Desproporcionado, aumentar penas a delitos cometidos en marchas: CDHDF

Desproporcionado, aumentar penas a delitos cometidos en marchas: CDHDF

Ángel Bolaños Sánchez

 

Periódico La Jornada
Sábado 23 de noviembre de 2013, p. 28

De publicarse las reformas al Código Penal que aprobó la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) incrementando las penas a los delitos de robo, daño en propiedad ajena, lesiones y homicidio contra agentes de los cuerpos de seguridad cometidas en el desarrollo de marchas, concentraciones, manifestaciones, conmemoraciones y mítines, la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) saldría puntualmente a anunciar las medidas que correspondan constitucionalmente.

Esto afirmó la presidenta del organismo, Perla Gómez Gallardo, quien entregó ayer al secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano Cortés, un dictamen técnico sobre dicha reforma en la que advierte que el incremento de penas a ciertos delitos cuando éstos se cometan en contextos de manifestación o protesta social, resulta una medida desproporcionada al ser un mecanismo indirecto de criminalización de la protesta social.

Gómez Gallardo informó que sostuvo por la mañana una reunión de acercamiento con funcionarios de la Secretaría de Gobierno en la que se convino formar grupos de trabajo para ver los pendientes que hay y se abordó el tema tal cual estamos externando la preocupación, se enviaron los dictámenes técnicos y estamos viendo que haya la sensibilidad de que la reforma sea integral y abone, sobre todo, a una cultura de armonización de derechos humanos.

–¿Considera inconstitucionales estas reformas?

–Estamos en el diagnóstico, pero una vez que se publique estaríamos actuando en consecuencia.

En el pronunciamiento al que aludió para expresar la preocupación de la CDHDF ante dichas reformas señala que “la utilización del derecho penal bajo argumentos asociados a la protección específica de servidoras y servidores públicos, resulta una medida contraria a los derechos fundamentales, al trasladar la responsabilidad de protección –por la vía punitiva– a los manifestantes que ejercen derechos fundamentales