Quejas vecinales revelaron dos festejos en las delegaciones Miguel Hidalgo y Benito Juárez
Jueves 5 de abril de 2012, p. 32
Las personas que organicen o lleven a cabo reuniones o convivios en domicilios particulares y obtengan ganancias derivadas de la venta de alcohol y/o drogas a menores de edad, también llamadas fiestas clandestinas, serán castigadas con penas de cinco a siete años de prisión y multa de 500 a mil días de salario mínimo (alrededor de 90 mil pesos).
Ayer entró en vigor el decreto que da a conocer las modificaciones al artículo 185 del Código Penal para el Distrito Federal sobre la materia, publicado este martes en la Gaceta Oficial del DF, luego de que la Asamblea Legislativa reformó la mencionada norma en diciembre pasado.
La adición al artículo señala que la sanción se aplica a quin organice eventos, reuniones o convivios (en el) interior de inmuebles particulares con la finalidad de obtener una ganancia derivada de la venta y consumo de alcohol, drogas, estupefacientes a menores de 18 años o personas que no tengan la capacidad de comprender el significado del hecho, o personas que no tienen capacidad de resistir la conducta
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En mayo del año pasado, una denuncia vecinal sobre una supuesta fiesta en una casa ubicada en calles de la delegación Benito Juárez terminó en unoperativo de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal (SSP-DF) en el que fueron detenidas 29 personas.
Según el informe policiaco, en el inmueble se encontraban aproximadamente 700 personas, algunas menores de edad, y se expendían bebidas embriagantes, además de que se encontraron restos de drogas. Por estos hechos, siete jóvenes fueron consignados por corrupción de menores, con el agravante de que fue en pandilla.
En la delegación Miguel Hidalgo, por una denuncia ciudadana en noviembre pasado y después de un operativollevado a cabo por elementos del Instituto de Verificación Administrativa del DF (Invea-DF) y de la policía capitalina, se clausuró un establecimiento en la calle de Felipe Carrillo Puerto y Mariano Escobedo, el cual carecía de permisos para organizar la fiesta que en ese momento tenía una asistencia de 600 personas, entre las que había menores de edad
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