Jueves 29 de marzo de 2012, p. 23
En México hay desapariciones forzadas cometidas por funcionarios gubernamentales que venden
a las víctimas al crimen organizado, en ocasiones para ser explotadas laboral o sexualmente
, afirmó en Saltillo, Coahuila, Santiago Corcuera Cabezut, ex presidente relator del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la Organización de Naciones Unidas (ONU), al presentar anoche el informe Misión a México.
Indicó que una evidencia de la colusión
entre autoridades y grupos del crimen organizado es el caso de los 120 migrantes centroamericanos y mexicanos rescatados por la Policía Federal en abril de 2011 en una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas.
En la presentación del informe estuvieron familiares de desaparecidos, activistas sociales y representantes del clero, como el obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien sostuvo que en la tarea de búsqueda los deudos han tenido que superar una cantidad de humillaciones y burlas
de los responsables de investigar.
Es absurdo lo que ocurre y el informe lo puntualiza muy bien, porque hay desaparecidos que han podido ser localizados y resulta que estaban arraigados, sin que sus familiares estuvieran enterados
, aseguró. Denunció, asimismo, desorganización, indisciplina y multitud de criterios
por parte de las autoridades encargadas de indagar desapariciones involuntarias. En el caso de los desaparecidos, el acceso a la verdad no tiene mecanismos de eficiencia
, acusó.
El representante de la ONU-Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, presentó el informe este miércoles en Monterrey, Nuevo León, ante familiares de víctimas, autoridades de los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como organismos de derechos humanos estatales. Durante la reunión se exigió al Congreso local tipificar la desaparición forzada.
El informe, dado a conocer hace un año en Ginebra, Suiza, señala que en México se carece de legislación, estadísticas, políticas de prevención, y reconocimiento de la dimensión del problema. Asimismo existen debilitamiento de los controles civiles ante la actuación de las fuerzas armadas, y falta de apoyo a las áreas de derechos humanos, entre otras deficiencias.
En la revisión de los avances en Monterrey, que encabezó el representante de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos, Alán García Campos, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos nuevoleonesa, Minerva Martínez, justificó que el organismo a su cargo sólo emitiera en 2011 dos resoluciones en materia de desapariciones, con el argumento de que requiere más recursos humanos, materiales y financieros.
Al acto asistió Consuelo Morales, directora de Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos (Cadhac), quien dijo que las desapariciones forzadas en Nuevo León van en constante aumento, pues el organismo abrió 22 expedientes en 2009 y 2010; para 2011 fueron 80 y en apenas dos meses y medio de 2012 lleva ya 52 expedientes, que representan 252 personas que tenemos documentadas
.
Comentó que los familiares de las víctimas no sólo enfrentan desidia de los funcionarios y falta de resultados concretos, sino que padecen una tragedia que es el inicio de un viacrucis marcado por la indiferencia, la estigmatización, la revictimización e incluso la extorsión.
La mayoría de los agentes del Ministerio Público hacen menos los casos de desapariciones forzadas, pretendiendo que son simplemente personas extraviadas, que huyeron de sus hogares o que pertenecen al crimen organizado
, dijo Morales.
Aseguró que la mayoría de las pruebas en las averiguaciones sobre desaparecidos son aportadas por familiares de las víctimas, y agradeció el trabajo de los familiares organizados en la agrupación Lupa (Lucha por Amor Verdad y Justicia), que en coadyuvancia con la Procuraduría de Justicia de Nuevo León, actualmente da seguimiento a 37 expedientes que implican a más de 100 personas, labor conjunta por la cual se han logrado las aprehensiones de más de 20 presuntos responsables
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