A 30 años de la presencia del VIH en México, aún se presentan prácticas discriminatorias como marcar con rojo los carnets médicos de mujeres que viven con el virus o que algunos prestadores de servicios de salud se nieguen a tocarlas.
Así lo denunciaron integrantes del Observatorio Nacional para la Prevención de la Transmisión Materno-infantil del VIH al presentar las recomendaciones derivadas de un diagnóstico situacional elaborado durante este año.
El observatorio realizó entrevistas a 53 mujeres y 19 prestadores de servicios de salud de cinco entidades de la república: Jalisco, Chiapas, Tabasco, Veracruz y Distrito Federal. De este trabajo cualitativo se desprendieron una serie de sugerencias dirigidas a las instancias de salud pública como los institutos del Seguro Social (IMSS), el de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como el de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (ISSFAM).
Las secretarías de Marina y de Salud federal así como sus homólogas estatales también recibirán sugerencias con el fin de mejorar la atención médica de las mujeres embarazadas con VIH, sus hijos e hijas.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, sólo a la mitad (52.4 por ciento) de las mujeres embarazadas se les ofreció la prueba de detección del VIH durante su atención prenatal. Además, el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida) reportó que durante 2012 nacieron 140 infantes con la infección.
La meta, señaló el observatorio que agrupa a 14 organizaciones de la sociedad civil, es llegar a cero nuevos casos de VIH perinatal, como lo ha planteado recientemente el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida).
Entre las principales recomendaciones están brindar una atención médica humanista, con perspectiva de género y respetuosa de los derechos humanos; sensibilizar y capacitar sobre la transmisión vertical del VIH a todo el personal de salud, no sólo al especializado en atender a la población seropositiva; fomentar la educación de pares desde las propias instancias de salud; diseñar estrategias de prevención que atiendan a los diversos contextos en los que viven las mujeres, y etiquetar recursos económicos específicos para atender la salud de las mujeres, niños y niñas con VIH/sida.
Acerca de los servicios de salud, Anabel Córdova, integrante del observatorio, destacó que, de las mujeres entrevistadas, 80 por ciento invierte en promedio cinco horas para transportarse hacia y desde su centro de salud, mientras que cada visita médica les representa un gasto de entre 150 y 250 pesos. Este difícil acceso a los servicios de salud es un factor importante para el bajo apego al tratamiento.
Prueba de detección y consentimiento informado
El estudio también encontró que sólo al 30 por ciento de las mujeres entrevistadas (todas VIH positivas) se le ofreció la prueba de detección. Por ello, las activistas exhortaron a que se hagan tres pruebas durante la atención prenatal: una en la primera consulta, otra en el último trimestre del embarazo y una más después del parto.
Sin embargo, las integrantes del observatorio se manifestaron categóricamente a favor de que se mantenga como requisito el consentimiento informado para realizar la prueba. Esto porque actualmente se discute, entre activistas y prestadores de servicios de salud de todo el país, la posibilidad de que la prueba se realice de manera obligatoria a todas las mujeres embarazadas (no así en otros grupos de población).
“Eliminar el consentimiento informado, ¿va a contribuir a bajar la incidencia de VIH?”, cuestionó Betina Allen, investigadora del Instituto Nacional de Salud Pública, y subrayó que es importante hablar sobre las posibles consecuencias a mediano y largo plazo que traería este cambio.
Las activistas mostraron su preocupación acerca de que eliminar el consentimiento informado pueda propiciar la violación de los derechos humanos de las mujeres, pero estuvieron de acuerdo en que es una discusión que aún no está acabada.
Asimismo, las panelistas se mostraron enfáticamente a favor de la consejería previa y posterior a la prueba de detección, pues consideran que es una herramienta fundamental no sólo para generar un mayor apego al tratamiento, sino también para empoderar a las mujeres, hacer que se sepan sujetos de derecho y fortalecer el ejercicio de sus derechos humanos.
Las recomendaciones del observatorio fueron entregadas a funcionarias del Censida y del IMSS presentes en el evento, y serán enviadas al resto de las instancias de salud pública.
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