lunes, 30 de mayo de 2011

La marcha por la paz aún no decide si aceptaría dialogar con el gobierno

Las diferencias de criterio en el movimiento encabezado por el poeta Javier Sicilia no han provocado una crisis ni son un impedimento para llegar a acuerdos básicos, y los temas delicados –como negociar o no con el gobierno—van a ser discutidos de forma abierta.

Así lo anunció la vocera de la Marcha por la paz con justicia y dignidad, Elizabeth Flores, quien en entrevista con La Jornada detalló el proceso de debate interno que se ha dado con miras a la firma del pacto ciudadano el próximo 10 de junio en Ciudad Juárez, Chihuahua.

A la caravana se le va a recibir allá independientemente de cualquier disenso que tengamos. La postura que ha causado un poco de desazón es que Sicilia dijo que no iba a pactar con el gobierno hasta que no se retirara el Ejército, y eso lo manejaban los medios como una diferencia, pero no es así, afirmó. Entre los puntos básicos de consenso está que el movimiento seguirá formado por ciudadanos, y que el emplazamiento al gobierno se lanzará en Juárez y no en Cuernavaca. Lo de negociar o no negociar vamos a tocarlo en mesas de discusión abierta, hasta llegar a un acuerdo.

Al margen de dicha polémica, las diversas fracciones del comité organizador ya están funcionando, y ultiman detalles para la ruta de ocho puntos que tocará la caminata, y para el encuentro binacional con organizaciones estadunidenses a realizarse el 11 de junio.

Éste es un momento de esperanza que puede detonar algo más fuerte, y ser el propulsor del cambio que necesitamos en el país a partir de la fortaleza de la ciudadanía unida. Este movimiento puede lograrlo, por eso hay que cuidar el tema del diálogo y los pactos, aseveró la activista.

La gran virtud de la marcha convocada por Javier Sicilia, recordó, es que ha sabido aglutinar puntos de vista muy diferentes, y el principal reto es llegar a acuerdos mínimos sobre la ruta a seguir, para que el enojo ciudadano aterrice en propuestas concretas y no se diluya.

“Hemos visto manifestaciones multitudinarias que dicen ‘ya basta, estamos hartos’, pero no derivaron en la discusión que este movimiento sí está dando. Por eso necesitamos unirnos para elevar una palabra más fuerte sobre las acciones que requiere México”, indicó

Juicio ciudadano declara culpables a la Presidencia y al IMSS por el caso ABC

Juicio ciudadano declara culpables a la Presidencia y al IMSS por el caso ABC

Seguimos reclamando justicia porque a casi dos años de las muertes las autoridades no responden

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Los integrantes del jurado ciudadano muestran su veredicto luego de escuchar los argumentos de las partes en el juicio popular realizado a las autoridades por la muerte de 49 niños en la guardería ABCFoto María Meléndrez Parada
Víctor Ballinas
Periódico La Jornada
Lunes 30 de mayo de 2011, p. 14

A una semana de que se cumpla el segundo aniversario del incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en la que murieron 49 niños y 75 resultaron lesionados, padres de las víctimas, organizaciones civiles, juristas y activistas por la defensa de los derechos humanos realizaron en el Zócalo de la ciudad de México un juicio ciudadano al Estado mexicano. En el acto se recreó un juicio oral, en el que Emilio Álvarez Icaza, ex ombudsman capitalino, quien fungió como juez, luego de escuchar las resoluciones del jurado y de los testigos de calidad, declaró responsabilidad de Estado a la Presidencia de la República, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y a la Procuraduría General de la República (PGR).

Álvarez Icaza declaró responsable al Poder Judicial de la Federación, en caso concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por la denegación de acceso a la justicia a las víctimas e imponer el peligrosísimo criterio de que los niños y niñas no son sujetos de derechos, así como desatender de manera grave el principio del interés superior de la infancia.

Si la muerte de 49 niños y la lesión de 104 más no es suficiente para que la SCJN considere responsabilidades y actúe en consecuencia, cabe preguntarse ¿qué tendrá que pasar para que lo haga?

De igual forma, añadió, el Poder Legislativo es culpable por la omisión de legislar para proteger los derechos de niños y niñas, y en particular la Cámara de Diputados, por la falta de asignación presupuestaria para garantizar el ejercicio de los derechos de la primera infancia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) también es culpable, sentenció Álvarez Icaza, por la negligencia y desatención a las víctimas, por no ejercer sus atribuciones para defenderlos y protegerlos, y por no exigir el cumplimiento de la recomendación que emitió sobre el caso de la guardería ABC 49/2009.

En su papel de juez, Álvarez Icaza condenó al Estado mexicano a modificar el esquema de subrogación de guarderías del IMSS por su clara contravención a los derechos humanos de los niños y niñas, así como de cualquier otro modelo de cuidado infantil que sea contrario a la Constitución y los tratados internacionales.

Condenó también al Estado mexicano a acatar, atender e implementar de inmediato las resoluciones del Comité de los Derechos del Niño en lo que se refiere a servicios de privatización, así como en lo relativo a la garantía de los derechos durante la primera infancia.

Álvarez Icaza destacó que es indispensable remarcar la responsabilidad ética ineludible de Juan Francisco Molinar Horcasitas, ex director del IMSS, y de Daniel Karam, actual titular de ese instituto, con independencia de otro tipo de responsabilidades a las que haya lugar. Condenó a los funcionarios a presentar una auténtica disculpa pública a los niños, niñas, padres, madres, familiares y comunidad entera que se vieron afectados en el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, el 5 de junio de 2009.

Y también condenó a cada funcionario referido a 153 meses de trabajo comunitario, equivalente a 12 años con nueve meses. Esto es, un mes por cada niño o niña que perdió la vida o resultó lesionado, y por la gravedad de los hechos, quedan inhabilitados para desempeñar cualquier cargo público y/o de representación de los tres niveles de gobierno por un periodo de 20 años.

Mónica González Contró, abogada del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México, manifestó: estamos aquí porque a casi dos años de la tragedia las autoridades no han podido dar respuesta al reclamo de justicia. Señaló que el Ejecutivo “es responsable en su doble calidad de jefe del Estado mexicano y jefe de los titulares del IMSS y de la PGR. La subrogación de las guarderías contraviene la obligación del Estado, privatizan el servicio.

El jurista Daniel Márquez, quien fungió como defensor, manifestó que no tenía la certeza de que se pueda enjuiciar al Estado mexicano por este hecho; sin embargo, sí hay responsabilidades de funcionarios públicos federales y del gobierno de Sonora. La subrogación de guarderías no tiene sustento constitucional y sólo 14 de mil 480 guarderías cumplen los requisitos legales.

El jurado estuvo integrado por 11 personas, entre ellos Elena Azaola, Lorenzo Córdova, Nasheli Ramírez, Édgar Cortez y Carlos Cruz.

Los testigos de calidad también fueron 11 personas, entre ellos: Sabina Berman, Javier Sicilia, Miguel Carbonell, Eduardo Gallo, Bruno Bichir y Pietro Ameglio

CARTONES DE LA JORNADA




domingo, 29 de mayo de 2011

Crean Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual

  • Denuncia sociedad civil falta de atención al problema
  • Redacción NotieSe
    México DF, mayo 25 de 2011.
    Ante la poca acción jurídica por parte del Estado mexicano ante el problema de la trata de personas, un conjunto de organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales como Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C, Cafod. Just one world, CCFD Terre Solidaire, crearon el Observatorio contra la trata de personas con fines de explotación sexual.
    Durante la presentación de la asociación y su primer informe como tal, llevada a cabo en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), el presidente del organismo, Luis Gónzalez Placencia, indicó que de acuerdo con reportes internacionales, en México hay más de 20 mil niñas y niños víctimas de explotación sexual por la trata de personas, principalmente en zonas fronterizas y turísticas.
    Detalló que de acuerdo con la Oficina de Naciones Unidas para el Control de Drogas y la Prevención del Delito y con el Reporte de Trata de Personas del Departamento de Estado de Estados Unidos, México está catalogado como fuente, tránsito y destino para la trata de personas con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzado. Además, el Diagnóstico Human Trafficking Assesment Tool de la American Bar Association (ABA), realizado en México, se han detectado 47 bandas dedicadas a la trata de personas para su explotación sexual y laboral, y que las entidades con mayor riesgo para cometer este delito son el Distrito Federal, Baja California, Chiapas, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Tlaxcala y Quintana Roo.
    El Ombudsman capitalino aseguró que la mayoría de las víctimas de trata en el país son extranjeras, ya que para la explotación sexual comercial se vulneran a personas provenientes de Guatemala, Honduras y El Salvador.
    Alertó que el turismo sexual infantil continúa creciendo, especialmente en ciudades como Acapulco, Cancún, Tijuana y Ciudad Juárez. “Los turistas extranjeros llegan a menudo de Estados Unidos, Canadá y Europa Occidental”.
    González Placencia recordó que en enero de 2011 se publicó el Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, el cual ha sido criticado por la academia y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) por carecer de un enfoque integral del fenómeno, así como de perspectiva de género y no discriminación.
    Así, comentó que para combatir esta problemática, se deben crear sinergias entre la academia, las OSC y los funcionarios públicos para diseñar instrumentos conceptualmente precisos para el encuadramiento de la trata; apropiarse de los instrumentos de derecho internacional que contemplan a la trata como una conducta criminal y punible e incidir de manera directa, responsable y transparente en la atención de las víctimas.
    Por su parte, a manera de presentación del Observatorio, Miguel Ortega Vela, presidente del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos, A.C. (CAM), advirtió que antes que todo, las víctimas son personas a las que no se les ha reconocido sus derechos y que su dolor de seres humanos ha sido silenciado.
    “El desconocimiento de su sufrimiento los coloca como no-personas, no sujetos de derechos y como no-ciudadanos y están desprotegidos, escondidos y sumergidos en la profundidad del silencio y de la oscuridad de la vida social”, insistió.
    A su vez, el investigador del Observatorio contra la trata de personas, Oscar Montiel Torres, señaló que el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) reportó que de diciembre de 2009 al cierre de 2010 sólo hubo tres sentencias condenatorias.
    Montiel indicó que en 2010,, el delito de trata registró 40 investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF); en tanto, por Explotación Sexual Comercial Infantil (ESCI) se presentaron 6 averiguaciones previas y se consignó a 4 personas, además de que otras cuatro fueron rescatadas.
    El investigador lamentó que no existan datos oficiales confiables ni consistentes que den luz sobre la magnitud del delito, como tampoco acceso a la justicia ni políticas públicas eficientes y eficaces de atención a las víctimas, en su mayoría mujeres y niñas, por lo que urgió a elaborar un análisis y un diagnóstico con trabajo de campo sobre todos los participantes en el sistema proxeneta en la ciudad, desde las víctimas y los victimarios, además de los clientes, sin los cuales no podría entenderse la magnitud que presenta hoy el fenómeno.
    Al comentar el Informe, como miembro del Comité Técnico del Observatorio contra la trata de personas de la CDHDF, Raquel Pastor Escobar consideró que este tema existen tres desafíos: la prevención, la impunidad y la atención a las víctimas.

    Cumple Fondo María dos años de ayudar a mujeres a decidir sobre su cuerpo

    Acompaña a mujeres en proceso de interrumpir su embarazo
    Adriana Tapia
    México DF, mayo 25 de 2011.
    Dar apoyo financiero a mujeres que no cuentan con suficientes recursos para acceder interrumpir legalmente su embarazo es el objetivo principal del Fondo de Aborto para la Justicia Social María, área de trabajo de la organización civil Balance y Promoción para el Desarrollo y Juventud, enfocada a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres mexicanas.
    Al respecto, Oriana López Uribe, coordinadora de proyectos de la agrupación, mencionó en entrevista que Fondo María acerca a las mujeres de los estados que no cuentan con los recursos para poder tener acceso a una interrupción del embarazo segura y legal en el Distrito Federal.
    Para López Uribe, esta ayuda es de suma importancia debido a que “existen casos en que vienen mujeres de otros estados como Mérida, Baja California y Nuevo León, y son mal informadas al llegar a los centros de salud federales. Las traen de un lado para otro, y se les va acaba el dinero. Hemos tenido casos de mujeres que no han comido desde hace días, o duermen en la calle, nosotros queremos prevenir esas situaciones”.
    Así, el Fondo de Aborto para la Justicia Social María, se estableció en la Ciudad de México, como integrante de la Red Nacional de Fondos de Aborto de Estados Unidos (NNAF), en mayo de 2009, en claro compromiso con el derecho de las mujeres a decidir interrumpir un embarazo, sin importar que sean mexicanas o extranjeras.
    De esta manera, explicó la activista, el Fondo ayuda de distintas maneras a estas mujeres que deciden interrumpir su embarazo pero las condiciones legales de su entidad las podrían llevar a la cárcel en caso de así decidirlo, por tanto, se proporciona en algunos casos transporte de su lugar de origen al DF, hospedaje, cita en el servicio de interrupción legal del embarazo, pago total o parcial del procedimiento, acompañamiento, consejería y materiales informativos.
    Sobre el acompañamiento, la coordinadora de proyectos, explicó que se realiza de dos maneras, una es de forma directa y total, mediante el acompañamiento de una persona desde que llega la interesada hasta que se va, o de manera parcial, con el acompañamiento sólo en una parte del proceso.
    En torno a los gastos, López Hernández comentó que depende del tipo de apoyo que soliciten las mujeres, es la cantidad de recursos que se gasta en ellas, ya que el Fondo, puede absorber el costo de la llamada o la vacuna en caso de que la mujer sea RH negativa, hasta el viaje.
    A su vez, la activista, explicó que se pide alguna cooperación a las mujeres que han recurrido al Fondo con la finalidad de que este siga vivo y apoye a otras mujeres, o en caso de ser necesario, a las mismas.
    Al respecto señaló que no hay ningún problema en volver a acompañar a una mujer por que “la intención del acompañamiento es fortalecer las decisiones que toman las mujeres y acompañarlas y respetarla en sus decisiones para brindarles toda la información que requieran, sin hacer ningún juicio, lo único que hacemos es agregarlo a su expediente”.
    En torno al futuro del Fondo, López comentó que su fin último como organización, es que todas las mujeres tengan acceso al aborto legal en sus entidades, ya que, “en las evaluaciones que se han hecho con las usuarias, ellas indican estar agradecidas de poder hablar del tema abiertamente con alguien que respeta su decisión y no está pone un juicio a su decisión, sino que les da todas las herramientas para que ellas tomen la decisión más adecuada y fortalezcan las redes solidarias entre mujeres enfocadas a garantizar el derecho de las mujeres al aborto legal”.
    Para solicitar información al respecto, el Fondo pone a disposición el correo electrónico maria.balance@gmail.com

    Es obligación del Estado reconocer la pluralidad de las familias: advierte legisladora

  • Realizan en la Cámara de Diputados el foro Las familias mexicanas del siglo XXI
  • La familia no es la marca registrada de la derecha, Luis Perelman
  • Guillermo Montalvo
    México DF, mayo 25 de 2011.
    En términos de ley, los derechos para todas las familias, independientemente de su composición, ya no son tema de debate, no es un asunto con el que la derecha pueda o no estar de acuerdo, es ley y tiene que cumplirse como tal, aseguró la diputada de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga Muñoz, durante su participación en el foro Las familias mexicanas del siglo XXI.
    En el marco del Día Internacional de las Familias, que se conmemoró el pasado 15 de mayo, la Comisión Especial para la Familia de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión organizó este ciclo de conferencias donde la legisladora mencionó que es obligación del Estado reconocer la pluralidad de la familias y garantizarles seguridad social, jurídica y en materia de salud.
    De acuerdo con Uranga Muñoz, en México todavía “estamos en busca de la igualdad efectiva”, pero subrayó que ya se tienen algunos mecanismos ganados para gozar de los mismos derechos que el resto de la sociedad.
    Tal es el caso, dijo, de las disposiciones adicionadas a las leyes del Instituto Mexicano de Seguro Social, y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que ya fueron votadas y sólo se espera el dictamen por parte del senado; así como la reforma al artículo 1° constitucional, “que prohíbe la discriminación por orientación sexual, lo cual significa que será irrelevante que en los estados existan leyes que nos discriminen, pues bajo la ley federal tenemos protección”.
    Aunque se trata de un proyecto incipiente, Uranga mencionó que ya se trabaja, en la Cámara de Diputados, en la creación de una ley marco en materia de derecho familiar, la cual tendrá por objetivo “obligar” a todos los estados a elaborar leyes de familia que reconozcan la diversidad.
    “Apenas comenzamos a debatir la iniciativa, y parece haber disposición de la mayoría, a excepción de los legisladores del Partido Acción Nacional; sin embargo, si logramos esta ley, el paso será descomunal, pues en el momento en que los derechos humanos sean el eje articulador de la Constitución, la situación jurídica de los disidentes sexuales y genéricos cambiará radicalmente”, concluyó la diputada.
    “La familia no es la marca registrada de la derecha”
    Por otra parte, el sexólogo, Luis Perelman, mencionó durante su participación en el foro que “la familia no es la marca registrada de la derecha”, por lo que desde todas las trincheras posibles se debe trabajar para conseguir un verdadero cambio cultural en la sociedad, que favorezca la inclusión de las familias diversas, pues dijo, aunque en México ya se tienen “leyes vanguardistas”, hace falta generar una transformación desde lo cotidiano.
    El presidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología, explicó que la familia impacta en la estabilidad de hijos e hijas no heterosexuales, ya que según algunos estudios, el rechazo o el apoyo familiar está relacionado con el nivel de salud emocional que tienen algunos gays y lesbianas, incluso, dijo, se vincula con su expectativa de convertirse en padres. “A mayor aceptación por parte de la familia, más ganas tiene el hijo gay de convertirse en padre algún día”.
    En este sentido, subrayó la importancia de sumar a “las familias” en el trabajo que se hace a favor de los derechos humanos de todos y todas.

    Allanan CIMAC por segunda vez en menos de tres años

  • Roban computadores con información privilegiada
  • CDHDF condena hecho
  • Redacción NotieSe
    México DF, mayo 24 de 2011.
    Por segunda ocasión en menos de tres años fueron allanadas las instalaciones de Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) Noticias, agencia informativa comprometida con generar y publicar información sobre la condición social de las mujeres en México.
    De acuerdo con un comunicado enviado por la agencia informativa, la madrugada del pasado viernes 20 de mayo, CIMAC sufrió la sustracción de materiales profesionales de trabajo del inmueble: dos computadoras del área administrativa con información contable, dos computadoras de la redacción de la agencia de noticias, una cámara de video, grabadoras de audio, esculcaron gavetas, rompieron cerraduras y una puerta.
    Además, refiere el documento, los presuntos delincuentes cortaron los cables del internet y dañaron un medidor de energía eléctrica. Por otra parte, documentos de todas las áreas fueron revisados y se encontraron fuera de su sitio. Aunado a esto, tiraron al suelo diversos reconocimientos otorgados a CIMAC por su labor periodística con visión de género.
    Al respecto, Lucía Lagunes Huerta, presidenta de CIMAC, señaló que “no se trata de un robo de la delincuencia común, por lo que solicitó que la denuncia se remitiera de la agencia investigadora número 6 a la Fiscalía Especial 50, para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión”
    Agregó que esta es la segunda ocasión en la que la agencia de noticias sufre un allanamiento en sus oficinas, el primer robo se dio el 28 julio del 2008 y hasta la fecha ha quedado impune ese delito.
    Recordó que en aquella ocasión, la Procuraduría General de Justicia del DF suspendió la indagatoria y cerró el expediente tres meses después de iniciada la investigación.
    A su vez, Lagunes relató que ningún miembro del personal de la agencia estuvo presente el pasado viernes 20 de mayo y el fin de semana debido a que todos los integrantes de la institución acudieron a una actividad fuera de sus instalaciones.
    Al respecto, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) inició una queja con los datos recabados hasta el momento y solicitó medidas precautorias a las autoridades correspondientes, entre ellas el resguardo de la información y rondines de seguridad en el inmueble donde se ubica CIMAC noticias.
    En comunicado de prensa, la CDHDF se comprometió a dar seguimiento al proceso de investigación que emprenderá el Ministerio Público especializado en espera de que agote todas las líneas de investigación relacionadas con el obstáculo a la libertad de expresión.
    CIMAC Noticias se fundó en 1988 por un grupo de profesionales de la comunicación con la misión de generar y publicar información periodística sobre la condición social de las mujeres.

    Conapred y la homofobia*

    México DF, mayo 24 de 2011.

    A finales del 2003, unos meses después de haber tomado posesión como Director del CENSIDA, me reuní con Gilberto Rincón Gallardo y acordamos buscar la mejor estrategia para luchar contra la homofobia y la discriminación de personas con VIH. Durante el 2004 nos seguimos reuniendo y acordamos lanzar la primera campaña nacional contra la homofobia, la cual salió a la luz pública a principios del 2005 y aunque uno de los spots, el de “La cena”, fue polémico, en realidad fue bastante bien aceptado socialmente si tomamos en cuenta los comentarios en medios de comunicación tanto escritos como electrónicos de esa época; ese mismo spot fue retomado y utilizado con propósitos similares en varias cadenas de radio hispanas de Estados Unidos e incluso fue transmitido en Panamá y Perú. La campaña fue reconocida y premiada a nivel nacional e internacional. Claro, esos fueron los tiempos de Don Gilberto Rincón Gallardo en el CONAPRED, quien no solo se preocupaba por hacer y publicar encuestas sobre discriminación, sino al mismo tiempo desarrollar estrategias para combatirla; por lo tanto ahora, me resulta algo más que preocupante que el actual Presidente del CONAPRED, Ricardo Bucio, señale que es responsabilidad de toda la sociedad combatir la homofobia y que solo haga eventos para demostrar como la homofobia sigue inaceptablemente alta y no presenta un programa con acciones concretas y tiempos definidos para abordar este problema. El CONAPRED dejó en el tintero una iniciativa dialogada con el CENSIDA para desarrollar un instrumento que certificara establecimientos libres de homofobia, pasando por alto una instrucción presidencial dada en ese sentido en los Pinos ante representantes de la sociedad civil en el 2008.

    No es el papel del CONAPRED ni de su titular el dedicarse a mostrar datos de lo mal que estamos en materia de discriminación hacia homosexuales y señalar que es culpa de la sociedad sin asumir la responsabilidad de combatirla y mostrar acciones concretas y no solo palabras.

    Hay pocos funcionarios en México que se han atrevido a abordar de manera directa el tema de la discriminación hacia homosexuales y hacer acciones concretas al respecto; pero en el caso del Presidente del CONAPRED, no es que esperemos que él se atreva o no, es que por ley, él es el responsable de promover, combatir, coordinar y operar programas contra la discriminación de, entre otros, homosexuales, lesbianas y personas trans, le guste o no. El que se reúna de vez en cuando con un obispo aquí y allá, para pedirles que moderen su lenguaje contra los homosexuales, es menos que ridículamente insuficiente.

    Atentamente

    Dr. Jorge Saavedra

    Indígenas llevan a EU y Canadá su lucha contra trasnacional minera

    Indígenas llevan a EU y Canadá su lucha contra trasnacional minera

    Piden respeto a la tierra sagrada de Wirikuta, en el desierto de San Luis Potosí, donde se asienta la firma

    Presentan el caso en el foro de la ONU sobre derechos de pueblos originarios

    Foto
    Felipe Serio Chino y Santos de la Cruz Carrillo, con vestimenta huichol, durante el viaje a Nueva York para pedir que la ONU se manifieste en contra de las concesiones y de las violaciones a los derechos humanos por parte del gobierno mexicanoFoto Elizabeth Coll
    Elizabeth Coll
    Especial para La Jornada
    Periódico La Jornada
    Domingo 29 de mayo de 2011, p. 33

    Nueva York. Desde tiempos inmemoriales, los wixáritari han cuidado la tierra sagrada de Wirikuta, por lo que representantes de este pueblo indígena viajaron hasta Nueva York y Canadá para cumplir esta encomienda ancestral. El pasado jueves, dos delegados huicholes acudieron al Foro Permanente de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas para rechazar las concesiones mineras otorgadas a la empresa canadiense First Majestic Silver en la zona de Wirikuta, situada en el desierto de San Luis Potosí.

    El mismo día, otra delegación wixárika logró entrar a la reunión de los accionistas de la empresa en Vancouver, Canadá. Afuera, organizaciones indígenas y activistas realizaron protestas, como parte de la Semana de Justicia Minera. También hubo manifestaciones simultáneas frente a los consulados mexicano y canadiense en Seattle, Washington.

    La firma canadiense sólo opera en México y aunque es relativamente pequeña ha experimentado un crecimiento espectacular; acaba de empezar a cotizar en la bolsa de Nueva York, y está posicionada como una de las empresas de plata con mayor crecimiento del mundo.

    En el reporte de First Majestic de 2010, su presidente Keith Neumeyer aseguró a los inversionistas que los ingresos brutos de la empresa se incrementaron 85 por ciento con respecto a 2009, a 132 millones de dólares. Durante el primer trimestre de este año sus ingresos son de 55.3 millones de dólares, un incremento de 211 por ciento con respecto al primer trimestre del año pasado.

    En su página web, First Majestic anuncia orgullosamente ser la primera y única empresa minera que vende lingotes de plata directamente al público, adquisición que es popular entre seguidores de grupos como los del Tea Party, y otros que predicen la caída inminente del sistema monetario. Se puede hasta comprar monedas impresas con el calendario azteca.

    La delegación wixárika llegó a Nueva York el domingo 15 y sus miembros debieron luchar para presentar el caso de Wirikuta formalmente en el foro de la ONU, lo cual resultó un verdadero desafío debido a una agenda apretada de discursos de agencias gubernamentales y diplomáticos. Pero Santos de la Cruz Carrillo, abogado y presidente del Comisariado de Bienes Comunales de Bancos de San Hipólito, Durango, y Felipe Serio Chino, secretario de la Unión Wixárika de Centros Ceremoniales, lograron su meta el jueves cuando De la Cruz presentó una declaración del Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa exigiendo la protección de Wirikuta, lugar donde está nuestro corazón, nuestra vida y nuestros ancestros desde la creación del mundo.

    Su intervención contrastó con la del gobierno mexicano, el cual enfatizó los logros de los proyectos gubernamentales en beneficio de los pueblos indígenas, y ni mencionó el caso de Wirikuta. En entrevista con una radio comunitaria, De la Cruz expresó: Quisiéramos que el foro permanente se pronunciara en contra de estas concesiones, sobre todo por la violación de los derechos humanos que está causando el gobierno mexicano. El viernes, los delegados se reunieron con James Anaya, el relator especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas.

    Los delegados Jesús Lara Chivarra y Cilau Candelario Valadez, quienes viajaron a Vancouver junto con Rodolfo Cosío y Juventino Carrillo, llegaron a la reunión de accionistas como representantes legales de inversionistas afines al movimiento, lo que les garantizó la entrada. Sin embargo, la policía, en coordinación con la empresa, los detuvo en la puerta por 45 minutos. Los delegados lucían sus atuendos tradicionales, y Candelario Valadez denunció vía telefónica que por estar vestidos por lo que somos, no nos dejaron entrar.

    Por fin ingresaron a la reunión, pero se les informó que sólo tendrían un minuto para hablar, y sin uso de micrófono. Debido a estas condiciones, los delegados decidieron guardar silencio, para no caer en su juego, y entregaron una carta a la empresa. Nos trataron de intimidar, pero el que terminó intimidado fue el presidente de First Majestic, porque cuando empezó a hablar ni siquieran le salían las palabras, afirmó Valadez.

    Un día antes, los delegados también habían sido frenados por la policía de Vancouver cuando llegaron a la sede de First Majestic para una reunión con Ramón Dávila, jefe de las operaciones de la minera en México. Al fin, los wixáritari entraron, expresaron su postura y luego se fueron, tras negarse a escuchar la ponencia de los ejecutivos.

    La postura de la comunidad wixárika es de no negociar porque estas tierras les pertenecen, aseguró Valadez. En mi opinión, el propósito del viaje es que se den cuenta que hay gente preparada, gente que puede hablar su propia lengua, hay abogados que son de nuestra cultura... Que les quede claro que no van a tener una batalla fácil.

    En declaraciones a La Jornada al término de los trabajos en la ONU, Serio Chino habló de lo difícil que es que el mundo occidental entienda la cultura wixárika. Lo que somos nosotros no se puede explicar, porque esto no tiene significado. No se puede explicar así a viva voz. Va más allá de las explicaciones, dijo.

    En Wirikuta descansan sus ancestros, brotan los ojos de aguas sagradas. Nosotros lo que peleamos son los manantiales sagrados, porque con ellos hacemos retoñar la vida de los wixáritari, hacemos retoñar toda la naturaleza. Allí hacemos que llueva. Sin ellos no habría cómo retoñar. Por eso decimos que acabarían con el pueblo wixárika, explicó Serio Chino.

    La tarde del sábado los delegados pasearon por el Parque Central, mientras seguidores del religioso Harold Camping esperaban el fin del mundo en Times Square

    A 50 años de fundada, Amnistía Internacional busca crecer más

    A 50 años de fundada, Amnistía Internacional busca crecer más
    Foto
    Alberto Herrera, Guadalupe Rivas, Alicia Zama, Rosario Ibarra de Piedra y Lourdes Barrera durante el brindis por el 50 aniversario de Amnistía InternacionalFoto Carlos Cisneros
    Fernando Camacho Servín
    Periódico La Jornada
    Domingo 29 de mayo de 2011, p. 3

    A 50 años de su fundación, Amnistía Internacional (AI) ha creado nuevos paradigmas de protesta social en México y el mundo, basados en la participación masiva de la gente, y ha incidido para denunciar los abusos de los gobiernos y las empresas, en una labor conjunta con otros colectivos civiles que se ha vuelto cada vez más necesaria.

    Así lo afirmó en entrevista con La Jornada Alberto Herrera, director ejecutivo de la organización de derechos humanos, que ayer celebró sus cinco décadas de existencia, luego de su fundación en 1961 a cargo del abogado británico Peter Benenson.

    Estos 50 años han sido determinantes para las movilizaciones sociales en el mundo, y AI ha creado nuevos paradigmas de activismo, que han ido evolucionando hasta transformarse en mecanismos complejos que no sólo se abocan al tema de los presos de conciencia o la erradicación de la pena de muerte, afirmó.

    En la actualidad, Amnistía Internacional cubre el espectro completo de los derechos humanos en 150 países, y se ha unido con otras organizaciones para señalar la pobreza y evidenciar los abusos cometidos por gobiernos, empresas e instituciones financieras internacionales.

    A pesar de todos estos cambios, explicó Herrera, el eje principal de AI sigue siendo que las transformaciones sociales más profundas serán hechas por gente común, que de forma integrada puede motivar cambios extraordinarios. La historia no se cambia sola, no podemos pensar que ya está dada, y que somos seres pasivos frente a ella.

    En el caso particular de México –donde el organismo trabaja desde hace 40 años–, uno de los pendientes de Amnistía es crecer más, de acuerdo con la importancia del país, y de la gran necesidad que tiene éste de contar con grupos defensores de derechos humanos, estimó.

    Aunque tuvimos un crecimiento exponencial en los tres o cuatro años recientes, la situación amerita que lo hagamos con más fuerza, porque el país nos lo grita todo el tiempo. En muchos aspectos no sólo hemos tenido avances reducidos, sino que incluso se empieza a marchar en sentido contrario del que necesitamos, como en el tema de la ley de seguridad nacional.

    En la medida en que AI y otras organizaciones hagan escuchar su voz en el exterior, será posible romper el hermetismo del gobierno mexicano sobre los abusos que cotidianamente ocurren en el país, dijo Herrera, quien puso como ejemplo la visita que la indígena Valentina Rosendo ha emprendido por varios países de Europa, con el apoyo del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

    La noche de ayer se realizó un acto de celebración en la Casa de Francia por el 50 aniversario de AI, y en él Herrera encomió los éxitos del organismo, entre ellos la abolición de la pena de muerte en decenas de países y la excarcelación de cientos de presos de conciencia, y subrayó que luego de cinco décadas hay más de tres millones de simpatizantes y adherentes de Amnistía en todo el mundo.

    En la reunión estuvieron presentes Rosario Ibarra de Piedra, presidenta del Comité Eureka, y Alicia Zama, fundadora de AI Capítulo México, quienes resaltaron la fuerza que puede tener una táctica como enviar miles de cartas a gobiernos represores, ya que gracias a ello se logró sacar de prisión a una gran cantidad de activistas en todo el mundo

    El gobierno no respeta derechos que ratifica mundialmente: CDHFBC

    El gobierno no respeta derechos que ratifica mundialmente: CDHFBC
    Hermann Bellinghausen
    Periódico La Jornada
    Domingo 29 de mayo de 2011, p. 3

    El gobierno mexicano no respeta, protege ni garantiza los derechos humanos que ratifica ante la comunidad internacional, lo cual demuestra la ineficacia del sistema de justicia y la falta de voluntad para encontrar el paradero de las víctimas de estos crímenes de lesa humanidad, declaró en Chiapas el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDHFBC).

    En el contexto de la Semana Internacional del Detenido Desaparecido, añadió: lo hemos constatado a través de los casos de desaparición forzada de personas que ha documentado este centro, y se sumó a la exigencia por la aparición con vida de las personas desaparecidas forzadamente en el mundo, Latinoamérica, México, y específicamente Chiapas, durante el conflicto armado interno aún no resuelto donde, a través de una guerra de baja intensidad, el Estado mexicano resulta responsable de graves violaciones a los derechos humanos.

    El CDHFBC detalla que en Chiapas, durante el periodo más álgido del conflicto armado interno, la desaparición forzada de personas era una práctica común. Entre 1995 y 2001, durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo, el centro documentó, sólo en la zona norte del estado, la desaparición forzada de 32 hombres y cinco mujeres por acciones del grupo paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia, o Paz y Justicia, mismas que respondían a un plan de contrainsurgencia vigente desde 1994, con la finalidad de acabar con las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y sus simpatizantes.

    En ese entonces, Paz y Justicia agredió a la población civil en los municipios de Tila, Tumbalá, Sabanilla, Yajalón y Salto de Agua. El grupo se caracterizó por la violencia a través de emboscadas, desplazamientos, desapariciones, asesinatos, violaciones sexuales y torturas. El organismo registra también una treintena de indígenas zapatistas desaparecidos forzadamente en enero de 1994 durante los combates contra el Ejército federal.

    Pero no todo quedó ahí: En una política contrainsurgente similar, el 13 de noviembre de 2006, en Viejo Velasco, Ocosingo, la comunidad fue emboscada por civiles armados de la Organización Para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (OPDDIC), acompañados por 300 elementos de la Seguridad Pública. El ataque provocó el asesinato de cuatro personas y la desaparición de Mariano Pérez Guzmán, Miguel Moreno Montejo, Pedro Núñez Pérez y Antonio Peñate López.

    La práctica de la desaparición forzada, como establece el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, constituye un crimen de lesa humanidad, puesto que implica una violación múltiple y continuada de derechos humanos esenciales.

    El organismo civil destaca que el Estado mexicano figura entre los principales impulsores de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, el Estatuto de Roma y la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Lo paradójico es que ha realizado reservas muy claras en cuanto al fuero militar, lo que permite violaciones a derechos humanos perpetradas por efectivos militares.

    Además, se canceló la fiscalía especial para los crímenes del pasado y se omitió efectuar investigaciones adecuadas por la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, integrantes del Ejército Popular Revolucionario, mientras mantuvo en la impunidad las desapariciones de migrantes que cruzan el territorio mexicano”.

    Con respecto a la convención internacional para la protección contra las desapariciones, el gobierno mexicano se reservó el no reconocimiento de la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada, que examina los casos presentados por las víctimas, sus familiares o representantes. Decisión incompatible con la naturaleza misma del tratado que confirma, según el CDHFBC, la falta de voluntad política para emprender acciones reales para abatir y erradicar dicha práctica

    Declararán constitucional la ley de derechos humanos

    La Comisión Permanente del Congreso hará la declaratoria de la reforma constitucional en materia de derechos humanos durante la sesión del próximo miércoles y de inmediato la turnará para que se publique y entre en vigor, informó el vicepresidente del órgano legislativo, Francisco Arroyo Vieyra.

    Expuso que es una de las reformas más importantes y nobles de los últimos tiempos, que lleva a la Carta Magna el respeto irrestricto a las garantías fundamentales consagradas en la ley suprema del país, pero también en los tratados internacionales signados por el gobierno mexicano.

    La reforma, dijo, libró muchos obstáculos, pasó dos veces por ambas cámaras y estuvo a punto de quedar congelada en el Senado, porque parte de los legisladores del PAN se oponían a establecer la prohibición a discriminar por motivos de raza, religión y preferencias sexuales.

    El sector ultraderechista del PAN trató de frenar la reforma en los congresos locales, sin éxito, porque ya casi 20 legislaturas locales la aprobaron. Para mi vergüenza, en mi estado, Guanajuato, la mayoría panista en la Cámara de Diputados la rechazó.

    Arroyo Vieyra detalló que desde hace casi dos semanas la mayoría de los congresos locales –17– ya habían votado en favor de la reforma que otorga más facultades a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), como la de investigar violaciones graves de garantías constitucionales, pero aún no ha llegado la documentación a la Permanente.

    “El miércoles próximo vamos a hacer la declaratoria, con el voto en favor de más de 20 congresos estatales y la vamos a pasar de inmediato al Diario Oficial de la Federación para que se publique”, aseveró.

    Destacó que por tratarse de una reforma constitucional no requiere que el Presidente de la República la promulgue. “Por eso irá directo al Diario Oficial”.

    A su vez, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Pedro Joaquín Coldwell, sostuvo que se trata de la gran reforma de la última década. Enumeró los puntos más relevantes de la ley: Establece un piso de derechos que no podrán ser tocados ni restringidos en ningún caso, aun cuando se declarara un estado de emergencia. También modifica artículos hasta ahora intocados de la Carta Magna, como el 33, que establece el derecho de los extranjeros de ser escuchados en audiencia antes de que se decida su expulsión del país.

    Por lo que corresponde a la CNDH, agregó, se le conceden facultades relevantes, incluso potestades que la Suprema Corte no le había reconocido, como la de poder impugnar leyes e interponer controversias constitucionales contra tratados internacionales. Ninguna autoridad podrá negar información a la CNDH, que incluso tendrá derecho a acceder a información reservada

    Denuncia activista acoso de elementos de la Sedena

    Matamoros, Tamps, 28 de mayo. La activista Luz María González Armenta denunció a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) por actos de intimidación y hostigamiento por participar en una campaña contra la militarización de calles y carreteras de Tamaulipas. “Los soldados ya vinieron a mi casa en dos ocasiones, revisaron mi vehículo y exigieron con gritos, malas palabras y amenazas que borre la leyenda ‘No más militares’ pintada en el vidrio trasero", señaló. La defensora humanitaria, integrante de la otra campaña y dirigente de la organización Emiliano Zapata desde 1994, dijo que no se trata de un simple desencuentro con los militares porque en ambos incidentes también cerraron la calle, tocaron la puerta, la interrogaron e insultaron por el sólo hecho de ejercer su libertad de expresión

    Analizarán en la CEM "realidad del sacerdocio"

    Durante la 91 asamblea plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que comienza este lunes y que congregará a unos 130 obispos del país, se analizará el tema del sacerdocio y la formación en los seminarios, tendiente a mejorar ésta última y a generar mecanismos de evaluación para asegurar que los nuevos clérigos estén a altura de las actuales circunstancias.

    El martes habrá una misa inaugural en la sede de la CEM en Lago de Guadalupe, estado de México, y en esa misma jornada, Víctor René Rodríguez Gómez, obispo auxiliar de Texcoco, ofrecerá una conferencia de prensa. Por la tarde los obispos recibirán al titular de la Secretaría de Gobernación (SG), José Francisco Blake Mora, indicó Manuel Corral, secretario ejecutivo de relaciones institucionales de la conferencia.

    El sacerdote expresó que aunque el tema de la carta circular que envió Benedicto XVI a todas las conferencias episcopales del mundo para que establezcan líneas guías para prevenir la pederastia clerical no está en el informativo de la asamblea, este es un tema obligado dado que el Papa ha pedido que en el plazo de un año cada conferencia tenga esas líneas guías, así que por lógica ahora se debe armar una comisión para tratar el asunto o se puede designar para ello a la misma Comisión Episcopal para Vocaciones y Seminarios (CEVM)”.

    En esta asamblea, que concluirá el 3 de junio próximo y cuyo lema es Formación de los discípulos pastores para el México de hoy busca reflexionar sobre la realidad de los sacerdotes y seminarios en México, para relanzar con esperanza el dinamismo de su formación y de la caridad pastoral de cara a la misión permanente. Por otra parte, recibirán la visita del gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, lo cual ocurrirá el jueves a las 14 horas.

    Se prevé que Norberto Rivera Carrera sólo participe en los trabajos dos días, pues viajará a España, debido a que el 5 de junio se realizará en la diócesis de Osma-Soria la beatificación Juan de Palafox y Mendoza, ceremonia en la que estará presente el arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa.

    Debido a su estado de salud, la expectativa es que el cardenal Juan Sandoval Íñiguez, pudiera no asistir a la asamblea plenaria. Esta semana se informó que había padecido paratifoidea y estaba afectado por flebitis. En cuanto al cardenal y arzobispo de Monterrey, Francisco Robles Ortega, él se enuentra en el Vaticano

    CARTONES







    sábado, 28 de mayo de 2011

    Denuncian escasez de fórmula materna en Capasits de Veracruz

  • 150 niños con madres vih postivas requieren de la leche
  • Mario Alberto Reyes-enviado
    Veracruz, Veracruz, mayo 23 de 2011.
    El desabasto de fórmula materna para bebés cuyas madres viven con VIH es uno de los principales problemas reportados en los Centros Ambulatorios de Atención y Prevención en VIH/sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Capasits) de Veracruz, señaló en entrevista, Patricia Ponce, integrante del Grupo Multifactorial VIH/sida de Veracruz.
    De acuerdo a cifras proporcionadas por la también investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Antropología Social unidad Golfo, aproximadamente 150 niños en toda la entidad requieren de la leche, y desde hace seis meses los cinco Capasits del estado no la proporcionan
    Ponce estimó que en Veracruz se requieren alrededor de cuatro mil latas de fórmula materna de distintas etapas al mes; mil 150 latas de leche NAN etapa 1, mil 74 de la etapa 2 y 800 de la etapa 3, sin tomar en cuenta las que se consumen en el hospital regional de Poza Rica, que se negó a proporcionar las cifras al respecto.
    La antropóloga social mencionó que en una reunión sostenida con funcionarios locales el pasado 4 de mayo, se reconoció que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida e ITS (Censida) no cubre con los abastos en tiempo y forma (de los medicamenros antirretrovirales), además de que el gobierno estatal no ha comprado desde abril de 2010 fórmula materna.
    La titular del proyecto de investigación “VIH y pueblos indios en áreas fronterizas en México”, advirtió que este es un problema delicado, ya que muchas de las personas que se atienden en los Capasits no cuentan con los recursos económicos para comprar sus medicamentos e insumos necesarios para su tratamiento.
    Añadió que se corre un grave peligro de que estas madres den pecho a sus hijos, y por tanto, estos bebés se infecten de VIH/sida.
    Así, Ponce indicó que durante la reunión con funcionarios del sector salud, estos se comprometieron a subsanar el desabasto en un mes.
    Mientras tanto, el Grupo Multisectorial y la Red de Mujeres Comunicadoras “Las Muchas” convocan a la sociedad en general a donar latas de fórmula materna para ser entregadas a estas madres. Los centros de acopio son Ciesas-Golfo, ubicado en la avenida Encanto, esquina con Lázaro Cárdenas y en el cubículo de la doctora Estela Casados, en la facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana, en Xalapa.

    Morelia, ciudad diversa*

    Gerardo Andrés Herrera Pérez
    Morelia, Michoacán, mayo 23 de 2011.
    Hoy, en el corazón del Centro Histórico de Morelia, convocados a través de los medios electrónicos de comunicación por el Grupo Flashmob Morelia, un grupo de personas jóvenes y maduras, asistieron para participar en la Plaza Melchor Ocampo, en una acción inusual, por el Reconocimiento a la Diversidad Sexual.
    Ahí pudimos observar la participación de al menos 75 personas, entre ellos, jóvenes estudiantes de diversas universidades públicas y privadas, de miembros de organizaciones de la sociedad civil como Osos Michoacanos, Grupo de Facto Diversidad Sexual en Michoacán, entre otras noveles organizaciones, como Diversidad Alternativa Morelia, el Equipo de Futbol Diversidad Morelia, entre otros.
    La idea original es de Grupo Flashmob Morelia, quien por cuarta ocasión convocó a las y los jóvenes morelianos en un intento por visualizar a partir de un ejercicio de congelamiento de cuerpos por espacio de cinco minutos, el tema de la diversidad sexual y su existencia en los espacios públicos del Centro Histórico de Morelia; esta acción ha sido apoyada por diversas organizaciones que piensan que debe haber mayor involucramiento de las y los jóvenes en la construcción de espacios para la inclusión y la pluralidad sexual.
    Las expresiones y las formas congeladas de los cuerpos nos hacen repensar en la importancia de hacer y de compartir el espacio público a partir de reconocer la diversidad social y sexual, así como la importancia de construir ambientes plurales, respetuosos y de reconocimiento de la dignidad humana de cada integrante de la sociedad moreliana.
    El ejercicio artístico fue construido en el marco del respeto al diferente y el cuidado de mandar un mensaje a las y los morelianos para la inclusión y la pluralidad.
    Continuamos considerando que estos ejercicios plurales pueden hacer replantearnos nuevos paradigmas sociales que a partir de utilizar las tecnologías de comunicación logren movilizar a decenas de personas para un objetivo, como promover la paz, la tolerancia y el respeto, la cultura del respeto a los derechos humanos, la no discriminación, por una cultura de la igualdad, en fin por todo aquello que permita fortalecer y vigorizar escenarios de mejoría para la sociedad civil.
    Finalmente, agradecemos a los miembros del Grupo Flashmob Morelia su aporte en el marco del Día Nacional de la Tolerancia y Respeto a la Diferencia, así como el que nos permita confirmar que Morelia es una ciudad diversa social.
    *Texto elaborado por Gerardo Andrés Herrera Pérez, presidente de Grupo Facto Diversidad de Michoacán, con motivo del 17 de mayo Día Nacional de la Tolerancia y Respeto a la Diferencia.

    Una de cada tres muertes femeninas se debe a enfermedades del corazón

    Una de cada tres muertes femeninas se debe a enfermedades del corazón

    Factores de riesgo son sedentarismo, sobrepeso, mala alimentación y abuso de alcohol y tabaco

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    Integrantes del grupo Pacto por la Vida realizaron ayer un performance frente a la Secretaría de Salud, para exigir respeto a los derechos de las mujeresFoto José Antonio López
    Ángeles Cruz Martínez
    Periódico La Jornada
    Sábado 28 de mayo de 2011, p. 34

    Una de cada tres muertes de mujeres en México se debe a enfermedades del corazón (infartos), problema desatendido pero creciente que afecta, incluso, a personas jóvenes. Rafael Schuchleib, presidente de la Fundación Interamericana del Corazón, advirtió que aunque la mayoría de los males cardiacos están asociados con adultos mayores, ya se reportan casos de pacientes de 45 a 50 años de edad.

    En vísperas del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, que se celebra hoy (sábado 28), el especialista señaló que autoridades y sociedad en su conjunto tendrían que ocuparse en frenar la tendencia al alza que se reporta en la mortalidad femenina por esta causa.

    Llamó la atención sobre el hecho de que las afecciones cardiacas forman parte del conjunto de enfermedades crónico-degenerativas, las cuales representan 80 por ciento de la morbilidad nacional. Resaltó que los principales factores de riesgo son los estilos de vida donde predominan sedentarismo, sobrepeso, obesidad, malos hábitos alimenticios y adicciones al tabaco y el alcohol, entre otros.

    Pareciera que el problema es inexistente; sin embargo, las mujeres, a partir de los 45 años de edad están en riesgo de morir a causa de un infarto al miocardio o alguna otra afección de este órgano, advirtió el médico.

    Las estadísticas así lo demuestran, pues aunque la diabetes es la principal causa de mortalidad en la población general, entre las mujeres representa 16.8 por ciento del total, mientras en los hombres ocupa 11.1 por ciento de los decesos.

    Al abundar sobre la complejidad del problema de los males cardiacos, explicó que 80 por ciento de los individuos que fallecen por diabetes también tienen alguna afectación del miocardio.

    En entrevista, Schuchleib reconoció que existen otros padecimientos graves como los tumores malignos de mama y cérvico-uterino que han tenido la atención del gobierno federal con programas nacionales y presupuestos para frenar la mortalidad por estas causas, las cuales representan menos de 4 por ciento del total. Es importante porque son enfermedades que afectan a la población en edad reproductiva, generalmente mujeres con hijos que todavía las necesitan.

    Sin embargo, también debe prestarse atención a las enfermedades del corazón. Casi siempre “nos damos cuenta porque a algún conocido (hombre o mujer) ‘de repente’ le dio un infarto y se murió”. Lo que en realidad ocurre es que cuando se presentan estas situaciones ya han transcurrido entre 30 y 40 años en que la persona ha estado expuesta a los factores de riesgo mencionados.

    En el caso de las mujeres, la problemática se acentúa a partir de la menopausia. Con la disminución de estrógenos también baja la protección vascular, y esto a su vez favorece el riesgo cardiovascular. A esto se agrega el incremento de peso corporal y la falta de actividad física, que empeora el panorama.

    Con Motivo del Día de Acción por la Salud de las Mujeres, la Fundación Interamericana del Corazón iniciará una campaña en medios de comunicación para advertir a la sociedad sobre esta situación y, sobre todo, hacer conciencia entre las mujeres para que cuiden su salud, acudan al médico para una revisión de sus niveles de azúcar, colesterol, presión arterial, entre otros, y principalmente, eviten los factores de riesgo.

    Schuchleib reconoció que la problemática es compleja si se toma en cuenta que 70 por ciento de las mujeres adultas tienen sobrepeso y obesidad, que el país es el principal consumidor de refrescos y el consumo de sal es tres veces más de lo que se recomienda para proteger la salud.

    Detalló que lo ideal es consumir cuatro a cinco gramos de sodio al día, pero los mexicanos ingieren alrededor de 12 gramos, por los embutidos (jamón, salchicha) y alimentos procesados (chatarra). Para ello se requiere que las mismas personas se responsabilicen de su salud, apuntó

    Plantón por los derechos de las mujeres

    Integrantes del Pacto Nacional por la Vida, la Libertad y los Derechos de las Mujeres realizaron un plantón frente a la Secretaría de Salud (Ssa) para exigir a las autoridades que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva.

    En particular, insistieron en la obligación del Estado de asegurar el cumplimiento del precepto constitucional que establece el derecho de los ciudadanos a decidir libremente sobre el número de hijos y su espaciamiento.

    Y es que, recordaron, los hospitales federales ubicados en la capital del país carecen de servicios de aborto para las mujeres embarazadas que lo soliciten hasta la semana 12 de gestación, como lo prevé el Código Penal local.

    La protesta se realizó como parte de las actividades por el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres que se celebra este sábado. La activista Martha Juárez también señaló la necesidad de que el gobierno calderonista respete el carácter laico del Estado y se evite la intervención de la Iglesia en los asuntos de las políticas públicas.

    Es inaceptable, dijo, que la jerarquía de la Iglesia católica insista en imponer sus valores morales y religiosos a todos los ciudadanos.

    La celebración del Día de Acción por la Salud de las Mujeres se inició en 1987. Durante el quinto Encuentro Internacional de Mujer y Salud, realizado en Costa Rica, las participantes hicieron la propuesta que ahí mismo fue aceptada. La fecha además coincide con otros acontecimientos encabezados también por mujeres en otros años y países.

    Ayer Martha Juárez subrayó que la salud es un derecho humano de las mujeres, al que todas debemos acceder sin restricciones o exclusiones de ningún tipo, y a lo largo de cada etapa de nuestra vida

    Pareja, agresor de mujeres en 70% de casos

    En el primer trimestre de este año fueron agredidas 3 mil 500 mujeres, según cifras del gobierno capitalino, en 70 por ciento de los casos, por su pareja, aseguró la presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa, Beatriz Rojas.

    En conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, la diputada de PRD detalló que en 85 por ciento de los casos reportados la violencia fue física y el agresor utilizó algún objeto, armas punzocortantes o inclusive, de fuego.

    Las agresiones, en varios casos, fueron de varios tipos, por lo que las cifras muestran que 59 por ciento de la mujeres reportó jalones, 51 por ciento empujones, 44 por ciento cachetadas, 30 por ciento recibió patadas y 28 por ciento, puñetazos.

    Ante este panorama, indicó que es necesario visibilizar y aceptar la violencia hacia las mujeres como un problema de salud pública, pues está comprobado que desemboca en una salud precaria, tanto física como psicológica

    Acumula secretario de juzgado más de $432 millones en siete años

    Ingresa Esiquio Martínez al Reclusorio Norte

    En tan sólo una transacción recibió 50 mdp, revela la PGR

    Laboró con el juez del caso El Encino, ligado a López Obrador

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    Los integrantes del Consejo de la Judicatura, Jorge Efraín Moreno y Daniel Francisco Cabeza de Vaca, durante la conferencia de prensa en la que afirmaron que el caso de Esiquio Martínez Hernández es una situación aisladaFoto Guillermo Sologuren
    Gustavo Castillo García
    Periódico La Jornada
    Sábado 28 de mayo de 2011, p. 2

    La Procuraduría General de la República (PGR) ejercitó acción penal por el delito de enriquecimiento ilícito en contra de Esiquio Martínez Hernández, secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa con sede en la ciudad de México, al detectar movimientos financieros en una sola de sus cuentas bancarias por 432 millones 536 mil 378 pesos, y en la cual se llegaron a recibir hasta 50 millones de pesos en efectivo en una sola transacción.

    Martínez Fernández quedó a disposición del juzgado tercero de distrito en materia penal con sede en la ciudad de México y podría ser hasta el lunes cuando se le decrete auto de libertad o formal prisión. En tanto permanecerá preso en el Reclusorio Norte.

    El caso fue revelado por Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández y Jorge Efraín Moreno Collado, integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que afirmaron durante una conferencia de prensa que se trata de un asunto aislado e indignante que mancha el buen nombre de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación (PJF), y el prestigio ganado.

    Las operaciones millonarias que se realizaban en las cuentas de Martínez Hernández, quien tenía su oficina en el bulevar Adolfo López Mateos (Periférico Sur) 1950, en la colonia Tlacopac, delegación Álvaro Obregón, fueron detectadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, quien a su vez advirtió del asunto al Consejo de la Judicatura Federal.

    De esa manera, el 28 de enero de este año el órgano del PJF presentó una denuncia de hechos ante la PGR al detectarse que en años recientes (de 2003 a 2010) obtuvo y registró ingresos y egresos superiores a sus percepciones como servidor público.

    En el lapso antes mencionado, Esiquio Hernández ganó oficialmente 5 millones 444 mil 814 pesos, luego de los descuentos de ley, y eso declaró al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a la hora de presentar sus declaraciones patrimoniales. Al mes obtenía como salario 45 mil pesos en promedio.

    Sin embargo, las autoridades elaboraron un dictamen contable de sus cuentas bancarias y en una de ellas registró movimientos por 432 millones 536 mil 378 pesos con 57 centavos.

    De acuerdo con información obtenida en el Poder Judicial, los peritajes realizados por Hacienda y el Ministerio Público Federal detectaron que especialmente en los últimos seis meses de 2010, el secretario de acuerdos del juez Álvaro Tovilla León realizaba al menos tres movimientos financieros al día. Sacaba de una cuenta, movía los recursos de sus inversiones, contrataba nuevos plazos enviaba dinero a otras cuentas y luego le depositaban en efectivo cantidades que superaban los 10 millones de pesos.

    Los depósitos a las cuentas del funcionario judicial no sólo se realizaron en sucursales bancarias del Distrito Federal, también se hicieron en Morelos, Tlaxcala y algunas más alejadas del centro del país, revelaron funcionarios del CJF y de la PGR.

    La investigación corrió a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), y tras obtener las pruebas documentales necesarias la PGR solicitó una orden de aprehensión al juzgado tercero de distrito en materia penal, con sede en el Reclusorio Norte de la ciudad de México.

    El viernes el mandamiento judicial fue librado y de inmediato agentes de la Policía Federal Ministerial (también conocida como AFI) montaron un operativo de vigilancia, y antes de que ingresara a sus oficinas fue detenido y llevado ante el juez que emitió la orden de captura.

    Horas más tarde, al filo de las 14:30, los consejeros de la Judicatura señalaron que este es un caso aislado y que la mayoría de los integrantes del Poder Judicial de la Federación se rigen por una conducta independiente, imparcial, recta, honorable y transparente.

    El caso de Esiquio Martínez obligó al CJF a emitir un acuerdo los primeros días de abril para que los ingresos y patrimonio de todos los integrantes del PJF sean fiscalizados, esto incluye la revisión de las cuentas bancarias y la evolución patrimonial de jueces, magistrados y ministros, para evitar, prevenir y detectar otros actos de corrupción.

    El de Esiquio Martínez se ha convertido en el caso más importante de corrupción en años recientes dentro del PJF, y por ello la indagatoria que llevó a su captura sigue en curso y se investiga a otros funcionarios del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, incluido el juez Álvaro Tovilla.

    Con anuencia del juez, el 4 de octubre de 2007, dentro del expediente 1267/2007 Esiquio Martínez Hernández en su calidad de secretario de acuerdos del juzgado noveno de distrito en materia administrativa, concedió autorización al casino Paradise, que operaba en la ciudad de Monterrey, sin permiso de la Secretaría de Gobernación, y del cual supuestamente existía una sucursal en el Distrito Federal.

    Álvaro Tovilla, con quien laboraba Esiquio Martínez, ha tenido casos controversiales, entre ellos el caso El Encino, que dio origen al juicio de desafuero contra Andrés Manuel López Obrador en 2004. En marzo pasado, fue el único juzgador que concedió un amparo al Grupo Iusacell en contra de la llamada licitación 21. Sin embargo la resolución fue revocada por el 17 tribunal colegiado de circuito en materia administrativa.

    También en marzo de este año, el juez Tovilla León concedió una suspensión al grupo Corporativo Pedregal Hispamex, empresa encargada de la construcción de la llamada Torre Pedregal, en la colonia Lomas de Chapultepec, y con su resolución impidió clausuras a la obra

    Garantizar educación, única opción contra el crimen: ONG y Unesco

    Representantes de grupos civiles y de la Organización de Naciones Unidas pidieron a los gobiernos garantizar condiciones adecuadas –en calidad y cantidad– de servicios educativos, como única alternativa para evitar que cada día más jóvenes se conviertan en blanco fácil de la delincuencia y las adicciones.

    En tanto, activistas del norte del país señalaron que en lugar de reconstruir el tejido social mediante la educación, el gobierno ha sido negligente en la creación de alternativas escolares para este sector de la población.

    La víspera, alcaldes de la zona norte de México admitieron que los muchachos truncan sus estudios por falta de preparatorias, situación que los pone en el blanco del crimen organizado. Presidentes municipales calculan que hasta 80 por ciento de los adolescentes padecen el abandono de las autoridades en este renglón.

    Sin embargo, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, rechazó el diagnóstico de las autoridades locales: esas cifras no coinciden bajo ninguna circunstancia con las nuestras.

    Dijo que este año la SEP cuenta con un presupuesto importante para la construcción de nuevas preparatorias. Estamos analizando dónde vamos a colocar, estratégicamente, las nuevas preparatorias para dar más espacio a los jóvenes donde más se requieren, expresó.

    Arne Carlsen, director electo del Instituto de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, señaló que atender la demanda de educación de los jóvenes debe ser prioridad para cualquier país, frente a fuerzas poderosas, como la violencia.

    Dijo que la formación de jóvenes y adultos es una de las respuestas para ir contra la violencia, pero son necesarias otras medidas, como valores en la familia, contar con condiciones económicas para sobrevivir y tener perspectivas de empleo digno, entre otras.

    Jorge Sequeira, director de la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe, de la Unesco, indicó que debe invertirse más en cobertura en zonas difíciles, pero advirtió que no sólo se trata de poner más plata al problema, sino hacerlo de forma astuta e inteligente.

    Consuelo Morales, directora de la organización Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac) –con sede en Monterrey, Nuevo León–, recordó que hace apenas dos años la preocupación respecto a los jóvenes era que no había lugares suficientes para que continuaran estudiando, a lo que actualmente se suma el hecho de que buena cantidad de ellos ya ni siquiera hacen el intento de matricularse.

    Ahora, a muchos los desaparecen o se incorporan en la delincuencia organizada. Empiezan de forma muy sutil, vendiéndole droga a sus amigos, y luego terminan involucrados en esa estructura, muchas veces con la complicidad de las autoridades, deploró.

    Blanca Mesina, activista de derechos humanos asentada en Tijuana, Baja California, confirmó que en esa ciudad las escuelas públicas son escasas, y no pueden cubrir la enorme demanda que generan las ciudades fronterizas.

    En tanto, los diputados Mauricio Toledo (PRD) y Pedro Vázquez (PT) señalaron que el incremento en el número de jóvenes que carecen de oportunidades para trabajar y estudiar no podrá frenarse si la administración federal se obstina en enfrentar las consecuencia de la pobreza, de un pésimo sistema educativo

    Líder de los jesuitas llama a cambiar estrategia contra el crimen

    En ningún país la militarización ha sido alternativa, aseguró Carlos Morfín Otero, superior provincial de la Compañía de Jesús en México, quien sostuvo que la estrategia de combate al crimen organizado que lleva a cabo el gobierno federal debe ser modificada, porque la situación no ha mejorado: por el contrario, las cosas han ido empeorando; 40 mil muertos nos dicen todo.

    En entrevista con La Jornada, el jesuita señaló que la Provincia Mexicana de la compañía considera que ante la situación de violencia que prevalece y el clamor de diversos sectores que piden cambios en la política de seguridad, el gobierno federal tendría que escuchar a las voces disidentes.

    Lo que hace falta es apertura; escuchar a las voces disidentes de estas estrategias y políticas; al gobierno federal le hace falta mayor imaginación y creatividad para encontrar otras alternativas que realmente resuelvan de fondo el problema de este país, porque la alternativa nunca ha sido la militarización en ningún país: la alternativa se ha encontrado por la vía de la educación, de restablecer el tejido social, no al fracturarlo o romperlo.

    Morfín Otero descartó que en las actuales circunstancias la terquedad lleve a algún lado y sostuvo que en este sentido los integrantes de su organización nos sumamos a esta indignación y preocupación

    Triquis piden a la CIDH que les otorgue medidas cautelares

    Más de 300 familias del municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, iniciaron ayer un nuevo intento por regresar a sus comunidades de origen, luego de haber sido desplazados por paramilitares del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y de la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort).

    La cuarta versión de la llamada Marcha del color de la sangre no sólo busca que los copaleños por fin regresen a sus hogares, tras dos años de éxodo forzado; también hará énfasis en la exigencia de justicia por los asesinatos y agresiones que han sufrido, afirmó en rueda de prensa Macario García Merino, representante de dicha comunidad.

    La movilización, que comenzó ayer en el Ángel de la Independencia, también pide a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que conceda medidas cautelares a más de mil habitantes de San Juan Copala y los barrios aledaños de Paraje Pérez, Guadalupe Tilapa, Santa Cruz Tilapa y Yosoyuxi.

    La petición ya fue realizada de manera formal ante esa comisión, el pasado 20 de mayo. En caso de ser aceptada se sumaría a las que ya fueron otorgadas para 135 personas más, sin que hasta el momento el Estado mexicano haya realmente cumplido con la medida, afirmó Claudia Gómez Portugal, de la organización civil Sakbé.

    En videoconferencia desde Washington, sede de la CIDH, la abogada Priscila Rodríguez subrayó la incapacidad del gobierno para aplicar medidas elementales de protección en favor de las víctimas, y aseveró que si esta actitud persiste, muy pronto la justicia interamericana podría juzgar y sentenciar de nuevo a las autoridades del país.

    Por su parte, Reyna Martínez, vocera de los desplazados de San Juan Copala, dijo: nuestras armas son seguir exigiendo justicia y respeto para todos los pueblos indígenas del país. Si nos quieren matar cuando lleguemos allá, ya va a ser más en público, y estamos dispuestos a morir si hace falta

    Premian en Berlín a ONG por su defensa de las garantías individuales

    El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan recibió ayer, en Berlín, en manos de su director el antropólogo Abel Barrera, el sexto Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional (AI), como reconocimiento a su trabajo en defensa de las garantías individuales, particularmente sobre la investigación de desapariciones forzadas cometidas por el Ejército.

    La ceremonia, realizada en la Casa de las Culturas del Mundo, contó con la participación del presidente alemán, Christian Wulff, y el secretario general de AI, Salil Shetty, quienes manifestaron su preocupación por el estado de los derechos humanos en México.

    En entrevista telefónica desde la capital alemana, Barrera explicó que, en su mensaje de agradecimiento, hizo una mención especial al caso de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo, cuya agresión sexual a manos de soldados, en 2002, motivó una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano, sin que éste haya cumplido aún con dicha resolución.

    Demandamos que el caso de Inés y Valentina sea turnado al fuero civil en vez de al militar, y advertimos sobre la situación de violencia en México y la falta de atención a las exigencias de la sociedad. También pedimos que se respetaran los derechos humanos, como el de la vida y la seguridad, y que se castigue a los responsables de esta guerra, afirmó.

    La entrega de este reconocimiento puede ayudar a que en Europa y otras latitudes se ponga atención de nuevo a las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en el país, y a que el gobierno incorpore de verdad este tema a su agenda política, en vez de simular que lo hace, dijo

    En Cherán "nos cansamos de agachar la cabeza"

    Cherán, Mich., 27 de mayo. Ante la indiferencia y/o complicidad del gobierno, cerca de 20 mil comuneros se organizan desde hace 42 días contra los talamontes, que son apoyados por bandas del crimen organizado. Rondines de vigilancia, barricadas con costales de arena, troncos y piedras en todos los accesos y 179 fogatas permanentes en los cuatro barrios, permanecen desde el pasado 15 de abril.

    Desde esa fecha la población se armó con palos, piedras, machetes, azadones, palas y todo lo que pudo, para enfrentar a quienes desde hace tres años devastan los bosques de la comunidad, con la protección de grupos armados y hasta del gobierno, que no ha hecho nada para pararlos, señala uno de los miles de comuneros que se mantienen en guardia en la barricada que cubre el camino a Paracho.

    Lejos de su cotidianidad, los hombres, mujeres, niños y ancianos de este poblado de la meseta purépecha viven en tensión permanente alrededor de las barricadas, cuidando los accesos para que no entre ningún desconocido. La madrugada de ayer llegó el aviso de que hombres armados en una decena de camionetas se estaban preparando en Paracho. La alerta resultó falsa, pero los rondines se reforzaron, por si acaso.

    A las dos de la mañana uno de los vigilantes asegura: aunque no dormimos, no perdemos la fuerza. El gobierno tiene que atender nuestras exigencias: seguridad y justicia, fin de la devastación y castigo a los culpables para que vivamos en paz.

    La respuesta gubernamental no ha llegado, mientras el hostigamiento y las amenazas se han recrudecido. El pasado 22 de mayo “fue levantado en Paracho el comunero Miguel Ángel Gembe. Tres días después pudo escapar de milagro y regresó a la comunidad visiblemente golpeado. Se confirmó entonces la sospecha de que su secuestro se debió a su participación en las actuales movilizaciones, pues relató que sus captores lo interrogaron sobre los nombres de quienes encabezan el movimiento, advirtiéndole que todos están en la lista. Ante esto, los comuneros responsabilizaron a los gobiernos estatal y federal de lo que pueda ocurrirle a Miguel Ángel y al resto de la población.

    Todo empezó el pasado 15 de abril, cuando un hecho colmó su paciencia: Los talamontes se metieron en el ojo de agua de La Cofradía, que abastece a toda la comunidad. Un grupo de comuneros los enfrentamos y los sacamos y desde entonces exigimos justicia, señala otro de los indígenas de Cherán. Ninguno dice su nombre ni muestra su rostro, como medida de seguridad ante las amenazas permanentes.

    En este poblado, dice otro de los entrevistados, “se juntan todas las injusticias, la impunidad, la complicidad del crimen organizado con los gobiernos, la indiferencia y la burla de las autoridades, la ambición de los poderosos… Y también la organización del pueblo, que ya está fastidiado, la defensa del territorio, la unión de las mujeres, los hombres, los niños y los ancianos, todos juntos para detener la tala de nuestros montes, los secuestros, los asesinatos y las desapariciones. Aquí también estamos hasta la madre y ya nos pusimos en acción para defendernos solos y hacer lo que el gobierno no quiere”.

    A una de las fogatas del barrio de abajo (ketzikua) se acerca un grupo de mujeres de la comunidad vecina de Cheranastico. En purépecha se comunica con las mujeres que hacen guardia y preparan enormes cazuelas de café, frijoles y papas con huevo. Hablan entre ellas y después una traduce: “Ella dice que en su pueblo también están sufriendo, que les están cortando los bosques, que tienen mucho miedo. Asegura –continúa la traductora– que en su comunidad ya no pueden ir a la siembra ni sacar a sus animalitos porque se los roban. Dice que no son libres”.

    Las mujeres, como en todas las luchas populares, toman un lugar preponderante. Son fuertes y aunque se confiesan cansadas, hacen guardias y la comida; organizan la limpieza, el abastecimiento y las tareas cotidianas. De pelo blanco, rebozo azul y manos curtidas, una de ellas responde a sus angustiadas vecinas que no deben tener miedo, que se organicen como en Cherán, que sólo así se acaba la injusticia.

    Aquí están unidos, responde la señora de edad de avanzada de Cheranastico, pero mi pueblo no ha tenido valor porque es chiquito y ellos, los malos, son hartos y están armados.

    Aquí, dice otra mujer en una de las fogatas del barrio Paricutín, lo que queremos es paz y libertad. Si no defendemos nuestros bosques, ni una leña les vamos a dejar a nuestros hijitos; nada les va a quedar.

    La resistencia contra la tala clandestina, aunque dispersa, se inició en 2008, cuando se acrecentó la devastación en el cerro Pacuacaracua. Hasta el momento, denuncian, se ha destruido en forma total más de 80 por ciento del bosque (más de 15 mil hectáreas) en acciones acompañadas con la siembra del miedo, pues los taladores, procedentes de Capacuaro, Tanaco, Rancho Casimiro, San Lorenzo, Huecato, Rancho Morelos y Rancho Seco, asolan la comunidad con armas de grueso calibre.

    Antes del levantamiento, aseguran, se tocaron todas las puertas institucionales: Fuimos a la Profepa, a la Semarnat, a todos lados y nadie nos hizo caso. También hicimos las denuncias de secuestros, extorsiones y amenazas y tampoco investigaron nada. Por eso nos colmaron la paciencia. Nos cansamos de agachar la cabeza, pues nomás veíamos pasar los cientos de camiones cargados de nuestros árboles y no decíamos nada por puro miedo. Pero ya no.

    Cherán cuenta con 27 mil hectáreas de territorio comunal, dentro de las cuales 20 mil son boscosas; de éstas han sido incendiadas y taladas (totalmente destruidas) más de 80 por ciento, y el otro 20 por ciento también ha sido talado, pero aún no ha sido incendiado.

    Un recorrido por el cerro San Miguel permite ver la zona devastada. Cientos de troncos yacen en los caminos. Es que los talamontes sólo se llevan el grueso de abajo, lo demás lo dejan aquí tirado, explica uno de los integrantes de la ronda tradicional, quien ahora se encarga de la vigilancia.

    Los accesos a los bosques también se mantienen bajo resguardo. Troncos y costales de arena impiden el paso a los camiones, aunque, dicen, siguen entrando por otros lados, porque no quieren dejar este negocio que les deja mucho dinero. ¿Cuánto? Pues nada más haga cuentas. La delincuencia organizada cobra a cada camión mil pesos por protección. Salían como 180 camiones diarios cargados de madera, lo que les generaba 180 mil pesos tan sólo por protección.

    El gran negocio, explican, “lo encabeza un señor conocido como El Güero. Es un doble negocio, pues él mismo envía trabajadores para que talen árboles y se los lleven a sus aserraderos. Pero cuando quieren entrar otros talamontes, les vende protección para que puedan sacar la madera. Y nosotros, pues sólo veíamos, agachaditos, que todo esto pasara”.

    En estas seis semanas la vida de la comunidad ha cambiado por completo: El presidente municipal ya no despacha en el palacio de gobierno y las instalaciones están prácticamente en manos de los comuneros. No hay clases en las primarias y secundarias, ni en el Colegio de Bachilleres ni en la Universidad Pedagógica. Se instaló la ley seca y no pueden ingerir ni vender bebidas alcohólicas; el tránsito vehicular termina a las ocho de la noche y las 24 horas se mantiene la vigilancia en toda la cabecera municipal.

    Al mismo tiempo, los jóvenes han tomado la batuta en los quehaceres de limpieza y han organizado una comisión de buena imagen, que en estos días está aseando las calles con pinturas donadas por los comerciantes. También se organizan brigadas de limpieza general en las que participa toda la población, y en las calles, patios o bajo un techo de plástico los maestros de la comunidad han organizado las clases.

    En uno de estos salones improvisados, Arly, de siete años, dice: Las fogatas son para que no entren los malos que se están llevando nuestros árboles. Sin árboles no vamos a tener agua y por eso están las fogatas, para que ya no se lleven el bosque. Y también, agrega Karen, de 11 años, nos organizamos para que no vengan a matarnos. Ahorita ellos tienen su coraje porque ya no entran; entonces están más enojados y por eso hay que cuidarnos.

    Hasta el momento se han organizado por cada barrio comisiones de seguridad, limpieza, buena imagen, salud, educación, acopio de víveres, de producción agrícola y prensa. Con todo esto, explica un comunero, se está ejerciendo, en los hechos, la organización tradicional del pueblo.

    Mientras, la respuesta del gobierno no llega. Han acudido al estatal y al federal. En la Secretaría de Gobernación, señalan, nos piden que primero nos desmovilicemos, que se desactive nuestra organización. Y no dan respuestas. Pensamos que no tienen capacidad para enfrentar al verdadero crimen organizado. Nosotros ya les dimos nombres y lugares donde se encuentran, pero hasta el momento no hacen nada

    CARTONES DE LA JORNADA