A tres años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratifió la constitucionalidad de la ley que permite la interrupción del embarazo en el Distrito Federal en las primeras 12 semanas de gestación, se ha salvado la vida de más de 60 mil mujeres, lo que demuestra la necesidad de pomulgar legislaciones iguales en el resto del país.
Tal fue la demanda que planteó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México (Ddeser), durante un acto político-cultural realizado ayer frente al Hemiciclo a Juárez, donde reiteró la necesidad de defender el estado laico y el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Luego de presentar una obra de teatro en el que la Maga libertaria hizo un recorrido por los 40 años de lucha feminista para garantizar la potestad de las mujeres sobre su sexualidad y maternidad –en contra de los designios de la Iglesia y otros grupos conservadores–, las activistas refrendaron su exigencia de que el aborto se despenalice en todo el país, y no sólo en la capital.
Nadxieelii Carranco, integrante de Ddeser en el estado de Morelos, subrayó que el aborto es un problema de salud pública y llamó a las mujeres a ganar poder y exigir sus derechos, sobre todo en los 17 estados que aprobaron reformas antiabortistas en respuesta a la despenalización de dicha práctica en la ciudad de México, aprobada por la Asamblea Legislativa del DF el 24 de abril de 2007.
Esa ola de criminalización, señaló, ha provocado que miles de mujeres de los estados de México, Puebla, Querétaro, Hidalgo y Morelos, entre otros, acudan a la capital del país a practicarse abortos seguros, lo que las vuelve ciudadanas de segunda
en sus entidades de origen, donde se les considera menos importantes que un óvulo fecundado
.
Ruth Miranda, activista de la Red en el estado de México –de donde proviene 22 por ciento de las mujeres que abortan en el DF–, lamentó que los límites territoriales signifiquen también límites de derechos, y por ello exigió la homologación en todo el país de las leyes que permiten la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas.
Por su parte, Julia Cervantes, de Querétaro, denunció que en casi todo el país los derechos de un óvulo fecundado pesan más que los de mujeres concretas con vidas concretas, y advirtió que mientras el gobierno mexicano no brinde educación sexual laica y científica, no promueva una relación equitativa entre hombres y mujeres ni garantice un abasto suficiente de anticonceptivos, miles de mujeres seguirán abortando, porque no somos máquinas de reproducción
.
Natali Hernández, de Puebla, alertó que según datos del Consejo Nacional de Población, en dicha entidad han muerto casi 22 mil mujeres entre 2000 y 2006 por abortos mal practicados, y en la actualidad hay 30 personas con procesos legales en contra por interrumpir su embarazo –la mayoría provenientes de municipios marginados–, entre ellas una niña de 12 años.
Adriana Jiménez, coordinadora nacional de Ddeser, reconoció al gobierno de la ciudad de Méxicofue retirada la mayor parte de los elementos federalesque custodiaban el recinto. Sostuvo que con este apoyo sí existirán las condiciones de seguridad adecuadas para recibir las reliquias y a la feligresía que acudirá a visitarlas a la Catedral, a partir del próximo 5 de septiembre y hasta el 8 de eses mes. En entrevista el litigante señaló que
sin dar una explicaciónconcreta de los
40 elementos federalesque resguardaban la Catedral y el sagrario, sólo dejaron
11 que eran insuficientes, sobre todo ahora que se traerán las reliquiasde Juan Pablo. Apuntó que el ofrecimiento de Manuel Mondragón, jefe de la policía capitalina, es que
se va a hacer cargo de la seguridad, tanto adentro como afuera y estamos contentos por eso. A partir del domingo van a estar presentes elementos de la SSP local. En cuanto al itinerario de las reliquias, hoy a las 8 de la mañana serán trasladadas desde la nunciatura apostólica hacia la Basílica de Guadalupe. A las 9 horas el cardenal Norberto Rivera Carrera presidirá la misa con el tema La familia y la vida humana en Juan Pablo II.
La Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) emprendió acciones legales contra las dos mujeres que en aparente estado de ebriedad agredieron verbal y físicamente a dos elementos de la corporación el domingo pasado en calles de Polanco, delegación Miguel Hidalgo, informó el titular de la corporación Manuel Mondragón.
En un video titulado Las ladies de Polanco, que un usuario exhibió en el portal web YouTube, se escucha cómo una de las mujeres, que por la tarde de ayer fue identificada como Azalia Ojeda, ex integrante del programa Big Brother, le gritaba al policía Chinga tu madre, pinche asalariado de mierda
, entre otros insultos y empujones.
Mondragón reprobó las agresiones de la ciudadanía contra los uniformados cuando éstos cumplen con su deber y afirmó que los elementos a su cargo se comportaron adecuadamente para evitar una confrontación mayor debido al grado de agresividad de las detenidas.
Sin embargo, Azalia se justificó en su cuenta de Twitter. Solo me defendí xq nos pidieron dinero nos bajaron del coche con pistola en mano disque catearon mi camioneta... Y se robaron mi cartera!!!! En fin el q nada debe nada teme YO solo me defendí
.
Mondragón negó que hubiera algún robo y aseguró que las personas exhibidas tratarán de defenderse tras arremeter de esa forma contra los elementos de la SSP-DF.
Fuentes de la policía capitalina informaron que el vehículo de las mujeres fue detenido cuando fue detectado mientras circulaba en zigzag.
La denuncia presentada ante la procuraduría local fue por los delitos de resistencia de particulares y ultrajes a la autoridad, los cuales, señaló el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Luis Genaro Vázquez, no son graves, por lo que las implicadas podrían evitar ir a prisión.
Mientras, la Consejería Jurídica capitalina señaló que las dos mujeres incurrieron en diversas faltas administrativas contempladas en la Ley de Cultura Cívica del DF y del Reglamento de Tránsito Metropolitano, como atentar contra la dignidad de los individuos
, agredir físicamente sin causar lesiones e insultos a la autoridad, por los cuales podrían ser acreedoras a una multa hasta de 3 mil pesos.
La dependencia informó que está a la espera de que se identifique oficialmente a las agresoras y se les presente ante un juez cívico para aplicar las sanciones correspondientes, para lo cual el juzgador tiene un plazo de seis meses.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal cuestionó la actuación de los efectivos policiacos involucrados, quienes, afirmó, debieron remitir a las agresoras al Ministerio Público, y no hacerlo refleja la falta de capacitación de los uniformados en estas situaciones.
Asesinan a funcionario de Grupo Radio Centro
Un hombre identificado como gerente general de ventas de anuncios publicitarios de Grupo Radio Centro fue asesinado la mañana de ayer de varios tiros sobre calzada Del Hueso, en la colonia Girasoles. Los hechos ocurrieron cuando el hombre, de 38 años de edad, circulaba en su camioneta y fue interceptado por dos sujetos en una motocicleta que le dieron alcance antes del cruce con División del Norte, donde le dispararon. Hasta el momento una de las principales líneas de investigación de la procuraduría capitalina es el robo. Fueron encontrados casquillos percutidos de un arma 9 milímetros. Uno de los impactos atravesó la ventanilla del conductor. Los homicidas lograron huir.
Consigan otros dos casos de feminicidio
La PGJDF consignó dos nuevos casos de feminicidio, con los que suman cinco desde que se tipificó dicha figura en la ciudad de México, hace un mes. En ambos homicidios, ocurridos en las delegaciones Gustavo A. Madero y Cuajimalpa, los asesinos resultaron ser las parejas sentimentales de las víctimas, informó en conferencia de prensa el subprocurador de averiguaciones previas desconcentradas, Luis Genaro Vázquez Rodríguez. En el primer caso, Jorge Antonio Meléndez Jiménez ultimó a su novia a puñaladas luego de que ésta dio por terminada la relación. Mientras, Josué Alejandro Contreras Carrillo confeso haber matado a su novia después de una discusión y abandonó el cadáver a un costado de la carretera federal Toluca-México. Vázquez Rodríguez estuvo acompañado de la directora del Inmujeres-DF, Martha Lucía Mícher, quien destacó que en estos homicidios la PGJDF realiza una investigación con visión de género, lo cual demuestra el compromiso del Gobierno de DF de atacar la violencia contra las mujeres, a diferencia de entidadesp
como el estado de México, donde, dijo, se ocultan 922 homicidios de género.
Mancera pide a Coparmex red contra el delito
El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, exhortó a la Coparmex DF a conformar una red de prevención del delito con el propósito de combatir la incidencia delictiva contra ese gremio y fortalecer los mecanismos de seguridad al interior de las empresas. Ante miembros de dicha organización, el funcionario resaltó la necesidad de que las empresas cuenten con sistemas de videovigilancia, así como verificar el estatus legal de todos los elementos de seguridad que tienen contratados, lo cual permitirá inhibir la incidencia delictiva y agilizar las investigaciones cuando sean víctimas de un ilícitoSi se les da a elegir entre libertad y seguridad, los adolescentes se inclinan por la segunda
Consideran válido que fuerzas de seguridad maten a criminales, aunque puedan ser detenidos
Jóvenes de entre 15 y 19 años de edad constituyen la mayoría de las personas que se manifestaron por la tortura y hasta la pena de muerte para combatir la delincuencia organizada, según la encuesta aplicada por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) sobre cultura constitucional. En tanto, la población de mayor edad expresó su desacuerdo por el empleo de esas medidas.
Así lo muestran los resultados de la Segunda Encuesta Nacional de Cultura Constitucional: legalidad, legitimidad de las instituciones y rediseño del Estado, elaborada por especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la máxima casa de estudios, que se aplicó a 2 mil 208 personas de 15 años en adelante en todo el país.
Uno de los indicadores revela que si se les da a elegir entre libertad y seguridad, los jóvenes se inclinan por la segunda.
Otros resultados del sondeo muestran que en gran parte de la juventud entrevistada hay una inclinación por el combate de la violencia con la violencia.
La encuesta –aplicada en mayo de este año– señala que son los jóvenes de 15 a 19 años quienes en su mayoría consideraron válido que las fuerzas de seguridad maten a integrantes de la delincuencia organizada, aun cuando exista la posibilidad de detenerlos para presentarlos ante instancias de procuración de justicia.
Algunas de las conclusiones revelan que casi 30 por ciento de los encuestados se manifestó en favor de esas medidas, la mayoría (36.6 por ciento) jóvenes en ese rango de edad. En cambio, 50 por ciento de total de la muestra dijo estar en desacuerdo.
En términos generales, casi 25 por ciento de los encuestados expresó su acuerdo con que se torture a personas detenidas por pertenecer a grupos criminales, como un método para obtener información, y destaca que gran parte (aunque no se precisa el porcentaje) de quienes apoyaron esta fórmula también son jóvenes. En tanto, tanto 40 por ciento –sobre todo mayores de edad– está en contra de esa medida.
La mayoría de las personas que participó en el sondeo y que se declaró en favor de la pena de muerte está en ese rango de edad (15 a 19 años). Aunque 70 por ciento de los encuestados no apoya ese castigo.
Cincuenta por ciento del total de los entrevistados está en desacuerdo en que la única manera de combatir la violencia sea con el empleo de métodos violentos. Pero entre los sectores que se manifestaron de acuerdo (25 por ciento) aparecen una vez más los jóvenes.
Los resultados de la investigación, coordinada por Julia Flores, responsable del área de Investigación Aplicada y Opinión del IIJ, asientan que los jóvenes y las mujeres son quienes más desconfianza muestran en sus comunidades. Además, las personas de 15 a 34 años consideran que en México los postulados de la Constitución no se cumplen nada
.
Asimismo, la mayoría del 70 por ciento que apoyó que se convoque a un constituyente para redactar una nueva Carta Magna, son personas de entre 15 y 34 años, muchas de ellas con licenciatura y que habitan en la zona norte del país.
En general, casi 55 por ciento de los encuestados coincidió en que es posible combatir la violencia sin violar los derechos humanos, contra 30 por ciento que señaló lo contrario, entre ellos aparecen personas de 15 a 34 años.
Los jóvenes ocupan una gran parte del 50 por ciento de los entrevistados que dijo que no son de su interés los asuntos que discuten diputados y senadores en el Congreso de la Unión.
Dos de cada 10 personas señalaron que es deseable violar la ley sin ser sorprendidos y la mayoría de quienes coincidieron en esta idea son jóvenes de entre 25 y 29 años.
A la pregunta de si el gobierno debería cerrar o conceder permisos a los bares sin licencia, más de la mitad de los entrevistados afirmó que deben ser clausurados, aunque un tercio –entre ellos los más jóvenes– se pronunció por que se les otorguen permisos.
Para obtener los resultados se dividió al país en cuatro regiones: norte, sur, centro y centro occidente, y el cuestionario se aplicó en las viviendas.
Este estudio fue dado a conocer el martes y entre sus principales conclusiones destaca que más de la mitad de los encuestados consideró que la situación actual del país empeorará para 2012. Asimismo, las universidades públicas son las instituciones que más confianza generan entre los ciudadanos, seguidas por los maestros y el Ejército, mientras que los diputados, partidos políticos y policías se situaron en los últimos sitios de confianzaRocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), sostuvo que es preocupante
la cantidad de asesinatos de mujeres en el estado de Chihuahua y señaló que solicitará información respecto de cuál ha sido la clasificación que se ha hecho de los decesos, con la finalidad de identificar las razones de esos crímenes y dilucidar si son producto de la violencia de género o ligados a actividades del crimen organizado.
Por separado, la directora del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Yoloxóchitl Bustamante Díez, afirmó que hay fenómenos que nos están rebasando
y consideró que en el norte del país se presenta una “combinación entre los efectos del crimen organizado y una situación muy compleja, como los feminicidios”.
Entrevistada al concluir la presentación de los resultados de un monitoreo sobre la publicidad del gobierno federal, la presidenta del Inmujeres llamó a no atribuir de entrada estos crímenes a la acción del crimen organizado y a la estrategia desplegada por el gobierno federal en su contra, aunque reconoció que “hay mayor participación de mujeres en el narcotráfico; sí, es cierto, los narcotraficantes ya no tienen código de ética, cada muerte de una mujer debe ser investigada individualmente para conocer la razón por la cual fue asesinada.
“Dada la situación de Ciudad Juárez, me gustaría tener más datos. No me atrevo a decir si es el narco, violencia de género o familiar. Voy a solicitar la clasificación que han hecho de estos asesinatos”, comentó al ser consultada sobre si se debe emitir una alerta para Chihuahua, donde han sido asesinadas 222 mujeres este año –cifra reconocida el martes pasado por el procurador de justicia del estado, Carlos Manuel Salas–.
Insistió: no debemos generalizar que es por cuestiones de narcotráfico, sólo podremos asegurarlo cuando tengamos en camino no sólo la averiguación previa sino la investigación
, y descartó que la lucha contra el crimen organizado deba frenarse por las afectaciones que ha provocado.
Es tan grave el narcotráfico como la trata de personas o el secuestro; no podemos detenerla (la lucha), pero debemos tener mejores policías, más protección y seguridad ciudadana, mayor información a las mujeres y acceso a la justicia e investigación. El miedo que tenemos en algún momento debe desaparecer.
Entrevistada tras participar en la firma de un acuerdo para la instalación de una sede del IPN en Pachuca, Hidalgo, Bustamante Díez aseveró: si enseñamos a las mujeres a cuidarse más, a valorarse y respetarse ellas mismas, además de que puedan conocer medidas de seguridad ante las condiciones de violencia, podremos dar un pasito en materia de protección
.
La procuradora general de la República, Marisela Morales, reconoció que es necesario poner al día
la estrategia en contra de la trata de personas, y admitió que en 2009 la dependencia a su cargo únicamente inició dos procesos penales en contra de ese delito, mientras que de 2010 a la fecha la cifra se elevó a 32.
Por su parte, el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que en los pasados tres años se han realizado 18 operativos contra la trata, en los que han sido rescatadas 156 víctimas (entre éstas 68 menores), y que derivaron en 134 consignaciones penales y 17 inmuebles sujetos a procedimiento de extinción de dominio. Además, han sido sentenciados 26 sujetos por este ilícito.
Ambos procuradores señalaron lo anterior durante la inauguración del seminario denominado Combate y sanción de la trata de personas en México en el ámbito federal, organizado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la Procuraduría General de la República (PGR), el cual se desarrollará en varias sesiones con la participación de juzgadores federales, agentes federales del Ministerio Público y especialistas en el tema.
Por su parte, la ministra Olga Sánchez Cordero señaló que el éxito en la lucha contra la impunidad de los delitos de trata de personas pasa por conjugar una investigación adecuadamente integrada
, sustentada en los métodos más modernos de acreditación y prueba de los hechos, pero también basada en la aplicación de normas nacionales e internacionales que permitan romper los paradigmas que en muchos casos impiden el combate eficaz de este delito.
Sánchez Cordero recordó que, según la Organización de Naciones Unidas (ONU), México carece de un sistema de seguimiento, información y construcción suficiente de estadísticas para medir el delito de trata de personas, a pesar de que es un país de tránsito, de destino y de origen para la trata humana, lo cual evidencia que somos una de las redes de esta forma de esclavitud moderna: la esclavitud del siglo XXI
.
Por ello, subrayó, es ineludible nuestra responsabilidad de combatir decididamente esta grave violación a la integridad de las personas atacando este delito de incalculables dimensiones personales y sociales
.
En el acto, realizado en la sede alterna de la Suprema Corte, Mancera añadió que, con los resultados obtenidos, en el Distrito Federal estamos tratando de saldar una cuenta que tenemos pendiente con todas las víctimas del delito de trata de personas
. Agregó que para combatir efectivamente este ilícito se deben conjuntar los esfuerzos de la sociedad, del gobierno y de los juzgadores.
El procurador capitalino se manifestó también por la aprobación de una nueva ley en la materia que distinga el delito de trata del de explotación, y que tipifique las diversas formas de explotación a que son sujetas las víctimas, como es la pornografía infantil.
La procuradora Morales, por su lado, señaló que la trata de personas es un delito deleznable
, porque afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, particularmente las mujeres y los menores de edad, quienes son usados en una odiosa actividad
en la que no pueden decidir sobre su cuerpo ni ocupación, y que en la mayoría de los casos deja en las víctimas daños físicos y morales que son imposibles de reparar.
Culiacán, Sin., 24 de agosto. Un comando privó de la libertad al periodista Humberto Millán Salazar, director del periódico virtual A Discusión y conductor de los noticieros locales de Radio Fórmula en Culiacán, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
La dependencia reportó que hombres armados interceptaron al periodista este miércoles a las seis horas, cuando circulaba cerca de su casa en una camioneta tipo Suburban acompañado de un hermano y al parecer se dirigía a la estación de radio donde labora. Cuando los sujetos lo abordaron, Millán Salazar pidió que dejaran ir a su hermano, a lo cual finalmente accedieron.
El comunicador fue jefe de prensa durante parte de la administración del ex gobernador Renato Vega Alvarado.
También fue director del semanario A Discusión, que circuló en esta entidad antes de convertirse en un medio en Internet, y coordinó un programa en Radio UAS, del mismo nombre, hasta antes de que concluyera el mandato del ex gobernador Jesús Aguilar Padilla.
Durante la mañana, una veintena de periodistas realizó un plantón fuera de las instalaciones de la PGJE en esta capital, en demanda de la liberación de Millán y de que las autoridades agilicen las investigaciones y detengan a los responsables.
Los inconformes fueron atendidos por el procurador Marco Higuera Gómez y el director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez.
En una audiencia con Gerardo Vargas Landeros, secretario general de Gobierno, y Enrique Feregrino, delegado de la Procuraduría General de la República (PGR) en la entidad, Bersahí Osuna, abogado cercano al periodista, dijo que el único motivo por el que levantaron a Millán fue por su confrontación con la administración del ex gobernador Jesús Aguilar, la cual concluyó en diciembre pasado, y la actual, encabezada por Mario López Valdez, Malova.
La única razón que aquí nos tiene reunidos es su desempeño periodístico, su análisis político y su confrontación con los poderes políticos de la administración anterior y de la actual. Quiero pedir que no nos entreguen gato por liebre, y quisiera ver realmente que este gobierno indagará a todos los que han sido de una u otra manera enemigos declarados de Humberto Millán. Suplico que hagan lo posible por regresarlo sano y salvo con su familia y sus amigos
, expresó.
José Alfredo Beltrán, presidente de la Asociación de Periodistas 7 de Junio, de la que Millán es miembro, pidió al gobierno de Malova rescatar con vida al reportero, investigar los hechos y permitir el libre ejercicio de la profesión.
Vargas Landeros aseguró que furon cerradas las salidas de la ciudad y se pidió apoyo al Ejército, la PGR y la Policía Ministerial, que iniciaron un operativo para localizar a Millán Salazar.
Mientras, Juan José Ríos Estavillo, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, condenó el plagio e indicó que el caso es atendido en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En lo que va del sexenio de Felipe Calderón, en Sinaloa han sido asesinados dos periodistas, y cuatro medios informativos han sufrido atentados y amenazas, generalmente relacionados con el narcotráfico.
Óscar Rivera, quien era vocero del área de seguridad del gobierno estatal, fue ejecutado en septiembre de 2007, y José Luis Romero, del noticiero de radio Línea Directa, fue encontrado sin vida, con lesiones de bala y huellas de tortura en enero de 2010En medio de insultos xenófobos, siete centroamericanos fueron agredidos y robados por agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tenosique, Tabasco, denunció Tomás González Castillo, director del albergue para migrantes La 72.
El religioso lamentó que este tipo de ataques sean parte de la vida cotidiana en la zona, por la criminalización que han hecho las autoridades de los trabajadores indocumentados.
Vía telefónica, González explicó que la mañana de ayer un grupo de seis hondureños y un nicaragüense llegaron al albergue que dirige, luego de ser perseguidos por agentes migratorios desde la comunidad de La Ceiba –cercana a la frontera con Guatemala– hasta Tenosique, donde finalmente los detuvo, los golpeó y les robó sus pertenencias.
Es urgente, señaló, que se presente cuanto antes el reglamento de la nueva Ley de Migración, donde se incluyan protocolos de respeto a los derechos humanos de los indocumentados.
A su vez, Rubén Figueroa, activista del Movimiento Migrante Mesoamericano, detalló que los agredidos llegaron descalzos y asustados no sólo por el robo, sino también por el carácter xenófobo del mismo, ya que fueron calificados por los agentes deperros muertos de hambre
La presidenta del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai), Jacqueline Peschard, adelantó a este diario que, para evitar el desvío de recursos en los procesos electorales, signará convenios con las dependencias federales, sobre todo con las que transfieren recursos a los estados, con el fin de que informen dónde están y cómo se gastan.
En entrevista, dijo que la falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos es responsabilidad tanto del gobierno federal como de los estatales.
En momentos en que se vierten acusaciones mutuas entre PAN y PRI por la falta de transparencia en el manejo de recursos federales y estatales, Peschard advirtió que los dineros del erario entregados a las entidades deben ser rastreados
por las dependencias responsables que integran el Poder Ejecutivo federal, como la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tal como ordenó el Congreso.
“La Cámara de Diputados dijo (al gobierno federal): ‘si tú das los recursos, tú rastreas que estén bien utilizados’. Es decir, el que da, rastrea y así involucra a los otros”, declaró Peschard.
La comisionada dijo que, además, el gobierno federal debe reportar al Congreso qué se hace con los recursos asignados a las entidades federativas. El Ifai, dijo, ha demandado a las dependencias gubernamentales que el ejercicio de los recursos del erario sea transparentado en sus portales electrónicos.
Aparte, la comisionada María Marván sostuvo que la falta de transparencia en el país es intencional, no es casualidad.
Reconoció que no hay sanciones que pongan fin a quienes incumplen las obligaciones de transparencia, de allí que no haya consecuencias cuando se viola la ley en la materia.
Entre los factores que inciden en la falta de transparencia, dijo, está la ausencia de una política pública y una estrategia de gestión de la información en la administración pública federalLa Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) convalidó ayer el derecho de las radios comunitarias y asociaciones civiles sin fines de lucro, a recibir publicidad oficial de las dependencias del gobierno federal, según sea el caso.
Lo anterior, al dejar sin efecto el oficio DGCS/DCE/1000/09 de la Dirección General de Comunicación Social de la Secretaría de Salud, mediante el cual la dependencia excluyó a la radio comunitaria Mie Nillu Mazateco de la difusión de publicidad oficial para el año fiscal 2010.
Los ministros determinaron que la decisión de la dependencia es violatoria de los derechos de igualdad, acceso a la información, libertad de expresión y derecho a la información al dar un trato diferenciado a una radio comunitaria con el argumento de de que no tenía alcance nacional, sólo regional.
En este contexto, indicaron que la intención de la dependencia que encabeza José Ángel Córdova Villalobos de difundir sus mensajes en estaciones de radio de alcance nacional para que se identifiquen con el público objetivo y, en consecuencia, garanticen un alto impacto
, es violatoria de diversos derechos constitucionales.
En su demanda, la radio comunitaria sostuvo que la decisión de la Secretaría de Salud de excluirla de las campañas de difusión violentaba el derecho de los habitantes de la comunidad de Mazatlán Villa de Flores, Oaxaca, a recibir información en materia de salud y de la labor que lleva a cabo la dependencia en esa zona del país.
En la sentencia, la Corte consideró que no es válido el argumento de la dependencia de no incluir a la radiodifusora en su esquema de comunicación social, en razón de que no existe ninguna ley que impida que las radios comunitarias reciban aportaciones para llevar a cabo su labor sin fines de lucro.
Al respecto, la sentencia elaborada por Olga Sánchez Cordero, que contó con el respaldo de sus compañeros de sala, indica que si el Estado no promueve el desarrollo de los valores que dan vida a la radio comunitaria
viola los derechos de las etnias al negarles el acceso a servicios primordiales del Estado en materia de salud.
Directora general de Regularización Territorial de Distrito Federal, diputada federal a la 56 Legislatura y presidenta de la Comisión de la Reforma Agraria, entre algunos de los cargos que entre la academia y el servicio público desempeñó a lo largo de su vida, la antropóloga Carlota Botey Estapé falleció la mañana de ayer. De gira por Baja California, Andrés Manuel López Obrador expresó vía Twitter: Lamento el fallecimiento de Carlota Botey, mujer de principios, luchadora social incansable. Mi más sincero pésame a familiares y amigos
.
Y así la recuerdan sus amigos, por su fortaleza, integridad, congruencia, valentía, inquebrantable voluntad, infinita tolerancia e incorruptible honradez.
Botey Estapé dejó de pertenecer al Partido de la Revolución Democrática el 5 de octubre de 2004, como lo consignó en una carta dirigida a la directora de este diario, Carmen Lira Saade:
“Cuando el Consejo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) estaba decidiendo la candidatura de Maricarmen Ramírez e iban hablando los distintos representantes de las famosas corrientes de expresión, la Nueva Izquierda (los chuchos), la Izquierda Democrática Nacional (los bejaranos) y el Foro Nuevo Sol (los amalios), me vino a la mente la figura de una gran mujer, la combatiente comunista tlaxcalteca Natalia Teniza, quien estuvo en la toma de tierras, en las luchas sindicales y en todo lo que fuera lucha social, siempre al lado de las necesidades de su pueblo.
“En esos momentos y bajo la memoria de esos recuerdos me di cuenta, incluso con mucho dolor de por medio, que el PRD ya no tiene identidad, que ya había claudicado y dejado de lado su propio historial de luchas.
Es por ello que me separo del PRD, no sin trasmitirles a muchos de mis compañeros, en especial a los del Movimiento de Bases Insurgentes (Mobi), a Raúl Álvarez Garín y Gerardo Fernández Noroña, y a Martha Sánchez, del Movimiento de Migrantes, que seguramente nos encontraremos en otras luchas y en otras circunstancias para retomar las nobles causas que dieron origen al PRD. Estoy segura de que nos encontraremos de nuevo, más temprano que tarde
.
Investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia y presidenta del Centro de Estudios Históricos del Agrarismo en México, Carlota Botey también se desempeñó como directora general de Promoción Agraria y directora del Programa de Organización de Productores en Tlaxcala.
Su cuerpo fue velado ayer por la tarde en la funeraria García López, de la calle General PrimSe dice que fue un problema administrativo
, pero las ONG preguntan: ¿a qué jugamos?
En 2008 empezó a trabajar el Comité de Resistencias Antirretrovirales (Coresar) con especialistas en el control del VIH/sida que evalúan los casos en los que las medicinas han dejado de ser eficaces. Los médicos prescriben fármacos llamados de rescate, pero de muy alto costo. De esta manera se buscó asegurar el uso racional de estos medicamentos y de los recursos económicos.
El Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida) determinó que ésta sería la única vía para autorizar la compra de dichos fármacos; sin embargo, Coresar dejó de funcionar la semana pasada. Así lo informó Censida a los programas estatales, sin indicar las causas y lo que deberían hacer con los pacientes que requieran de un cambio en sus terapias.
Información extraoficial señala que la suspensión de actividades del grupo se debió a un problema administrativo en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, donde labora Juan Calva, presidente del Coresar, quien durante varios meses no pudo pagar el salario del personal administrativo que lo apoya en el comité.
Según las fuentes consultadas, Calva reclamó la liberación de recursos económicos sin obtener respuesta y el conflicto escaló a tal punto que el rector del instituto, Fernando Gabilondo, canceló el convenio con Censida, dando por concluido el trabajo de Coresar. Mientras, en Censida no hubo respuesta a la petición de información que hizo este diario.
Para médicos y organizaciones civiles, la situación evidencia la fragilidad del Programa Nacional de VIH/sida, cuya viabilidad depende del humor de los funcionarios o cuestiones administrativas
ajenas a los pacientes que sufren las consecuencias.
El trabajo de los especialistas en Coresar permitió que el uso de las combinaciones complejas de antirretrovirales y de las nuevas moléculas se hiciera de manera racional y supervisada, lo que no es del agrado de todos los médicos
. Sin embargo, ante el descontrol que ha prevalecido en cuanto al uso de medicamentos ésta resultó ser una buena alternativa
y, sobre todo, de beneficio para las personas que viven con VIH/sida.
Sólo para los portadores del virus que carecen de acceso a la seguridad social, el gobierno federal dispuso este año de mil 821 millones de pesos para la compra de antirretrovirales, entre ellos, de rescate, útiles para pacientes que presentan múltiples resistencias a terapias tradicionales y requieren incorporar a sus tratamientos alguno de los nuevos fármacos disponibles: Raltegravir, Darunavir, T-20 o Etrabirina.
El trabajo realizado por Coresar fue motivo de análisis durante el congreso nacional de VIH/sida y otras infecciones de transmisión sexual, efectuado del 26 al 29 de julio en Villahermosa, Tabasco, donde se concluyó la importancia de fortalecer al comité, pues es fundamental para elegir los mejores esquemas de terapia de rescate en los pacientes que los necesitan, con base en la mejor evidencia científica disponible, las normatividades internacionales y nacionales, la historia clínica del paciente, así como el criterio de costo-efectividad.
Los participantes en la sesión respectiva destacaron que las instituciones de salud que atienden a personas con VIH/sida deberían reducir el tiempo que toman para emitir los dictámenes de casos de resistencia, para evitar complicaciones en los afectados.
Entre el viernes y ayer martes, los programas estatales de VIH/sida recibieron una nueva notificación, vía correo electrónico, en la que Censida informa, sin más explicaciones, la reanudación de trabajos de Coresar.
Eso da cierta tranquilidad, pero ¿a qué jugamos?, preguntaron las fuentes consultadas
Diputados y senadores integrantes de la segunda comisión de la permanente aprobaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud fortalecer los programas de educación sexual y que se incluya la vacuna contra el virus del papiloma humano en el esquema de vacunación.
Resaltaron los legisladores que esto es necesario para evitar el contagio entre los sectores más vulnerables, principalmente los jóvenes, y que se informe sobre la evaluación efectiva de la vacuna para la prevalencia del número de casos de cáncer cérvico-uterino, ya que esa enfermedad es una de las principales causas de muerte en mujeres.
Detienen a asaltante de funcionario del Inacipe
Policías de investigación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) detuvieron a un sujeto que momentos antes había despojado a un directivo del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) de una mochila donde llevaba 200 mil pesos y diversos documentos bancarios. Los hechos ocurrieron en calles del centro de Tlalpan, cerca de la mencionada institución, cuando los agentes, adscritos al operativo Cazadores, detectaron a Leo Ramírez Pérez, que corría hacia un sujeto que aparentemente lo esperaba a bordo de una motoneta. Al percatarse de la presencia policiaca, el supuesto cómplice se dio a la fuga, mientras Ramírez Pérez fue detenido en la esquina de Congreso y Triunfo de la Libertad. Según la PGJDF, la víctima, tesorero del Inacipe, identificó plenamente al acusado como la persona que lo golpeó en la cabeza cuando iba en su automóvil, en el cual se dirigía a un banco para depositar el dinero. El implicado reconoció que aprovechó que los autos circulaban lentamente por la zona para despojar a la víctima de su teléfono celular, pero al ver la mochila decidió también llevársela.
Atrapan a dos sujetos que vendían droga en CU
La policía de investigación detuvo a dos presuntos narcomenudistas que operaban en Ciudad Universitaria. La acción se realizó en el perímetro de la colonia Universidad Nacional Autónoma de México, delegación Coyoacán, donde fueron aprehendidos José Ángel Sánchez López y Luis Eduardo Robles Contreras en el momento que vendían dosis de mariguana a una persona. Se les decomisaron varias dosis del estupefaciente y dinero, producto de la venta. El presunto consumidor declaró que los dos hombres tenían tiempo operando en la zona y que vendían la droga principalmente a estudiantes. Sánchez López y Robles Contreras, según la PGJDF, tienen antecedentes penales de robo y delitos contra la salud, respectivamente. Fueron puestos a disposición del MP federal para que determine su situación jurídica.
Capturan en Milpa Alta a dos taladores
La PGJDF consignó a dos sujetos por su presunta responsabilidad en el delito de transporte ilícito de madera en rollo, en el perímetro de la delegación Milpa Alta. Moisés Rosas Bonilla y Enrique Hernández Olvera fueron detenidos por comuneros de Santa Ana Tlacotenco y no pudieron acreditar la legal procedencia de los casi tres metros cúbicos de madera que transportaban en un camión de redilas. El fiscal de delitos ambientales de la PGJDF, Samuel Ibarra Vargas, señaló que se trata de la primera consignación por este ilícito, tipificado desde el pasado 27 de julio pasadosLos familiares de los jóvenes muertos en el operativo en la discoteca News Divine pueden tener acceso a las copias del expediente de manera gratuita si las solicita al Ministerio Público, aseguró el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Edgar Elías Azar.
Entrevistado luego de la ceremonia en la que se entregaron las llaves de la ciudad a la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, reconoció que la juez 19 penal, Beatriz Corona Valdés, quien lleva el juicio, no asesoró debidamente a la afectada, al no informar que se podía pedir esa documentación a la representación de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sin costo alguno.
El domingo pasado, familiares de las víctimas denunciaron que al pedir acceso al expediente del caso, la juez correspondiente les contestó que primero tendrían que pagar casi un millón de pesos por concepto de copias.
El magistrado dijo que ayer mantuvo comunicación con la señora Carmen Rivas Nájera, a quien citó en su oficina para orientarla al respecto, junto con una asesora de la procuraduría capitalina, pero la señora ya no apareció. Yo estuve esperando todo el día
, dijo.
Por su parte, las madres de las víctimas de la discoteca News Divine afirmaron que el Ministerio Público siempre les ha negado la información del proceso que se le sigue a las personas responsables por la tragedia ocurrida en 2009, donde murieron 12 personas.
Leticia Morales, madre de Rafael Morales, dijo en entrevista con La Jornada que este miércoles se reunirán con el presidente del TSJDF, Edgar Elías Azar, luego de que éste se comunicó personalmente con ella vía telefónica para acordar una reunión. Morales explicó que esto sucedió hasta que hicieron pública la negativa de acceder al expediente de la investigación, ya que ninguna de las afectadas sabe hasta ahora qué se ha hecho en el proceso. Lo único que sabemos es que todos los involucrados están libres.
el Ministerio Público, que supuestamente aboga por nosotros, siempre nos dijo que no nos tenía por qué notificar nada, que sólo tenían que ir cuando tenían las citas, pero si nosotros queríamos saber algo, nadie nos informaba nada; hasta el momento, sólo nos sentimos engañadas
Guadalajara, Jal., 23 de agosto. Grupos conservadores presionan y amenazan a diputados locales de fracciones no afines para que avalen una iniciativa de reforma, vetada por una comisión del Congreso pero pendiente en otra, que plantea blindar el modelo tradicional de familia
.
Tales amenazas, insultos y señalamientos preocupantes enviados por correo electrónico evidencian intolerancia e intransigencia. Presentaremos las denuncias correspondientes porque tienen nombres y apellidos
, dijo el legislador perredista Raúl Vargas López.
Miguel Capistrán, miembro del Frente Nacional de la Juventud, es autor de uno de los mensajes, que dice: Qué asco de Congreso en Jalisco. Algunos diputados son homosexuales, otros masones y otros anarquistas...
La iniciativa popular desechada el 9 de agosto por la comisión de Puntos Constitucionales fue llevada a la legislatura por la asociación católica Mexicanos por la Vida de Todos, con 139 mil firmas de apoyo, que representan menos de 2 por ciento de la población de Jalisco.
Los proponentes confían en que el proyecto sea dictaminado favorablemente en la comisión de Desarrollo Humano, que encabeza la priísta Elisa Ayón, y pase al pleno para su aprobación el próximo lunes, aunque sólo tiene apoyo de los 17 panistas, contra 22 diputados que integran las tres fracciones no afines.
De hecho, los grupos interesados siguen promoviendo la iniciativa que busca reformar la Constitución y el Código Civil estatales para que la familia se defina como la pareja de un hombre y una mujer y el hijo o hijos que procreen
, dado el éxito de su anterior proyecto, la llamada ley antiaborto, que defiende la vida desde la concepción
y aprobó la pasada legislatura el 26 de marzo de 2009.
Edith Martínez, dirigente de Mexicanos por la Vida de Todos, dijo que ahora se busca proteger a la familia de un hombre y una mujer, así como al producto de tal unión que son los hijos, a quienes debe garantizarse un desarrollo lo mejor posible
.
Anuncian movilizaciones
La también consejera ciudadana de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y sobrina del secretario general de Gobierno, el panista Fernando Guzmán Pérez Peláez, acusó al perredista Vargas López de orquestar el veto a la iniciativa basado sólo en información obtenida en las páginas de Internet rincondelvago.com y monografías.com, además de Wikipedia, entre otras.
La activista, que encabeza frecuentes manifestaciones contra los matrimonios entre homosexuales, dijo que el rechazo de la primera comisión legislativa a la iniciativaes una burla, un atropello y una vulgar bofetada contra lo más noble de nuestro estado, que es la voluntad de sus ciudadanos. Advirtió que su agrupación y otras afines no sólo exigirán que se apruebe el proyecto, sino se movilizarán para presionar al Congreso
De 2007 a 2009 el número de feminicidios en el país aumentó 71%, señala legisladora perredista
El procurador de justicia de Chihuahua, Carlos Manuel Salas, informó que en su entidad la violencia contra las mujeres va en aumento, y tan sólo en lo que va del presente año 222 han sido asesinadas en la entidad.
En tanto, la presidenta de la Comisión Especial de Feminicidios, Teresa Incháustegui, expuso que entre 2007 y 2009 la cifra de homicidios de mujeres en el país aumentó 71 por ciento, al pasar de mil 85 a mil 858 casos, y 10 por ciento de éstos se cometieron contra niñas y adolescentes.
La representante del PRD en San Lázaro citó el caso de Chihuahua como un paradigma nefasto en torno a la violencia contra las mujeres. En esa entidad el número de los feminicidios entre 2006 y 2009 registró un total de 513. Si se suman los datos registrados en 2009 a los de 2011, se habla de mil 105 homicidios dolosos, que prácticamente representarían 30 por ciento de todos los homicidios dolosos que se están produciendo en el país
.
Frente a una condición como la descrita, insistió Incháustegui, será necesario implementar una alerta de género, con el propósito de emprender acciones que permitan combatir la problemática. Se busca, consideró, tener mayor conocimiento de los hechos, más previsión sobre los alcances reales de las acciones que se implementan para mejorar el servicio de investigación.
Sobre el particular, el fiscal general de Chihuahua reconoció que en aquella entidad hubo un aumento de 9 por ciento de homicidios de mujeres cometidos en lo que va del año. Y de un total de 2 mil 600 homicidios, entre hombres y mujeres, 222 han sido feminicidios.
Colocó sobre la mesa el caso conocido como campo algodonero, entre cuyos avances en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya existe una investigación criminalística ministerial con perspectiva de género para identificar a los responsables.
También el 6 de noviembre, anunció, se realizará un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional para recordar a las jóvenes asesinadas, y se develará un monumento en memoria de las víctimas halladas en el llamado campo algodonero.
También el procurador general de Justicia de Sinaloa, Marco Antonio Higuera Gómez, informó que de 2005 a 2011 se han contabilizado 426 feminicidios y 146 personas han sido consignadas, mientras 71 fueron detenidas en flagrancia o por urgencia.
En dicha entidad el medio más empleado para privar de la vida a las mujeres es el arma de fuego, en 293 casos, y en el resto armas blancas, contusiones (golpes), estrangulamiento y asfixia. De las víctimas, 367 son adultas, 56 menores y tres lactantes.
En su turno, el procurador de Justicia de Sonora, Abel Murrieta, expuso que por el delito de violencia intrafamiliar las autoridades dictaron en lo que va del año 348 medidas precautorias y de seguridad para las víctimas, y 390 en 2010En caso de que no proceda el juicio de amparo que promovió para defenderse de su ex pareja –quien intentó asesinarla hace dos años–, Grettel Rodríguez Almeida presentará una denuncia contra el Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por negación de acceso a la justicia.
Así lo afirmó en entrevista telefónica la propia agredida, quien lamentó que los ataques feminicidas se vuelvan cada vez más comunes en todo el país, con la complicidad tácita de las autoridades judiciales, quienes en sus sentencias reproducen estereotipos machistas y misóginos.
Como se informó en su momento, la madrugada del 16 de septiembre de 2009, Rodríguez terminó su relación sentimental con su entonces pareja, Germán Alyn Ortega, quien amenazó con matarla y luego suicidarse si se atrevía a dejarlo. Acto seguido, la atacó con un cuchillo y le causó siete heridas en la cara, los brazos, el abdomen y el cuello.
El hombre fue detenido en esa misma fecha, y aunque se le encontró el arma en su automóvil y admitió la agresión, el 29 de abril de 2011 la juez Ileana Domínguez Zapata reclasificó el acto como lesiones calificadas
, lo que le permitió dejar la cárcel el 10 de junio, pese al amparo promovido por Grettel, a quien la misma juzgadora le negó después una orden de restricción.
desilusionada de las instituciones. Enfrentarse a la corrupción y la impunidad es muy desgastante, cuando lo que necesitas como víctima es apoyo, señaló
En el 83 aniversario del natalicio de Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas aseguró que si el fundador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) continuara sus luchas por el país y la defensa de la soberanía energética, también estaría llamando a su partido para que, en estos tiempos electorales, encontrara la forma de presentar candidaturas ganadoras para la elección presidencial de 2012 y la renovación del Congreso de la Unión.
Pero también, resaltó, estaría llamando a la unidad de las fuerzas progresistas, dejando de lado personalismos, poniendo por delante, como siempre lo hizo, los intereses del país con base en los principios que el impulsó y defendió a lo largo de su vida
.
La conmemoración se realizó en la avenida Heberto Castillo, en Tláhuac, y ahí Cárdenas sostuvo que el PRD necesita competir por la mayoría en el Congreso, por varias gubernaturas y por la Presidencia de la República.
Y todo esto reclama propuestas claras a la gente, a escala nacional y estatal. En cada uno de los 300 distritos electorales, en las 32 entidades de la República y muchos municipios ya debe estar clara la propuesta de las fuerzas progresistas y democráticas de nuestro país
, expresó.
El ex candidato presidencial planteó que dichas candidaturas deben ser claras para atraer votos y establecer compromisos de partidos y candidatos con la ciudadanía, y para que pueda constituirse una bandera de mayorías en cada una de las circunscripciones que estén en juego en estas próximas elecciones
.
Asimismo, Cárdenas convocó a un cambio en la estrategia de inteligencia y de combate al lavado de dinero, que definió como ineficaz.
Y tiene que haber, a partir de obra pública, de mejores servicios, y de oportunidades para los jóvenes, una recuperación efectiva de los cada vez más extensos territorios que el Estado mexicano está perdiendo, y que están siendo controlados y manejados, prácticamente en su totalidad, por distintos grupos de la delincuencia organizada
, expresó.
Al imaginar qué estaría haciendo el ingeniero Heberto Castillo y qué lucha estaría dando, Cárdenas sostuvo que tal vez reclamaría al país, a las autoridades y a los legisladores que elevaran su demanda de echar abajo los contratos incentivados en Petróleos Mexicanos.
Y lucharía porque la riqueza petrolera sirviera para el desarrollo soberano de México, para que este recurso se aprovechara para fortalecer nuestra soberanía e independencia
.
O bien expuso, haría un llamado a las fuerzas democráticas y progresistas a presentar una propuesta que representara los anhelos del pueblo mexicano, de cómo superar los principales problemas, el atraso, y sustituir el estancamiento económico por una economía en crecimiento, que genere empleos.
Estaría sin duda reclamando un cambio profundo en las formas como se está enfrentando la delincuencia, cómo combatir la corrupción. Lo digo porque Heberto fue un combatiente, un luchador en contra de todo tipo de corrupción. Y el combate a la delincuencia sin duda está vinculado indiscutidamente con combatir a fondo todo tipo de corrupción en nuestro país
, expresó.
Por la tarde, en otro homenaje en el centro cultural de Coyoacán, el historiador Enrique Semo presentó la conferencia magistral Heberto Castillo y la izquierda independiente de México, en la que dibujó el perfil del luchador social que jamás se amilanó, jamás se acobardó y jamás cesó en su lucha a pesar de que a veces se sentía muy solo
.
El investigador emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México recordó el juicio a que fue sometido Castillo después de su participación en el movimiento estudiantil de 1968 y los argumentos con los que el ingeniero se declaró culpable de profesar una convicción nacionalista, de ser solidario con todos los pueblos que luchan por su independencia y de exigir que la voz del pueblo se escuche y se acate
.
Refirió que, a diferencia de la época en que Heberto Castillo construyó organizaciones independientes y mientras la prensa estaba controlada, no había un sistema electoral, no se respetaban los derechos humanos y el Ejército reprimía, ahora ya sólo las fuerzas armadas –ironizó– se dedican a combatir la delincuencia organizada.
Ahora sólo nos falta ganar la Presidencia de la República, tener muchos senadores y más diputados para cambiar el país a nuestro gusto. ¿Será?, concluyó
votar en contra del partido que patrocina a funcionarios corruptos y pésimos administradores, como Jesús Villalobos López, director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), hicieron ayer burócratas jubilados y pensionados afuera de las oficinas centrales de ese Instituto. La manifestación, en la que de nuevo llevaron botargas con la imagen del Villalobos López y presentaron nuevas consignas contra el funcionario, fue encabezada por la Federación Democrática de Sindicatos de Servidores Públicos. Ahí, María Luisa Rodríguez, trabajadora jubilada, tomó la palabra para señalar:
convocaremos a nuestros familiares, hijos, esposas, nietos, hermanos, nueras y yernos a votar en contra del partido político que mantenga en sus estructuras a funcionarios ladrones que, como en este caso, atentan contra una de las instituciones más representativas para la seguridad social del país, refiéndose a Villalobos, a quien los sindicalizados bautizaron ya como Villarrobos. Los trabajadores jubilados y pensionados exigieron mejoras en el servicio médico, consultas más frecuentes, abasto de medicamentos y una auditoria externa y directa al instituto.
La asamblea de ejidatarios de Tila, Chiapas, denunció el intento de despojo de tierras por parte de autoridades gubernamentales, y demandó el retiro del actual párroco, el controvertido sacerdote católico Heriberto Cruz Vera, a quien el gobierno federal, estatal y municipal utilizan para engañar y manipular a la población, para despojarnos de nuestra tierra
. Añaden que ésta “no tiene precio, no es mercancía para proyectos ‘ecoturísticos’ o de supuesto ‘desarrollo’, y sólo la máxima autoridad del pueblo chol de Tila, que es la asamblea general, puede determinar el uso y destino” de sus 5 mil 405 hectáreas.
El ejido tiene más de 30 años luchando en la defensa y cuidado de la madre tierra contra la discriminación y racismo del mal gobierno municipal, estatal y federal
. Sus fundadores caminaron por el monte para llegar a Tuxtla Gutiérrez y la ciudad de México, pasando frío y hambre
para obtener la resolución presidencial y el plano definitivo. Estos documentos, añaden los ejidatarios, representan la libertad de nuestro pueblo que vivió esclavo en la época de la colonia con la invasión de los españoles y después trabajando en las fincas de extranjeros
. Sólo después de la revolución de Emiliano Zapata
se reconoció que la tierra es para el indígena, porque es mero originario de las tierras que ocupa
, que son de quien las trabaja
, y por tanto no se venden ni se indemnizan.
En un tono inusual, sostienen: Nos da tristeza que un pastor de Jesucristo no sienta el dolor de su pueblo y sólo quiera llenar sus bolsas de dinero y venderse con el gobierno para hacer el trabajo sucio de provocar al ejido y hacer fabricaciones de delitos contra los que defendemos nuestra madre tierra
. Dicen que el párroco humilla a los indígenas y nos ha prohibido prender vela en el atrio de la iglesia y celebrar nuestras tradiciones
.
La asamblea general del ejido ha pedido en tres ocasiones al obispo de San Cristóbal de las Casas, Felipe Arizmendi, que designe a un nuevo sacerdote. El párroco recaba firmas con engaños y presiones
para impedir su cambio y así pueda seguir apoyando al gobierno en el despojo a la tierra y discriminando y abusando de nuestro pueblo
. El ejido no está en contra de la iglesia, porque la iglesia somos todos, no sólo un sacerdote
, aclaran los indígenas agraviados. Sin embargo, no hemos sido escuchados, parece que el obispo quiere protegerlo y hacer parte del gobierno para despojarnos
.
“No es como nuestro Tatik Samuel (Ruiz García), que sí supo caminar y sentir nuestro dolor como pueblo indígena pobre”. Aclaran que el santuario no es un centro turístico de comercio
, sino un lugar de fe abierto para todas las personas de buena voluntad; ya no queremos que el sacerdote Heriberto maltrate a nuestro pueblo y a quienes visitan al señor de Tila
.
Dicen encontrarse en un momento importante de su larga lucha
en defensa la tierra, por lo que exigen a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la cual interpusieron una controversia, que garantice el respeto a nuestra autonomía y libre determinación como pueblo indígena
.
Piden a sus hermanos de Tila
que no se dejen engañar por el gobierno y su operador político
, el párroco. El santuario de Tila no es de una persona, es de nuestro pueblo y de otros pueblos que vienen a visitarlo
.
engañados por el ayuntamiento para comprar tierras ejidales como si fueran propiedad privada serán respetados en su derecho y en su tranquilidad, y la situación de sus solares estará sujeta al reglamento interno del ejido, la ley agraria y los tratados internacionales sobre pueblos indígenas
De acuerdo con un análisis sobre la publicidad gubernamental durante 2009 y 2010, 75 por ciento de los más de 350 anuncios monitoreados presentaron contenidos sexistas que invisibilizan a las mujeres y les asignan roles y estereotipos sexistas. Asimismo, identificó que 84 por ciento de estos anuncios contenían violencia de género, todo esto tanto en imágenes como en lenguaje.
En la presentación de resultados de esta auscultación por parte del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), de diversos especialistas, tanto académicos como de la iniciativa privada, y del Instituto Nacional de las Mujeres, la sicóloga Olga Bustos, de la UNAM, sostuvo que preocupa que recursos públicos se ocupen para financiar campañas con contenidos sexistas y violencia de género y también lamentó que en el monitoreo se haya constatado que en 75 por ciento de los espots gubernamentales los narradores son hombres.
En el acto, realizado en el Museo de Memoria y Tolerancia, Magdy Martínez-Solimán, representante del PNUD en México, dijo que el reconocimiento positivo de las diferencias entre mujeres y hombres plasmado en las campañas públicas de comunicación es importante en la medida que ofrece un modelo de sociedad en imágenes, un modelo de comportamiento que se considera socialmente adecuado, intrínsicamente bueno y culturalmente valioso; de ahí la importancia de que los mensajes promuevan la equidad.
Rocío García Gaytán, presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, llamó a los funcionarios de las áreas de comunicación social de las oficinas de la administración pública federal a asumir, respetar, proteger y garantizar el respeto a lo derechos humanos con el propósito de que fomenten y promuevan la igualdad entre hombres y mujeresEl titular de la Secretaría de Salud (Ssa), José Ángel Córdova Villalobos, expresó que el sobrepeso y la obesidad infantil detonan la aparición de enfermedades que sólo se veían en la población adulta. Además, agregó, ese problema produce una menor esperanza de vida.
Comentó que un estudio en 100 niños del Hospital Infantil de México reveló que 16 por ciento son hipertensos y 50 por ciento presentan síndrome metabólico, que incluye altos niveles de triglicéridos y colesterol. Aseveró que, debido a ello, se refuerzan las acciones para atacar la obesidad infantil.
Dijo que se hicieron más estrictos los lineamientos generales para la distribución de alimentos y bebidas en los planteles de enseñanza básica –cada porción debe tener 130 calorías como máximo–, y se promueve un programa de cinco pasos para la salud.
Córdova Villalobos indicó que se requiere la participación de la iniciativa privada y de los padres en la concientización de que hay que actuar, porque el hecho de estar gordito no es estar sanito. Estamos teniendo más problemas metabólicos en los niños, desde los cuatro hasta los 18 años, con más casos de hipertensión arterial y glucosa y colesterol altos. Todo ello va reflejándose en una disminución en la esperanza de vida
.
El funcionario participó en la inauguración del segundo Foro internacional sobre intervenciones en obesidad infantil Funsalud, en la cual explicó que con los nuevos lineamientos se busca incidir en el control de la obesidad infantil, debido a que tienen sobrepeso 26 por ciento de niños de entre cinco y 11 años y 31 por ciento de adolescentes.
Explicó que 20 por ciento del tiempo que los niños pasan en sus casas ven televisión o están frente a una computadora, es decir, más de 21 horas a la semana no se mueven. Además reciben entre 12 mil y 20 mil impactos de publicidad
, la mayoría sobre bebidas y alimentos que no son sanos.
Añadió que alrededor de 80 por ciento de empresas de la industria alimentaria se han sumado al Código de autorregulación de publicidad de alimentos y bebidas dirigida al público infantil, el cual se buscará modificar para hacerlo más exigente.
El problema de la obesidad en menores de 11 años aumentó cuatro puntos porcentuales entre 2006 y 2008, después de comparar las encuestas nacionales sobre salud y nutrición 2006 y salud en escolares 2010, aseveró Mercedes Juan, presidenta ejecutiva de la Fundación Mexicana para la Salud.
Agregó que la situación de la obesidad en el país demuestra que se está frente a un problema que requiere políticas efectivas para mejorar la educación y nutrición de la familia, modificar el ambiente obesigénico en el hogar y la escuela, y mayores recursos para prevención.
Santiago Echevarría Zuno, director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social, informó que, como resultado de las intervenciones del Prevenimss de 2006 a 2010, disminuyó 4.5 por ciento la prevalencia de la obesidad en menores de cinco años y 10 por ciento en los de cinco a nueveEn los pasados seis meses, la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) empezó 220 averiguaciones previas por casos de bullying o violencia escolar en centros educativos de esta capital. De esa cifra, poco más de 50 por ciento (114) corresponden a casos ocurridos en planteles de nivel secundaria, sobre todo públicos.
Jorge Mauricio Fermán Quirarte, fiscal central de Investigación para la Atención de Niños y Niñas, de la PGJDF, informó lo anterior al participar en un acto organizado por la Comisión de Salud de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Detalló que, de acuerdo con esas denuncias, la mayoría de los agresores son mayores de 12 años, quienes incurren, fundamentalmente, en lesiones y amenazas hacia otros alumnos.
El funcionario capitalino sostuvo que han tenido una respuesta muy lenta
de las autoridades de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las cuales evaden las respuestas concretas y no dan la información que les solicita
la Procuraduría, lo que impide investigar los casos.
En respuesta, Mónica Hernández Riquelme, directora general de Innovación y Fortalecimiento Educativo de la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, expresó que la PGJDF está enviando los requerimientos judiciales a las escuelas mencionadas en las denuncias, siendo que debería turnarlos al área jurídica de la SEP. Manifestó su disposición a atender los oficios de la procuraduría y contribuir a resolver las quejas presentadas por casos de bullying.
Ambos servidores públicos respondieron a la convocatoria que formuló la presidenta de la Comisión de Salud de la ALDF, Maricela Contreras, a diversas instancias locales y federales, En el acto se acordócerrar filaspara reforzar la lucha contra la violencia escolar
El costo de casi un millón de pesos por obtener copias simples del expediente del caso News Divine es un obstáculo material al derecho a la justicia para los familiares de las víctimas, aseguró el presidente de la CDHDF, Luis González Placencia.
Por ello, el organismo apelaría a la sensibilidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) para que encuentre algún mecanismo que resuelva esa situación, ya que se trata de víctimas del propio Estado.
En caso de que los afectados presenten una queja al respecto, se investigaría la situación para encontrar una solución, aseguró González Placencia al término de la inauguración del encuentro Defender los derechos humanos: camino hacia un diagnóstico sobre las personas defensoras en el DF.
Agregó que aunque el costo de cada copia es una medida fijada por el TSJDF para todas las personas, se deberían encontrar mecanismos que permitan el acceso pleno a la información que es parte de sus procesos.
El ombudsman capitalino señaló que en casos como éste, donde los expedientes son tan voluminosos, se deberían aplicar mecanismos que permitiera acceder de manera mucho más económica, si no es que gratuita.
Entendemos que las instituciones no cuentan con los presupuestos necesarios para poder cubrir estas necesidades de la gente, pero hay casos en los que esos cobros sí se convierten en un obstáculo material para la justicia
