Las declaraciones del presidente Felipe Calderón sobre garantizar la protección de los derechos humanos de los activistas han sido sólo un evento publicitario
. El mecanismo dado a conocer en julio de 2011 carece, hasta ahora, de contenido, además de que las supuestas medidas para cuidarlos no funcionan, como quedó demostrado con el ataque sufrido por Norma Andrade, fundadora de Nuestras Hijas de Regreso a Casa, afirmaron organizaciones civiles de derechos humanos.
Durante la visita a México de Navi Pillay, alta comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, el gobierno federal suscribió el acuerdo por el que se establecieron las bases del mecanismo de protección de defensores de los derechos humanos. Pero hasta ahora, ese compromiso no se ha traducido en nada que beneficie al sector.
De hecho, según el informe anual de labores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, los ataques crecieron 23 por ciento en el último año.
En cambio, en todos los discursos en que aborda el tema, Calderón se refiere a una nueva etapa en la lucha contra el crimen organizado, en la cual un aspecto fundamental es la preservación de las garantías fundamentales. No ha sido así para los defensores, señalaron las agrupaciones pertenecientes a la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos condenó la agresión. El titular del organismo, José Luis Armendáriz González, señaló: Los activistas sociales, defensores de los derechos humanos, así como los periodistas, son pilares fundamentales en la consolidación de los estados democráticos
. Por tanto, el que atenten contra ellos es atacar el orden social y político de la República.
Diversas organizaciones civiles también expresaron su condena al ataque contra Norma Andrade, quien, se supone, gozaba de medidas cautelares por los gobiernos federal y de Chihuhua desde diciembre pasado, cuando resultó herida por arma de fuego.
La evidencia de la impunidad es que a más de dos meses de dicha agresión, todavía no se han esclarecido los hechos, subrayaron los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro, Fray Francisco de Vitoria, la Montaña Tlachinollan, el Comité Cerezo y decenas de organizaciones más de 22 estados de la República.
Expresaron que el nuevo atentado contra Andrade se suma a las agresiones que la defensora e integrantes de su familia y de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa han sido víctimas a causa de su trabajo.
Las autoridades han sido omisas en su responsabilidad de garantizar la protección de la vida de la defensora de los derechos humanos. Es claro, dijeron, que resulta insuficiente que el gobierno federal diga que reconoce la problemática, si en los hechos no se traduce en nada.
Llama la atención que el atentado se haya concretado, pese a que el domicilio de Andrade sólo era conocido por autoridades federales y de Chihuahua
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