Amenazan con desalojar tres poblados indígenas ubicados en la selva Lacandona

Hermann BellinghausenPeriódico La JornadaViernes 2 de marzo de 2012, p. 20Nuevos desalojos de comunidades indígenas podrían estar en puerta en Montes Azules, la reserva de la biosfera ubicada en la selva Lacandona de Chiapas.San Gregorio, Ranchería Corozal y Nuevo Salvador Allende, poblaciones asentadas en la cuenca del río Negro, recibieron esta semana la amenaza de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) de que serán “reubicadas”. Después de un largo periodo de “diálogo”, mediante una Mesa de Atención a la Zona Lacandona, la comisión negó “categóricamente” su regularización.Eso implicó una ruptura de las negociaciones entre los representantes indígenas y las autoridades. La propia Conanp y el delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en Chiapas, Ricardo Frías, amenazaron con el desalojo inminente a estos poblados, que las autoridades insisten en llamar “asentamientos irregulares”, si bien tienen –como es el caso de San Gregorio– más de tres décadas de antigüedad.El eventual desalojo ocurriría pese a que la denominada comunidad lacandona, propietaria formal de las alrededor de 600 mil hectáreas de Montes Azules, había acordado anteriormente que permitiría la estancia de estos pobladores. No obstante, la Conanp argumentó este martes una “solicitud de representantes de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona de regularizar los tres asentamientos humanos irregulares”.En su argumentación dirigida a los medios de comunicación, el organismo gubernamental asevera que “las únicas actividades permitidas” en la reserva de la biosfera son (en este orden) “turismo, investigación científica y tecnológica, y aprovechamiento controlado en las que, sin proceder al desmonte, se aprovechen la selva y sus recursos naturales”. Para ello se remite al decreto presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de enero de 1978, que declaró el establecimiento de la reserva, sobreponiéndose a un decreto anterior, lo que ha dado origen a múltiples conflictos y confusiones al paso de los años.En el último encuentro entre funcionarios e indígenas también estuvieron representantes de la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente (ARIC-I), para quienes el diálogo con las autoridades “quedó roto” y dijeron temer un desalojo.Otros argumentos de Conanp y Semarnat se refieren a que “la zona es considerada una de las reservas con una generación de riqueza biológica y recursos hídricos más importantes del país”, y, “de igual forma, patrimonio natural de la humanidad, reconocida por la Unesco dentro del Programa del Hombre y la Biosfera ”.Añaden “la preminencia de la región” como prestadora de los debatibles “servicios ambientales”, así como una afirmación novedosa: “otro aspecto relevante lo constituyen las características del suelo de la zona, al ser considerado de alto riesgo para asentamientos humanos ante los fenómenos meteorológicos”.Finalmente, y como parte de la mesa de diálogo, la Conanp dice ofrecer “apoyo para la reubicación de los tres grupos involucrados en dichos asentamientos”, como parte de la fallida mesa de diálogo, en la cual participaban también la Secretaría de la Reforma Agraria y el gobierno de Chiapas.