El titular de la Procuraduría General de Justicia de Puebla, Víctor Carrancá Bourget, sostuvo que en la primera década de este siglo los gobiernos locales de Melquiades Morales y Mario Marín no atendieron el problema de los feminicidios. Había una cultura de voltear a otro lado
, dijo a diputados de la comisión especial que investiga los crímenes contra mujeres.
No se atendía ni había interés en el registro de información. El año pasado recibimos una procuraduría precaria, por lo que estamos buscando averiguaciones previas directamente en los libros, para determinar si es posible reabrir algunas indagaciones
, declaró.
La explicación de Carrancá Bourget se dio luego de que diputadas de PRI y PT cuestionaron que no presentara información detallada de los casi mil 300 casos de mujeres desaparecidas y 275 asesinadas en Puebla.
Las legisladoras cuestionaron por qué si la mayoría de los feminicidios se cometieron en el domicilio de la víctima y por sus esposos o parejas, lo cual acotaba el ámbito de investigación, los crímenes no hayan sido aclarados y los culpables sentenciados.
El funcionario respondió que decenas de expedientes fueron archivados bajo la figura de imposibilidad material
de resolver los casos. Incluso, refirió que del desinterés de los gobiernos anteriores para atender dichas agresiones hay ejemplos muy sonados
.
Más tarde, el procurador de San Luis Potosí, Miguel Ángel García Covarrubias, informó que en 2011 en esa entidad ocurrieron 51 feminicidios y se iniciaron 10 averiguaciones previas, y sólo se dictó auto de formal prisión a siete responsables. Refirió que entre 2000 y 2010 se cometieron 43 homicidios dolosos contra mujeres y niñas y sólo se obtuvieron 17 sentencias condenatorias con reparación de daño, 18 sin reparación y ocho absolutorias.
Explicó que como parte de la supervisión al Ministerio Público que indagó dichos crímenes en el estado, se sancionó con suspensión temporal sin goce de sueldo a dos policías y agentes ministeriales por omisión en práctica de diligencia, deficiencia en la investigación y por no emitir órdenes de protección a víctimas de violencia familiar.
En tanto, organizaciones civiles integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunciaron que pese a las condiciones de grave violencia
que enfrentan niñas, mujeres y ancianas en Nuevo León, el Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres negó la declaratoria de alerta de violencia de género en esa entidad, durante una sesión extraordinaria convocada la tarde de ayer.
Irma Alma Ochoa, presidenta de Arthemisas por la Equidad, organización solicitante de la declaratoria, informó que con 19 votos en contra y 13 en favor se desechó la petición para iniciar una urgente investigación sobre lo que está ocurriendo en al menos 11 municipios de la entidad, claramente identificados, donde aumentaron de forma alarmante las agresiones y asesinatos contra mujeres
.
Destacó que a pesar de que se les negó el derecho de audiencia para ingresar a la sesión extraordinaria del Sistema Nacional, con lo que –afirmó– se viola una garantía constitucional, pues reconocemos que no tenemos voz ni voto, pero sí derecho a escuchar los argumentos para determinar si se acepta una declararoria de alerta, resulta indignante que se cite a todos los integrantes del sistema sólo para desestimar una solicitud, sin presentar argumentos de fondo
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María de la Luz Estrada, presidenta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir e integrante del OCNF, señaló que con la decisión del sistema nacional, que agrupa a autoridades de los institutos de la mujer en el país, así como funcionarios de diversas dependencias federales, el siguiente paso es interponer una solicitud de amparo, pues se pretende invisibilizar lo que ocurre en Nuevo León
.
Indicó que con este negativa son cuatro las ocasiones en que se ha negado una declaratoria de alerta, pues se suma Guanajuato, estado de México y Oaxaca, en esta última, agregó,incluso se negó la presentación de la solicitud
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De acuerdo con cifras presentadas por las organizaciones solicitantes, de enero de 2009 a junio de 2011 se registraroon 176 asesinatos de mujeres, a partir de la información obtenida por la Procuraduría General de Justicia de Nuevo León, mientras que más de 366 niñas y mujeres han desaparecido sólo en 2010.
Con información de Laura Poy Solano
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