Domingo 8 de abril de 2012, p. 8
La fracción del PRD en el Senado advirtió sobre el recrudecimiento de la persecución y criminalización de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en Chiapas. Demandó la liberación de 19 tzotziles recluidos en penales de esa entidad y en las islas Marías, a quienes se les encarceló sin existir prueba de los delitos que se les imputan
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En nombre de su bancada, Carlos Sotelo, quien encabezó la comisión senatorial que dio seguimiento al llamadomichoacanazo, se refirió también a la situación de Alberto Patishtán Gómez y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, encarcelados en represalia por defender derechos de campesinos indígenas y proteger el medio ambiente
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Explicó que los 19 tzotziles son originarios de diversas comunidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y se les encarceló en octubre de 2010, después de que se agruparon en la Central de Organizaciones Campesinas y Populares AC, para hacer el reclamo legítimo de carreteras, agua potable, alcantarillado, electrificación, vivienda digna y sistemas de financiamiento para la explotación y comercialización de los productos del campo en sus localidades
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Sin embargo, lejos de acceder a sus demandas, la respuesta del gobierno estatal fue un gran operativo contra los habitantes del municipio, donde sin órdenes de aprehensión y con un enorme despliegue, militares y policías estatales allanaron las humildes moradas de los líderes sociales, como si se tratara de viviendas de grandes narcotraficantes
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Sotelo comentó que otro caso emblemático de la represión judicial de líderes sociales en Chiapas
, es el del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso desde el 19 de junio de 2000, sentenciado a 60 años de prisión, acusado injustamente de la presunta emboscada y asesinato de policías del municipio de El Bosque.
En realidad, explicó, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunció la corrupción del ayuntamiento y solicitó la destitución del presidente municipal y la creación de un concejo.
En cuanto a Fernando Gabriel Montolla Oseguera, su delito fue organizar a las comunidades indígenas en la defensa de sus recursos naturales ydenunciar riesgosos proyectos para la selva Lacandona, planeados de manera secreta por grupos de interés y los gobiernos estatal y federal
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Sotelo explicó que el PRD pidió formalmente –mediante un punto de acuerdo– la intervención de esa cámara del Congreso, a fin de que exhorte al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, a garantizar que no se use el aparato de justicia contra luchadores sociales.
Asimismo, que se exhorte a las autoridades judiciales chiapanecas a revisar la situación jurídica de los 19 tzotziles y de los dos dirigentes comunitarios, se acuerde el desistimiento de las acciones penales correspondientes y se decrete su libertad inmediata.
Hizo notar que desesperados por “las injusticias cometidas por el gobierno estatal, familiares e integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares mantienen desde el 8 de marzo pasado una huelga de hambre frente a la sede del Congreso de Chiapas, para exigir la libertad de sus presos políticos
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