La PGJE de Chiapas apelará de los amparos concedidos a Pablo Salazar y Aguilar Bodegas

Tuxtla Gutiérrez, Chis., 8 de enero. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) informó que apelará de los amparos que el juez segundo de distrito concedió al ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, y al priísta José Antonio Aguilar Bodegas. Al primero por la muerte de bebés en el hospital de Comitán, y al segundo por el presunto delito de asociación delictuosa y operaciones con recursos de origen ilícito.

Existen vicios jurídicos en ambas resoluciones, las cuales ya son analizadas para interponer los recursos legales que la ley permite, afirmó la dependencia en un comunicado. Al rechazar el posicionamiento del juez, la PGJE señaló que el juzgador intenta desvirtuar las investigaciones y pretender reclasificar el delito, pasando de homicidio de comisión por omisión a homicidio culposo, este último con menor penalidad, lo que permitiría a Salazar salir libre.

Para la dependencia, el juez segundo de distrito no valoró todas y cada una de las pruebas presentadas por el Ministerio Público Investigador. Consideró que en el caso de los bebés de Comitán la autoridad judicial, dentro de la misma resolución, acredita el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal de Salazar Mendiguchía, en razón de que no haber destinado recursos económicos al Hospital General de Comitán, trajo como consecuencia el fallecimiento de los recién nacidos Jesús Alejandro y Gerardo Morales Alfaro.

Agregó que en su momento, mediante el Ministerio Público, presentó pruebas que confirman que antes de la muerte de los gemelos ya habrían fallecido 22 menores más, por lo que Pablo Salazar conocía los efectos de su falta de apoyo al nosocomio.

La procuraduría indicó que el juez no tomó en cuenta la declaración ministerial del ex director del Hospital de Comitán, Raúl Belmonte Martínez, quien puntualizó que desde su llegada al nosocomio realizó gestiones para la dotación de recursos, los cuales nunca fueron suministrados; por el contrario, en 2002 hubo recorte presupuestal que afectó la disponibilidad de materiales y recursos humanos.

Tampoco valoró la declaración ministerial del ex fiscal general del estado Mariano Herrán Salvatti, quien manifestó haber recibido órdenes directas y precisas de Pablo Salazar para archivar y decretar el no ejercicio de la acción penal en las más de 20 averiguaciones previas iniciadas por la muerte de los bebés.

Asimismo, el juez segundo de distrito desestima la recomendación 24/2004 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la cual se expone la existencia de múltiples anomalías en el nosocomio, como falta de medicinas, instrumental y equipos en las áreas de gineco-obstetricia y pediatría, lo que contribuyó a deficiente atención médica