales o en inmuebles prestados, reveló Carlos Sainz Luna, director general del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa.
Al término de la firma de un convenio de colaboración con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) para dotar de mobiliario nuevo a las escuelas públicas, el servidor público detalló que más de 40 por ciento de la infraestructura educativa de la ciudad tiene antigüedad de 40 años, por lo que registra diferentes niveles de deterioro y requiere ser atendida.
En entrevista, explicó que a partir de una revisión de los planteles por el gobierno capitalino y la Secretaría de Educación Pública se identificó que cuatro escuelas –Romero Fuentes, en Iztapalapa; Casa del Voceador, en Venustiano Carranza; Cristóbal Colón, en Milpa Alta, y 126, en Tláhuac– no estaban en condiciones de seguir operando, por lo que se determinó su cierre, para su reparación.
Anteponer seguridad
“Hablamos de que unos 3 mil niños están en aulas provisionales o albergados, como en el caso de los de Casa del Voceador, en la escuela Estado de Israel, que no queda lejos de su red social”, apuntó.
El tema del deterioro de planteles escolares no es nuevo. Alumnos y maestros de la escuela primaria Jose María Lafragua, de Iztapalapa, protestaron en marzo de 2011 frente a Palacio Nacional y en noviembre de ese mismo año en el entronque de los Ejes 5 y 6 Sur (esta imagen) en demanda de mobiliario">Foto Jesús Villaseca
Sainz Luna adelantó que para tener certeza de la situación que impera en cada una de las escuelas públicas la institución a su cargo hará un diagnóstico estructural y de la instalación eléctrica para conocer si la integridad de los planteles no ponen en riesgo la seguridad de los estudiantes.
“En tres meses se hará ese diagnóstico y cuando lo tengamos haremos una puntual integración de los recursos que se tienen para evitar gastar en aspirinas si lo que se requiere es una cirugía mayor”, declaró.
En cuanto al mobiliario, detalló que el año pasado se invirtieron 280 millones de pesos y se cambió en 380 escuelas, pero reconoció que sólo se trata de alrededor de uno por ciento del total de los planteles escolares. “Es un buen esfuerzo y mucho dinero, pero sólo es un paliativo, nos falta mucho por hacer”, apuntó.
Lo grave, agregó, es que para este año sólo se cuenta con un presupuesto de 130 millones de pesos, aun cuando se hizo una solicitud de 6 mil millones, “cantidad que ni en nuestros mejores sueños logramos”.
Ayer la ALDF aportó 5 millones 580 mil pesos para renovar el mobiliario de 10 escuelas de cuatro delegaciones políticas, con lo que se beneficiará a 4 mil estudiantes de planteles públicos de nivel básico, que fueron seleccionados con base en la antigüedad de su mobiliario, que en algunos casos es de 30 años
Deficiencias han contribuido a que las cárceles sean negocios
Alejandro Cruz Flores
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 41
La falta de capacitación del personal de custodia, el abandono de los internos y la sobrepoblación de las cárceles han contribuido a que la prisión sea un “negocio” que deja ganancias estratosféricas, coincidieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y académicos especialistas en el sistema penitenciario.
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, apremió al Gobierno del DF a investigar las redes que operan los mercados ilegales controlados por los reos en los reclusorios capitalinos, como la renta de cabañas durante los días de visita o la prostitución de internas en los centros varoniles, de las cuales la CDHDF ha acreditado su existencia.
Advirtió que no se trata nada más de ubicar a los líderes de los grupos y apartarlos, pues dichas redes van a continuar funcionando. El pendiente, precisó, de la administración penitenciaria es estudiar esos fenómenos e intervenir en ellos de manera eficiente.
De su lado, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Luis Cisneros, manifestó que para enfrentar esta problemática es necesario que las autoridades implementen una estrategia que permita hacer valer el orden y la legalidad en las cárceles, donde lo que opera es una “autoridad paralela” a la oficial.
Subrayó que uno de los factores que sostienen la corrupción en las prisiones es la falta de personal calificado en lo que se refiere a custodia y seguridad, además de que está mal pagado y equipado, además de que carece de protocolos de actuación.
A esto se suma que las cárceles se han caracterizado por el abandono de los internos, pues “las prisiones siempre se han concebido como un simple lugar de acopio, como un basurero humano”, situación que se agrava con la sobrepoblación, lo que ha generado la aparición de autogobiernos que son controladas por unos pocos grupos internos.
Al señalar que el sistema penitenciario en el DF está “colapsado”, Cisneros destacó que es necesario que las autoridades emprendan un proceso de despresurización de las cárceles y dignifiquen las condiciones en las que viven los presos, que le permita retomar el control de los centros carcelarios.
Sin embargo, señaló, “hay tanto dinero allí que a ver quién quiere cerrar la llave
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 41
La falta de capacitación del personal de custodia, el abandono de los internos y la sobrepoblación de las cárceles han contribuido a que la prisión sea un “negocio” que deja ganancias estratosféricas, coincidieron la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) y académicos especialistas en el sistema penitenciario.
El ombudsman capitalino, Luis González Placencia, apremió al Gobierno del DF a investigar las redes que operan los mercados ilegales controlados por los reos en los reclusorios capitalinos, como la renta de cabañas durante los días de visita o la prostitución de internas en los centros varoniles, de las cuales la CDHDF ha acreditado su existencia.
Advirtió que no se trata nada más de ubicar a los líderes de los grupos y apartarlos, pues dichas redes van a continuar funcionando. El pendiente, precisó, de la administración penitenciaria es estudiar esos fenómenos e intervenir en ellos de manera eficiente.
De su lado, el académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), José Luis Cisneros, manifestó que para enfrentar esta problemática es necesario que las autoridades implementen una estrategia que permita hacer valer el orden y la legalidad en las cárceles, donde lo que opera es una “autoridad paralela” a la oficial.
Subrayó que uno de los factores que sostienen la corrupción en las prisiones es la falta de personal calificado en lo que se refiere a custodia y seguridad, además de que está mal pagado y equipado, además de que carece de protocolos de actuación.
A esto se suma que las cárceles se han caracterizado por el abandono de los internos, pues “las prisiones siempre se han concebido como un simple lugar de acopio, como un basurero humano”, situación que se agrava con la sobrepoblación, lo que ha generado la aparición de autogobiernos que son controladas por unos pocos grupos internos.
Al señalar que el sistema penitenciario en el DF está “colapsado”, Cisneros destacó que es necesario que las autoridades emprendan un proceso de despresurización de las cárceles y dignifiquen las condiciones en las que viven los presos, que le permita retomar el control de los centros carcelarios.
Sin embargo, señaló, “hay tanto dinero allí que a ver quién quiere cerrar la llave
Seguridad pública
Valet parking ratifica perdón a Miguel Sacal
Hugo Enrique Vega Flores, el empleado de valet parking que fue golpeado por el empresario Miguel Sacal Smeke, por negarse a ayudarle a cambiar una llanta de su automóvil, ratificó ante el juez 50 penal el perdón a su agresor y se dijo satisfecho con la reparación del daño. Durante una audiencia en la que el inculpado, que se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, pidió la presencia del agraviado, Vega Flores dijo que no perdió ninguna pieza dental por la agresión, como señala el dictamen del Semefo por el cual se reclasificaron las lesiones a graves y que tienen al empresario en prisión desde hace dos semanas. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del DF informaron que el juez está en espera del informe respecto a si Sacal Smeke tiene antecedentes penales para fijar una nueva audiencia y dictar sentencia.
Hieren a conductor durante un asalto
Un automovilista resultó lesionado en una pierna por disparo de arma de fuego tras ser asaltado cuando circulaba por Circuito Interior al cruce con avenida Constituyentes, colonia San Miguel Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. Antes de la agresión la víctima, de nombre Luis Antonio Trujillo Cornejo, de 39 años, en compañía de Luis Abel Cedecero Mañón, retiró 25 mil pesos de una sucursal bancaria en Bahía de Santa Bárbara, en la misma colonia. Los afectados viajaban en una camioneta Ford Escape cuando dos sujetos, en una motocicleta, los interceptaron, exigieron el dinero y dispararon. Trujillo Cornejo fue trasladado a la clínica 2 del IMSS; en tanto Cedecero Mañón resultó ileso. Elementos de la SSP-DF detuvieron a José Antonio Ortiz Rivera, de 20 años, en posesión de una pistola marca Colt, calibre 38, con tres cartuchos útiles cerca de la zona del robo. El presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo y lesiones
Hugo Enrique Vega Flores, el empleado de valet parking que fue golpeado por el empresario Miguel Sacal Smeke, por negarse a ayudarle a cambiar una llanta de su automóvil, ratificó ante el juez 50 penal el perdón a su agresor y se dijo satisfecho con la reparación del daño. Durante una audiencia en la que el inculpado, que se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, pidió la presencia del agraviado, Vega Flores dijo que no perdió ninguna pieza dental por la agresión, como señala el dictamen del Semefo por el cual se reclasificaron las lesiones a graves y que tienen al empresario en prisión desde hace dos semanas. Fuentes del Tribunal Superior de Justicia del DF informaron que el juez está en espera del informe respecto a si Sacal Smeke tiene antecedentes penales para fijar una nueva audiencia y dictar sentencia.
Hieren a conductor durante un asalto
Un automovilista resultó lesionado en una pierna por disparo de arma de fuego tras ser asaltado cuando circulaba por Circuito Interior al cruce con avenida Constituyentes, colonia San Miguel Chapultepec, en la delegación Miguel Hidalgo. Antes de la agresión la víctima, de nombre Luis Antonio Trujillo Cornejo, de 39 años, en compañía de Luis Abel Cedecero Mañón, retiró 25 mil pesos de una sucursal bancaria en Bahía de Santa Bárbara, en la misma colonia. Los afectados viajaban en una camioneta Ford Escape cuando dos sujetos, en una motocicleta, los interceptaron, exigieron el dinero y dispararon. Trujillo Cornejo fue trasladado a la clínica 2 del IMSS; en tanto Cedecero Mañón resultó ileso. Elementos de la SSP-DF detuvieron a José Antonio Ortiz Rivera, de 20 años, en posesión de una pistola marca Colt, calibre 38, con tres cartuchos útiles cerca de la zona del robo. El presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público por los delitos de robo y lesiones
Ofrece PGJEM $1 millón por información sobre El Coqueto
Destituyen por la fuga del multifeminicida a encargado de comisaría de la policía ministerial
">Despliegan más de 200 agentes y cuerpo de élite
Israel Dávila y Javier Salinas
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Toluca, Méx., 29 de febrero. La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) ofreció un millón de pesos a quien aporte datos que lleven a la captura del violador y asesino serial de mujeres César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien la madrugada del lunes escapó por una ventana de las oficinas de la subprocuraduría de Tlalnepantla cuando era custodiado por tres agentes ministeriales.
En entrevistas radiofónicas, el procurador Alfredo Castillo Cervantes hizo énfasis en que el apoyo de los ciudadanos es fundamental para recapturar al prófugo y puso a disposición del público el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx y el número telefónico 01 800 702 87 70.
Mientras, el gobierno del estado destituyó a Enrique Domínguez Abasolo, encargado de la comisaría general de la policía ministerial mexiquense, para facilitar las investigaciones.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas también instruyó al procurador Castillo Cervantes agilizar las investigaciones con los mecanismos legales y de inteligencia que sean necesarios para detener al asesino confeso, así como a Saúl Antonio Sánchez Ortega y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández, los dos policías “cuyo descuido o complicidad” permitió la fuga. El tercero, Luis Alberto Cañedo, ya fue detenido.
Fuentes de la dependencia informaron que más de 200 agentes ministeriales, de los 700 que hay en cada turno, incluido el cuerpo de élite de la dependencia, están en busca de El Coqueto.
Ávila Villegas instruyó a la Subprocuraduría de Justicia para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y a la PGJEM brindar toda la atención a las familias de las víctimas.
Contradicciones del procurador
En las entrevistas de radio, el procurador rehusó dar información sobre la captura de Librado Legorreta con el argumento de que eso podría ponerlo en alerta.
Aún no se conoce oficialmente cuándo fue detenido. Existe una fotografía del jueves 23 de febrero, cuando El Coqueto fue fichado por la dependencia, pero choferes de la ruta 2 –que va de la estación Chapultepec del Metro, en el Distrito Federal, a Valle Dorado, en el estado de México–, quienes eran compañeros de Librado Legorreta, afirman que éste fue detenido el sábado 18 de febrero, lo que hace presumir que estuvo al menos cinco días en manos de la PGJEM sin ser puesto a disposición de un juez.
Hoy el procurador cambió la versión de la presunta declaración que rindió el agente ministerial Luis Alberto Cañedo luego de ser capturado por la fuga. Ayer dijo que el agente declaró que bajó por un café y cuando subió a la oficina Librado Legorreta ya no estaba. Hoy señaló que el policía declaró que estaba dormido cuando sucedió la fuga.
Leticia Mora Nieto, madre de una de las víctimas del violador y multihomicida César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, durante una conferencia de prensa en el Distrito Federal, en la cual se acusó de negligencia a la Procuraduría General de Justicia del estado de México por la fuga del criminal confeso">Foto Guillermo Sologuren
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió la renuncia del procurador de justicia del estado de México Alfredo Castillo Cervantes por la fuga de Librado Legorreta. Consideró “inaudito” que un feminicida de estas características haya escapado tan fácilmente de las oficinas de la Subprocuraduría en Tlanepantla.
Mónica Fragoso, secretaria de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, afirmó que no servía ninguna de las ocho videocámaras que hay en la Subprocuraduría de Tlalnepantla, lo que impidió saber cómo escapó El Coqueto.
Autoridades se negaron a darle ayuda
César Arellano
Amparo Vargas, madre de una las víctimas del chofer de microbús César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien confesó la violación de ocho mujeres y el asesinato de siete de ellas, exigió la renuncia del procurador de Justicia del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, por “omisión e irregularidades” en las investigaciones y por la fuga del feminicida.
Acompañada por integrantes de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (Catwlac), aseguró que tras la desaparición de su hija de 16 años, en noviembre pasado, indagó por cuenta propia debido a que agentes mexiquenses rehusaron apoyarla.
“Repartí volantes con la foto de mi hija en varios puntos de la entidad. Fui a las procuradurías para que me ayudaran, pero nunca me apoyaron. Me dijeron que si la quería encontrar que yo la buscara.” Incluso, explicó, fue a Toluca para solicitar audiencia con el procurador de Justicia del estado, pero no la recibieron.
“Yo levanté el acta. Iba dos o tres veces por semana a preguntarles a los del Ministerio Público sobre la investigación. Me lo dijeron bien claro (los agentes): ‘¿quiere encontrar a su hija? Búsquela usted’. Me decían ‘deme un carro, un teléfono con crédito y le ayudamos’.”
Agregó que el 19 de febrero le informaron de la detención del presunto asesino de su hija y le enseñaron el teléfono celular de la niña. “Cuando vi el teléfono dije sí, es de mi hija. Bendito sea Dios, ya cuando menos encontré el cuerpo de mi hija, y ahorita está el asesino y se va a poder hacer justicia”, recordó.
Teresa Ulloa, directora regional del Catwlac, señaló: “Es ilógico que esta persona haya escapado por una ventana si tenía grilletes y esposas. Si el procurador tiene tantita vergüenza que renuncie. El monto de la recompensa (un millón de pesos) es una muestra más del desprecio que tiene Alfredo Castillo por las mujeres”, dijo
">Despliegan más de 200 agentes y cuerpo de élite
Israel Dávila y Javier Salinas
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Toluca, Méx., 29 de febrero. La Procuraduría General de Justicia del estado de México (PGJEM) ofreció un millón de pesos a quien aporte datos que lleven a la captura del violador y asesino serial de mujeres César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien la madrugada del lunes escapó por una ventana de las oficinas de la subprocuraduría de Tlalnepantla cuando era custodiado por tres agentes ministeriales.
En entrevistas radiofónicas, el procurador Alfredo Castillo Cervantes hizo énfasis en que el apoyo de los ciudadanos es fundamental para recapturar al prófugo y puso a disposición del público el correo electrónico cerotolerancia@edomex.gob.mx y el número telefónico 01 800 702 87 70.
Mientras, el gobierno del estado destituyó a Enrique Domínguez Abasolo, encargado de la comisaría general de la policía ministerial mexiquense, para facilitar las investigaciones.
El gobernador Eruviel Ávila Villegas también instruyó al procurador Castillo Cervantes agilizar las investigaciones con los mecanismos legales y de inteligencia que sean necesarios para detener al asesino confeso, así como a Saúl Antonio Sánchez Ortega y Rodrigo Israel Rodríguez Hernández, los dos policías “cuyo descuido o complicidad” permitió la fuga. El tercero, Luis Alberto Cañedo, ya fue detenido.
Fuentes de la dependencia informaron que más de 200 agentes ministeriales, de los 700 que hay en cada turno, incluido el cuerpo de élite de la dependencia, están en busca de El Coqueto.
Ávila Villegas instruyó a la Subprocuraduría de Justicia para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género y a la PGJEM brindar toda la atención a las familias de las víctimas.
Contradicciones del procurador
En las entrevistas de radio, el procurador rehusó dar información sobre la captura de Librado Legorreta con el argumento de que eso podría ponerlo en alerta.
Aún no se conoce oficialmente cuándo fue detenido. Existe una fotografía del jueves 23 de febrero, cuando El Coqueto fue fichado por la dependencia, pero choferes de la ruta 2 –que va de la estación Chapultepec del Metro, en el Distrito Federal, a Valle Dorado, en el estado de México–, quienes eran compañeros de Librado Legorreta, afirman que éste fue detenido el sábado 18 de febrero, lo que hace presumir que estuvo al menos cinco días en manos de la PGJEM sin ser puesto a disposición de un juez.
Hoy el procurador cambió la versión de la presunta declaración que rindió el agente ministerial Luis Alberto Cañedo luego de ser capturado por la fuga. Ayer dijo que el agente declaró que bajó por un café y cuando subió a la oficina Librado Legorreta ya no estaba. Hoy señaló que el policía declaró que estaba dormido cuando sucedió la fuga.
Leticia Mora Nieto, madre de una de las víctimas del violador y multihomicida César Armando Librado Legorreta, alias El Coqueto, durante una conferencia de prensa en el Distrito Federal, en la cual se acusó de negligencia a la Procuraduría General de Justicia del estado de México por la fuga del criminal confeso">Foto Guillermo Sologuren
El Comité Ejecutivo Nacional del PAN exigió la renuncia del procurador de justicia del estado de México Alfredo Castillo Cervantes por la fuga de Librado Legorreta. Consideró “inaudito” que un feminicida de estas características haya escapado tan fácilmente de las oficinas de la Subprocuraduría en Tlanepantla.
Mónica Fragoso, secretaria de la Comisión de Procuración de Justicia del Congreso local, afirmó que no servía ninguna de las ocho videocámaras que hay en la Subprocuraduría de Tlalnepantla, lo que impidió saber cómo escapó El Coqueto.
Autoridades se negaron a darle ayuda
César Arellano
Amparo Vargas, madre de una las víctimas del chofer de microbús César Armando Librado Legorreta, El Coqueto, quien confesó la violación de ocho mujeres y el asesinato de siete de ellas, exigió la renuncia del procurador de Justicia del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, por “omisión e irregularidades” en las investigaciones y por la fuga del feminicida.
Acompañada por integrantes de la Coalición Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina (Catwlac), aseguró que tras la desaparición de su hija de 16 años, en noviembre pasado, indagó por cuenta propia debido a que agentes mexiquenses rehusaron apoyarla.
“Repartí volantes con la foto de mi hija en varios puntos de la entidad. Fui a las procuradurías para que me ayudaran, pero nunca me apoyaron. Me dijeron que si la quería encontrar que yo la buscara.” Incluso, explicó, fue a Toluca para solicitar audiencia con el procurador de Justicia del estado, pero no la recibieron.
“Yo levanté el acta. Iba dos o tres veces por semana a preguntarles a los del Ministerio Público sobre la investigación. Me lo dijeron bien claro (los agentes): ‘¿quiere encontrar a su hija? Búsquela usted’. Me decían ‘deme un carro, un teléfono con crédito y le ayudamos’.”
Agregó que el 19 de febrero le informaron de la detención del presunto asesino de su hija y le enseñaron el teléfono celular de la niña. “Cuando vi el teléfono dije sí, es de mi hija. Bendito sea Dios, ya cuando menos encontré el cuerpo de mi hija, y ahorita está el asesino y se va a poder hacer justicia”, recordó.
Teresa Ulloa, directora regional del Catwlac, señaló: “Es ilógico que esta persona haya escapado por una ventana si tenía grilletes y esposas. Si el procurador tiene tantita vergüenza que renuncie. El monto de la recompensa (un millón de pesos) es una muestra más del desprecio que tiene Alfredo Castillo por las mujeres”, dijo
Este año, 14 asesinatos de mujeres
René Ramón e Israel Dávila
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Ixtapaluca, Méx., 29 de febrero. Este año se han perpetrado 14 asesinatos de mujeres en el estado de México. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), 13 ya fueron esclarecidos. En los últimos 10 meses de 2011 se denunciaron 52 casos y 46 ya fueron resueltos, y en 2010 se documentaron 210.
El aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad generó el año pasado una movilización de diversos grupos sociales. A principios de este año La Jornada solicitó, por conducto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal, datos sobre 11 feminicidios perpetrados en 2011 en seis municipios del oriente del estado: cuatro en Ixtapaluca; dos en Valle de Chalco, dos en Chalco, uno en Tlalmanalco, otro en Amecameca y uno más en La Paz.
La PGJE negó la información con el argumento de que las indagatorias por homicidios de género fueron clasificadas como “confidenciales” durante nueve años. La dependencia se limitó a responder que de marzo a diciembre de 2011 conoció de 50 denuncias en el estado, 44 de las cuales “fueron consignadas o vinculadas” ante un juez.
Expedientes confidenciales
De acuerdo con el oficio 00316/PGJ/IP/A/2011, el avance de las indagatorias es confidencial, “ya que por un lado se puede propiciar que se obstaculice el trámite de la investigación, que las personas investigadas se evadan de la acción de la justicia u oculten medios de prueba y evidencias”.
El 17 de marzo de 2011 el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas para combatir la violencia de género, entre ellas la tipificación del feminicidio, para castigarlo con penas de 40 a 70 años de prisión. Las modificaciones formaron parte de un paquete de iniciativas que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto turnó en respuesta a organizaciones sociales que demandaban declarar alerta de género en el estado, pues hasta ese momento se habían cometido más de 950 feminicidios y poco más de 4 mil 500 violaciones.
Corresponsales
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 35
Ixtapaluca, Méx., 29 de febrero. Este año se han perpetrado 14 asesinatos de mujeres en el estado de México. Según la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM), 13 ya fueron esclarecidos. En los últimos 10 meses de 2011 se denunciaron 52 casos y 46 ya fueron resueltos, y en 2010 se documentaron 210.
El aumento de los asesinatos de mujeres en la entidad generó el año pasado una movilización de diversos grupos sociales. A principios de este año La Jornada solicitó, por conducto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública estatal, datos sobre 11 feminicidios perpetrados en 2011 en seis municipios del oriente del estado: cuatro en Ixtapaluca; dos en Valle de Chalco, dos en Chalco, uno en Tlalmanalco, otro en Amecameca y uno más en La Paz.
La PGJE negó la información con el argumento de que las indagatorias por homicidios de género fueron clasificadas como “confidenciales” durante nueve años. La dependencia se limitó a responder que de marzo a diciembre de 2011 conoció de 50 denuncias en el estado, 44 de las cuales “fueron consignadas o vinculadas” ante un juez.
Expedientes confidenciales
De acuerdo con el oficio 00316/PGJ/IP/A/2011, el avance de las indagatorias es confidencial, “ya que por un lado se puede propiciar que se obstaculice el trámite de la investigación, que las personas investigadas se evadan de la acción de la justicia u oculten medios de prueba y evidencias”.
El 17 de marzo de 2011 el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad reformas para combatir la violencia de género, entre ellas la tipificación del feminicidio, para castigarlo con penas de 40 a 70 años de prisión. Las modificaciones formaron parte de un paquete de iniciativas que el entonces gobernador Enrique Peña Nieto turnó en respuesta a organizaciones sociales que demandaban declarar alerta de género en el estado, pues hasta ese momento se habían cometido más de 950 feminicidios y poco más de 4 mil 500 violaciones.
Visitan senadores a Pablo Salazar en prisión
Manifestantes les impedían ingresar a El Amate; fueron “manipulados”: Carlos Sotelo
Visitan senadores a Pablo Salazar en prisión
Senadores perredistas y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio pasado. Al frente, Leonel Godoy y Carlos Sotelo, seguidos de Rubén Velázquez (de camisa a rayas) y a la derecha Pablo Salazar López, hijo del ex gobernador detenido">Foto Elio Henríquez
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 36
Cintalapa, Chis., 29 de febrero. En un ambiente de tensión, provocado por unos 40 manifestantes que les impidieron el paso durante hora y media, cuatro senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio de 2011.
Al salir de la reunión, que duró poco más de hora y media, Carlos Sotelo García, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado, informó que la comisión entregará a ese órgano legislativo un informe “muy preciso”.
“Hemos escuchado los elementos de su defensa y lo que él considera su carácter de preso político, por no haber en su opinión fundamento jurídico para estar detenido, y también las muy difíciles condiciones de reclusión, con cámaras de video hasta hace unos días”, afirmó.
Los legisladores Sotelo García, Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Leonel Godoy Rangel arribaron poco después de las 10 horas de a la entrada de El Amate, ubicado a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Cintalapa, y fueron recibidos con pancartas y gritos por unos 40 manifestantes.
Entre los inconformes había campesinos afectados por el huracán Stan, que en 2005 causó graves daños en una tercera parte de Chiapas, y madres de algunos de los 35 recién nacidos que murieron en el hospital de Comitán a finales de 2002 y principios de 2003.
“¡Que se bajen, que se bajen!”, gritaron los manifestantes, pero los legisladores, a quienes acompañaba Pablo Salazar López, hijo del ex mandatario, permanecieron a bordo de una camioneta con cristales oscuros que la turba intentó voltear.
El coordinador del Consejo de Damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, golpeó el vehículo con las manos e insultó a los senadores y al precandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes aceptaron que los legisladores ingresaran al reclusorio, con la condición de que al salir escucharan sus demandas.
Cuando los senadores y los visitadores de la CNDH Fernando Batista Jiménez, Andrés Aguirre Aguilar y Benjamín Vergara dialogaban con Salazar Mendiguchía se escucharon gritos, insultos y golpes en una reja del penal, lo que Sotelo García llamó “una especie de amotinamiento y la continuación de la recepción en la entrada, un montaje para intimidar”.
Recordó que la comisión legislativa acudió al penal para escuchar largamente los argumentos de Pablo Salazar, por un acuerdo del grupo parlamentario del PRD.
Sotelo García consideró que el ex gobernador está en una zona relativamente aislada y segura, pero “tiene reservas” y ha solicitado a la CNDH medidas cautelares para él y su familia.
Manifestó que “hay fragilidades evidentes” en la acusación contra Salazar por peculado de 104 millones y que el caso de los niños fallecidos en el hospital de Comitán debe analizarse “con mayor detenimiento”.
A la salida del penal hubo una discusión entre Leonel Godoy, Tapia Ramírez y Rubén Velázquez. Carlos Sotelo dijo que la “turba” fue manipulada por Florencio Madariaga, ex funcionario del gobierno chiapaneco, quien “era el que daba las órdenes a los policías y a las autoridades del penal”.
con información de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, reporteros
Visitan senadores a Pablo Salazar en prisión
Senadores perredistas y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio pasado. Al frente, Leonel Godoy y Carlos Sotelo, seguidos de Rubén Velázquez (de camisa a rayas) y a la derecha Pablo Salazar López, hijo del ex gobernador detenido">Foto Elio Henríquez
Elio Henríquez
Corresponsal
Periódico La JornadaJueves 1º de marzo de 2012, p. 36
Cintalapa, Chis., 29 de febrero. En un ambiente de tensión, provocado por unos 40 manifestantes que les impidieron el paso durante hora y media, cuatro senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dos representantes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) visitaron ayer en el penal de El Amate al ex gobernador de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía, preso desde el 7 de junio de 2011.
Al salir de la reunión, que duró poco más de hora y media, Carlos Sotelo García, vicecoordinador de la bancada del PRD en el Senado, informó que la comisión entregará a ese órgano legislativo un informe “muy preciso”.
“Hemos escuchado los elementos de su defensa y lo que él considera su carácter de preso político, por no haber en su opinión fundamento jurídico para estar detenido, y también las muy difíciles condiciones de reclusión, con cámaras de video hasta hace unos días”, afirmó.
Los legisladores Sotelo García, Rubén Velázquez López, José Luis García Zalvidea y Leonel Godoy Rangel arribaron poco después de las 10 horas de a la entrada de El Amate, ubicado a unos 10 kilómetros de la cabecera municipal de Cintalapa, y fueron recibidos con pancartas y gritos por unos 40 manifestantes.
Entre los inconformes había campesinos afectados por el huracán Stan, que en 2005 causó graves daños en una tercera parte de Chiapas, y madres de algunos de los 35 recién nacidos que murieron en el hospital de Comitán a finales de 2002 y principios de 2003.
“¡Que se bajen, que se bajen!”, gritaron los manifestantes, pero los legisladores, a quienes acompañaba Pablo Salazar López, hijo del ex mandatario, permanecieron a bordo de una camioneta con cristales oscuros que la turba intentó voltear.
El coordinador del Consejo de Damnificados del Huracán Stan, Carlos Tapia Ramírez, golpeó el vehículo con las manos e insultó a los senadores y al precandidato presidencial de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador.
Los inconformes aceptaron que los legisladores ingresaran al reclusorio, con la condición de que al salir escucharan sus demandas.
Cuando los senadores y los visitadores de la CNDH Fernando Batista Jiménez, Andrés Aguirre Aguilar y Benjamín Vergara dialogaban con Salazar Mendiguchía se escucharon gritos, insultos y golpes en una reja del penal, lo que Sotelo García llamó “una especie de amotinamiento y la continuación de la recepción en la entrada, un montaje para intimidar”.
Recordó que la comisión legislativa acudió al penal para escuchar largamente los argumentos de Pablo Salazar, por un acuerdo del grupo parlamentario del PRD.
Sotelo García consideró que el ex gobernador está en una zona relativamente aislada y segura, pero “tiene reservas” y ha solicitado a la CNDH medidas cautelares para él y su familia.
Manifestó que “hay fragilidades evidentes” en la acusación contra Salazar por peculado de 104 millones y que el caso de los niños fallecidos en el hospital de Comitán debe analizarse “con mayor detenimiento”.
A la salida del penal hubo una discusión entre Leonel Godoy, Tapia Ramírez y Rubén Velázquez. Carlos Sotelo dijo que la “turba” fue manipulada por Florencio Madariaga, ex funcionario del gobierno chiapaneco, quien “era el que daba las órdenes a los policías y a las autoridades del penal”.
con información de Víctor Ballinas y Andrea Becerril, reporteros
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