Jueves 9 de febrero de 2012, p. 36
La cuarta sala del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje sentenció a la delegación Miguel Hidalgo al pago de 5 millones de pesos por despidos injustificados de diez trabajadores durante la administración de Gabriela Cuevas Barrón, revelaron los afectados.
Enrique Selvas Carrola, ex director jurídico y de gobierno de la demarcación, y nueve trabajadores más, fueron acusado por la ex jefa delegacional de actos de corrupción que no pudo comprobar
, señalaron los afectados.
Debido a la inconformidad surgida por el despido, los ex trabajadores presentaron en mayo de 2007 una demanda laboral con el folio 2591/07 contra la administración de Cuevas Barrón y que el pasado 25 de enero del 2010 se obtuvo el laudo laboral por 5 millones de pesos.
La sentencia se apeló y luego de los recursos legales que se interpusieron la sentencia quedó firme en noviembre de 2011, cuando se buscó un acercamiento con el actual director de personal de la delegación Miguel Hidalgo, Jorge Octavio Gordillo, para solicitar el pago ordenado por el tribunal.
Selvas Carrola informó que el monto a pagar fue considerado por la actual administración en el presupuesto de 2012, por lo que será hasta marzo próximo cuando se cumpla el laudo definitivamente. El ex funcionario presentará la próxima semana ante la Comisión de Honor y Justicia del Partido Acción Nacional una queja para impedir que Cuevas Barrón vuelva ocupar un cargo de elección popular y se le sancione por violar los estatutos del blanquiazul al acusar sin fundamento a un militante del partido.
Recordó que fue parte del equipo de Cuevas desde que estuvo en la Asamblea Legislativa y sus diferencias surgieron a raíz de la imposición que el entonces presidente del PAN en el Distrito Federal, Carlos Gelista, hizo en la delegación.
Acusó a Gelista de colocar en la dirección general de jurídico y gobierno a Pablo Reyes a quien, dijo, le documentó nueve expedientes por malos manejos que quisieron revertir en su contra, pero que jamás lo lograron, pues se presentaron denuncias ante la Contraloría y la procuraduría local, que están abiertas
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