Lamentan defensores de derechos humanos arribo del nuevo procurador

Defensores de los derechos humanos lamentaron la ratificación de Arturo Chávez Chávez en la Procuraduría General de la República (PGR), debido a sus antecedentes contrarios a la defensa de garantías individuales y a su incompetencia demostrada como procurador de Chihuahua.

Los directores de los centros de derechos humanos Fray Francisco de Vitoria, Miguel Concha; y Miguel Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga; así como el secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Édgar Cortez, coincidieron en que la decisión del Senado fue más apegada a intereses políticos que al sentir ciudadano, a quien se supone representan los legisladores.

Es una mala noticia (la ratificación) debido a los antecedentes de Chávez, los cuales han sido documentados por organizaciones nacionales e internacionales, lamentó Concha.

Refirió que el Senado fue insensible a las demandas de organismos defensores de garantías y a la voz de madres de víctimas de feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuaha. Criticó que el órgano legislativo no haya abierto el caso al escrutinio público a fin de tener más elementos para tomar esa decisión.

Nada importó, a partir de aquí está en duda, a escala nacional e internacional, la confianza y legalidad de la PGR.

Édgar Cortez sostuvo que la llegada del ex procurador de Chihuahua a la PGR es lamentable desde la perspectiva de los derechos humanos. Resulta grave que un personaje que dio muestra de incompetencia termine en ese cargo. Además refleja falta de escucha y sensibilidad del Senado, quienes no incluyeron en su decisión el sentir ciudadano, sino intereses políticos.

Luis Arriaga coincidió en la falta de sensibilidad en materia de derechos humanos que mostraron los senadores que votaron por la llegada de Chávez a la PGR.

Agregó que el nuevo procurador tendrá varios retos al frente de la dependencia. Entre ellos el acabar con el uso arbitrario de la fiscalía federal que recientemente se ha usado para perseguir y criminalizar a integrantes de movimientos sociales y a personas de grupos vulnerables, con lo que también se vulnera el principio de presunción de inocencia.