Se calcula en alrededor de 4 millones las mujeres que interrumpen cada año su embarazo en los países latinoamericanos, la mayoría de ellas tiene que sortear las restricciones y prohibiciones que imperan en las legislaciones de esos países, exponiendo su salud, su vida y su libertad.
En Chile, El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana el aborto está penalizado en cualquier circunstancia, incluso ante el peligro de muerte para la mujer embarazada. Y en aquellos países en que se permite por razones terapéuticas, el acceso al servicio está tan plagado de obstáculos que en la práctica resulta imposible llevarlo a cabo.
Por esas y otras razones, desde 1990 mujeres de 21 países latinoamericanos han elegido el 28 de septiembre como el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe. El cambio reciente hacia gobiernos progresistas en la región no ha favorecido el reconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Por eso el lema de este año hace hincapié en que el aborto legal también es una cuestión de democracia.
En México se vive una situación de insostenible injusticia: las capitalinas tienen un derecho que se les niega a las mexicanas de otras entidades, a quienes se expone a riesgos y se las persigue. Resulta imperativo establecer que obligar a la mujer a llevar a término un embarazo que no desea es un acto de tortura, y encarcelarla por desobedecer es una injusticia inaceptable, como afirman las impulsoras de la campaña.
*Publicado en el número 194 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 6 de septiembre de 2012
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