Activista transexual exige “disculpa pública” de alcaldía regiomontana

Comisión Estatal de Derechos Humanos documentó que policías municipales la detuvieron de forma “arbitraria” el 14 de febrero de 2009 Christian Rea Tizcareño México DF, noviembre 10 de 2010. A un año nueve meses de ser detenida de forma “arbitraria” por elementos policíacos de Monterrey, Nuevo León, y ser acusada de “prostitución en vía pública”, la activista transexual Vanessa Castillo Torres, exigió una “disculpa pública” del gobierno municipal, al que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió la recomendación 107/2009, el 21 de julio del año pasado. La recomendación insta a las autoridades de Monterrey a restituir los daños sufridos por Castillo Torres. El documento emitido por la CEDH fue aceptado por la Policía de Monterrey, la administración municipal y la Secretaría del Ayuntamiento, en agosto de 2009. Así, las autoridades municipales iniciarían un proceso de responsabilidad administrativa en contra de los policías de la patrulla 526, Ángel Morón Gutiérrez y Adrián Vensor Flores, así como del juez Jorge Alberto López Gutiérrez, quien sancionó e impuso a Vanessa una multa de 600 pesos por atentar contra la “moral y buenas costumbres”, según la fracción X del artículo 19 del Reglamento de Policía y Buen Gobierno. Vanessa fue detenida la noche del 14 de febrero de 2009. De esa fecha a la actualidad, han pasado dos administraciones municipales: la de Adalberto Madero y la hoy encabezada por Fernando Larrazabal, ambos alcaldes emanados del Partido Acción Nacional (PAN). A 21 meses de perpetrada la violación a los derechos humanos de Vanessa, autoridades municipales la citaron para devolverle los 600 pesos desembolsados esa noche, más 35 pesos con 6 centavos, monto que no aceptó Castillo Torres, pues la alcaldía jamás le emitió una “disculpa pública”. En entrevista telefónica, Vanessa explicó que si bien la violación a sus derechos humanos -documentada por la CEDH- fue ejecutada por la administración municipal anterior, el actual edil tiene que ofrecer una “disculpa pública”, no a título personal, sino a nombre del gobierno regiomontano, y generar así el antecedente de que la alcaldía respeta a los ciudadanos sin importar su orientación sexual o identidad de género. En cuanto al dinero, la activista informó que el jueves de la semana pasada fue a la oficina del tesorero de Monterrey, Rolando Oliverio Rodríguez Hernández, para preguntarle, a través de un oficio, “¿cuál fue el parámetro referencial para tasar el reembolso de la multa impuesta, dado que se me dice que no tengo derecho a reparación del daño, invocando para ello los artículos 3 y 23 en su párrafo cuarto del Código Fiscal del estado?” El documento entregado a la Tesorería cita que el artículo 1825 del Código Civil local establece que “el Estado y los municipios tienen obligación de responder por los daños causados por sus servidores públicos en los términos de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, en el ejercicio de las funciones que les estén encomendadas. Esta responsabilidad es solidaria y sólo podrá hacerse efectiva contra el Estado, el municipio o el servidor público que corresponda”. El activista gay Mario Rodríguez Platas ha asesorado a Vanessa durante el desarrollo del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa 30/2009. Expuso que cuando ocurrió la detención, el salario mínimo en la zona era de 53 pesos con 26 centavos, y en consecuencia, “tuvieron que haberle cobrado 585.86 pesos (equivalente a 11 cuotas). ¿Por qué entonces 600 pesos? Esta cantidad es arbitraria e ilegal. Cobraron mal la multa, como si fuera un redondeo para darle a los niños computadoras”. Rodríguez, de la Fundación Diversitas, comentó que “Vanessa trabaja en un restaurante. Al día siguiente (de la detención) no pudo trabajar. Existe el lucro cesante (daño patrimonial que consiste en la pérdida de una ganancia o utilidad económica por parte de la víctima). Tienen que pagarle el salario mínimo de ese día”. El reembolso del dinero tiene que implicar una reparación del daño causado a Vanessa, así como una disculpa pública de la alcaldía por escrito. “¿O qué acaso por ser una transexual no se va a pedir?” El video donde Vanessa Castillo Torres, acompañada de activistas lésbico-gay, rechaza el reembolso de la multa está en la página: http://www.youtube.com/watch?v=fb0FwMD5Ts8